La noche del 2 de julio, Delcy Rodríguez, presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, compareció ante los medios para presentar un balance oficial tras los terremotos del 24 de junio. Durante la rueda de prensa, la funcionaria fijó la cifra de víctimas en 2 595 fallecidos y defendió la gestión gubernamental como una muestra de transparencia y activación institucional temprana.
Sin embargo, este discurso oficial chocó de inmediato contra las denuncias ciudadanas y el periodismo en el terreno. Cuatro corresponsales internacionales acorralaron la versión del Ejecutivo al visibilizar el abandono de las comunidades, la excesiva militarización y el alarmante colapso de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela en La Guaira.
Mientras Rodríguez intentaba contener los daños con censura y despliegue militar, los afectados enfrentaban el desamparo, las trabas a la ayuda y veían a los uniformados profanar la dignidad de las víctimas hurtando pertenencias de las zonas afectadas.
Activación institucional “más temprana” vs lentitud del despliegue
Una de las afirmaciones más controvertidas de Delcy Rodríguez se refiere a la respuesta de las autoridades ante el desastre. “Tenemos la activación institucional más temprana”, aseguró la oficialista. Sin embargo, múltiples testimonios y denuncias publicados en redes sociales reflejan otra realidad.
Durante la rueda de prensa, en el espacio de preguntas, la periodista María Martín, de El País de España, confrontó esa versión oficial al basarse en testimonios de personas que se sintieron abandonadas durante las primeras 72 horas. La comunicadora refirió que en muchas zonas no había maquinaria, ni siquiera bolígrafos y papel para identificar los cadáveres.
Rodríguez se defendió afirmando que durante las primeras 24 se desplegaron 4 000 funcionarios, había muchas vías “completamente tapiadas” donde no llegaban “ni siquiera con motorizados”.
Incluso después de una semana de la tragedia, siguen saliendo múltiples testimonios que denuncian la falta de ayuda en ciertas zonas, incluso después de una semana de los terremotos. Uno de esos es el de Gabriela Pérez, residente de la OPP-26 de Misión Vivienda. En declaraciones difundidas por la periodista Maryorin Méndez,
“El día dos vino el alcalde para acá y yo lo agarré de la mano y le dije ‘jefe, póngase la mano en el corazón y traiga las máquinas’, ‘tranquila, hija que, las vamos a traer’ (dijo el alcalde). Y no nos ayudó”, denunció Pérez.
También, un informe de Justicia, Encuentro y Perdón titulado “El Estado abdicó su deber de proteger”, aborda esta contradicción a través de lo que denomina la “paradoja de un aparato estatal hipertrofiado para el control político y la coacción, pero absolutamente atrofiado para la gestión de riesgos y la asistencia civil”. El documento resalta cómo décadas de desfinanciamiento técnico y politización de los cuerpos de rescate obligaron a que la propia sociedad civil, vecinos y voluntariado local tuvieran que sostener “con sus propias manos el paso primario de la emergencia” ante la inacción inicial de las autoridades.
Militarización para evitar el caos vs inacción y mal actuar de uniformados
Según Delcy Rodríguez, la militarización de La Guaira tras el desastre se produjo para evitar “que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos” imposibilitan las labores de búsqueda y rescate.
Stefano Pozzebon, corresponsal de CNN Internacional, afirmó que el pueblo está “herido, golpeado y adolorido” y que existe un rechazo de la población concentrado en los militares por la actuación de los efectivos.
Rodríguez se justificó afirmando que “desde las primeras horas hubo presencia policial y militar un solo saqueo”, pero que luego de eso no ha pasado más nada. Sin embargo, omitió las denuncias documentadas por el mal proceder de los funcionarios.
Múltiples denuncias contra cuerpos policiales y militares –que Delcy parece haber ignorado– señalan que muchos uniformados no solo no ayudan en las labores de rescate, donde desde un inicio fueron los propios voluntarios quienes trabajaron con picos y pala, sino que también han cometido hurtos en las zonas afectadas.
Ese mal actuar de algunos funcionarios fue demostrado con el arresto de cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a quienes la ciudadanía increpó por llevar un fajo de dólares que sacaron de una estructura colapsada. Otros videos muestran a funcionarios policiales hurtando pertenencias de edificios que colapsaron por los terremotos.
