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Caracas Mi Convive

Caracas Mi Convive Abr 21, 2023 | Actualizado hace 2 meses
Jóvenes en el desierto
En el Estado ausente, todo el peso social reposa sobre los hombros de la familia, de lo doméstico, y en forma particular, de los jóvenes

 

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“Aranza, mi segunda hija, estaba en clases de música. Debido a la situación del transporte, que no nos alcanza el dinero para los pasajes de ida y venida, no pudo continuar. Era todo un proceso para poderla llevar, desde El Valle a Montalbán. Y comenzó mi preocupación porque allá ella tenía su disciplina. Ahora no tiene otra actividad además de los estudios. Ha estado muy sedentaria y quiere estar metida en la tablet nada más. Yo le digo ‘bueno y entonces, Aranza, ¿qué vas a hacer tú, en tu vida? Vete en mi espejo, que después me arrepentí’. Quiero que sea independiente, que aprenda a defenderse, porque el día de mañana cuando yo no esté, tiene que poder hacer sus cosas”, comenta Andrea, madre residente de El Valle, al equipo de Vamos Convive, un programa de la ONG Mi Convive dedicado a la atención de jóvenes en situación de riesgo por la violencia armada en Caracas.

Andrea no es la única. Su preocupación está enmarcada en un duro contexto país. Hoy la gran mayoría de adolescentes y jóvenes estudiantes en Venezuela solo tiene actividades escolares entre dos y tres días a la semana. Es un modo de supervivencia de las escuelas, frente a las muchas y complejas deficiencias en recursos, personal profesional e infraestructura. “Eso es lo normal. Ahorita todos estudian así”, suelta Aranza de 15 años, en la conversación mientras scrollea videos en TikTok con Calm Down de Selena de fondo.

No es solo que no hay clases diarias, la crisis también se expresa en el absentismo. Durante el año escolar 2021-2022 la inasistencia escolar se ubicó entre 20 % y 50 %, según la ONG Con La Escuela, es decir, los estudiantes perdieron de 40 a 100 jornadas de clases, de los 200 días que tiene el año escolar.

¿Dónde están los estudiantes si no están en el aula? Estudiar, salir al cine, tener tiempo para ejercitarse, acudir con regularidad a un chequeo médico, pasear con amistades. En la Venezuela de 2023, estos verbos son un privilegio para adolescentes y jóvenes. ENJUVE estima que el 11 % de los varones entre 15 y 17 años de edad que no estaban inscritos en el sistema educativo para 2021 se había retirado para trabajar.

Este porcentaje se incrementa para los jóvenes varones entre 18 y 24 años (16 %) y entre 25 y 29 años (17 %). En el caso de las mujeres, la diferencia es poca, pero tienden al alza: 14 % entre las adolescentes y 18 % tanto para el renglón entre 18 y 24 años como para las que tienen 25 y 29 años. Además, mientras ninguno de los adolescentes varones encuestados asegura que la razón para salir del sistema educativo sea hacerse cargo de los cuidados del hogar, las adolescentes mujeres tienen un porcentaje de 13 % en esta categoría.

Los ciudadanos son los que asumen las labores de un Estado ausente. La fragilidad se expresa no solo en el sistema educativo, sino también en las deficiencias de las instituciones de salud (que hace que sean los pacientes los que lleven los insumos operatorios cuando requieren una intervención), los salarios destruidos en medio de una economía anómala de inflación y desigualdades, la condición caótica de los servicios básicos (que hace que las personas busquen resolver con propias manos instalando plantas eléctricas, tanques de agua y otros), un gobierno de corrupción voraz y campante que colecciona décadas de saqueo.

En general, coexistimos en un desierto baldío de instituciones sólidas que acompañen y atiendan las necesidades de los hogares venezolanos.

La expresión de preocupación de Andrea como madre, aunque pueda resultar cotidiana y trivial, es manifestación de una realidad profunda de la familia venezolana. Es un síntoma del escenario de desamparo general que conlleva a situaciones de riesgo y vulnerabilidad para los jóvenes. ¿Cómo resolver? ¿cómo la familia se da abasto para enfrentar las necesidades de educación, salud, sustento, movilización y recreación? ¿de qué echar mano para construir una vida con oportunidades y espacios de desarrollo personal y social?

Estas son algunas de las interrogantes que nos ocupan el pensamiento cuando observamos los datos publicados por el estudio PsicoData 2023 de la UCAB. En este se indagaron distintas características psicosociales de la sociedad venezolana. Entre ellos, el apartado de Apoyo Social Percibido examina las redes y recursos sociales con que cuentan las personas. La encuesta preguntaba adónde recurre la gente para solventar sus problemáticas y necesidades: el 67 % afirmó que apela a la familia, el 30 % a amistades y vecinos, y solamente el 9 % expresa que acude a las instituciones cuando necesita ayuda: públicas, políticas, religiosas o deportivas.

Este hecho nos parece resaltante. En primer lugar, señala una sobrecarga importante, casi diríamos asfixiante, sobre la familia y el nivel doméstico en la resolución de las necesidades básicas de vida. Pero, además, confirma nuevamente la condición de desamparo institucional para los hogares venezolanos. Implica la falla estatal en su rol de proporcionar seguridad social que arroja a los ciudadanos a la jungla de la supervivencia.

Una jefatura con mucho costo

Mirtha es una representación de este análisis. Es una joven de 25 años, quien en 2017 quedó como la principal cuidadora de su hermano de 6 años, una vez que sus padres emigraron. “Tomar ese rol de mamá también ha sido fuerte porque es como que mira, aquí tienes un niño de 6 años. Es como que toma, críalo. A pesar de que la comunicación con mi mamá es constante y ella me puede decir algo o si el problema con mi hermanito fue muy fuerte ella es la que termina hablando con él; hay cosas menores que en la casa tengo que trabajar con él. A veces me acuesto y pienso: ‘Dios mío, cómo hago con este, para que no sea un niño flojo cuando esté grande sea un niño en lo que cabe independiente y todas esas cosas»‘, dijo al equipo de Comunifilm, productores de la serie documental Lejos de casa, publicada por Cecodap, una organización con más de tres décadas de trayectoria en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

El adelanto de la carga familiar sobre los hombros de adolescentes y jóvenes irrumpe en su desarrollo evolutivo. Rosa Pellegrino, psicóloga de Cecodap, lo planteó así en una entrevista radial: “Hablamos de un adolescente que evidentemente no es un adulto. Su desarrollo aún está ocurriendo, en el que tiene que desarrollar habilidades mediante procesos de socialización como lo es vincularse con sus pares, en la escuela o en eventos sociales. El permanecer en casa para asumir roles de adulto, incluso trabajar, trunca ese proceso; pues asume responsabilidades con las que incluso puede que no cumpla con las usuales como lo sería ir a clases”.

