Un informe difundido el pasado 8 de septiembre por el Australian Strategic Policy Institute (ASPI) (Instituto Australiano de Política Estratégica) advirtió que Venezuela podría integrar inteligencia artificial (IA) china a su sistema de vigilancia y ampliar sus capacidades de control digital.
El informe se titula “Warning signals: Venezuela and the risk of Chinese AI-enabled digital authoritarianism” y en su elaboración participaron Fergus Ryan, Bethany Allen y Nathan Attrill, del programa de Ciberseguridad, Tecnología y Seguridad de ASPI, junto con los colaboradores externos Mariví Marín (directora ejecutiva de ProBox), Shannon van Sant y el analista Alex Colville.
El trabajo reveló que en julio de 2025 el gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento con iFlytek, empresa tecnológica china que, según afirmaN, está sancionada por Estados Unidos desde 2019 y provee sistemas de modelos de lenguaje utilizados en China para censura y automatización judicial.
ASPI considera este acuerdo un punto de inflexión porque, durante aproximadamente dos décadas, Venezuela había adquirido principalmente hardware e infraestructura china —cámaras, telecomunicaciones, sistemas de identificación y centros de comando— y ahora estaría dando el paso hacia la adquisición de la “inteligencia” que puede operar sobre esa infraestructura. El acuerdo fue negociado por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actualmente presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, revela la investigación.
ASPI aclara que no existe evidencia pública de que sistemas chinos de IA estén actualmente operando dentro del aparato venezolano de vigilancia. Por lo pronto, lo que está confirmado es que se firmó un acuerdo, existe una infraestructura tecnológica previa y un sistema de recopilación de datos que podrían convertirse en insumos para herramientas de IA.
El informe identifica un ecosistema tecnológico construido progresivamente con participación de empresas chinas. No se trata de una única plataforma nacional integrada, sino de capas que pueden interactuar entre sí. En el trabajo se mencionan a las infraestructura de identidad digital y base de datos (particularmente el Carnet de la Patria), telecomunicaciones (Cantv y otras redes), cámaras y sistemas de vigilancia urbana (VEN911 y SIMA), centros de comando y control, sistemas de control y censura de internet, plataformas de integración de datos (Patria, VenApp y 1×10 del Buen Gobierno) y nuevas capacidades de análisis e IA.
ASPI insiste en que Venezuela no ha reproducido el sistema chino de vigilancia en su totalidad. El modelo venezolano es más fragmentado, desigual y limitado técnicamente. Pero esas limitaciones, según el informe, no impiden que las distintas piezas tengan utilidad política.
El informe también identifica una dimensión doctrinal. ASPI sostiene que desde 2023 se produjo una convergencia entre la profundización de la relación tecnológica entre Venezuela y China y una narrativa oficial venezolana que presenta el espacio informativo como un “campo de batalla”. El documento cita publicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología venezolano que describen una supuesta “guerra cognitiva” promovida por Occidente y plantea el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones de manipulación.
Para ASPI, existe una contradicción: mientras el discurso oficial venezolano presenta determinadas tecnologías digitales como instrumentos de manipulación cuando son utilizadas por actores occidentales, al mismo tiempo promueve su incorporación cuando proceden de China. El informe vincula esta visión con la expansión de mecanismos de vigilancia y control político ya existentes.
La IA podría sofisticar la represión
Una de las advertencias del informe es que el uso de la IA podría escalar las acciones del aparato represivo venezolano.
La automatización permitiría procesar grandes cantidades de información que hoy requieren intervención humana y conectar datos que actualmente están dispersos, lo que podría traducirse en censura automatizada, perfiles individuales de riesgo, identificación de relaciones entre personas y organizaciones, vigilancia de protestas y movimientos, clasificación automatizada de contenido e intervención más rápida frente a determinadas comunicaciones.
Como otros usos potenciales de esta tecnología desde la perspectiva represiva describe ASPI el uso de la IA para identificar patrones de comunicación, clasificar tráfico y ayudar bloqueos; buscar relaciones entre personas, organizaciones, lugares y comportamientos; valerse del uso de las cámaras para identificación y seguimiento de personas o vehículos, análisis de multitudes y búsqueda automatizada en videos; detectar contenido considerado políticamente sensible, clasificar publicaciones, priorizar bloqueos y detectar mecanismos para evadir la censura y, con modelos de IA multimodaldes, combinar texto, audio, imágenes, video y datos de redes para generar alertas o evaluaciones de riesgo.
La consecuencia que advierte ASPI es un cambio de una vigilancia principalmente reactiva hacia una potencialmente anticipatoria: que el Estado pueda identificar patrones y señalar personas o grupos antes de que ocurra un determinado hecho.
