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Academia Nacional de Medicina pide reforzar prevención por variante brasileña del coronavirus

La Academia Nacional de Medicina emitió este jueves 4 de marzo un comunicado en el que pide redoblar los esfuerzos preventivos ante la llegada al país de la variante brasileña del COVID-19, la cual, según evidencias preliminares, pudiera ser más transmisible que el virus que hasta el momento circula en el país.

“La forma más efectiva de limitar la propagación de esta nueva variante viral, y de proteger a la población, es redoblar los esfuerzos para cortar la cadena de transmisión del virus. Hay que mantener y reforzar medidas de prevención basadas en el uso de mascarillas, distanciamiento físico, y la higiene personal con énfasis en el lavado de manos”, dice la Academia en el texto difundido a través de su página web.

Asimismo, destaca la importancia de asumir el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 “con un sentido de urgencia y una concienzuda planificación”. Indica que según la evidencia, la vacuna aporta cierto grado de protección ante la enfermedad grave incluso en la nueva variante del virus, por lo que considera urgente que las vacunas estén disponibles para la población de forma más equitativa.

Igualmente, la Academia Nacional de Medicina insistió en el rigor que requieren los procedimientos para la evaluación y toma de decisiones respecto a la elección de las vacunas a ofrecer y la ampliación y apoyo a los sistemas de monitoreo genético del virus necesarios para enfrentar la pandemia.

“Esto requerirá de un esfuerzo coordinado de todos los sectores en nuestro país”, apuntó, y en ese sentido, reiteró su disposición así como la de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en aportar experiencia y conocimientos para colaborar en la las estrategias necesarias para el control de esta epidemia en el país.

 

Canciller venezolano asegura que recursos que recibe Colombia para atender a migrantes terminan en las mafias
Jorge Arreaza calificó de “tour turístico” la visita de las cancilleres de Colombia y España a un albergue de migrantes venezolanos en Cúcuta, realizada el sábado 27 de febrero

 

Venezuela acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de usar a los migrantes venezolanos en ese país para “justificar los recursos” que su Gobierno solicita a organismos multilaterales, los cuales en su opinión “terminan en las mafias” y no en la atención de la migración.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo en Twitter que la visita que hicieron a la ciudad de Cúcuta la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y su par colombiana, Claudia Blum, era parte del “infaltable destino del tour turístico” del mandatario colombiano para justificar los fondos que solicita “a partir de la migración venezolana”. 

 

“Ministra González Laya, visite las Canarias y distintos puntos del Mediterráneo y ocúpese de los refugiados que llegan en total desamparo desde nuestra Madre África gracias a las guerras de la OTAN y al neoimperialismo europeo. ¡Basta de injerencias en Venezuela!”, agregó el canciller venezolano en otra publicación.

Según datos oficiales, en Colombia hay al menos 1.748.000 venezolanos, lo que convierte a esta nación en el principal destino de los más de cinco millones de personas que han salido del país petrolero huyendo de la crisis.

Parte de estos migrantes se radicaron en Cúcuta, una ciudad que limita con el estado venezolano de Táchira.

En su visita a Cúcuta, González Laya y Blum visitaron un hospital y un albergue de la Unicef en el que se da atención a migrantes venezolanos.

Al grito de Ni una más decenas de mujeres marcharon en repudio a los femicidios ocurridos Turén y Araure
Decenas de mujeres tomaron las calles de Acarigua y Píritu, en el estado Portuguesa, para repudiar los femicidios registrados en los municipios Turén y Araure. En Caracas también se congregaron por esta causa activistas de Derechos Humanos

 

En Acarigua la concentración comenzó en La Redoma de Mamanico, desde donde más de un centenar de personas se movilizó a las inmediaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Los manifestantes exhortaron a los organismos policiales a dar con el paradero del agresor sexual y asesino de las jóvenes Eliannys (17) y Eduarlys (20), quien hasta el momento no ha sido identificado y se encuentra prófugo de la justicia.