Su pronóstico empírico tiene relación con el que arroja el científico, de acuerdo con las proyecciones que realizan los investigadores de la Encuesta Nacional sobre la Juventud 2021 (ENJUVE). Según este estudio, 1 millón y medio de adolescentes y jóvenes venezolanos (de 15 a 29 años de edad) están al frente de la jefatura del hogar donde residen. Son quienes llevan la carga económica de la familia, les toca asumir responsabilidades de sustento, protección y cuidado, dentro del contexto en que se dificultan las capacidades de los encargados de un hogar para mantener las necesidades básicas de sus miembros; incluso más, cuando este “cargo” les llega de forma intempestiva. Son adolescentes y jóvenes con más de un derecho coartado por esta situación, y como piezas de dominó en fila, afectar un derecho corrompe otros.

No se entienda que estamos en contra de que la familia juegue un rol importante en la satisfacción de requerimientos básicos, o que a nivel comunitario las personas se organicen y satisfagan parte crucial de sus situaciones; lo que queremos resaltar es la implicación que tiene el hecho de que en detrimento de tener en sus manos una enorme responsabilidad y poder político, económico, administrativo y armado, el gobierno está divorciado de la construcción de garantías de bienestar humano, en una situación que describe en gran medida las características de un Estado fallido. Y todo ese peso social está reposando sobre los hombros de la familia, de lo doméstico, y en forma particular, de los jóvenes.

* Vanessa Moreno es periodista, activista por los derechos humanos de la niñez y adolescencia, coordinadora de comunicación de CECODAP.

* Ernesto Rodríguez, Psicología Social, activista por los derechos humanos de la adolescencia y juventud, coordinador del programa Vamos Convive de Mi Convive.

La DAET: cambio de siglas, igual letalidad

Acto de inauguración de la DAET, 27 de julio de 2022. Foto VTV

Ahora, con la DAET, continúa la dinámica de violencia policial caracterizada por cambios de siglas y de organismos para mantener la letalidad y los abusos

 

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Desde 2015 se han incrementado los niveles de letalidad policial de forma dramática. Desde la implementación de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), las cifras de homicidios a manos de la policía aumentaron de forma significativa en Caracas y el país. En aquel entonces, según propia información del Ministerio Público, para el 2017 se registraron más de quinientos homicidios bajo estos operativos en todo el territorio nacional.

Si se profundiza sobre las víctimas y contextos más frecuentes, encontramos que fueron los barrios del país —y sus hombres jóvenes— los más perjudicados. La brutalidad policial se justificó a través de argumentos como la lucha contra grupos paramilitares y/o criminales —que el mismo Gobierno alimentó— y la aprehensión o eliminación de sus supuestos miembros.

En 2017, se pondría fin a estas operaciones y se fundaría una nueva división táctica adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llamada las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Una forma en la que el Gobierno nacional buscaría, después de varias denuncias sobre violaciones de derechos humanos registradas en la OLP, mantener la dinámica letal, pero aliviar la presión internacional.

Según cifras de Monitor de Víctimas, esta división de la PNB es el cuerpo de seguridad que más mata, por lo menos, en el Área Metropolitana de Caracas. Esto ha sido denunciado también por otras organizaciones nacionales y organismos internacionales dedicados a la defensa de derechos humanos, como la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH. y la Corte Penal Internacional.

Era esperable que esta dinámica de violencia y letalidad policial exacerbada recibiera críticas y denuncias durante estos años. Esto ha supuesto, para el Ejecutivo nacional y los altos cargos policiales, acusaciones y señalamientos por estos organismos.

En ese sentido, parece estar ocurriendo algo parecido a lo que sucedió en 2017 con la OLP: la necesidad de reestructurar y renombrar para aliviar las presiones y disimular los atropellos.

Es por eso que, desde 2021, existe una hipertrofia burocrática referida a la PNB y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde son incluidas y cambiadas de nombre divisiones de manera acelerada: la Operación Liberación del Pueblo pasó a llamarse la Operación de Liberación Humanista del Pueblo; la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) ahora es el Grupo de Operaciones Especiales (GOES); la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ahora es la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO). En la gran mayoría de los casos, estas nuevas divisiones no son notificadas al público y no existe un proceso de rendición de cuentas sobre sus operaciones.

La DAET o el gatopardismo oficial

Ante esta realidad, donde se señala al Gobierno nacional de violar de forma sistemática y generalizada los derechos humanos, se crea la necesidad entre ellos mismos de continuar con el proceso de lavado de imagen, mediante comisiones itinerantes, procesos superficiales y nombres reciclados bajo la misma lógica semántica y letal.

Es así como se crea, a principios de 2021, la Comisión de Reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con un periodo de seis meses y cuatro pilares en papel: revisión, rectificación, reimpulso y reestructuración del organismo. De esta comisión, se emanarían varios cambios estructurales al cuerpo policial: se crearía la División de Vigilancia y Patrullaje, así como la División contra la Corrupción. Sin embargo, el principal aporte fue la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

Presentada el 27 de julio de 2022, la nueva dirección está compuesta por las diez divisiones especiales de acción inmediata y es liderada por funcionarios que habían dirigido a las FAES en su momento. Dicha dependencia parece mantener la misma esencia: mismos directores y mismas divisiones. En ese sentido, parece no haber mayor restructuración de contenido y prevalencia de metodologías del pasado. Tal y como explica Briceño-León: “al final es la misma política violenta del Estado, lo que cambia es el organismo”. Esto parece tener sentido al ver que el modus operandi sigue siendo el mismo y los homicidios a manos de los cuerpos de seguridad no dejan de ocurrir.

En específico, los habitantes del sector 4 de José Felix Ribas fueron los primeros en conocer el poder letal de la DAET. Tan solo 4 días después de su presentación, el 31 de julio, ocurriría un supuesto enfrentamiento entre funcionarios de la dirección y bandas armadas, dejando un saldo de cinco homicidios confirmados —hasta los momentos— según datos de Monitor de Víctimas. Manuel Álvarez y Omar Pérez de 21 años son dos de las cinco víctimas confirmadas. Según relatos de los familiares se encontraban jugando cartas cuando comenzó el tiroteo. Sus familiares supieron de sus paraderos días después de los sucesos y sus nombres figuraban en una lista fuera de la morgue donde mostraban los fallecidos de un presunto enfrentamiento armado entre delincuentes y policías ocurrido en Petare.

