Muerte de Jovanny González: piden investigar a jueces por negarle la libertad pese a su cáncer

La ONG Fundehullan Venezuela y el Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos responsabilizaron a las autoridades venezolanas por la muerte del ex preso político Jovanny González, el 26 de agosto pasado, tras negarle la libertad plena pese a padecer cáncer terminal. 

González era primo y asistente del diputado al Consejo Legislativo de Barinas Wilmer Azuaje. A ambos los detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en mayo del 2017. Les imputaron los delitos de posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Los excarcelaron en 2018 con medidas cautelares de presentación, pero debido a la persecución política ambos se fueron a República Dominicana. 

En 2024 al joven le diagnosticaron cáncer. Lo operaron e inició inmunoterapia. Desde su exilio solicitó la amnistía y decidió regresar a Venezuela a principios de junio de 2026, ante la imposibilidad de seguir costeando los tratamientos. Cuando llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, fue detenido porque estaba solicitado por las autoridades. Permaneció dos horas bajo custodia y luego lo liberaron debido a su delicado estado de salud. Ya se encontraba en silla de ruedas.

A pesar de su condición, González recibió tres citaciones para comparecer ante el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas, que llevaba su causa. No pudo asistir a ninguna. 

“Murió pidiendo y esperando la amnistía”, dijeron sus familiares desde la Capilla de El Pilar en la ciudad de Barinas donde velaron sus restos el viernes 28 de agosto. 

Exigen investigación 

La ONG Fundehullan Venezuela cuestionó cómo a pesar de los informes médicos, “el sistema judicial le negó la amnistía y mantuvo sobre él un asedio procesal con régimen de presentación hasta sus últimos días”.

Exigieron que se inicie una investigación y se imponga una sanción penal para los jueces y fiscales responsables de ignorar su condición médica.

“Libertad plena inmediata para todos los procesados y privados de libertad con enfermedades graves. La denegación de medidas humanitarias a pacientes terminales constituye una grave violación a la vida y la integridad personal. No más impunidad”, reclamaron a través de sus redes sociales. 

Con información de El Pitazo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El ex preso político murió el 26 de agosto. Tenía 36 años de edad. Pese a su estado de salud, desde que regresó al país en junio había recibido tres citaciones para comparecer ante el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas
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La ONG Fundehullan Venezuela y el Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos responsabilizaron a las autoridades venezolanas por la muerte del ex preso político Jovanny González, el 26 de agosto pasado, tras negarle la libertad plena pese a padecer cáncer terminal. 

González era primo y asistente del diputado al Consejo Legislativo de Barinas Wilmer Azuaje. A ambos los detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en mayo del 2017. Les imputaron los delitos de posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Los excarcelaron en 2018 con medidas cautelares de presentación, pero debido a la persecución política ambos se fueron a República Dominicana. 

En 2024 al joven le diagnosticaron cáncer. Lo operaron e inició inmunoterapia. Desde su exilio solicitó la amnistía y decidió regresar a Venezuela a principios de junio de 2026, ante la imposibilidad de seguir costeando los tratamientos. Cuando llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, fue detenido porque estaba solicitado por las autoridades. Permaneció dos horas bajo custodia y luego lo liberaron debido a su delicado estado de salud. Ya se encontraba en silla de ruedas.

A pesar de su condición, González recibió tres citaciones para comparecer ante el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas, que llevaba su causa. No pudo asistir a ninguna. 

“Murió pidiendo y esperando la amnistía”, dijeron sus familiares desde la Capilla de El Pilar en la ciudad de Barinas donde velaron sus restos el viernes 28 de agosto. 

Exigen investigación 

La ONG Fundehullan Venezuela cuestionó cómo a pesar de los informes médicos, “el sistema judicial le negó la amnistía y mantuvo sobre él un asedio procesal con régimen de presentación hasta sus últimos días”.

Exigieron que se inicie una investigación y se imponga una sanción penal para los jueces y fiscales responsables de ignorar su condición médica.

“Libertad plena inmediata para todos los procesados y privados de libertad con enfermedades graves. La denegación de medidas humanitarias a pacientes terminales constituye una grave violación a la vida y la integridad personal. No más impunidad”, reclamaron a través de sus redes sociales. 

Con información de El Pitazo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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