Sarai Coscojuela, autor en Runrun

Sarai Coscojuela

AN aprueba ley para la recuperación de activos en el extranjero
La Fracción 16 de Julio salvó su voto en esta ley porque consideran que la concentración debe estar en el “cese de la usurpación”

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión la Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero.

El diputado del Parlamento, Luis Silva (AD-Bolívar) aseguró en la sesión virtual de este jueves, 9 de julio, que esta ley permitirá “seguir recuperando y poniendo a salvo los valiosos activos que serán la base para iniciar el proceso de reconstrucción nacional. Esta ley obliga a rendir cuentas, exige honestidad y transparencia”.

La ley que fue sancionada por los diputados de la oposición no ha sido publicada en los medios oficiales de la Asamblea Nacional y tampoco compartida a los periodistas.

Igualmente el diputado Silva, en la introducción de la discusión de la ley, señaló que no es suficiente recuperar los activos, “sino reglamentar el uso de esos activos, por lo que es esencial reducir la discrecionalidad de los funcionarios encargados de administrar esos activos. Esta ley obliga a rendir cuentas, exige honestidad y transparencia en los manejos de los recursos”.

Silva indicó que con esta Ley se podrá seguir recuperando activos de Venezuela y que no podrán ser utilizados por la administración de Nicolás Maduro. 

Sin embargo no todos dieron el visto bueno a la legislación, ya que los diputados de la Fracción 16 de Julio salvaron su voto, ya que lo consideran “impertinente”, porque el Parlamento y la presidencia encargada deberían concentrar sus esfuerzos en cumplir con el “cese de la usurpación”.

A través de su cuenta de Twitter, la Fracción publicó un comunicado con estas razones para salvar el voto, mientras la Ley era leída por el secretario de la Asamblea Nacional. La misma situación se dio con una nota de prensa publicada por el Centro de Comunicación Nacional, que informó que la ley ya había sancionada, cuando todavía estaba siendo discutida en la sesión.

Contratos y cambios sin notificar

Otro punto en la agenda de la AN, fue la aprobación de un informe de la Comisión de Finanzas con relación a la autorización de un contrato de interés público entre Venezuela y la empresa BRV Disbursement LLC y la sociedad BRV Administration CO. LLC.

En la sesión del martes, 7 de julio, fue leído un resumen del contrato para ejecutar el Fondo Especial para la liberación de Venezuela de 80 millones de dólares, sin embargo hasta la fecha tampoco ha sido compartido con los medios de comunicación.

El informe presentado este jueves, 9 de julio, explica que el presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó, hizo una solicitud para la aprobación de este contrato por la cantidad de 1.250.000 dólares, aunque en el documento indica en letras que es por 1.200.000 dólares. 

Igualmente señalan que estas dos empresas, con sede en Estados Unidos, prestarán los servicios de administración y desembolso, que finalizarían en principio el 31 de diciembre de este año. Venezuela estará representada por el Consejo de Administración del Gasto, una figura contemplada en la Ley Especial de Fondo para la Liberación de Venezuela, aprobada en febrero de este año.

Este Consejo, designado a principios de marzo, está conformado por Alejandro Plaz Castillo; Yon Goicoechea; Gustavo Marcano; Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi. 

La Comisión de Finanzas de la AN dio su visto bueno a este contrato y la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional lo aprobó también. 

Luego de la aprobación del contrato el comisionado presidencial de desarrollo económico, Alejandro Plaz señaló, en una rueda de prensa virtual, que buscaron el apoyo para poder implementar el Fondo. “Se invitó a las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, de esas 5, 3 rechazaron la posibilidad de trabajar con nosotros, de las otras 2, una nos recomendó unas empresas hermanas”.

Plaz indicó indicó que esas compañías “compitieron” y las que “ganaron” fueron las que firmaron el contrato con los representantes del gobierno interino.

Estos fondos son para lo Social, para la labor Legislativa de la Asamblea Nacional, de las Embajadas, de la Contraloría y para los 30 magistrados electos legítimamente por la Asamblea Nacional”, explicó.