Siglas distintas con igual letalidad

La dinámica de violencia policial ha estado caracterizada por cambios de siglas y de organismos para la continuación de la letalidad y los abusos. De 2017 a 2019 —año de la publicación del Informe de Bachelet— la FAES aparecía en los registros de Monitor de Víctimas como el cuerpo de seguridad del Estado con más homicidios, atribuyéndose 617 homicidios en Caracas durante esos dos años. Luego de la presión que supuso la publicación del informe de la ONU, pareció existir una disminución de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los años siguientes por parte de este cuerpo. Sin embargo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Dirección de Inteligencia Penal (DIP) fueron obteniendo mayor relevancia letal. Mientras que este último año, la DCDO, creada en 2021, ha concentrado gran parte de los homicidios por letalidad policial en Caracas.

Todo esto representa una necropolítica de Estado que va y viene entre organismos, pero que sigue empeñada en mantener al grupo de poder en el Gobierno a través de la violencia y el miedo que esta deja. El Gobierno nacional tiene la obligación de establecer responsabilidades y reparar a las familias de las víctimas, de comparecer ante organismos de justicia internacional y de desmantelar a los cuerpos de seguridad involucrados en la dinámica de homicidios masivos durante estos últimos años.

El enfoque no puede seguir siendo asesinar a hombres jóvenes de las comunidades más vulnerables de la ciudad, esto no reduce la violencia ni el crimen y solo sedimenta —aun más— los ciclos de violencia y la desconfianza en las instituciones de justicia. Por esto, el tema no está en el cambio de siglas, pero sí, en un cambio de enfoque.

* César Salgado es Coordinador de investigación y equipos comunitarios, Monitor de Víctimas | Miembro de Mi Convive.  

La Cota Alegre (crónicas caraqueñas)
Aunque la alegría es quizás el rasgo más distintivo de la Cota Alegre, cuando estás allí logras notar también las fibras de un tejido emocional profundo

 

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Trino es un abuelo, viejo lobo de mar nacido en la década de los 50, muy activo y jovial. Un poco deslizadizo en el trato, siempre alegre y buena nota. El baqueano acompañaba con ilusión el inicio de la nueva travesía; un ciclo de talleres de acompañamiento del duelo en una comunidad reconocida llamada La Cota Alegre. Este barrio de la ciudad de Caracas había visto menguada su alegría a raíz de los terribles hechos de julio del año 2021, que  incluyeron grandes operativos policiales, enfrentamientos armados, desplazamientos forzosos, lágrimas, infancias aterrorizadas, juventudes amenazadas, madres consternadas e incesantes horas de dolor e incertidumbre.

Con emoción empezaba este proceso. El primer paso fue llevar la propuesta a la comunidad y sin duda uno de los mayores entusiastas era Trino. La primera vez que el equipo de especialistas subió al barrio acompañado por él, iba explicando las rutas: “si te metes por esta calle tienes que caminar más, en cambio por esta le llegas más directo; y si nos vamos por aquella otra vía, por arriba, ahí si llegamos tranquilitos, ni una escalera te vas a encontrar”. Cuando hablaba tenía muy claro el mapa del laberinto de veredas, escaleras, casitas y entradas que atravesaban el barrio desde la falda a hasta la cima del cerro.

Trino es un líder local de tradición en la zona. “Yo fui buhonero en el bulevar del Cementerio en los años 70” –relataba sus cuentos de tremendismos desde la juventud–; “nos organizábamos para que la policía no nos jodiera, yo era uno de los que estaba en frente de todo”, compartía varios recuerdos vívidos. Acompañar comedores sociales, guiar escuelas deportivas de voleibol, participar en asambleas y reuniones comunitarias son parte de las actividades que el líder baqueano mantiene diariamente como parte de su rutina actual. Cuando va caminando por el barrio, los saludos brotan de las esquinas y paredes “¡Qué pasó, viejo Trino! ¡Épale, varón!”, síntoma propio de ser una persona reconocida y querida por los residentes del sector. “No hay nadie que no conozca al viejo”, comenta siempre Gladiola, una de las madres del comedor de San Miguel frente a quién más tarde se plantearía la propuesta.

Dicen que las caminerías de este barrio tienen cierta magia. Una vez que estás cerro arriba, caminando por las estrechas veredas de la Cota Alegre, se abren de repente entre las casas unos espacios amplios que te permiten ver más allá del barrio, cual ventana grande que se forma entre las viviendas y el cielo. Desde allí, hacia un lado, puedes ver todo el suroeste de la ciudad; con nitidez diferencias las calles del Cementerio, más lejos el tráfico alrededor del terminal de La Bandera, y más acá las altas colinas que se imponen y conforman la parroquia Santa Rosalía. De repente la ventana se cierra, todo vuelve estar rodeado de paredes de concreto.

Sigues caminando y recuerdas que no estás volando por Caracas, sino con los pies sobre las veredas residenciales; las casitas se vienen encima estrechando el paso y forman apretados túneles peatonales que al atravesarlos te hacen sentir cual topo urbano. Se vuelve a abrir otra ventana hacia el horizonte, esta vez mirando al norte, una vista de la ciudad más amplia aún. Centenas de edificios que se ven pequeños a lo lejos. Se logra ver parte del Este, las dos sobresalientes Torres de Parque Central que marcan el inicio del centro al occidente de la ciudad. Y, de telón de fondo, la imponente señora Repano, mejor conocida como El Ávila, pero que en realidad es una madre, extraordinaria como también lo son las madres de la Cota.

Frente a un grupo de estas mujeres voluntarias de la Cota se planteó la propuesta. La reunión sucedió en la casa/comedor que comanda Jazmín, la acompañaba su hija Gladiola y el viejo Trino. “Conocemos parte de lo que han vivido en julio y quisiéramos realizar algunas actividades de apoyo”, exponían los trabajadores de la organización, mientras las mujeres escuchaban atentamente. También estaba presente Rocío, sentada sobre un banquito/cubo hecho de cartones de huevo muy bien apilados y amarrados. “Nosotros no queremos nada con policías, ni con malandros, ni contra ellos”, aclaró en tono cortante Jazmín. Y hubo algunos cruces de miradas.

El equipo de trabajadores hizo una pausa. Y muy sereno prosiguió explicando que no se trataba de señalar o buscar problemas, si no de iniciativas para sanar y encauzar lo sentido y lo sufrido. A partir de allí el entendimiento se abrió, la conversación rondó sobre algunos hechos importantes durante los operativos; también sobre las reacciones de ellas y de la comunidad durante aquellos acontecimientos. Manaban algunas emociones.

