Al menos ocho representantes políticos indígenas de Venezuela publicaron un comunicado este 12 de octubre para exigirle a la mesa de diálogo entre el Gobierno presidido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los miembros de la Asamblea Nacional del 2015 (AN 2015) —ambos bajo el aval de Estados Unidos— incorporar los derechos de los pueblos indígenas en la política nacional.
«Exigimos ser incorporados al modelo democrático nacional. Nuestras tierras están siendo devastadas brutalmente por el ecocidio del Arco Minero [del Orinoco]. La distribución de las riquezas extraída de nuestros suelos debe ser equitativas para nuestros pueblos originarios», se lee en el comunicado dirigido a Dinorah Figuera y a Jorge Rodríguez, principales representantes de la mesa de diálogo entre la AN 2015 y el PSUV, respectivamente. «Estamos vivos, organizados y somos dueños ancestrales de nuestras tierras».
Los representantes de ocho estados del país —Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia— también exigieron la representación de un magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «para velar por nuestros derechos de la jurisdicción especial indígena».
Romel Guzamana, diputado del estado Amazonas destituido arbitrariamente por el TSJ en 2016, denunció que las poblaciones indígenas en Venezuela respetan la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas ni la Constitución Nacional. La sociedad civil venezolana ha denunciado desde 2024 que los presos políticos indígenas se mantienen en invisibilizados ante las instituciones gubernamentales.
«Por eso pedimos una magistratura, para que, desde allí, puedan operar enlaces [con otras instituciones gubernamentales], y que de una novedad se pase a una necesidad. La gente tiene que saber que nosotros, los pueblos originarios, existimos», recalcó Guzamana en sus redes sociales.
La representación indígena también le exigió al Gobierno venezolano mayor transparencia a los centros de votación de las comunidades originarias. Desde junio de 2020 el PSUV, a través del TSJ, eliminó la oportunidad de tener un voto secreto, universal e individual a los pueblos indígenas para escoger a sus representantes en la Asamblea Nacional.
«Por eso, también estamos exigiendo el derecho civil que nos asiste para poder optar a un cargo de rector principal en el Consejo Nacional Electoral [CNE]», explicó el parlamentario.
Vulneraciones continuas
De acuerdo con el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés), destacaron que los pueblos originarios de la Amazonía venezolana mantienen una presión constante sobre sus territorios, pese a que el país tienen normativas que protegen estas zonas.
El Arco Minero del Orinoco y la presencia de grupos paramilitares armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), vulneran los derechos humanos de las poblaciones indígenas y sus territorios, denunció la ONG Wayamoutheri en su último informe y la serie periodística Amazon Underworld. Además, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha reconocido que el Estado venezolano ha incursionado en varias masacres a pueblos indígenas en la Amazonía venezolana y no existe un debido proceso judicial para respetar los derechos humanos de estas poblaciones vulnerables.
Ante este panorama, Guzamana reiteró que los pueblos indígenas deben tener una participación en las decisiones políticas venezolanas, que dictan la economía y la transformación de las regiones donde los pueblos originarios hacen vida.
