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Fallece Miguel Eckar, reconocido dirigente sindical de CVG Alcasa
Numerosas organizaciones políticas y gremiales se sumaron al luto por la muerte de Eckar, quien fue un respetado dirigente sindical de la estatal CVG Alcasa y abogado del sindicalista Rubén González

 

El secretario de cultura y propaganda del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa) Miguel Eckar, murió a sus 58 años pasadas las 12:00 am del sábado 21 de noviembre en el hospital Dr. Raúl Leoni de San Félix, confirmó la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), a través de una nota de duelo.

Compañeros de Eckar dijeron que él padecía complicaciones asociadas a insuficiencia renal y diabetes. Inicialmente estuvo recluido en un centro médico privado de Puerto Ordaz, pero su familia no tenía cómo cubrir esa clínica y la estatal en la que trabajó tampoco ayudó a costear los gastos de hospitalización, aseguraron sus amigos.

A las 4:00 pm del viernes 20 de noviembre fue enviado desde la clínica a su casa. Comenzó a sentirse mal otra vez, y en la noche de ese mismo día su familia lo llevó al hospital Dr. Raúl Leoni, donde falleció. El único apoyo que brindó la estatal del sector aluminio fue el traslado en una ambulancia, dijo un integrante de la ITG.

Eckar trabajó por 32 años en CVG Alcasa, la más importante empresa del sector aluminio del estado Bolívar. Era técnico superior universitario en mantenimiento mecánico y abogado. Dentro de la fábrica laboró en el área de fundición y mantenimiento.

Chile: El próximo 23 de noviembre se reanudará el proceso para tramitar la VRD
El director de Asuntos Consulares de la Cancillería de Chile, indicó que la reunificación familiar tendrá prioridad de ahora en adelante para otorgar la Visa de Responsabilidad Democrática a los venezolanos

 

Raúl Sanhueza, director de Asuntos Consulares de la Cancillería de Chile, afirmó que el próximo 23 de noviembre se reanudará en Caracas el proceso para tramitar la Visa de Responsabilidad Democrática, reseñó el diario El Mercurio.

Negó que el gobierno de Chile haya rechazado el trámite del documento a los venezolanos y aclaró que no fue un rechazo jurídico, sino informático. Al respecto, sostuvo que la medida favorecerá la reunificación familiar.

“No se han suspendido las visas, que la gente se arme de paciencia y piense que vamos a privilegiar a las familias”, indicó Sanhueza al diario chileno.

Afirmó además que desde la Cancillería ya están trabajando para ponerse en contacto con los residentes venezolanos en Chile, cuyos familiares directos habían solicitado la visa en Venezuela. 

Sanhueza indicó que los familiares directos de los solicitantes de visa deberán comunicarse con la Policía de Investigaciones en Chile, a través del Ministerios de Relaciones Exteriores, donde tendrán que presentar el número de Servicio de Atención Consultar y número de trámite, añade la nota de El Mercurio.

Seguidamente, la solicitud será tomada por la Dirección de Asuntos Consulares en Chile y desde allí darán la orden para que las visas sean otorgadas. En cuanto a las visas que ya habían sido aprobadas, Raúl Sanhueza destacó que ese trámite deberá ser solicitado nuevamente, ya que los lapsos excedieron su tiempo, y en consecuencias fueron rechazadas.

Informó que solo estamparán 30 documentos diarios en la embajada de Caracas como medida para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, señaló que harán «todo lo posible por agilizar los trámites»

Mediante un correo electrónico, la Cancillería de Chile informó el miércoles 11 de noviembre a los venezolanos con solicitud en trámite que sus visas de responsabilidad democrática fueron rechazadas; incluso a quienes solo les faltaba el estampado del documento. La intempestiva medida generó rechazo entre los venezolanos dentro y fuera de Chile.

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Consideran que visita de Saab a la CPI es una derrota para el gobierno de Maduro
La Corte Penal Internacional determinó que hay fundamento para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad  

La visita del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, Tarek William Saab, a la Corte Penal Internacional (CPI) no estuvo exenta de inconsistencias, pues la primera es la propia presencia de Saab en La Haya ante la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

La CPI informó que su Fiscalía determinó que hay fundamento para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes que le competen a la jurisdicción de la CPI.

El abogado y activista de derechos humanos, miembro del consejo consultivo de la ONG Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, consultado por El Pitazo, considera que la visita de Saab a la CPI para frenar los avances de esa instancia en el caso de Venezuela no generó el resultado deseado para el gobierno de Maduro.

