En Venezuela, la libertad académica y la autonomía universitaria dejaron de ser daños colaterales de la crisis política para convertirse en un objetivo estratégico de control estatal, según el informe “Universidades bajo presión: espacio cívico, libertad académica y resiliencia en Venezuela y América Latina”, realizado por la organización Aula Abierta.
A partir del monitoreo del contexto venezolano en una visión comparativo con Cuba, Nicaragua y Argentina entre los años 2020 y 2025, la investigación devela una política de Estado en Venezuela dirigida a asfixiar el espacio cívico de la comunidad universitaria.
Esta ofensiva —que se ejecuta mediante el uso de la fuerza, leyes restrictivas y la persecución judicial— traspasa las fronteras venezolanas y se presenta como un modelo que puede copiarse en otros países con instituciones débiles, lo que representa un golpe directo a las bases sociales que sostienen a la democracia en la región.
Aquí las seis claves más relevantes del estudio:
Asfixia financiera extrema
Durante el periodo evaluado, las asignaciones a las principales universidades autónomas cubrieron menos del 3% de lo solicitado.
El Rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci Rossini, denunció que para el año 2026 la institución cuenta con una asignación de entre 3 y 3.32 millones de bolívares; sin embargo, en enero de 2026 el Ejecutivo debía transferir 162,8 millones de bolívares exclusivamente para gastos de funcionamiento y la universidad recibió apenas 500.000 bolívares (un ínfimo 0,31% de lo correspondiente).
Arquitectura legal represiva
El uso de la Ley Orgánica de Educación para alterar ilegalmente la gobernanza interna, sumado a la tríada punitiva de la Ley contra el Odio, la Ley Anti-ONG y la Ley Antiterrorista, ha instrumentalizado el marco legal para criminalizar la cooperación internacional y la investigación científica.
Anulación de la autonomía democrática
La Sentencia N.º 0324 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que el Poder Judicial ha bloqueado de forma sistemática la realización de procesos electorales internos en instituciones relevantes como la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad de Carabobo (UC), impidiendo la renovación legítima de sus autoridades.
En escenarios aún más críticos, como el de la Universidad Simón Bolívar (USB), la imposición de autoridades rectorales mediante mecanismos totalmente irregulares y de espaldas a la comunidad académica ha sustituido la voluntad soberana del campus,
Criminalización de universitarios por “terrorismo”
Aula Abierta documentó que, entre enero y octubre de 2025, al menos 22 personas de la comunidad académica fueron detenidas arbitrariamente bajo narrativas de terrorismo, registrándose el uso de la desaparición forzada en más de la mitad de los casos.
La tasa de universitarios judicializados bajo cargos de terrorismo ascendió alarmantemente del 20% en 2024 al 37% en 2025.
«Contagio normativo» del modelo venezolano
El panel de expertos de Cuba, Nicaragua y Argentina concluyeron que el riesgo de «contagio normativo» del modelo restrictivo venezolano es real y visible en la región, operando como una alerta temprana para los sistemas de educación superior de América Latina.
En este sentido, el académico nicaragüense Ernesto Medina coincidió en evaluar el impacto de estas políticas restrictivas como un asalto directo a la infraestructura social de las democracias continentales.
Resiliencia universitaria
Como forma de resistencia y a pesar del asedio, las universidades han sostenido memoria histórica, alianzas con sociedad civil, internacionalización de denuncias y autogestión para sobrevivir.
El informe concluye que, pese a la represión, ninguna universidad venezolana cerró sus puertas durante los años más duros: la academia resistió para mantener vivo el pensamiento libre.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
