Aytza Quintero, de 22 años de edad, siente que su vida se paralizó. A cinco meses del accidente en el Ferrocarril de los Valles del Tuy donde resultó herida el 15 de marzo de 2026, aún experimenta dolor, no ha recuperado la movilidad total de su brazo ni ha logrado conseguir trabajo.
El día del siniestro era domingo. Ella se trasladaba de Cúa a Caracas para llevar a su hijo de tres años de edad al Parque Miranda. Viajaban en el primer vagón, donde se encuentra la cabina del operador. Alrededor de la 1:55 p.m., cuando llegaban a la estación terminal “Libertador Simón Bolívar”, que conecta al Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora con la estación La Rinconada del Metro de Caracas, el tren se descarriló y chocó.
Ella sintió dos golpes. En el primero, su cuerpo se despegó unos segundos del asiento y volvió a caer. De inmediato, se levantó, cargó a su hijo y lo abrazó con fuerza protegiendo su cabeza. En el segundo impacto, salió disparada hacia el frente y su brazo se estampó con uno de los asientos, contó entonces a Runrun.es.
El accidente dejó ocho heridos, según el Ministerio de Transporte. Entre ellos Ayzta y el operador del tren. A ella la trasladaron hasta el Hospital de Coche donde tres días después la operaron porque tenía una fractura de húmero con luxación del hombro izquierdo.
Desde entonces, Quintero ha sido víctima de la crisis del sistema público de salud. Gastó los ahorros de su emprendimiento y ahora ella y su hijo dependen de sus padres, adultos mayores que trabajan en la administración pública. Apenas inició la rehabilitación, pero no siempre puede costear los 600 bolívares diarios para trasladarse de su casa al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) para hacer las terapias.
Hace dos meses envió un oficio al Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), a cargo del Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, para pedir una indemnización y apoyo con lo que le queda de tratamiento. A la fecha de esta publicación no ha tenido respuesta.
Dos operaciones y una complicación
Aytza contó a Runrun.es que cuando la operaron por primera vez tras el accidente, los especialistas usaron alambres de Kirschnner, unas varillas o agujas metálicas finas que buscan mantener los fragmentos de hueso en su posición correcta mientras comienzan a consolidar (pegar).
Luego de que le dieron de alta, en una de las revisiones posteriores para hacerle las curas, a través de unos Rayos X se percataron de que el procedimiento no había funcionado y por eso debían operar de nuevo, esta vez, para ponerle una placa y tornillos.
Sin embargo, la segunda cirugía tuvo que ser pospuesta en al menos un par de ocasiones porque no había condiciones en el hospital. A la joven la ingresaban, pero horas después le decían que había algún inconveniente en el centro de salud y la enviaban a casa. Así transcurrió cerca de un mes hasta que pudieron hacer el procedimiento en quirófano, que duró unas seis o siete horas.
En las consultas posteriores a la cirugía, contó Quintero, los médicos le indicaron que presentó una complicación frecuente llamada neuropraxia del nervio radial. Se trata de una parálisis temporal del nervio causada por su compresión o estiramiento, por lo que actualmente le es difícil mover la muñeca y el dedo pulgar.
A eso se suma que la joven comenzó a presentar problemas de tensión que asegura que antes no tenía. El traumatólogo que la operó la refirió a un internista, le mandaron a realizar un MAPA, estudio que registra la presión arterial de forma automática durante 24 horas. El monitoreo confirmó que había irregularidades, por lo que le recomendaron seguir una dieta saludable y hacer seguimiento médico. Sin embargo, para hacer ambas requiere de recursos que no tiene en estos momentos.
Una atención marcada por la burocracia
Tras el accidente, Aytza entró en contacto con el IFE para pedirles su apoyo. En algún momento habían dejado de contestarle los mensajes, pero tras la publicación del reportaje de Runrun.es sobre el accidente y su historia, volvieron a contactarla. Transcurrieron más de dos meses para que el ente lograra que un traumatólogo redactara un informe para referirla a rehabilitación.
Como en el Hospital de Coche no lograron obtener la referencia, el IFE la llevó primero a una traumatólogo privado y luego a un especialista en el servicio médico de la institución. Durante la consulta, Aytza señaló que este médico no la trató bien e insistía en que sus patologías no se asociaban al accidente en el Ferrocarril.
En las últimas ocasiones en las que ha tratado de comunicarse con la persona con quien mantuvo contacto estos meses, la trabajadora le explicó que pasó su caso a otra área porque ya no le corresponde a ella encargarse, ya que no se trata de una emergencia. En algún momento, en esa instancia justificaron los retrasos en la atención porque cambiaron de “tren gerencial”, y eso hizo que debieran ponerse de nuevo al día con lo que le sucedió.
El 19 de junio pasado, la joven envió un oficio a la Oficina de Gestión Humana del IFE en la estación Charallave Norte. En el documento, que le firmaron como recibido, solicitó que se le dé respuesta sobre el proceso de su indemnización.
“Representantes de este instituto se comprometieron con mis familiares a resolver este tema y pasar la información pertinente, pero hasta la fecha no he recibido respuesta”, señala el texto. “Soy madre de un niño de cuatro años, antes del accidente trabajaba tranquilamente y hoy me encuentro completamente imposibilitada para generar ingresos debido a las secuelas físicas que persisten por este hecho. No estoy pidiendo ni mendigando atención médica, estoy exigiendo mis derechos ante la institución responsable de mi estado actual”.
En la búsqueda de respuestas y un trabajo
Al momento del accidente, Aytza tenía un emprendimiento de venta de ropa con el que podían mantenerse ella y su hijo, así como apoyar a sus padres. Sin embargo, tuvo que vender toda su mercancía a muy bajo precio para costear las comidas y los exámenes durante los meses que estuvo en el hospital. “Lo que tenía guardado para inversiones también lo gasté”, dijo.
Ahora le preocupa lo más básico: la alimentación y la salud de su hijo, a quien necesita llevar pronto al odontólogo y al médico. Contó que intentó pedir una cita en pediatría en el sistema público y se la dieron para el mes de diciembre.
Además del comercio, la joven también se dedicaba al diseño de cejas y pestañas, tenía planes de entrar al negocio de hacer manicura. Pero además, estaba gestionando entrar a una institución del Estado en el área administrativa. Sin embargo, el proceso se paró tras su accidente. “¿Cómo van a contratar a una persona lesionada, que está incapacitada temporalmente?”, dijo.
La joven espera tener alguna respuesta del IFE. Dice que incluso apreciaría que el ente pueda ofrecerle trabajo en alguna de sus áreas, como compensación. Sabe que le espera un proceso de recuperación largo y que si no es constante con las terapias no va a ver mejoras.
De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, “el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública”.
Tras el accidente del Ferrocarril, el Ministerio Transporte publicó un comunicado en el que anunció que las autoridades competentes abrirían una investigación “a fin de determinar las causas que originaron el hecho”. Sin embargo, a la fecha no se han publicado los resultados de esta averiguación.