Al pasar frente a la iglesia San Miguel Arcángel, los manifestantes elevaron una oración por las víctimas.

También en Caracas se congregaron activistas y defensores de los derechos de las mujeres. Salieron a protestar en Bellas Artes para exigir justicia por los tres femicidios que se registraron la última semana de febrero en el estado Portuguesa.

En Venezuela se registraron 18 femicidios en enero de 2021, cifra que revela que una mujer fue asesinada cada 38 horas, según un estudio del Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz. 

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Habitantes del archipiélago consideran que, sin las operaciones de turismo, se está condenando a la población al empobrecimiento

Residentes del Gran Roque, el islote más grande e importante del archipiélago de Los Roques, protestaron este viernes, 26 de febrero, por lo cual cerraron por cuatro horas, aproximadamente, la pista del aeródromo del Gran Roque.

El reclamo tiene como objetivo exigir el reinicio de operaciones aéreas entre el archipiélago de Los Roques y otros destinos, pues sin las operaciones de turismo -indicaron los lugareños- se está condenando a la población al empobrecimiento.

“Las operaciones aéreas están cerradas para nosotros y los turistas que vienen a posadas regulares. Pero aquí siguen llegando turistas, los turistas VIP que son amigos de la gente del Gobierno insular”, aseguró Lorena Mata, una de las residentes del Gran Roque que conversó vía telefónica con El Pitazo.

La informante agregó: “Estamos cansados de eso porque la mayoría de los roqueños dependemos de que vengan temporadistas. Trabajamos en las posadas, y si se mantienen cerrados los vuelos, vamos a seguir pasando necesidades”.

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Presunto asesino del venezolano Orlando Abreu sigue evadido de la justicia peruana
Con el alias de “Cara cortada” fue identificado el presunto homicida del migrante venezolano Orlando Anthony Abreu Suárez, hecho ocurrido el domingo 24 de enero en la localidad de Trujillo. El delincuente formaría parte de una red que extorsionaba a los comerciantes informales de la zona

 

El ciudadano peruano que ha sido señalado de asesinar al migrante venezolano Orlando Anthony Abreu Suárez, el domingo 24 de enero en la localidad de Trujillo, fue identificado en el video del crimen que fue publicado en la red social Twitter la noche del 12 de febrero.

A pesar de que no existe un parte oficial del gobierno peruano, el presunto autor del homicidio apodado “Cara Cortada” sigue evadido de la justicia, según personas que conocen el caso y hablaron este sábado con El Pitazo en condición de anonimato.

“El hombre sigue huyendo”, indicó la fuente acerca del individuo cuyo rostro se hizo viral en las redes sociales. Medios como La República, así como la persona que ofreció información a El Pitazo, indicaron que “Cara Cortada” forma parte de una red que extorsionaba a los comerciantes informales de Trujillo.

Abreu Suárez, de 27 años, vendía ropa en un puesto ambulante instalado en la calle Sinchi Rocha de esa localidad peruana. En el video se observa al asesino, junto a un hombre de chaqueta azul y una mujer que vestía pantalón rojo y camisa amarilla, presuntos integrantes de la banda. 

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Fiscales apelan libertad de acusado de violar a joven venezolana en Argentina
Las fiscales Russi y Labozzetta reclaman la prisión preventiva del acusado y en su apelación hicieron hincapié en la importancia que tiene el relato de la víctima

Dos fiscales apelaron la polémica decisión de una jueza de dejar en libertad a un hombre acusado de violar a una joven venezolana en Buenos Aires, un caso que ha despertado indignación en Argentina.

Según confirmaron fuentes judiciales, la apelación fue presentada por Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 41, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

En una presentación conjunta, ambas procuradoras reclamaron la revocación del beneficio de la libertad otorgado al acusado como «el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres». La excarcelación había sido concedida días atrás por la jueza a cargo del caso, Karina Zucconi.