“Para expresarlo con un refrán: fue por lana y salió trasquilado. Porque el mismo día que aparece fotografiado con la fiscal, ésta anuncia que considera, según el análisis que han hecho, que la corte tiene competencias para conocer sobre los delitos en Venezuela que son de su competencia”, explicó Alvarado.

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ONG: restringir importación de diésel será devastador para el país
Las ONG aspiran a que Estados Unidos desista de la medida que comenzó a regir el 30 de octubre

A través de una carta pública, un grupo de ONG advirtió que la decisión de Estados Unidos de restringir a Venezuela la importación de diésel a través de un trueque de petróleo por este combustible, conocido como operación swap, “tendría consecuencias devastadoras para la población y el país”.

La carta fue dirigida a funcionarios de la administración del Gobierno de Donald Trump, ONG como Acción Solidaria, el Centro de Derechos Humanos de la Ucab, Provea, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), Dale Letra, Laboratorio Ciudadano, entre otras, aspiran a que Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), desista de la medida que comenzaría a regir el 30 de octubre.

“En Venezuela, el diésel es el principal combustible para la generación de electricidad y para el transporte de carga de bienes básicos, que incluyen alimentos, medicinas y suministros humanitarios. Cortar la importación al diésel en el país podría empeorar las ya muy precarias condiciones de vida de millones de venezolanos que dependen de esta cadena de suministro”, señalan en el texto.

Las ONG indican además que mientras las sanciones “azotan al pueblo” de Venezuela, las élites políticas y militares del régimen no parecen verse afectadas por estas amplias sanciones económicas; por el contrario, Maduro y quienes lo rodean parecerían estar más afianzados en el poder”.

Llaman también a tener presentes las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bacheletquien instó a la comunidad internacional a ajustar las sanciones económicas contra Venezuela para que “más recursos puedan ser destinados al tratamiento y prevención de la epidemia”.

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CLAVES | Gestión de Carmen Meléndez estuvo marcada por persecución, detenciones e intimidación
Meléndez fue designada recientemente como ministra de Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro

La gestión de Carmen Meléndez en la Gobernación de Lara estuvo caracterizada por el aumento de la represión y la letalidad policial. La recién designada ministra de Interior y Justicia de la administración de Nicolás Maduro ocupó el cargo de elección popular por tres años y cinco días, entre 2017 y 2020. El Pitazo resumió en cinco claves su desempeño como gobernadora en materia de seguridad y derechos humanos:

Antes y después de las Faes

Según cifras del Ministerio de Interior y Justicia, las muertes por resistencia a la autoridad en Lara subieron 82,2% durante el primer año de mandato de Carmen Meléndez. 

En octubre de 2017 –cuando Meléndez fue juramentada como gobernadora– 10% de las muertes violentas en el estado era por resistencia a la autoridad; en octubre de 2018, el indicador se disparó a 58,3%, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Entre enero y diciembre de 2018, la organización contabilizó 190 ejecuciones extrajudiciales en el estado, la mayoría a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), que se instalaron a mediados de ese año en el estado.

En 12 meses de operaciones, el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mató a 238 personas en ocho de los nueve municipios larenses, señala un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) que califica esta división de “escuadrón de la muerte”. 

Al menos cinco de las víctimas fueron asesinadas durante las manifestaciones antigubernamentales que se desencadenaron en los municipios foráneos Morán y Torres tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. La documentación de estos casos fue clave para que Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomendara la disolución de las Faes.

Policías entre los principales victimarios

El Informe Anual de Violencia de 2019 del OVV reseñó que Lara es la cuarta región del país con mayor letalidad policial. En este lapso, la tasa de muertes violentas se ubicó en 34 por cada 100.000 habitantes: 16 por resistencia a la autoridad, 11 homicidios y 7 muertes en averiguación. Según cifras del diario La Prensa de Lara, 2019 cerró con 412 muertes violentas, de las cuales 251 fueron perpetradas por funcionarios de seguridad.

“Desde el año 2018, esta es una realidad constante. Hay una reducción de los homicidios y un aumento de las muertes por resistencia a la autoridad”, aseguró el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del OVV capítulo Lara que registró 202 muertes violentas durante el primer semestre de 2020 en el estado.

“De los asesinatos registrados, 40%, está relacionado con presunta resistencia a la autoridad, lo que equivale a que de cada 10 asesinatos, 4 son efectuados por la policía”, agregó el sociólogo en la presentación de un balance sobre la violencia política, la represión y el uso excesivo de la fuerza en Lara.

