Desde el anuncio público del “histórico acuerdo” petrolero entre Estados Unidos y Venezuela el pasado 28 de agosto de 2026, no cesa una lluvia de confeti en medio de una danza de compromisos sobre 65 000 millones de barriles de la reserva petrolera venezolana, entre la actual administración norteamericana y la compañía petrolera NABEP, concesionada por el régimen de Delcy Rodríguez.
Promesas desmedidas y realidades silenciadas
Las dimensiones del presuntuoso convenio no dejan de asombrar. Por parte del gobierno norteamericano se exalta que tendrá una duración de 25 o 100 años, e incluso el presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo petrolero con Venezuela garantizará energía para Estados Unidos hasta por 500 años. Por otra parte, desde el oficialismo se divulga que el pacto producirá los recursos para la reconstrucción del país, por cierto, destruido por el chavomadurismo durante 27 años.
Hasta ahora hemos visto decenas de entrevistas de expertos petroleros de todo calibre a nivel nacional e internacional, de universidades, de reconocidos centros de investigación y de connotados juristas, quienes manifiestan su justificado rechazo a un desigual convenio que, de entrada, le entrega el 35 % de participación accionaria al Pentágono y el 20 % de la producción al costo.
La gran omisión: ¿quién extraerá el petróleo?
Ahora bien, considero que en toda esta polémica hay un gran ausente: no se ha planteado quién o quiénes van a extraer el precioso mineral de las entrañas del suelo venezolano, ni se mencionan las condiciones laborales en las que se desarrollarán las operaciones en el contexto de tan rimbombante acuerdo.
No nos extraña tanto silencio respecto al tema laboral, ya que el trabajador petrolero venezolano ha sido tratado durante el siglo XXI como en los tiempos de Juan Vicente Gómez: en condición de peón de hacienda, con salarios miserables, contratación colectiva suspendida, sin seguridad social, con pésima seguridad industrial y sin sindicatos que los representen, al estar secuestradas la FUTPV y sus sindicatos de base por militantes del partido oficial.
Fantasmas de esclavitud moderna
Por tanto, no tenemos que imaginarnos el futuro cuando ya conocemos el presente laboral petrolero, tal como denuncia una federación sindical de reciente constitución, FETRAENERGÍA: “Los trabajadores petroleros no somos mercancía”. Esto se debe a que el Contrato de Participación Productiva (CPP), que PDVSA entregó a los potenciales inversionistas, permite a las empresas privadas escoger qué trabajadores petroleros les sirven y cuáles no, lo que representa una grave amenaza para la estabilidad laboral y los derechos de miles de familias.
Se crea un esquema en el que el trabajador presta servicio, hasta por tres años, para una empresa privada, mientras continúa dependiendo de PDVSA para el pago de salarios y beneficios, lo que debilita derechos conquistados durante décadas de lucha sindical. Este modelo abre las puertas a formas de explotación laboral que recuerdan prácticas de esclavitud moderna, donde el empleado es tratado como un recurso transferible y no como un sujeto de derechos.
¿Quiénes cargarán con el peso de la extracción?
Ahora bien, ¿quién va a extraer de las entrañas del suelo venezolano el viscoso mineral? ¿Trabajadores extranjeros como antes? ¿Taladros robóticos como los que utilizan ExxonMobil o Baker Hughes en Texas? ¿O serán los de siempre?: los nativos de la Costa Oriental del Lago, los de San Tomé y los pobladores circundantes de la Faja del Orinoco.?
Para información de los firmantes del “acuerdo histórico” y de los representantes de empresas privadas nacionales y extranjeras, anexo un fragmento del artículo 33 de la vigente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), aprobada el 29 de enero de 2026:
Artículo 33: “Los trabajadores de las empresas petroleras estatales, con excepción de los integrantes de las Juntas Directivas de las empresas, gozarán de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser despedidos por las causales expresamente consagradas en la legislación laboral. Igualmente, el Estado garantizará el régimen actual de contratación colectiva y el goce de las reivindicaciones sociales, económicas, asistenciales, sindicales, de mejoramiento profesional y todas aquéllas establecidas en la contratación colectiva y en la legislación laboral…”.
Cabe destacar que en el Contrato Colectivo Petrolero (CCP) están amparados integralmente los trabajadores de contratistas petroleras.
Incumplimientos y precarización actual
No se espera nada nuevo, denuncia FETRAENERGÍA, cuando las empresas firmantes del acuerdo —NABEP y PDV Mant— dejan sin pago a los trabajadores petroleros. Actualmente, 80 trabajadores de CEUTA en el Taladro 28 del Zulia (servicios NABEP) y 150 trabajadores de PDV Mant en el Centro de Refinación Paraguaná continúan sin recibir sus salarios ni bonos semanales, con ingresos percibidos que oscilan entre 600 y 800 dólares, de los cuales solo una tercera parte corresponde al salario base.
De no restablecerse el sistema de relaciones de trabajo en la Industria Petrolera Nacional (IPN), el mencionado “convenio histórico” significará únicamente el beneficio económico para los gobiernos y las transnacionales, en detrimento del principal actor: los trabajadores. Esto devela la esencia de un pacto que deja de ser un acuerdo al desestimar la Constitución nacional, y que resulta antihistórico al contravenir la evolución de las relaciones comerciales establecidas durante un siglo entre Venezuela y Estados Unidos sobre la base de nuestra soberanía nacional.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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