El hombre, identificado como Humberto Garzón, dueño de una tienda de ropa de trabajo en el barrio capitalino de Once, está acusado de violar a una joven venezolana de 18 años el pasado día 23, el mismo día que ésta había comenzado a trabajar en el local con él. “Para ello, le dio una bebida que tenía una sustancia que la dejó inconsciente y en un estado de indefensión”, indicó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web.

La jueza Zucconi argumentó que no existían razones para suponer que el hombre va a intentar eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación y tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales del acusado para dejarlo en libertad mientras continúa el proceso.

Las fiscales Russi y Labozzetta reclaman, en cambio, la prisión preventiva del acusado y en su apelación hicieron hincapié en la importancia que tiene el relato de la víctima, «cuya vida e integridad debe ser preservada, ya que es lo prioritario».

Explicaron que en los episodios de violencia sexual, el testimonio de la víctima es generalmente la prueba directa principal y por eso el deber del Estado es extremar los recaudos para asegurar no sólo su integridad física sino también la psicológica y la libertad de participar en las distintas instancias judiciales sin temor ni presiones. Recordaron además que el acusado intentó fugarse cuando la policía llegó a su comercio.

El caso ha generado indignación tanto en Argentina como en Venezuela, países en los que este viernes 29 de enero se registraron protestas para pedir justicia y prisión para el agresor de la joven venezolana.

Creador de las “gotas milagrosas” formó parte de la nómina de PDVSA por diez años
Una investigación de El Pitazo reveló que antes de emprender la carrera para buscar una alternativa terapéutica para la COVID-19, el ingeniero químico Raúl Antonio Ojeda Rondón trabajó entre 2008 y 2017 en Petróleos de Venezuela

 

Nicolás Maduro apeló a la intriga desde el principio para adelantar otro avance farmacológico de sello nacional para enfrentar la COVID-19. Desde el pasado mes de octubre, el gobernante reelegido en elecciones cuestionadas anunció la elaboración de un antiviral que tildó de “milagroso” y bautizó con el nombre del médico venezolano José Gregorio Hernández. “Las gotitas milagrosas van directo para que te las tomes con fe. El cuerpo te queda fino, te elimina la COVID-19”, soltó Maduro el 14 de octubre de 2020, durante una alocución televisada, donde aseguró que el producto, en fase de pruebas, había salvado a 100 % de los pacientes con la enfermedad a quienes se les administró.

El 24 de enero de 2021, tres meses después, Maduro presentó formalmente, con emoción visible, el nuevo medicamento. El antiviral que el mandatario calificó también de “poderoso” se llama Carvativir. Es un producto que se toma por gotas y que, según las pocas informaciones disponibles, está elaborado con un componente derivado de la planta llamada tomillo, conocido como carvacrol. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro celebró el ingenio del creador del producto a quien no quiso nombrar para protegerlo, aunque al día siguiente su nombre se coló en las noticias.

El investigador principal detrás del Carvativir es un venezolano que no solo está dedicado a la ciencia, sino también a la escritura de libros. Es además conocido por su afiliación con el chavismo gobernante. En algunos de sus textos escritos ha defendido el proyecto de la revolución bolivariana que ha seguido desde que su impulsor, el fallecido presidente Hugo Chávez, ocupaba la presidencia. Se trata de Raúl Antonio Ojeda Rondón.

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Olivares: “Van 326 fallecidos del personal médico a causa del COVID-19”
El médico criticó que el gobierno de Maduro sólo haya hecho cerca de 1.600 pruebas de más de 300 mil que donó la Organización Panamericana de la Salud

 

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 y liderada por Juan Guaidó, sesionó este martes 26 de enero de forma virtual, para discutir sobre dos temas: la crisis generada por el COVID-19 y la escasez de gas. 

En relación a lo primero, el vocero fue el comisionado para la salud y atención sanitaria a los migrantes, José Manuel Olivares, quien rechazó el reciente anuncio de Nicolás Maduro sobre unas “gotas milagrosas” llamadas Carvativir y que Maduro asegura, neutraliza 100% el coronavirus.