Persecución, detenciones e intimidación

Durante la gestión de Carmen Meléndez como gobernadora, la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhelara) denunció la persecución de al menos tres de sus activistas, personal docente, médico, de enfermería y pacientes crónicos, así como el «aumento progresivo del hostigamiento y la represión» contra los ciudadanos que participan en protestas por servicios básicos.

La organización registró 27 detenciones arbitrarias en mayo, el tercer mes de confinamiento por la pandemia del coronavirus, debido a los prolongados cortes de electricidad, la escasez de gas doméstico y falta de agua por tuberías.

Asimismo, ha documentado casos de violación del derecho a la manifestación pública, a la integridad física y a la vida en las movilizaciones dispersadas por funcionarios de seguridad, dirigentes del oficialismo y presuntos colectivos, como sucedió en marzo de 2019, durante la visita de la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas (Oacnudh) y en febrero de 2020, en la marcha de Juan Guaidó en el oeste de Barquisimeto asediada por simpatizantes del oficialismo y funcionarios públicos.

“La respuesta oficial, decidida por el alto Gobierno nacional y estadal no han sido actuaciones y mejoras en los servicios, sino el despliegue masivo de cuerpos militares y policiales que con todo un arsenal de armamentos, vehículos blindados y decenas de efectivos, han ejecutado acciones sistemáticas de acosos, persecuciones y detenciones fundamentalmente a jóvenes en las zonas populares”, alertaron en un comunicado publicado en mayo.

La almiranta llegó a ordenar el despliegue de hasta 10.000 funcionarios de seguridad –según sus propias declaraciones– ante llamados de protestas de la oposición con el argumento de que “están llamados a preservar la paz en el estado”.

El sociólogo Nelson Fréitez, coordinador de la cátedra libre de derechos humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), considera que el poder político en Lara mantiene una práctica consuetudinaria de grandes privaciones, maltratos a la población y uso desproporcionado de la fuerza.

Señalada por obstrucción de la justicia

El Bloque Parlamentario del estado Lara denunció a Carmen Meléndez, a mediados de 2019, por obstrucción a la justicia y terrorismo de Estado tras la liberación de seis de los siete colectivos armados que atacaron a civiles y funcionarios de la Policía de Lara en una concentración en Barquisimeto el 1 de mayo.

Según el abogado Guillermo Palacios, diputado de la Asamblea Nacional (AN), la gobernadora encubrió a estos militantes del oficialismo que dispararon a un oficial de la Brigada Motorizada y fueron absueltos de los cargos, incluyendo el porte ilícito de armas, en la audiencia.

Policías desmejorados

En sus primeros seis meses de gestión como gobernadora, Meléndez aprobó un punto de cuenta que exigía a los funcionarios de la Policía de Lara obtener el carnet de la patria para cobrar el bono de alimentación por esa vía. Desde 2019, personal jubilado y desincorporado de ese cuerpo lleva a cabo acciones de protesta por retrasos en los pagos quincenales y la suspensión de salarios.

En la actualidad, los funcionarios activos devengan menos de Bs. 2.000.000 mensuales, pero en los comandos les venden bolsas de comida con nueve artículos en $10 o $12, según reportes del personal. Dentro del organismo también hay descontento por la falta de dotación de uniformes y otros implementos, pese a las promesas de Meléndez durante su campaña electoral.

Horas antes de oficializar el cambio de Carmen Meléndez a la cartera de Interior y Justicia, el ministerio otorgó a la Policía de Lara el primer lugar del Concurso de buenas prácticas policiales en su décima edición por los procedimientos extraordinarios efectuados durante la cuarentena.

Médicos de Carabobo denuncian que no tienen insumos para hacer frente al COVID-19
El capítulo Carabobo de la ONG Médicos Unidos Venezuela realizó una marcha silente para denunciar las precarias condiciones de los hospitales de la entidad, lo cual les impide enfrentar la pandemia de COVID-19

 

El sábado 24 de octubre, médicos de distintos sectores del estado Carabobo protestaron en la ciudad de Valencia para rechazar las críticas condiciones en las se mantiene el sistema de salud y exigir una vez más la liberación del doctor Alexis Riera, imputado el mes de septiembre los presuntos delitos de peculado doloso y contrabando de medicamentos.

Los médicos se concentraron en la sede del colegio que los agrupa, desde donde realizaron una marcha silente hasta la redoma de Guaparo. Exhortaron a las autoridades a dotar los hospitales pues en las condiciones actuales que no están preparados para atender pacientes con COVID-19.

