El año 2026 ha traído un nuevo curso en las políticas migratorias de distintos Estados de América Latina. Prevalece en los programas de gobierno de la región la instauración de políticas restrictivas a la permanencia de ciudadanos extranjeros, convirtiendo las fronteras en muros infranqueables ante una migración que sobrevive a dictaduras y a economías en ruinas.
Estados Unidos marca la pauta
Para los venezolanos no es nada nuevo reconocer el sombrío panorama que deben enfrentar. Están sufriendo las medidas migratorias que el Gobierno norteamericano aplica desde 2025. Primero fue la suspensión del TPS a 650 000 compatriotas, luego la continua razia de deportaciones que el Gobierno usurpador del rodrigato pretende adornar con el plan Vuelta a la Patria.
Chile refuerza el cerco
La onda expansiva de esta política se extiende notoriamente a América Latina en el presente año. Empezó en Chile, donde residen aproximadamente 800 000 venezolanos. El presidente José Antonio Kast, quien asumió el poder el 11 de marzo de 2026, ha adoptado una postura de firmeza frente a la migración irregular, con un enfoque particular en los ciudadanos venezolanos. Su administración impulsa tanto los llamados a la salida voluntaria como un acercamiento diplomático para facilitar expulsiones.
Perú se suma con Fujimori
Posteriormente, el Gobierno de la derechista Keiko Fujimori, quien asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2026, se sube a la ola antiinmigración en Latinoamérica. Con ello se suma a gobiernos como los de Chile, Ecuador y Colombia.
El 20 de agosto de 2026, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció «un incremento significativo de operativos policiales y militares para detener y expulsar del país a inmigrantes en situación irregular», y destacó el papel central que tendrán las Fuerzas Armadas en estas redadas contra los migrantes y en el control de las fronteras para impedir su ingreso.
Ecuador y Colombia cierran filas
En esa dirección, el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, endureció los controles y modificó la política hacia la migración venezolana. Se pasó de ofrecer procesos temporales de amnistía a desmantelar los acuerdos bilaterales con el Decreto Ejecutivo 123, de septiembre de 2025, un tratado bilateral que había permanecido vigente durante quince años.
Recientemente, Abelardo de la Espriella, quien tomó posesión el 7 de agosto de 2026 como nuevo presidente de Colombia, declaró el 24 de agosto de 2026 iniciar «operaciones policiales para perseguir y deportar a los inmigrantes irregulares». Aunque no lo dijo explícitamente, su anuncio afecta especialmente a los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, de los cuales 848 000 están en situación irregular y, de esos, 193 000 son niños, niñas y adolescentes.
Una migración convertida en amenaza
En definitiva, con la excusa de señalar a los migrantes irregulares como delincuentes se estigmatiza a los migrantes al asegurar que son ilegales, a pesar de que han intentado regularizarse ante un sistema migratorio inoperante.
Ese discurso ha existido en la región y se ha extendido por todo el mundo. No olvidemos que a los venezolanos se nos ha vinculado en EE. UU., a todos, con el Tren de Aragua, presentándonos como «criminales» a modo de excusa para la campaña de deportaciones.
Si a ello sumamos la condición agravada de nuestro país bajo el régimen que sigue en el poder, así como el doble terremoto del 24 de junio de 2026 y las recientes inundaciones del fin de semana, en un contexto de ruina económica y social, resulta más que justificable extender la protección bajo las características de crisis humanitaria, exigiendo a todos estos gobiernos un mínimo de sensibilidad y de solidaridad con una población golpeada.
Deberían restablecerse las medidas de permanencia —desde el TPS hasta el asilo y el parole— ante la evidente desgracia que sacude a la nación venezolana.
Hasta el momento no ha habido reacción alguna ni cambio en las decisiones adoptadas por estos gobiernos, ni de los organismos internacionales que debieran manifestarse contra las violaciones de los derechos humanos de los migrantes en general y, específicamente, contra la diáspora criolla.
La memoria que Venezuela olvida
Vale la pena una reflexión sobre cómo nuestro país fue un lugar acogedor para migrantes de los cinco continentes. Gentes que llegó de Europa y Asia por las calamitosas dos guerras mundiales; en el caso de Colombia, con más de tres millones de colombianos que llegaron a nuestra geografía durante el siglo XX huyendo del conflicto armado de décadas y de la pobreza; y de dictaduras, como fue el caso de los chilenos con Pinochet.
En fin, los barrios y urbanizaciones de nuestras ciudades reconocen la presencia de peruanos, bolivianos y ecuatorianos, que veían en nuestro país la tierra prometida donde existía riqueza y convivencia.
Silencio de la oposición
Pero más asombrosa aún es la tímida o nula respuesta de la oposición venezolana. Domesticada o condicionada en el contexto del protectorado, es incapaz de plantarse frente a la Administración norteamericana para exigir el respeto y la consideración de la diáspora mediante el restablecimiento de las protecciones migratorias. Su silencio convierte al venezolano víctima de atropellos en un simple daño colateral.
Hay un viejo dicho que reza: «en tiempo de calamidades es cuando se reconoce a los amigos». Para nosotros los venezolanos, la tragedia sufrida durante el siglo XXI quedará plasmada en piedra para superarla y corregir los errores que levanten la nueva Venezuela, próspera y en democracia.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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