Amapola, silente y muy observadora, escuchaba todo desde el borde de la puerta y asentía a la mayoría de los comentarios. Se logró el consenso de lo que se realizaría a continuación. Violeta llegó un poco tarde y las mujeres le hicieron un resumen. Quedamos todos de acuerdo en los próximos pasos a seguir para reunir a la comunidad. El viejo trinaba satisfecho: “esto está muy bueno, muy bueno, cuenten conmigo, excelente de verdad”.

Aunque la alegría es quizás el rasgo más distintivo de la Cota Alegre, cuando estás allí logras notar también las fibras de un tejido emocional profundo.

Rostros e historias que implican fuertes pérdidas, duelos asoladores, marcas en las paredes de pólvora cual azotes. Entiendes que la misma vereda ha sido testigo de las risas de los niños jugando chapita cada tarde, la ternura de los bebés aprendiendo a andar entre las entradas de su casa y las caminerías, el empeño de las madres sosteniendo sus hogares con grandes sudores.

Y también de los silencios inclementes después de las carrozas fúnebres de las FAES, de la megabanda y de sus acciones de muerte. O del tráfico y excesos de sustancias para anestesiar la realidad. Logras entender el anclaje hondo que tiene la alegría de la Cota. Que no solo evoca felicidad, sino que también significa valentía, templanza, terco impulso de vida, fuerza indomable y tesón.

* Coordinador del proyecto “Vamos Convive”, en Mi Convive.

#MonitorDeVíctimas | Balas perdidas: un fenómeno silencioso en Caracas
Las balas perdidas son un síntoma letal de la realidad a la que es sometida la ciudadanía: los enfrentamientos entre bandas, las armas en manos de delincuentes y las inexistentes políticas de seguridad

 

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Bala perdida: “Aquella bala disparada intencionalmente, que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego.” 

Deisy Rivas, de 55 años de edad, es una de las treinta y dos víctimas de balas perdidas en lo que va de 2021. Fue el viernes 19 de marzo, cuando cocinaba en su casa ubicada en El Paraíso. Su esposo la llamó para advertirle sobre el tiroteo que estaba ocurriendo en la Cota 905 y que fuese precavida, pero no pasaría mucho para que una bala impactara su hígado, colon y páncreas. Como pudo, se arrastró por el pasillo y pidió ayuda a sus vecinos, quienes la trasladaron al Hospital Pérez Carreño donde horas más tarde perdió la vida.

Síntoma de un problema estructural

Cientos de habitantes del área metropolitana de Caracas han sido víctimas de una violencia silenciosa, como consecuencia de un problema estructural de violencia que hace ruidos estruendosos en toda la ciudad. Según Monitor de Víctimas, las balas perdidas han cobrado la vida de al menos 162 habitantes en la ciudad capital en los últimos 4 años. Ninguno de ellos estuvo ligado al conflicto donde se originó la detonación que acabó con sus vidas.

De esta manera, de acuerdo a los registros de Monitor de Víctimas, hasta la fecha 2018 destaca como el año con la mayor cantidad de víctimas por balas perdidas, concentrando el 30,2 % de la incidencia total de estos sucesos. Sin embargo, luego de experimentar caídas importantes durante el año 2019 y 2020, las víctimas por balas perdidas comenzaron a registrar un aumento significativo durante 2021.

Hasta el mes de octubre de este año se incrementaron en 128,6 % los decesos por balas perdidas respecto al volumen registrado el año anterior.

De 14 víctimas en 2020, en 2021 se registran 32 muertes violentas por estos hechos; muertes consideradas por las partes en pugna como “daños colaterales”, pero que significan una descomposición gradual de los núcleos familiares en la ciudad. Y aumentan la sensación de inseguridad en los caraqueños, ya que “nadie está a salvo”.

Particularmente, los municipios Libertador y Sucre han vivido durante el año 2021 el embate −continuado de años pasados− de las bandas y megabandas; así como también la implementación de operativos policiales que buscan enfrentar a dichos grupos criminales. Dos dinámicas que han dejado un saldo de 32 víctimas colaterales en lo que va de año.

Las balas que se adentran en los hogares de las víctimas no distinguen entre involucrado o indiferente, inocente o culpable. En específico, de acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, el 50 % de los casos de balas perdidas se concentran en las parroquias El Paraíso y La Vega; ambas rodean la Cota 905, un sector popular de la ciudad de Caracas donde operan megabandas organizadas.

En julio llovieron las balas

El mes de julio merece un análisis particular en esta cronología. Durante este período se registró uno de los hechos violentos más trascendentales de la ciudad en los últimos años, lo que muchos medios de comunicación reseñaron como el “Tiroteo en la Cota 905”. Según cifras de Monitor de Víctimas, 7 parroquias fueron afectadas de forma directa por los sucesos: El Valle, El Paraíso, La Vega, San Juan, Santa Rosalía, Coche y San Pedro.

También en esas zonas, a raíz de los enfrentamientos, se desplegó el Operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro, que en teoría buscó el cese de los enfrentamientos, pero en la práctica cobró la vida de personas inocentes sin ningún tipo de afinidad o afiliación con la banda.

Por esta razón, julio de 2021 destaca, según los registros del observatorio, como el mes más violento de 2021. Y también como el período más violento registrado en los últimos 30 meses en la ciudad. No se registraba una cantidad tan alta de víctimas desde enero de 2019.

Se puede observar, de igual manera, que en este mismo mes se registró el mayor volumen de víctimas por balas perdidas: 10 caraqueños perdieron la vida por esta circunstancia durante los hechos ocurridos en la Cota 905. De acuerdo a las cifras de Monitor de Víctimas, no se registraban tantas víctimas desde el mes de mayo de 2017, lo cual evidencia los daños colaterales de los sucesos en la Cota 905 durante ese mismo período.

Síntoma de una dinámica cada vez más violenta

Vemos entonces cómo las balas perdidas suelen ser consecuencia de encuentros entre bandas y cuerpos policiales, siendo las parroquias aledañas a las zonas de conflicto las más afectadas por los mismos.

En otras ciudades de la región, como Cali (Colombia), las cifras de muertes por balas perdidas se incrementan cuando hay partidos de fútbol o fiestas patronales. En Venezuela las cifras de balas perdidas también ocurren en eventos particulares, pero son recurrentes durante todo el año.