Al respecto, el informe de la organización JEP advierte que el afán gubernamental por imponer el secretismo y bloquear el acceso a la prensa nacional e internacional constituye una “negligencia monumental en la gestión de la crisis”. El documento desmitifica el argumento del “caos mediático” esgrimido por Rodríguez al señalar que la censura, en emergencias de esta magnitud, trasciende la violación a la libertad de expresión y “se tipifica como un agravante deliberado del daño humano”, ya que al ocultar la realidad se impide deliberadamente la focalización de la ayuda y se aísla por completo a comunidades damnificadas por conveniencia política.
Urbanismos de Misión Vivienda colapsados vs edificios privados y vacacionales
El periodista Jorge Martínez, corresponsal de Milenio, cuestionó la integridad estructural y las malas condiciones de construcción de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). El periodista basó su planteamiento en testimonios de los habitantes del desarrollo habitacional “Hugo Chávez” en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los recientes terremotos.
Aunque hasta ahora no se ha precisado cuántos edificios y urbanismos de Misión Vivienda colapsaron, se sabe que además del “Hugo Chávez”, también cayeron varios conocidos como OPP en Caribe y Tanaguarena, edificaciones altas donde residían cientos de familias.
Rodríguez argumentó que el 80% de los edificios que colapsaron en La Guaira a causa de los dos sismos son de desarrollos privados.
“Es necesario recordar que es un estado con vida propia, pero también para vacacionar y ese día había bajado mucha gente a la playa porque era un día feriado”, dijo, omitiendo dar datos específicos sobre los urbanismos de Misión Vivienda afectado.
Dudas en la celeridad de cifras oficiales vs. estimaciones internacionales
Otro de los choques entre el discurso oficial y la realidad se centra en el conteo de víctimas. Durante su alocución, Rodríguez —acompañada por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello—, elevó la cifra oficial a 2 595 personas fallecidas y 12 400 heridos, defendiendo firmemente el avance de los operativos y asegurando que “nadie iría a fosa común” gracias a las labores de identificación forense.
La funcionaria enfatizó que el gobierno no busca proyectar cifras, sino dar un “número riguroso” basado en cadáveres identificados. Sin embargo, los corresponsales extranjeros en el terreno y los propios rescatistas han continuado exponiendo un desfase entre la contención de la estadística gubernamental y la dimensión real de la catástrofe.
Mientras el Ejecutivo fijaba la cifra en poco más de 2 500 decesos, familiares y voluntarios relataban en el terreno que las minutas internas de los cuerpos de rescate y las proyecciones de organismos internacionales que presentaron estimaciones sobre 10 000 posibles víctimas fatales, sumado al cálculo de miles de personas reportadas como desaparecidas en las áreas donde las estructuras colapsaron por completo.
Rodríguez atribuyó las altas estimaciones de algunos organismos internacionales como la ONU al hecho de que inicialmente se pensó que los sectores populares de las montañas habían sufrido el mismo colapso que los edificios de zonas residenciales.
“Si algo se puede decir, afortunado, es que ocurrió más hacia la falla de la costa y no hacia la montaña. Muchas estimaciones que se hicieron por organismos internacionales fue porque pensaron que se habían derrumbado también las casas en los sectores populares, en los barrios”, dijo.
Reclamo de “politización” vs trabas a la ayuda humanitaria
Delcy Rodríguez acusó a la oposición y a los medios extranjeros de “politizar una situación humanitaria” y defendió que el canal único del Estado garantizaba una distribución justa de suministros.
De acuerdo con el informe de JEP, la centralización obligatoria impuesta por el Ejecutivo actuó en realidad como una “depredación administrativa”, implementando trabas burocráticas extremas para el registro y acceso de brigadas de rescate internacionales, lo cual viola normativas internacionales como los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng)
Además, citando datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el informe revela que un 39% o 40% de las personas damnificadas quedó por completo a la intemperie, durmiendo en calles y espacios públicos bajo una severa escasez de alimentos y servicios básicos debido al bloqueo gubernamental de asistencia independiente.
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