Olivares sostiene que esas gotas no tienen ninguna base científica y es que, hasta ahora, se desconoce cuál es el principio activo o la composición de estas gotas.

Después de cuestionar cómo ha sido gestionada la pandemia por el gobierno de Maduro, Olivares presentó algunos números: asegura que actualmente hay 60% de ocupación en terapia intensiva; 65% de ocupación en la emergencia y que 326 profesionales de la salud han fallecido a causa del coronavirus y que ese número “va en aumento”.

También criticó que el gobierno de Maduro sólo haya hecho cerca de 1.600 pruebas de más de 300 mil que donó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “lo que ha impedido que se haga un diagnóstico rápido y oportuno”, dijo el diputado y médico.  

De igual forma cuestionó que en Venezuela aún no haya un cronograma de vacunación mientras que en los países de la región ya han iniciado este proceso, así como criticó que mientras varios países comenzaran a vacunar bajo el mecanismo Covax, en febrero, en Venezuela sólo se hable de la Sputnik V.

Para Olivares la situación más complicada es la del estado Mérida, donde asegura, no hay camas suficientes para los  pacientes y muchos se encuentran en sillas. También señala que la emergencia en la entidad “está abocada a atender casos de COVID-19 y quedó sin capacidad de atender otras patologías”.

Escasez de gas 

La diputada María Gabriela Hernández (Monagas-PJ) explicó el proceso necesario para la distribución del gas y cómo desde 2017 han aumentado las protestas por la escasez de gas. 

En Falcón, Anzoátegui y Zulia se encuentran las principales plantas de fraccionamiento del país.  

“Desde 2015 solo funciona el Criogénico de Jose, que aunque tiene una producción instalada de 220 mil barriles de gas propano, hoy produce menos de 15 mil barriles”, explicó la diputada. 

“El gas doméstico es el gas licuado de petróleo con una composición de 60% propano, 40% butano, propileno y butileno al que se le adiciona el ácido sulfúrico que nos permite oler cuando hay una fuga. Esa combinación hace que sea estable en el cilindro en estado líquido”, señaló Hernández. 

Agrega que ese proceso se hacía en las plantas fraccionadoras bajo estándares de seguridad junto a otras compañías que se encargan de la distribución. 

“Eso desapareció en 2007 cuando se creó Pdvsa gas comunal (…) Desde allí se diseñó un entramado para el control social”, sostuvo. 

La diputada lamentó que hoy en día cientos de venezolanos tengan que cocinar con leña, lo cual ha generado problemas como deforestación y también problemas respiratorios. 

La parlamentaria hace énfasis en la situación del estado Monagas donde, dice, la gobernadora de la entidad Yelitze Sanataella junto a Diosdado Cabello habilitaron la planta de extracción de gas Jusepín.

Una plata que según ella, no fue creada para producir gas licuado de petróleo sino para extraer los líquidos de gas natural y enviarlos al Criogénico de Jose para su fraccionamiento debido y desde allí ser enviado a los llenaderos de Monagas y de otros estados. 

“Para poder producir gas licuado de petróleo se deben adicionar, en el caso de Jusepín, equipos cromatógrafos y personal especialista en laboratorios que garanticen que el producto esté libre de metano y etano, que lo hace inestable”, explicó Hernández. 

Recordó que el 28 de diciembre se produjo una primera explosión en Monagas, específicamente en el sector Caño de los Becerros, una comunicada humilde, donde las personas se amontonaron en la casa del coordinador del consejo comunal tras meses exigiendo gas. Allí hicieron combustión 161 cilindros resultando heridas 46 personas. 

La diputada pone otro elemento en la crisis de este servicio y es que aunque las plantas estuviesen produciendo a su máxima capacidad, el costo de la bombona no pudiese ser pagado por la mayoría porque, señala la diputada, el gobierno de Maduro destruyó el bolívar y el salario.