Tuvieron que pasar 25 años para que el Estado venezolano asumiera la deuda de justicia que mantenía con la abogada y activista Linda Loaiza López. La nueva medida de privación de libertad contra su agresor, Luis Carrera Almoina, llega después de un cuarto de siglo de omisiones, fallas estructurales, retrasos procesales y una condena internacional ignorada.
El caso Linda Loaiza, emblemático por su incesante búsqueda de justicia, se convirtió en un símbolo de impunidad y violencia institucional. En una muestra de la debilidad del sistema de justicia venezolano y su incapacidad para garantizar investigación, protección y sanción a las víctimas de violencia de género.
El 8 de agosto pasado, Loaiza informó a través de sus redes sociales que su caso regresaba a los tribunales. Indicó que las autoridades judiciales le notificaron formalmente sobre la celebración de una nueva audiencia en contra de Luis Carrera Almoina, diez años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado por las graves irregularidades en el proceso.
A continuación, la cronología de un caso que marcó 25 años de deuda estatal:
27 de marzo 2001 — Secuestro
El 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza fue secuestrada y encerrada en un apartamento en Los Palos Grandes, en Caracas. Tenía 18 años de edad y poco tiempo de haber llegado de Mérida a la capital, junto con su hermana, con el propósito de estudiar veterinaria.
Una mañana, cuando salía de su residencia, Loaiza fue interceptada y sometida por Luis Carrera Almoina. A la fuerza la subió a su camioneta y bajo amenazas la trasladó a varios lugares, entre ellos, la casa de su padre Gustavo Carrera Damas, quien estaba al frente de la Universidad Nacional Abierta, y, a pesar de presenciar el secuestro, no hizo nada al respecto. Finalmente la encerró en su apartamento en Los Palos Grandes.
28 de marzo de 2001 — Primeras denuncias de familiares
La hermana de Linda, Ana Cecilia López, recibió una llamada en la que le dijeron que “Linda no iba a regresar a la casa”. Al intentar comunicarse nuevamente con ese teléfono, escuchó un mensaje grabado que decía que pertenecía a Carrera Almoina.
Intentó denunciar el secuestro ante los cuerpos policiales en seis oportunidades, pero fue desestimada por las autoridades, quienes alegaron que eran “problemas de pareja” y había que esperar.
A pesar de las denuncias, el Estado no activó mecanismos de búsqueda y rescate.
19 de julio de 2001 — Rescate
Después de 114 días, Linda Loaiza logró escapar de su agresor gracias a que ese día no la amordazó. Gritó pidiendo auxilio desde la ventana del apartamento hasta que los vecinos la escucharon y llamaron a los efectivos de la Policía de Chacao, quienes la encontraron al borde de la muerte.
Durante cuatro meses fue víctima de torturas, violencia física, psicológica y sexual. La hallaron con el maxilar y las costillas fracturadas, los pezones cercenados, los labios y las orejas destrozadas, desviación ocular, desgarramiento vaginal y quemaduras de cigarrillos en casi todo el cuerpo.
La trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario. Durante más de un año estuvo en distintos centros hospitalarios y se sometió a 15 cirugías para la reconstrucción de partes de su cuerpo afectadas por las torturas que había sufrido.
Mientras estuvo hospitalizada, la Fiscalía emitió una orden para impedirle tener acceso a su abogado, afectando su derecho a contar con información y asesoramiento respecto de la investigación y proceso penal.
2001–2004 — Proceso judicial irregular
El proceso judicial en contra de Carrera Almoina estuvo marcado por dilaciones, versiones falsas, contradicciones y revictimización.
El 28 de noviembre de 2001, presentaron ante la acusación formal ante el Ministerio Público en contra de Luis Antonio Carrera Almoina por delitos de violación y homicidio frustrado calificado. Linda Loaiza, como víctima y querellante junto a su abogado, presentó acusación por los delitos de violación, privación ilegítima de su libertad, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.
