Venezuela sigue ocupando el último puesto a nivel mundial en materia de Estado de derecho según el World Justice Project. Lejos de ser una simple cifra reputacional, esta posición se traduce en una realidad asfixiante para el ciudadano común: un Estado altamente intrusivo que incide de forma arbitraria en la cotidianidad, desde la prestación de servicios públicos hasta la absoluta falta de garantías procesales y de independencia judicial.
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, conversó con Luis Ernesto Blanco en Espacio Runrunes y recordó que esta vulnerabilidad permanente no es casualidad, sino el reflejo de un sistema donde la ley se ha empleado como instrumento de control social. En medio de las expectativas generadas en torno a mesas de negociación y planes de transición, el especialista analizó las recientes informaciones que según su juicio no todas responden a una genuina voluntad de cambio.
La ruta trancada del nuevo TSJ
Uno de los compromisos centrales pactados en los espacios de diálogo fue la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, a las puertas de cerrar el año, el proceso arrastra retrasos sistemáticos y vicios en la conformación del Comité de Postulaciones.
Daniels señala que, si bien la inclusión de un comité de verificación de credenciales conformado por figuras de alta honorabilidad y perfil independiente representa un contrapeso necesario, las sombras sobre el proceso persisten. Las trabas logísticas, la falta de transparencia en los cronogramas y la persistencia de cuotas políticas evidencian que el oficialismo busca ganar tiempo para mitigar el impacto de perder el control total del máximo tribunal.
La Ley contra el Odio: ¿Mutación represiva o alivio real?
Otro de los ejes abordados fue la proyectada reforma parcial de la cuestionada Ley contra el Odio, un instrumento calificado por organizaciones de derechos humanos como ontológicamente perverso por priorizar la sanción a la opinión crítica por encima de la protección de la vida misma.
Aunque el proyecto legislativo contempla rebajar penas corporales y transformar algunos supuestos en faltas administrativas —lo que permitiría liberar a un pequeño grupo de detenidos y extinguir causas con medidas cautelares—, el experto advierte sobre un peligro latente: el desplazamiento de la represión carcelaria hacia la represión fiscal.
La norma bajo reforma abre la puerta para que funcionarios administrativos impongan multas desproporcionadas (que podrían alcanzar los 10.000 euros) a ciudadanos y medios de comunicación independientes bajo criterios discrecionales de lo que constituye un “discurso de odio”. En la práctica, esto sustituye los barrotes por castigos económicos capaces de asfixiar financieramente a la disidencia y al periodismo libre.
Entre la simulación y la resistencia ciudadana
Durante la entrevista, Daniels insistió en que el país no puede conformarse con evoluciones cosméticas que simulen apertura mientras se mantiene intacto el andamiaje punitivo del Estado. Para la sociedad civil, el reto sigue siendo documentar las arbitrariedades, exigir rendición de cuentas y empujar los espacios de participación a pesar de los obstáculos gubernamentales.
“hay pruebas objetivas que tú puedes decir, esto me va a demostrar si en Venezuela ha habido cambio o no y una muy sencilla es que un tribunal pueda decir que un decreto o un decisión presidencial es nula y no le pase como a la jueza Afiuni. Ahí tendríamos una posibilidad”.
Daniels considera impostergable desmontar el aparato que controla al ciudadano y que hace que sea un súbdito del Estado. “Entonces, mientras más aligeramos la carga al ciudadano y haya más libertades para que las personas puedan tener emprendimientos que dinamicen la actividad económica sin tener que ser objeto de extorsiones como lamentable ocurre todavía el día de hoy, ahí podríamos también tener una esperanza”.
Finalmente Daniels se refirió a la necesidad de legitimar al Poder Ejecutivo. “Mientras no tengamos una fecha de elecciones, mientras no sepamos cuándo vamos a volver a la Constitución, mientras sigamos teniendo una presidencia encargada que no ampara ninguna norma constitucional y que está al margen de la Constitución, la incertidumbre va a ser mucha”.
Sin embargo, el codirector de Acceso a la Justicia señaló que mientras exista una ventana de oportunidad para que se produzcan los cambios, la sociedad civil seguirá ejerciendo presión para que eso ocurra y estará atenta para denunciarlo en caso de que eso no pase.