Esta situación deja una estela de miedo e incertidumbre en una gran cantidad de personas en la ciudad, cobrando la vida de caraqueños inocentes, muchas veces en sus propias casas.

Sin una política de seguridad efectiva para el combate de la violencia y los grupos irregulares en la ciudad, la situación continuará.

Las balas perdidas son un síntoma letal de la realidad a la que es sometida la ciudadanía: los enfrentamientos entre bandas, la gran cantidad de armas en manos de delincuentes y las inexistentes políticas de seguridad por parte del gobierno nacional. Los “síntomas” también se lloran. Lo inesperado de los sucesos suponen un trauma emocional y social profundo en las poblaciones que viven de forma directa e indirecta estos sucesos.

Caracas Mi Convive Oct 02, 2020 | Actualizado hace 4 semanas
40 litros de agua (*)

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40 litros de agua fueron los que violaron mi integridad y dignidad ciudadana, mis derechos. En las últimas 72 horas, esta ha sido toda el agua que he podido utilizar. 20 botellas de refresco para bañarme, cocinar y lavar “alguito” de ropa. Esta experiencia ha sido deprimente, pero al mismo tiempo me motiva a buscar una mejor situación para mí y los venezolanos.

Yo soy de Catia. A lo largo de mi corta vida he dedicado gran parte de mi tiempo a promover y defender los derechos humanos en las comunidades más vulnerables de Caracas. El haber nacido en una de ellas me hace comprender lo terrible que se siente vivir con limitaciones importantes en diferentes aspectos del ser humano.

Actualmente nos encontramos en un contexto aun más complicado del que vivíamos en nuestro país. La pandemia y el confinamiento han empeorado dramáticamente la calidad de vida de mi gente en los barrios caraqueños.

Es irónico: todos vemos y escuchamos en la propaganda oficial -que se encuentra bajo el control del totalitarismo- frases como “lávate las manos”, “la medicina es la prevención”. Ahora, yo me pregunto: ¿Cómo prevengo la covid-19 con 40 litros de agua? Esta pregunta la escucho en cada recorrido que realizo de la mano de mi equipo en Caracas Mi Convive, una organización que busca impulsar el liderazgo local para minimizar, junto con Alimenta la Solidaridad, la violencia y la inseguridad alimentaria en los sectores más populares del municipio Libertador en Caracas.

Mi ración de “patria”

En mi vida me dedico a escuchar, proponer y actuar por los diferentes sectores y problemas causados por las malas políticas públicas y la corrupción. Mi trabajo en los últimos años ha sido promover y proteger, directa e indirectamente, los derechos humanos de nuestros hermanos, fundamentando cada acción a favor de alguna comunidad.

Muchos pensarán que los que hacemos este trabajo escapamos de la realidad solo por ser las caras visibles de las propuestas que ejecutamos. Lamentablemente no es así: en cuanto al servicio de agua potable en donde resido, más allá de algunas fallas, nunca me había dejado de llegar.

Sin embargo, esta vez me tocó mi ración de “patria”: más de 80 días sin el servicio público generó en mí la sensación de tristeza y decepción más profunda que he sentido en lo que va de confinamiento obligatorio.

El joven positivo, trabajador e incansable luchador para que la gente se sume a nuestro trabajo, también se vio vulnerable frente a la crisis generalizada en nuestro país. Esos 40 litros de agua que tuve que cargar para bañarme, lavar “alguito” y cocinar, violaron mi integridad y dignidad ciudadana, mis derechos.

Esto que describo lo sufre la gran parte de los habitantes de Caracas, según los estudios realizados por el Monitor Ciudad. Ahí encontramos que, en promedio, el 49 % de los ciudadanos cargan agua hasta su casa. Además, el 55 % de los encuestados asegura recibir menos de 50 litros semanalmente. Con respecto a las horas promedio en las que las personas reciben agua por tuberías, lo hacen efectivamente solo 46 horas semanales, según el corte del informe de junio del presente año.

Carencias y red de líderes

A través de estos datos, evidenciamos la triste realidad que vive actualmente nuestra ciudad. Saber que esos mismos 40 litros de agua que denigraron mi dignidad ciudadana violentan de la misma forma la integridad del resto de las personas que conforman nuestra sociedad, sin contar lo que ocurre en el interior del país.

Aunque duele mucho ver estas cifras y vivir en carne viva lo que sufre la comunidad de Piso 100 en Propatria (parroquia Sucre, Catia), donde no llega agua desde hace 5 años, puedo afirmar que esta situación solo impulsa mi ánimo y la ganas de seguir trabajando por una Venezuela democrática, solidaria y productiva, donde cada quien cuente con servicios de calidad.

Sin duda, es difícil plantear una solución de inmediato al problema de los servicios públicos en nuestro país. Por eso considero que debemos seguir consolidando nuestro trabajo desde la red de líderes más importante del municipio Libertador y en cada barrio de nuestra capital. Así, sabremos cómo actuar cuando todo este tsunami de ineficiencia y corrupción pase; así, sabremos cómo aportar a la solución de las penurias que vive nuestra gente en la capital y el resto del país.

Solidaridad que redime

El trabajo no es fácil. Crear lazos de confianza no es algo que se logra de inmediato, pero si nos cargamos de proyectos y vamos reconstruyendo el tejido social de manera constante y estratégica, así como cargué esos 40 litros de agua, podemos lograr el capital social necesario para levantar a nuestro país y construir, juntos, la nación que merecemos.

Se trata de ser coherentes, de empatizar con el más o menos vulnerable, se trata de dar una mano. Eso fue lo que hizo mi vecina Ana: a pesar de que sabía que tendría 40 litros menos, me dio de su agua para poder bañarme. Ana fue solidaria y me ayudó, un ejemplo de miles que he visto en mi comunidad.

Hoy, más que nunca, creo en lo que hacemos, defiendo nuestras propuestas y promuevo el respeto y defensa de los derechos humanos en la capital. Cada comedor y cada comunidad de Catia cuenta con nuestro apoyo y esfuerzo. Ellos saben que vamos pa’ lante siempre, por nuestra gente, porque ellos lo merecen, porque  esto es nuestro. Nuestra Caracas.

(*) Artículo dedicado a todas esas personas que hoy deben cargar agua hasta sus casas, a las que creen en nuestro proyecto y a las que se sumen a partir de ahora. Gracias.

#MonitorDeVíctimas | Niños de la Cota 905 y de El Cementerio dibujan la esperanza

Dibujos hechos por los niños de la Cota 905 y de El Cementerio. Comp. Runrunes.