ASPI reconoce que Venezuela ofrece poca información pública verificable sobre el funcionamiento interno de estos sistemas. Por eso, establece cinco niveles de evidencia:
| Nivel | Qué significa |
|---|---|
| Despliegue confirmado | Sistema documentado en funcionamiento |
| Acuerdo firmado | Existe un compromiso formal, pero no demuestra implementación |
| Intención declarada | Funcionarios anuncian que quieren utilizarlo |
| Vía plausible | La infraestructura permitiría determinada capacidad, pero no está documentada |
| Riesgo inferido | Proyección basada en experiencias de otros países |
Alertas desde ProBox
A propósito de las conclusiones de este informe, ProBox advirtió que Venezuela podría convertirse en uno de los primeros países fuera de China en adoptar la nueva generación de inteligencia artificial china para la vigilancia masiva y el control político.
En un trabajo publicado en su sitio web y remitido a este despacho, recordaron que el memorándum de entendimiento que firmó el gobierno venezolano en julio de 2019 fue con la empresa china iFlytek, “sancionada por Estados Unidos desde 2019 por su papel en la represión de minorías musulmanas en Xinjiang”.
ProBox hace referencia a uno de los aspectos desarrollados en el informe: el Carnet de la Patria como el “ancla de identidad” del ecosistema. Según datos oficiales citados por ASPI, el sistema tenía 21,8 millones de usuarios registrados en enero de 2023, aproximadamente tres cuartas partes de la población venezolana de entonces. El sistema conecta identidad con información de cada ciudadano, como composición familiar, empleo, condiciones de salud, beneficios recibidos y, en algunos casos, información política o electoral.
Asimismo, al observatorio digital que desde 2019 monitorea, analiza y denuncia la desinformación, la propaganda política y las operaciones de manipulación en redes sociales, le inquieta que los detalles del memorando con iFlytek no se han hecho públicos en su totalidad y recuerda que en enero de 2025 se puso en marcha la Sala Nacional de Autogobierno Popular, “una sala de mando que centraliza información proveniente de miles de consejos y circuitos comunales en todo el país, y que Nicolás Maduro describió que estaba operando ‘con tecnología china e inteligencia artificial’”.
La preocupación hacia el futuro es que la IA pueda facilitar la búsqueda y correlación de esos registros para construir perfiles de riesgo o detectar patrones. ProBox destaca que la empresa iFlytek vende un servicio de identificación por huella de voz, que compara grabaciones contra una base de datos para reconocer a una persona entre miles; tecnología que aseguran, han compartido con las autoridades de seguridad pública en Xinjiang.
“Si esa capacidad se combinara con la red de cámaras -presentes en Venezuela- y el registro de identidad del Carnet de la Patria, el riesgo es que el Estado deje de depender de que alguien participe visiblemente en una protesta para identificarlo, y pueda anticiparse al marcar a personas por patrones de asociación, movimiento o actividad en redes sociales incluso antes de que ocurra cualquier hecho concreto”, advierte ProBox.
¿El “nuevo momento político” frenará este riesgo?
ProBox recordó que el acuerdo con iFlytek fue firmado meses antes de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. Eso podría sugerir una posibilidad en contra de la vigilancia digital, pero los indicadores de los meses que lleva en el poder la presidente encargada Delcy Rodríguez no son alentadores.
“Durante su gestión, señala el informe, el aparato de vigilancia venezolano no ha sido desmantelado. Misma conclusión a la que llegó la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, que documentó que la infraestructura de vigilancia se mantuvo tras el cambio de gobierno”, recalcó ProBox.
Para los autores de ASPI, ese escenario no elimina la posibilidad de actuar. Por el contrario, abre una ventana de oportunidad. La dependencia actual del gobierno encargado respecto de Estados Unidos podría permitir ejercer presión para cancelar el memorando con iFlytek antes de que las capacidades de inteligencia artificial sean incorporadas al sistema de vigilancia.
Las recomendaciones de ASPI
Ante este escenario, ASPI plantea siete líneas de acción para frenar que el sistema de vigilancia estatal en Venezuela se potencie con el uso de la IA china y que esas prácticas se vuelvan contra los ciudadanos:
- Fortalecer a la sociedad civil venezolana, a periodistas, defensores de derechos digitales y sectores de la oposición democrática, incluyendo apoyo en seguridad digital, asistencia legal y protección.
- Poner gratuitamente a disposición de esas organizaciones herramientas de IA para enfrentar la censura y la vigilancia.
- Exigir la cancelación del memorando con iFlytek antes de que sus plataformas sean incorporadas al sistema venezolano.
- Presionar para desmontar el actual aparato de vigilancia, incluyendo la eliminación del Carnet de la Patria, protocolos auditables para la interceptación de comunicaciones y transparencia sobre los acuerdos de IA y vigilancia.
- Reparar planes para una eventual reforma democrática, con leyes de privacidad, supervisión independiente de la vigilancia, autonomía del regulador de telecomunicaciones y mecanismos para auditar o eliminar bases de datos politizadas.
- Sancionar a funcionarios responsables de la represión digital y a empresas que faciliten tecnología de vigilancia
- Establecer estándares de seguridad para los sistemas de IA extranjeros utilizados por gobiernos, que obliguen a revelar aspectos como el origen de los datos de entrenamiento, los mecanismos de filtrado, la gestión de actualizaciones y quién controla el ajuste de los modelos, además de exigir evaluaciones independientes antes de su contratación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
