Este martes, 11 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de tres privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país.
A través de su cuenta en X, el OVP reportó el fallecimiento de Anthony José Portillo Gómez, recluido en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito. Portillo murió el pasado 20 de julio tras presentar complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.
A este caso se suma el de Víctor José Salgado, privado de libertad en el Internado Judicial Rodeo IV, quien falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani también por causas vinculadas a su estado de salud.
El tercer fallecido es Adrián Felipe, recluido en el Centro Penitenciario Fénix Lara. Según el OVP, murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.
¿Dónde están los responsables?
Aunque el OVP aclaró que los tres fallecidos ocurrieron en cárceles distintas, cuestionó los mecanismos que están activando las instituciones venezolanas para impedir que una persona enferme, se deteriore y finalmente muera mientras permanece bajo responsabilidad del Gobierno.
“si existen personas privadas de libertad con enfermedades graves, cuadros de deshidratación, hipertensión, diarreas persistentes u otras condiciones que pueden comprometer sus vidas, la actuación institucional debe producirse antes de que lleguen a una emergencia hospitalaria y no cuando ya es demasiado tarde”, indicó el OVP.
El observatorio instó a la Defensoría del Pueblo a responder sobre las inspecciones que realiza en las cárceles y a ejercer la misión constitucional de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos de los privados de libertad.
También se dirigió al Ministerio Público y cuestionó la actuación de los fiscales en materia de derechos humanos ante las reiteradas muertes de personas bajo custodia estatal.
En ese sentido, el OVP indicó que a ambos organismos les corresponde investigar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o en los traslados hospitalarios y determinar responsabilidades cuando la falta de actuación de un funcionario pudo contribuir al deterioro o muerte de una persona privada de libertad.
Para el Observatorio Venezolano de Prisiones resulta necesario interpelar al Poder Judicial y, particularmente, a los jueces de ejecución, quienes llevan el control del régimen penitenciario y están en la obligación de supervisar las condiciones de reclusión, velar por el respeto a la dignidad humana e inspeccionar los establecimientos penitenciarios.
La prevención es clave
El OVP insistió en que la prevención de estos sucesos exige que la Defensoría supervise y actúe, que los fiscales con competencia en derechos humanos investiguen y determinen responsabilidades.
Finalmente, la organización exigió “respuestas, actuaciones verificables y responsabilidades”, porque proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad “no es una concesión ni un acto de buena voluntad, sino una obligación del Estado”.
🚨 #OVPDenuncia Tres presos mueren mientras las instituciones que deberían protegerlos guardan silencio
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 11, 2026
Mientras las personas privadas de libertad continúan muriendo en #Venezuela, cabe preguntarse dónde están las instituciones que tienen la obligación constitucional de… pic.twitter.com/WcAMX9mmPY
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