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En febrero, desde Caracas Mi Convive, realizamos unas sesiones de dibujo con niños de la Cota 905 y de El Cementerio. En estas actividades se les pidió que dibujaran lo que les gustaba y lo que no les gusta de su comunidad. Los resultados fueron impactantes: al exponer lo que les desagrada plasmaron con sumo detalle pistolas, armas largas, granadas, drogas, enfrentamientos violentos y muertes.

No es de extrañar: estas comunidades son conocidas por ser unas de las más violentas y excluidas de la ciudad de Caracas. Vecindarios donde hay una marcada presencia de bandas criminales que imponen las normas en las calles. Aunado a esto, la respuesta gubernamental ha sido enviar operativos policiales para que enfrenten y “cacen” a los delincuentes.

Retratos de la violencia

Sin embargo, dicho enfrentamiento -además de dejar múltiples víctimas inocentes- solo ha causado que las diferentes bandas que existían se organicen en una sola, con más miembros y mejor armamento. Estos dibujos nos permiten ver cómo la violencia en Caracas ha sido enfrentada con más violencia, lo cual solo empeora la situación. A su vez, nos permiten plantearnos cuáles soluciones serían más efectivas para traer paz a las calles donde juegan estos niños.

#MonitorDeVíctimas | Niños de la Cota 905 y de El Cementerio dibujan la esperanza, por Santiago García Zubillaga
Estos dibujos nos permiten ver, desde la mirada infantil, cómo la violencia en Caracas ha sido enfrentada con más violencia.

La violencia urbana generada por las bandas se une a la violencia policial y crea un contexto casi bélico que aterroriza a los niños y adolescentes de estas comunidades. Por un lado, pueden perder a familiares y amigos a manos de la policía, que comete todo tipo de abusos en sus operativos.

Por otro, deben sobrevivir a complejas dinámicas sociales generadas por las bandas, donde una mala mirada o un roce con una persona pueden acabar con su vida. De esta manera, una serie de eventos traumáticos va alterando la forma como los niños piensan, sienten y se relacionan con el mundo.

Estas comunidades viven una situación compleja, donde se mezclan la pobreza, la falta de educación, las pocas oportunidades laborales y la violencia. Decidir por dónde comenzar a atacar el problema no tiene una respuesta sencilla. Sin embargo, disminuir estos marcados índices de violencia es, a nuestros ojos, una prioridad.

Estrategias que arrinconan la violencia

El trauma que viven estos niños no solo se expresa a través de sus dibujos. Estas experiencias disminuyen sus capacidades para manejar el estrés, para dormir y para aprender. Un niño que no aprende, abandona el colegio; y luego carece de la educación necesaria para mantener un trabajo. La violencia entonces perpetúa los ciclos de pobreza y desigualdad.

Por esta razón, generar estrategias que disminuyan los índices de violencia a corto y a mediano plazo no solo protege la vida de personas vulnerables, sino que es un paso vital a la hora de promover su desarrollo económico y social. A veces se piensa que para lograr esto es necesario realizar grandes cambios en la sociedad a nivel económico y educativo, dado que una sociedad más rica y mejor educada debería ser menos violenta. Sin embargo, existen múltiples ejemplos de políticas públicas y programas que logran disminuir la violencia en pocos años y con bajos costos.

En líneas generales, estas estrategias efectivas comparten un mismo enfoque: “La violencia se concentra en pocas personas y en pocos lugares”. Por lo tanto, el objetivo es identificar a estas “personas en riesgo” y “puntos calientes”, e intervenirlos de forma focalizada.

Por ejemplo, identificar individuos propensos a unirse a bandas criminales y ofrecerles servicios de educación, trabajo y apoyo psicológico ha tenido buenos resultados. A su vez, aumentar la presencia policial, así como iluminar y mejorar la estructura de lugares específicos con alta incidencia criminal, ha demostrado tener un efecto positivo.

Estas podrían ser buenas políticas públicas para la Cota 905 y El Cementerio, donde el riesgo se acumula. Sin embargo, durante años solo se han llevado a cabo operativos militarizados que han victimizado a estas comunidades. 

Es necesario dejar de ver a estos vecindarios como “bastiones criminales”. En ellos viven miles de personas, en comparación a las decenas de individuos que conforman las bandas. El prevenir que los pocos que están en riesgo de comenzar la vida criminal formen parte de grupos delictivos puede ser un primer paso para traer paz a estas comunidades que parecen vivir en guerra.

La esperanza se hace presente en los dibujos en los que los niños muestran lo que sí les gusta de su comunidad: paisajes, juegos y mensajes de paz. Si bien se encuentran en un contexto complejo, también son sumamente resilientes y capaces de cambiar el entorno que los rodea.

El potencial que poseen los niños para convertirse en promotores de la convivencia supera con creces el que tienen en la vida violenta.

Un criminal no nace, es construido a partir de una vida llena de experiencias traumáticas, y la ausencia de oportunidades. Queda de parte de todos nosotros decidir si vamos a perpetuar el miedo y la exclusión que ya están viviendo estos niños, o si buscaremos vías diferentes para promover su desarrollo.

#MonitorDeVíctimas | Caracas - Río de Janeiro, hermanadas por el terror policial

@miconvive 

Alfredo Espinoza, de 23 años, fue buscado por la policía en su casa en horas de la madrugada mientras dormía. Los funcionarios llegaron tocando la puerta de su hogar a las 6:00 a. m. en un operativo antinarcóticos en su comunidad.

Vinieron encapuchados, lo único que se le veían eran los ojos y sus armas largas, me preguntaron por una foto de un muchacho que se parecía a mi hijo, pero no era él, supuestamente lo estaban buscando por tráfico de drogas” comentó María de 55 años, madre de Alfredo quien vivía con él en una casa de dos habitaciones.

Dos ciudades bajo el terror de Estado

Alfredo muere en las escaleras fuera de su casa en manos de la policía. Los funcionarios alegaron haber encontrado en su cuarto sustancias ilícitas, armas y que se había resistido al arresto. María fue sacada a la fuerza de su hogar mientras que los funcionarios buscaban a su hijo. Lo próximo que supo de Alfredo es que llegó al hospital sin signos vitales.

La historia de Alfredo, lamentablemente, la han vivido cientos de jóvenes. En Latinoamérica en especial, destacan los casos ocurridos en Caracas y en Río de Janeiro, dos lugares con cuerpos de seguridad altamente letales.