El Juez 18 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Ángel Wladimir Zerpa Aponte, otorgó a Luis Antonio Carrera Almoina detención domiciliaria. En el año 2002 inició el juicio y se impuso un deliberado interés judicial y estadal para proteger al agresor, por ser el hijo de Gustavo Carrera Damas.
Ya para el año 2004, más de 60 jueces conocían el expediente sin obtener ningún resultado.
El retraso y las irregularidades en el caso llevaron a Loaiza a iniciar una huelga de hambre a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —aún convaleciente por dos operaciones en el páncreas— para exigir que se realizara un juicio oral y público.
El 5 de noviembre de 2004, la jueza Rosa Cádiz Rondón emitió sentencia absolutoria de todos los cargos a favor de Carrera Almoina, su padre Gustavo Luis Carrera Damas y su secretaria, Leyda Josefina Reina Torres.
2006 — Sentencia en Venezuela
En 2006 se abrió un nuevo juicio en el que Carrera Almoina fue sentenciado a seis años y un mes de prisión solo por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas. Es absuelto del delito de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.
En 2008, Luis Carrera Almoina sale en libertad tras cumplir una condena reducida. Después de seis años, el caso había pasado por 97 jueces, 16 fiscales, decenas de audiencias diferidas y 50 jueces que prefirieron voltear su mirada hacia otro lado.
2007 – Caso Loaiza llegó a la CIDH
El 11 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por Linda Loaiza López, su familia y su abogado, Juan Bernardo Delgado, en la que denunciaban la responsabilidad del Estado en su caso.
Loaiza testificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y solicitó que su caso fuera evaluado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2016 — Orden del TSJ incumplida
En el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó reabrir la revisión de la absolución por violación.
En una sentencia, el TSJ reconoció que existían irregularidades procesales, inconsistencias en la valoración de las pruebas y elementos que ameritaba una nueva revisión judicial.
La Sala Penal instruyó a la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas a celebrar una audiencia para reexaminar la absolución por violación y determinar si la sentencia debía ser anulada o modificada. La audiencia nunca se realizó.
2018 — Condena internacional al Estado venezolano
El 16 de noviembre de 2018, la Corte IDH declara al Estado venezolano responsable por violaciones graves de derechos humanos, negligencia, revictimización y falta de debida diligencia. Ordena reparaciones integrales: investigación, sanción, atención médica, reformas legales y garantías de no repetición. Sin embargo, el Estado no cumplió.
2026 — Reapertura judicial y detención de Carrera Almoina
Tras 10 años de retrasos, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones convoca audiencia para revisar la absolución por violación.
El 27 de agosto, Loaiza informó que, tras finalizar la audiencia de presentación de Luis Carrera Almoina, la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas ordenó su privativa de libertad.
Loaiza indicó que el lugar de reclusión de Carrera Almoina será en el Rodeo II, ubicado en el estado Miranda. La abogada agregó que en los próximos días será la audiencia en la Corte de Apelaciones para revisar el delito de violación.
A través de un comunicado, la abogada y activista solicitó a las autoridades venezolanas que no se le otorgue ningún beneficio procesal a Carrera Almoina.
“Cuando el Estado venezolano ejecute íntegramente la sentencia de la Corte IDH podré hablar de justicia. Hasta entonces, cada avance cuenta, pero la deuda permanece y la impunidad no puede darse por superada”, expresó.
La activista informó que la Corte acordó: declarar con lugar las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público y por esta víctima/querellante. Declarar la nulidad de la absolución por el delito de violación. Ordenar la celebración de un nuevo juicio y mantener la medida privativa de libertad del ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, actualmente recluido en Rodeo II.
Insistió en que su familia y ella seguirán exigiendo un proceso judicial transparente, sin interferencias y ajustado a los estándares internacionales: “Seguiremos exigiendo justicia, sin más dilaciones”.
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