Levantar la infraestructura habitacional dañada en la línea costera de La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, costará un mínimo de US$ 2.370,6 millones, es decir, entre el 2% y 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Así lo estima la firma ANOVA Policy Research que publicó este sábado, 4 de julio, un documento (policy brief) que analiza y calcula las pérdidas causadas por el doblete sísmico a través de estimaciones georeferenciadas.
Este costo, dice el reporte, solo incluye la infraestructura residencial y no los daños que se registraron “sobre la infraestructura pública y redes de servicios, ni sobre el stock de infraestructura comercial e industrial. Tampoco incluye las pérdidas por actividad económica”.
“Como es de esperar, el grueso del costo se concentra en las categorías de mayor severidad: las estructuras con daño severo y con daño estructural o colapso acumulan US$ 1.591,7 millones, el 67,1% del total, a pesar de representar poco más de la mitad de las estructuras dañadas”, revela.
El cálculo se hizo a partir “de la base de volúmenes habitacionales dañados“. “La fuente principal de los costos unitarios de construcción es el modelo de inventario residencial para América del Sur de Yepes-Estrada et al. (2017), publicado en Earthquake Spectra (…) Estos se ajustaron por inflación para expresarlos en dólares corrientes. Adicionalmente, se aplicó un factor de hasta 30% sobre el costo de reposición de la superficie residencial para contabilizar el costo de pasillos de circulación, halls de entrada, áreas comunes y sociales, piscinas, ascensores y estacionamientos, elementos característicos de la tipología multifamiliar de la zona”, señala el informe.
Factores de vulnerabilidad
La investigación –que contó con la colaboración del Microsoft AI for Good Research Lab y combinó la evaluación de daños con inteligencia artificial sobre imágenes satelitales de Microsoft y el modelo demográfico-poblacional de ANOVA– apuntó que la destrucción se concentró de manera desproporcionada en la franja costera del estado La Guaira debido a factores que influyeron en su vulnerabilidad.
Entre estos elementos que contribuyeron al desastre “están la antigüedad del stock edificado y las deficiencias históricas en la aplicación y fiscalización de la norma sismorresistente venezolana”.
Además, el informe apunta que hay “tipologías estructurales conocidas por su alta vulnerabilidad sísmica”, como edificios de planta baja libre o pisos blandos, “cuyo comportamiento dinámico tiende al colapso por falta de rigidez basal”, lo cual se pudo agravar porque el colapso económico del país ha evitado el mantenimiento preventivo y correctivo de estas edificaciones.
El otro elemento que apunta el estudio es que el riesgo se consolidó con los “suelos blandos presentes en el litoral y la ocurrencia de efectos de licuación sísmica microzonificados”.
“La evidencia comparada muestra que, ante eventos de magnitud similar, la mortalidad y las pérdidas materiales dependen críticamente del nivel de ingreso, de la calidad institucional, de la vigencia efectiva de las normas de construcción sismorresistente y de la capacidad de respuesta del Estado. Si bien los países pobres o institucionalmente debilitados no sufren más terremotos que los países ricos, sí sufren peores consecuencias de estos“, se lee en la introducción del estudio.
Los damnificados y las zonas más afectadas
El estudio indica que 73.524 personas residían en estructuras habitacionales que durante los temblores sufrieron algún nivel de daño observable. Entre estos, hay 37.611 personas cuyas viviendas quedaron con daño severo, estructural o colapso. Este es “el segmento de la población que con mayor probabilidad requerirá soluciones habitacionales transitorias o permanentes”, es decir, los damnificados.
Otro hallazgo de la investigación es que la distribución territorial de la afectación es muy heterogénea. En la parroquia Catia la Mar, la más poblada de la franja costera, se concentra la mitad de la población afectada: 37.115 personas (30,6% de los habitantes de la zona) residían en estructuras que hoy presentan algún nivel de daño.
🔴 #ENVIVO | Habitantes del urbanismo Hugo Chávez, en Catia La Mar, relatan la angustia que viven tras los terremotos, aunque destacan la solidaridad entre vecinos en medio de la emergencia.
— VPItv (@VPITV) June 25, 2026
🗣️“Estamos unidos entre todos, hay una unión bonita y estamos solventando el problema,… pic.twitter.com/NBdxhNkzK0
En Caraballeda, en el extremo oriental de la cinta costera, el perfil de daño es más severo: allí residían 4.415 personas (41% del total de esa zona) en estructuras que hoy están colapsadas o con daño estructural, un resultado consistente con el colapso de varios edificios residenciales de gran altura reportado en los sectores de Los Corales y zonas aledañas.
En el otro extremo, parroquias como Maiquetía (2,9% de población afectada) y La Guaira (4,8%) muestran incidencias comparativamente bajas.
El análisis también se extiende hacia las edificaciones. “De un total de 38.798 estructuras habitacionales identificadas en la franja costera, 4.958 (12,8%) presentan algún nivel de daño observable“, apunta.
También indica que, entre estas, hay 1.948 estructuras con daño severo y 706 con daño estructural o colapso, para un total de 2.654 estructuras (6,8% del stock total). “Nuevamente, la concentración territorial es notable: Catia la Mar acumula 3.449 de las 4.958 estructuras dañadas, cerca de 7 de cada 10, incluyendo 528 de las 706 estructuras colapsadas o con daño estructural”.
Planificación, financiamiento y nueva oportunidad
El estudio recomienda que la política habitacional posdesastre se planifique para un universo de alrededor de 37.600 personas residentes en estructuras con daño severo, estructural o colapso, junto al de 35.900 personas que viven en estructuras con daño leve, moderado o intermedio. “Dimensionar este universo permite establecer la escala óptima que debe tener la operación de refugios temporales”, añade.
También destaca que la concentración del daño en Catia la Mar (7 de cada 10 estructuras dañadas) y la severidad del daño en Caraballeda “exigen respuestas territorialmente diferenciadas“. Por eso, la reconstrucción debe tomar en cuenta “la heterogeneidad de tipologías y de escalas de daño entre parroquias”.
“Con un espacio fiscal inexistente y sin acceso a mercados de capital, la movilización de financiamiento multilateral será condición necesaria para la reconstrucción. Hacen falta más estimaciones transparentes y verificables en el terreno como un requisito necesario para una estrategia de financiamiento internacional”, reseñó Omar Zambrano, director de ANOVA, en la red X.
Por último, el análisis afirma que la reconstrucción de la línea costera de La Guaira es una oportunidad para reconstruir mejor: “actualizar y hacer cumplir la norma sísmica, auditar estructuralmente el stock sobreviviente” y hacer un censo público de edificaciones y daños con el que se pueda calcular el riesgo futuro.