La anécdota previamente descrita es una reconstrucción a partir de diferentes testimonios que se escuchan a diario en estas dos ciudades. Urbes cuyos habitantes difieren en cultura y lenguaje, pero que comparten experiencias muy similares con sus cuerpos de seguridad.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, en 2019 fueron registradas 340 muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad del Estado. En Río de Janeiro, 1814 fueron asesinadas por estas mismas razones el año pasado. Sus tasas de homicidio a manos de la policía por cada 100.000 habitantes son similares: 11.6 en Caracas y 11 en Río.

La muerte se ceba en los jóvenes

En ambas ciudades, las circunstancias donde usualmente ocurrieron este tipo de sucesos fueron similares. Petare fue, en el caso de Caracas, el lugar donde ocurrieron con mayor frecuencia estos eventos. En esta parroquia está el mayor conjunto de asentamientos espontáneos dentro de la ciudad. En la zona norte de Río de Janeiro, también conformado por comunidades populares, es donde ocurren la mayoría de las muertes en manos de la policía.

A su vez, en ambas ciudades la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 15-29 años que viven en este tipo de comunidades. Tomando en cuenta estas similitudes, también observamos coincidencias y diferencias en la manera como los discursos de las autoridades, y la conformación de las fuerzas de seguridad están concebidas en estas dos ciudades.

En ambas, las autoridades hacen referencias reiterativas a enemigos internos, justifican el uso de la fuerza a toda costa para garantizar un “orden” y “paz” y arman a los funcionarios con equipamiento de guerra.

El discurso de las autoridades: entre los criminales y la “paz”

Cuando observamos declaraciones de las autoridades detrás de los 1814 cariocas y 340 caraqueños que perdieron la vida a manos de la policía en el 2019, vemos dos formas distintas de comunicar las violaciones de derechos humanos.

De las autoridades brasileñas Wilson Witzel, gobernador del estado de Río de Janeiro, y de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, escuchamos declaraciones directas y confrontativas como las siguientes:

“Un criminal bueno es un criminal muerto”

“Los delincuentes morirán como cucarachas”

“Cavaremos sus tumbas de ser necesario”.

Por otra parte, desde Venezuela, Néstor Reverol y Nicolás Maduro hacen las siguientes afirmaciones:

“Nuestra premisa inquebrantable fue, es y será siempre garantizar seguridad ciudadana y la paz social, respetando los derechos humanos”

“Hay que fortalecer al grupo FAES para defender al pueblo, para construir la seguridad del país junto al, los consejos comunales, vamos a fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarla cada vez más”

Como podemos notar, en Venezuela el discurso pareciera apuntar a mantener una institucionalidad, búsqueda de garantía del bienestar ciudadano y correcto proceder, para garantizar la “paz del pueblo”. Observamos, de esta manera, la convivencia de dos ideas que parecieran incongruentes: una paz a través de lo bélico.

A pesar de las diferencias entre las declaraciones de los diferentes funcionarios, parece haber una conclusión identificable: sin importar si el discurso es confrontativo o busca mantener una mentira con una paz bélica, se busca justificar el uso de la fuerza como forma de proceder en la seguridad ciudadana.

Cuerpos policiales armados para la guerra

En Río o en Caracas, al escuchar términos como: “escuadrones de la muerte”,  “el batallón de la muerte” o “el terror de los delincuentes” para ningún ciudadano quedan dudas de a quién se refieren: al Batallón 41 de la Policía Militar o a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), respectivamente. Ambos han sido los responsables de la mayor cantidad de casos de letalidad policial en Río y Caracas.

Al evaluar sus formas de actuar, encontramos muchas similitudes que traen como consecuencia violaciones sistemáticas de derechos humanos.

A nivel interno, la situación de las FAES es preocupante. Se tiene conocimiento incluso de que funcionarios previamente condenados como delincuentes forman parte sus filas. De acuerdo a Monitor de Víctimas, en 2017 la proporción del uso de armas largas apenas era de 1 %. En 2020, asciende hasta el 20 %.

En Río de Janeiro, hay múltiples denuncias que apuntan al deficiente entrenamiento de los funcionarios y, ademas, la Policía Militar ha hecho propio el uso del ParaFAL, un fusil de combate. Con capacitación deficiente, ningún tipo de filtro a lo hora de elegir sus integrantes y haciendo uso de armas propias de una guerra, estos cuerpos de seguridad son los encargados de “proteger y salvaguardar la paz” en sus respectivas ciudades.

Trabajos periodísticos, investigaciones y cientos de testimonios de familias brasileñas y venezolanas son prueba de lo antes descrito.

Las FAES y el Batallón 41 son muestra de cómo las fuerzas policiales asesinan indiscriminadamente en Caracas y Río con armas usadas para la guerra.

Ya sea en un barrio o en una favela, la policía mata. Y el ciudadano está vulnerable ante ella.

Se rompe el nexo entre Estado y ciudadanía

El desarrollo de este tipo de discursos y políticas públicas trae como consecuencia aumentar la desconfianza de la población hacia el Estado, sobre todo en las comunidades donde mayor se concentra el crimen.

Hacer referencia a la seguridad ciudadana con un lenguaje bélico, como si fuera una guerra de las fuerzas del Estado contra sus propios ciudadanos, y armar a la policía con armas largas para subir a comunidades populares, tapándose la cara, con la excusa de buscar delincuentes, genera miedo y rompe los lazos de cooperación entre los ciudadanos y los funcionarios.  

Según los últimos resultados de ENCOVI, en Venezuela el 64 % de la población no denuncia cuando es víctima de un delito y el 57 % califica la labor de la policía como mala o muy mala. En Brasil, de acuerdo con la Fundación Getúlio Vargas, apenas el 35 % de la población confía en los funcionarios policiales.

Esto significa que al menos 6 de cada 10 víctimas de crimen en nuestro país nunca llegan a ser reconocidas por el Estado y recibir la justicia que merecen. Adicionalmente, si las fuerzas policiales nunca se enteran de cuáles son los crímenes, aunque tengan la intención de darle respuesta, no tienen manera de prevenirlos o presentar a los culpables ante la justicia.

En el 2018, el equipo de Caracas Mi Convive realizó una investigación con familiares de personas que fueron asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado. Un padre, con mucho dolor y rabia, nos comentó lo siguiente acerca del rol de las policías:

De verdad que son peor que el hampa, porque al menos el hampa no se mete en tu casa… Roban, secuestran por ahí, pero no se meten en tu casa, estos tipos sí.” 

Esta frase nos refleja la dura realidad de las familias que viven en las comunidades más afectadas por la violencia.

Viven en medio de una guerra de la cual no forman parte, pero son las principales víctimas. El terror policial rompe el nexo entre ciudadanía y Estado.

