«Queremos que se mantenga viva la historia de nuestros jóvenes. Que se mantenga la memoria que se pretende olvidar». Con estas palabras, Elvira Pernalete, líder de la Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic), denunció el pasado 27 de octubre en Barquisimeto, estado Lara. Los padres de los más de 334 jóvenes que han sido asesinados en el marco de protestas críticas al Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) reclamaron que el Ministerio Público y el sistema de justicia nacional aún debe investigar los casos.
Alfavic reiteró la importancia de la memoria histórica durante la transición a la democracia en Venezuela. Su importancia, insistió Pernalete, radica en la no repetición de los crímenes de lesa humanidad que el PSUV ha cometido en los últimos 27 años en el poder.
«Estos casos no pueden convertirse en expedientes olvidados ni sus familias quedar condenadas a esperar para siempre», afirmó Pernalete.
Expedientes dormidos
«No somos números ni expedientes, somos familias que exigimos justicia». Bajo esa consigna los miembros de Alfavic denunciaron que la memoria histórica y la justicia debe ser un tema a abordar en la mesa de negociación entre el PSUV y una representación de la oposición liderada por Dinorah Figuera —ambos bajo el aval de Estados Unidos—.
Al cumplirse 14 y 9 años de las protestas anti-PSUV del 2014 y 2017, respectivamente, Runrun.es pudo confirmar en su reportaje «El patrón del olvido» que los familiares de las víctimas mortales de las manifestaciones políticas aún navegan procesos de investigación, con recurrentes mecanismos de revictimización como el reseteo de los casos y frases estigmatizantes contra los jóvenes asesinados.
Hasta ahora, según documentó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, la justicia venezolana tampoco ha brindado información sobre los avances de al menos 25 casos de asesinatos que ocurrieron por las manifestaciones post electorales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue declarado como ganador de las presidencial sin ofrecer datos disgregados.
Hasta el momento, la mesa de diálogo avalada por Estados Unidos entrará en su cuarta fase de negociaciones entre el 11 y el 15 de noviembre de 2026. Sus esfuerzos se han centralizado en la renovación de un Tribunal Supremo de Justicia que no sea adepto al PSUV. Mientras tanto, los casos de las víctimas mortales de la represión del PSUV estáb siendo procesados por la Corte Penal Internacinonal.
*Mapas elaborados por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
