Hubo un giro inesperado en el caso del pueblo de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores y no fue por voluntad judicial, sino por voluntad divina.
El juez Alvin K. Hellerstein, quien supervisaba el proceso desde 2020, falleció por causas naturales este miércoles 28 de octubre a la edad de 92 años
En su lugar, la jueza federal Analisa Nadine Torres asumirá el caso contra la pareja por narcoterrorismo, conspiración para cometer torturas, importación de cocaína y delitos relacionados con el uso de armas de fuego y artefactos destructivos
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York informó este mismo miércoles sobre la reasignación del expediente, como parte del procedimiento para redistribuir los casos que estaban a cargo de jueces que dejaron de ejercer sus funciones por jubilación o fallecimiento.
Durante casi tres décadas, Hellerstein estuvo al frente de procesos judiciales de alto perfil y supervisó la causa contra Maduro desde la presentación de la acusación original, en marzo de 2020.
La designación de Torres ocurre mientras el proceso penal avanza hacia el juicio, programado para el 14 de junio de 2027.
Antes de esa fecha, la próxima audiencia está prevista para diciembre y estará relacionada con las solicitudes de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación bajo el argumento de la inmunidad soberana.
¿Quién es Analisa Torres?
Torres nació en Nueva York en 1959 y fue nominada en enero de 2013 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama.
El Senado confirmó su nombramiento el 18 de abril de ese año y recibió su comisión judicial el 23 de abril.
De ascendencia puertorriqueña, obtuvo una licenciatura con honores en Harvard College en 1981 y el título de doctora en Derecho en Columbia Law School en 1984.
Antes de incorporarse al sistema judicial federal, Torres acumuló experiencia en distintos tribunales de Nueva York.
Fue jueza del Tribunal Penal de la ciudad entre 2000 y 2002, del Tribunal Civil entre 2003 y 2004 y posteriormente magistrada de la Corte Suprema del estado, donde estuvo a cargo de causas penales graves.
También trabajó en bufetes privados, principalmente en el área del derecho inmobiliario, y ocupó funciones vinculadas con el desarrollo económico y la planificación urbana de Nueva York.
Su trayectoria combina experiencia en derecho penal, litigios civiles y asuntos comerciales.
A lo largo de su carrera federal, presidió diversas demandas civiles y reclamaciones legales derivadas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York
En 2013, cuando fue nominada para el cargo federal, la Asociación Estadounidense de Abogados la calificó por unanimidad como “Qualified” (calificada) para ejercer la función.
Aunque su nombramiento fue impulsado durante una administración demócrata, los jueces federales no representan formalmente a partidos políticos. En ese sentido, su designación por Obama no permite anticipar cómo resolverá las solicitudes de las partes en el proceso contra Maduro y Flores.
La causa se remonta a marzo de 2020, cuando las autoridades estadounidenses presentaron la acusación original contra Maduro y Flores por narcotráfico y otros delitos.
Tras la captura del gobernante y su traslado a Estados Unidos en enero de este año, Hellerstein continuó supervisando el procedimiento.
La reasignación a Torres se produce antes de una audiencia clave para la defensa, que busca desestimar la acusación alegando inmunidad soberana. La nueva jueza tendrá que hacerse cargo del expediente y de las decisiones pendientes en una causa de alto impacto político y judicial.
Se le conoce por el caso Ripple
Fuera del ámbito judicial de Nueva York, Torres alcanzó notoriedad por su decisión en el litigio entre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y Ripple Labs, relacionado con la criptomoneda XRP.
En julio de 2023, la jueza determinó que ciertas ventas institucionales de XRP constituían ofertas de contratos de inversión sujetas a las leyes de valores, mientras que las ventas programáticas examinadas en ese caso no cumplían el mismo estándar.
En agosto de 2024, Torres resolvió sobre las medidas correspondientes a esa disputa y ordenó, entre otras disposiciones, una sanción civil contra Ripple.
Ese antecedente refleja que sus decisiones pueden conceder o rechazar argumentos de las partes según las circunstancias jurídicas de cada expediente.
La atención se concentra ahora en la audiencia prevista para diciembre y en la fecha fijada para el juicio en junio de 2027, dos momentos que marcarán la siguiente etapa de una de las causas judiciales más relevantes relacionadas con Venezuela en Estados Unidos.
Nexos con Venezuela
De acuerdo al ciberactivista Luis Carlos Díaz, en 1983, la jueza Torres se casó con un venezolano llamado Constantino Ramón Argimon.
Aunado a eso fue la jueza encargada de presidir el caso Pharo Gaia Fund Ltd. versus Venezuela, que fue una demanda por incumplimiento de contrato presentada en Estados Unidos debido a que el Estado dejó de pagar los bonos de deuda soberana que poseían estos fondos.
Igualmente presidió el caso Altana Credit Opportunities Fund versus Venezuela, otra demanda judicial por incumplimiento de contrato que el fondo de inversión Altana interpuso contra la República Bolivariana de Venezuela
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