Necesitamos transformar la cultura policial, a una policía aliada de la comunidad. Que en vez de sacar un arma de fuego, escuche a la gente honesta y trabajadora para protegerla.

Monitor de Víctimas | ¿Cómo se comportó el crimen en la cuarentena?

@miconvive 

Un joven de 26 años conocido como “Alegría” fue asesinado en plena vía pública por las FAES el 28 de mayo de 2020 en Petare, por asociarlo, sin prueba alguna, con la banda de Wilexis. Al igual que Alegría, otros 142 caraqueños han perdido la vida en eventos violentos desde que inició la crisis de la COVID-19.

Los datos recabados por Monitor de Víctimas demuestran que la violencia en Caracas no respetó la cuarentena.

De los 142 homicidios contabilizados, 10 ocurrieron durante la segunda mitad del mes de marzo, 66 durante todo el mes de abril y otros 66 en mayo. Así como afrontamos la pandemia en un contexto muy complicado y totalmente vulnerables al virus (y cuyo impacto real parece venir en los próximos meses), el crimen homicida es uno de los principales males que enfrentan los caraqueños. ¿Es igual en el resto del planeta?

La COVID-19 extrema las otras crisis

Desde que se inició esta crisis de salud, los índices de criminalidad cayeron a nivel mundial. El hecho de que haya menos personas en las calles reduce la posibilidad que sean atracadas en las vías públicas. Estudios en Estados Unidos, Colombia y Chile demuestran cómo los homicidios se han reducido casi a la mitad, así como los registros de robo y asaltos.

Esto, por supuesto, no implica que la violencia se reduzca: las denuncias de violencia doméstica han aumentado considerablemente en todo el mundo. Tampoco implica que sea igual en todas partes. Por ejemplo, en Ciudad de Juárez (México), los homicidios producto de la guerra entre cárteles de narcotráfico aumentaron en un 42 % desde marzo. Para algunos, no hay cuarentena que valga.

Una situación similar a la de Ciudad Juárez parece presentarse en Caracas: los homicidios no pararon.

El 13 de marzo se anunció el primer caso de COVID-19 en nuestro país. La crisis del coronavirus se suma a una crisis política, social, económica y sanitaria. Una emergencia humanitaria compleja en todos los sentidos. Particularmente, la violencia es un factor común en el día a día del venezolano.

El crimen no se quedó en casa

En 2019, Monitor de Víctimas, en su reporte anual registró 898 homicidios en la ciudad, casi 40 % a manos de cuerpos de seguridad. La violencia, además, no se queda en números: afecta a cada niño que crece en contextos llenos de armas y muertos, con consecuencias que serán muy difíciles de atender en el futuro.

Ahora, ¿cómo se comportó el crimen en la cuarentena?

Los homicidios en este período representan el 48 % de los 296 casos totales reportados durante los primeros cinco meses del año. Casi la mitad de homicidios registrados en Caracas hasta mayo de 2020 ocurrieron durante el confinamiento.

Si lo comparamos con el año pasado, entre el 16 de marzo y el 31 de mayo de 2019, fueron asesinados, en promedio, 3 caraqueños diariamente; durante el mismo período en el 2020, se dieron al menos dos homicidios cada día. A pesar de que hubo una reducción en comparación con el año pasado, estos datos siguen siendo fiel reflejo del problema de salud pública que representa la violencia en nuestra ciudad.

La muerte viste de uniforme

De estas 142 muertes, 55 fueron casos de letalidad policial (ejecuciones y/o resistencia a la autoridad), alcanzando el 39 % de los casos totales registrados. La policía vuelve a ser protagonista, especialmente las FAES y el CICPC. Así mismo, se registraron 16 homicidios por robos; 15 casos por ajuste de cuentas o venganza; 12 por riñas o peleas ocurridas en el sitio, 5 por enfrentamiento entre bandas; 3 por balas perdidas; 2 por violencia de género y 1 por secuestro, además de 33 homicidios cuyo móvil no se pudo determinar.

El municipio Libertador concentra el 67 % del total, viéndose principalmente afectadas las parroquias Coche y Sucre, con 19 casos cada una y El Valle con 16. En el municipio Sucre se registraron 38 homicidios, de los cuales 33 tuvieron lugar en la parroquia Petare. Por otro lado, Baruta, El Hatillo y Chacao registraron 9 homicidios en total.

Además, algo particular que notamos en comparación con el año pasado es que los homicidios en vías públicas aumentaron en 10 puntos porcentuales durante la cuarentena, siendo un poco contradictorio dado el contexto.

Como reflejan los números, la violencia no se detuvo ni los índices de homicidios cayeron a la mitad como en otros países. A pesar de mostrar cierta reducción en comparación con 2019, los ciudadanos no se vieron más protegidos por el hecho de estar en casa. El virus se une a la lista de amenazas que aterran a los ciudadanos y, como podemos ver, la violencia es una de las principales.

No hay virus que detenga la violencia

Los cuerpos de seguridad continuaron aterrorizando a las comunidades, ejerciendo la justicia arbitrariamente y haciendo del uso excesivo de la fuerza un factor común en la vida del país. Por otro lado, los robos, ajustes de cuentas y peleas continúan cobrando la vida de personas en la ciudad. En definitiva, la violencia es un problema de salud pública que es urgente atender, con políticas de seguridad coherentes que garanticen el bienestar del ciudadano. Lamentablemente, pareciera que no haber la intención de hacerlo por parte de las instituciones responsables.

Los venezolanos se encuentran especialmente vulnerables. Desde marzo, la crisis de combustible impidió que pudieran movilizarse. Además, la crisis económica se sigue intensificando, con una inflación acumulada de 409 % en 2020, según la Asamblea Nacional y con proyecciones que apuntan hacia una contracción de la economía de entre 15 % y 25 % por efectos de la pandemia.

Los ciudadanos se encuentran totalmente indefensos ante el virus, la delincuencia y los cuerpos de seguridad y, además, son víctimas de sus bolsillos vacíos.

Luego de tres meses de confinamiento por decreto, entramos en una etapa de flexibilización de la cuarentena. El virus se hace cada vez más peligroso: Venezuela tardó 70 días en alcanzar 1000 casos, 12 días en llegar a 2000 y tan solo 11 días en registrar 3000 infectados. A partir de ahora podremos ver realmente el impacto de la COVID-19 en nuestro sistema de salud.

Sin embargo, repasando estos primeros 3 meses, hay una cosa que nos queda clara: no hay virus que detenga a la violencia.