El impacto del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio sigue exigiendo atención directa y ayuda en las comunidades más golpeadas. Así, en respuesta a las necesidades urgentes de la población de La Guaira, la Defensoría del Pueblo activó una brigada móvil.
Esta iniciativa está encabezada por la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, y busca trasladar las funciones de la institución a cualquier punto de la región para poder recibir, procesar y canalizar las peticiones relacionadas con derechos humanos fundamentales, priorizando a los afectados por el terremoto.
La unidad móvil representa la primera Brigada de Protección de Derechos Fundamentales en Emergencia que, a partir de ahora, opera de manera formal en el estado. El propósito principal de este vehículo es recorrer la zona costera del país con el objetivo de ofrecer acompañamientos cercanos, monitorear de primera mano la situación habitacional y social y velar por la seguridad jurídica y personal de todos los ciudadanos que se encuentren en un estado de vulnerabilidad.
Atención a los sectores más vulnerables
El especial enfoque de este despliegue consiste en acercar la Defensoría del Pueblo a los afectados que carecen de medios para movilizarse o formalizar sus reclamos. De acuerdo con las declaraciones de González Lobato, el objetivo primordial es coordinar y articular respuestas efectivas con las distintas autoridades de la administración pública y poder, así, garantizar el cumplimiento total de las garantías.
“Aquí estamos, acercando la Defensoría del Pueblo a los ciudadanos que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad en la zona de Emergencia, para poder articular respuestas con el resto de órganos del sistema de justicia o de la administración pública central, y velar por la garantía de sus derechos fundamentales”, explicó González Lobato.
En este sentido, la Defensoría hizo un llamado público a las comunidades para que presenten denuncias formales en caso de detectar cualquier tipo de vulneración o desatención de los derechos fundamentales.
Estas exhortaciones pretenden específicamente proteger a los grupos que, históricamente, han sido vulnerables o que enfrentan mayores riesgos de vulnerabilidad, como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, comunidades indígenas e integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
Coordinación en los refugios
Las autoridades de la unidad móvil realizaron una inspección en el recién inaugurado Centro de Atención Integral, que opera en las instalaciones de la Unidad Educativa República de Panamá, en La Guaira, y se ha consolidado como el punto de referencia para procesar las solicitudes legales derivadas de la crisis.
Durante su recorrido, la defensora del pueblo estuvo acompañada de figuras como la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general de la República, Larry Devoe, y el defensor público Daniel Ramírez. Estas autoridades utilizaron la visita para constatar las condiciones de vida y el tipo de asistencia que reciben las familias que quedaron damnificadas.
El Centro de Atención Integral tiene como tarea ofrecer y ayudar en casos que requieran procedimientos de ubicación familiar, emisión de medidas de aseguramiento, tramitación de permisos de viaje necesarios para niños, niñas y adolescentes, así como atención de denuncias vinculadas a violencia de género, y emergencias de salud pública que puedan afectar a los refugiados.
Con información de Nota de Prensa.
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