“Esta emergencia humanitaria compleja no permite que los pacientes tengan medicamentos ni soluciones efectivas a su enfermedad, tenemos muerte de muchas personas y de nuestros colegas. Estamos exigiendo el derecho a la salud y a la vida, a la justicia como derecho humanos”, indicó la presidenta de Médicos Unidos por Venezuela capítulo Carabobo , Leyla Ortíz.

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Raúl Baduel recibió visita familiar tras ocho meses de aislamiento
Andreina Baduel aseguró que su padre sigue estando firme y fortalecido

 

Después de haber pasado ocho meses de aislamiento en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el general Raúl Baduel pudo recibir una visita de su familia este sábado, 17 de octubre.

La noticia fue confirmada por su hija Andreina Baduel, quien manifestó a través de su cuenta de Twitter, que su padre está siendo sometido a violaciones de Derechos Humanos.

“Luego de 8 largos meses de aislamiento inhumano, pudimos ver a @RaulBaduel, está enterrado vivo en La Tumba”, denunció Andreina haciendo referencia a este sitio donde presuntamente se practican las torturas contra los políticos que adversan a Nicolás Maduro. Andreina aseguró que el general Baduel sigue estando firme y fortalecido.

Agradeció a las personas que le han expresado apoyo y asegura que la familia Baduel seguirá de la mano de Dios para luchar por los suyos y por Venezuela.

Baduel se encuentra detenido desde el pasado 9 de abril del año 2009 por los delitos de “traición a la patria e instigación a la rebelión”. 

#GuachimánElectoral | Conatel incauta equipos a emisoras que respaldan a disidentes del chavismo
El comando de campaña Darío Vivas en el estado Falcón mantiene monitoreados los espacios radiales donde los candidatos que no son del Psuv conducen programas

 

Una comisión de Conatel acompañada por funcionarios de la Dgcim incautaron y abrieron un procedimiento administrativo a la emisora Médano 95.5 FM, en Coro, por estar presuntamente operando de manera clandestina, lo que para el propietario de la radio solo es un indicio del acoso político al que están siendo sometidos los medios de comunicación que ofrecen espacios a los candidatos disidentes del chavismo.

La acción ocurrió el domingo 11 de octubre en horas de la tarde, cuando el propietario del medio de comunicación, Fito Aref, recibió una llamada telefónica en la que se le informaba que Conatel estaba en el canal para proceder a la incautación de los equipos al no poder presentar la documentación que indicara prestación de servicios como operador radiofónico.

Aref, recordó a la comisión que la documentación requerida reposa en la sede de Conatel en Caracas, desde hace dos años, esperando sea renovada la concesión. Resaltó el propietario del medio radial que no son una emisora clandestina y que la mayoría de las emisoras en el país y en Falcón tienen el mismo estatus.

Sin más explicaciones que la inexistencia de documentos, la comisión de funcionarios se llevó los equipos de transmisión de Médano 95.5 FM, lo que a juicio del propio Aref no fue más que represalia por no haber acordado vender el espacio que estaba siendo conducido por el candidato a la Asamblea Nacional para las elecciones del #6D, Oswaldo Rodriguez León.

Este postulado se alió con el partido Movimiento al Socialismo (MAS), luego de ser rechazado en la tolda roja para inscribirse como candidato para el mismo circuito 3 (Miranda-Falcón) al que se está postulando Andrés Eloy Méndez, expresidente de Conatel y actual constituyente de la ANC.

Aref ha sido el único dueño de un medio privado que abre sus micrófonos a los mismos pesuvistas y a los disidentes del chavismo. Señaló a los medios, que todo pareciera ser una medida de presión política ante el programa que León llevaba de 12:00 a 2:00 pm de lunes a viernes, y cuya audiencia iba creciendo exponencialmente en Coro y el municipio Falcón.

No solo incautaron los equipos a Médano FM, sino que una comisión conformada por Sandido Ferrer, asistente del candidato Andrés Eloy Méndez, y el jefe de campaña del comando regional Darío Vivas, estuvieron en la emisora MásNetwork 97.9 FM y solicitaron al propietario de esta que sacarán del aire el programa de Rodriguez León y despidieran a su asistente, Nicolás Briceño, quien hasta la semana pasada estaba a cargo de la dirección de la emisora.

En su lugar, fue asignada por el Psuv la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Falcón, Anaura Sequera, quien es coordinadora de un movimiento de mujeres afectas al partido de gobierno.