El gobierno tutelado de Delcy Rodríguez inició un proceso de negociación de la monstruosa deuda que el chavismo contrajo por distintas vías en estos últimos 26 años. Como todo lo que hace este gobierno ilegítimo, hay una falta de transparencia total sobre qué se está negociando. No están claros los montos de las deudas contraídas por la república y por PDVSA, ni cuáles son los montos por los diversos litigios que tiene Venezuela como resultado de las expropiaciones en las áreas minera, petrolera, entre otras. En resumen, los venezolanos, aplastados por la crisis económica provocada por las malas políticas del chavismo, no saben cómo estas negociaciones sobre la deuda externa impactarán su presente y su futuro.
Algunos inversionistas llevan años apostando a que un día los bonos de la república (llamados soberanos) y de PDVSA, que suman entre ambos 170 000 y 240 000 millones de dólares por capital e intereses no pagados, subirán de precio en el mercado secundario. Por eso, en lo que se conocen como “contratos privados” (las sanciones impuestas por EE. UU. no permitían hasta hace poco la compra/venta abierta de bonos de Venezuela), adquirieron con grandes descuentos esos bonos a (entre 30 y 40 centavos por cada dólar).
Después del 3 de enero de 2026, esos bonos negociados bajo la mesa subieron un 20 %. Quienes salieron de ellos, ganaron dinero. El optimismo que siguió al arresto de Maduro y su esposa por tropas de Estados Unidos hizo que ese mercado secundario proyectara mejores precios aun. Ya las expectativas no son tan buenas. El futuro de Venezuela sigue siendo muy incierto.
Preguntas sin respuestas
Ahora los tenedores de esos bonos están colgados de la brocha y no saben si esa deuda caerá o si algún día subirá de precio. Analistas financieros tienen varias preguntas que todavía no tienen respuestas. Una de ellas es cuánto y cómo se administra actualmente el ingreso petrolero. Por ahora, ese ingreso lo controla el gobierno de Trump. La novedad es que la administración estadounidense está buscando a administradores privados para manejar esos fondos.
La otra pregunta es qué impacto financiero tendrán las consecuencias de los terremotos del 24 de junio pasado. El monto será muy alto, pues la reconstrucción del destruido estado Vargas (renombrado La Guaira por Maduro) se estima en miles de millones de dólares. Nadie, sin embargo, sabe de dónde saldrá ese dinero en un país literalmente quebrado.
Otra interrogante tiene que ver con la capacidad de la economía venezolana de recuperarse. Fuera de los sectores petroleros y mineros, no se vislumbran inversiones mayores, y menos después de los terremotos. Incluso la capacidad de producción y procesamiento del petróleo está muy disminuida después de un cuarto de siglo de desinversión en hidrocarburos.
El resto de la economía se ha reducido muchísimo por el cierre de industrias, las expropiaciones y la decadencia y destrucción de los activos, incluyendo los servicios públicos como la generación y distribución de electricidad, la infraestructura de transporte, telecomunicaciones, agua potable, etc. La recuperación de todos esos activos, privados y públicos, requiere la inversión de miles de millones de dólares. ¿Quién le va a prestar ese dinero a Venezuela? ¿Quién va a invertir en esas empresas? ¿Bajo qué condiciones?
Aquí entramos en la desconocida dimensión política del problema. El gobierno tutelado de Delcy Rodríguez sigue siendo ilegítimo, aunque tenga el reconocimiento de facto del gobierno de Estados Unidos. Nadie puede predecir en qué terminarán las negociaciones entre el régimen chavista y una parte de la oposición. Lo que sí parece proyectarse es un lento camino hacia algún tipo de transición política con elecciones en un horizonte no muy cercano.
Sin contar con un gobierno legítimo, ni con una Asamblea Nacional electa de forma transparente, ni un poder judicial totalmente reformado ni con instituciones capaces de garantizar el Estado de derecho y el respeto a las leyes, ningún inversionista internacional asumirá riesgos en Venezuela. Es posible que las petroleras que ya están en el país o los chinos, quienes apuestan al largo plazo, vengan a invertir. En cambio, la mayoría de los inversionistas, gobiernos e instituciones multilaterales (FMI, BM, BID) tienen visiones de corto y mediano plazo. Sin los cambios políticos no prestarán dinero o invertirán en Venezuela. Las garantías jurídicas y la certidumbre son necesarias, y, por ahora, no están a la vista.
A esto se agregan los litigios pendientes y futuros sobre la legitimidad de las deudas externas contraídas por el chavismo en estos últimos 26 años. Un nuevo gobierno elegido democráticamente podrá cuestionar la validez de esas deudas, muchas de ellas manchadas por la sospecha de la corrupción.
El dólar: la mercancía más codiciada
La economía venezolana está muy distorsionada. La inflación se ha ido comiendo el poder adquisitivo de la gran mayoría de los venezolanos. El chavismo ha fracasado en ponerle coto a la hiperinflación y a la devaluación de la moneda. No tiene política monetaria ni política económica. Ahora ha optado por un “capitalismo salvaje” que solo beneficia a un grupo pequeño de conectados con el régimen, y a quienes trabajan o se benefician de los “negocios” de estos enchufados. La gran mayoría vive de forma muy precaria. Depende de las dádivas del régimen (cajas CLAP, bonos, etc.), o se ha convertido en “emprendedores” para redondearse los ingresos comercializando lo que puedan vender. Apenas sobreviven con magros ingresos.
Lo único que tiene valor en la economía venezolana es el dólar (y en alguna medida el euro y el peso colombiano en la frontera con ese país). Esto explica que los precios en dólares en Venezuela sean más caros que en otros mercados internacionales. Hay productos y servicios que cuestan incluso hasta el doble lo que cuestan en Estados Unidos o Canadá. En un país donde se importa casi todo, se produce muy poco, y el dólar es escaso (EE. UU. lo administra a cuenta gotas a través de ciertos bancos locales), los precios en divisas no dejan de subir.
La otra cara de la economía en Venezuela es la subterránea. Se nutre del lavado de dinero (fuentes afirman que los narcos usan el mercado venezolano para lavar sus dólares en efectivo), del dinero de la corrupción que busca “legitimarse” en el país (los corruptos ya no pueden poner su dinero afuera sin el riesgo de que se los confisquen) y de otras fuentes de divisas producto del crimen. Esta economía subterránea crea burbujas de consumo con precios absurdos en dólares (por ejemplo, una entrada de cine a 25 dólares o unas cotufas a 30 dólares).
Sin transparencia financiera y sin cambios políticos que lleven a la recuperación de la democracia y de la seguridad jurídica nada cambiará para mejor en Venezuela. Por ahora, los tenedores de bonos de la república y de PDVSA aguantan la respiración. Apuestan, como buenos especuladores, que los bonos soberanos y de la petrolera venezolana subirán de precio. El futuro sigue siendo una gran pregunta sin respuesta.
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