La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Anciepol) advirtió este lunes, 3 de agosto, que la denuncia del Estado venezolano contra el Estatuto de Roma y su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) es violatoria de la Constitución y el derecho internacional.
En un comunicado, los académicos recordaron que el Estatuto de Roma significó un “paso fundamental en la evolución de la sociedad internacional y el derecho internacional frente a los crímenes más graves de trascendencia internacional que ofendan la conciencia de la humanidad, y que no deben quedar sin investigación y castigo”.
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, al ser un tratado “relativo a derechos humanos”, el Estatuto de Roma tiene “jerarquía constitucional”. En consecuencia, señaló Anciepol, dicho artículo dispone que las normas del Estatuto “prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
“En virtud de las consideraciones anteriores, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales condena la denuncia de este Tratado, por ser moralmente inaceptable y por configurar una violación manifiesta de la Constitución y, en consecuencia, una actuación inválida también en el derecho internacional”, añade el comunicado de los académicos.
Anciepol indicó que, si dicha denuncia fuere constitucionalmente posible -que no lo es- el Estatuto de Roma establece expresamente que el retiro de un Estado “no tiene efectos retroactivos y no lo exime de las obligaciones asumidas por ese Estado mientras el Estatuto haya estado en vigor para él”. Conforme lo dispone el artículo 127.2 “la denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él”.
Además, el Estado venezolano deberá cooperar con la CPI con respecto a investigaciones y enjuiciamientos penales que hayan iniciado antes de la fecha de la denuncia, la cual tampoco impedirá a la Corte de seguir examinando “los asuntos que se encontraban sometidos a su conocimiento antes de dicha fecha”.
En consecuencia, la denuncia presentada por el Estado venezolano “no surte efecto alguno respecto de la causa abierta” por la Fiscalía de la CPI en 2021, con el objeto de investigar la eventual existencia de crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos en el territorio venezolano, al menos desde el 12 de febrero de 2014.
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