El comisionado señaló que faltan por definir los fondos para los proyectos de Comunicaciones y el de “Defensa de la Democracia”. “También estamos por contratar una compañía auditora que ha accedido a trabajar con nosotros”.

En la Gaceta Legislativa de la AN, con fecha del 8 de julio, se presentó una modificación del Reglamento de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela. Específicamente se cambió el artículo 9, en el que quedó establecido que el Consejo de Administración del Gasto, para realizar funciones de tesorería, en particular a las relativas de custodia de fondos, de pagos y desembolsos, “se deberá asistir de una empresa de servicios financieros idónea para tales efectos, escogida mediante un régimen especial de selección, aprobado por la Asamblea Nacional y con la opinión favorable del Contralor Especial”.

Igualmente se cambió el artículo 16, indicando que la empresa seleccionada para la prestación de los servicios de custodia y realización de pago de los fondos, debe también realizar los servicios de contabilidad para la formulación de los comprobantes, estados financieros y otros documentos que demuestren las transacciones realizadas.

Sin embargo estas modificaciones al Reglamento no fueron presentadas en la plenaria de la sesión de la Asamblea Nacional, del martes, 7 de julio y tampoco la del jueves, 9 de julio. Además en principio se estableció que los pagos aprobados por el Consejo de Administración, se realizarían mediante los procedimientos establecidos en el convenio de asistencia técnica a ser celebrado con la Organización de Estados Americanos (OEA), autorizado por la Asamblea Nacional y el Contralor Especial. 

En una nota de prensa publicada por el Parlamento este jueves, 9 de julio, señala que tras distintas conversaciones del gobierno interino con representantes de la OEA y el gobierno de Estados Unidos, “se concluyó que, tanto por dificultades técnicas y como por el importante ahorro económico que iba significar para el Estado venezolano, resultaba más práctico y eficiente delegar en las organizaciones internacionales privadas especializadas la administración del fondo. Sin embargo, mantenemos la mayor comunicación y trabajado permanente con la OEA para este y los demás del Gobierno interino”.

En tres días Venezuela supera los 8 mil casos de COVID-19
También se registraron 4 fallecidos en Lara, Táchira y Zulia

Nicolás Maduro informó que este miércoles, 8 de julio, se diagnosticaron 317 casos de COVID-19, con lo cual la cifra de casos asciende a 8.010 en Venezuela. En tan solo tres días se registraron mil casos más.

Maduro señaló que son 160 casos comunitarios y 155 “importados” y 2 por “contacto con viajero”. Además informó del fallecimiento de 4 pacientes, el total de muertos por el virus es de 75. 

Hizo un “llamado de atención” a los ciudadanos, a quedarse en sus casas. “No puedo hacer nada si la gente sale a la calle a buscar el virus”, agregó.

Sobre los casos comunitarios señaló que 59 son de Distrito Capital; 34 de Mérida; 28 de Miranda; 10 de Zulia; 7 en Carabobo; 6 en Táchira; 5 en Vargas; 4 en Monagas; 3 en Lara; 3 en Sucre y 1 en Barinas. 

Igualmente explicó que los casos importados 139 son venezolanos provenientes de Colombia; 11 de Perú; 4 de República Dominicana y 1 de Chile. Sobre los pacientes de República Dominicana, Maduro pidió explicación, ya que las fronteras están cerradas desde el 13 de marzo. Sin embargo durante la alocución, no hubo respuestas.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, también intervino para dar detalles sobre los pacientes fallecidos. La primera es una mujer de 77 de años de Lara. “La contagiaron unos familiares que regresaron de Ecuador y entraron a Venezuela por una trocha”, aseveró Rodríguez.

También fallecieron dos hombres de 58 años del estado Táchira y un paciente en el estado Zulia, del cual no se ofrecieron detalles sobre la edad y sexo. 

Cifras que no concuerdan 

Este miércoles, 8 de julio, el diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares (PJ-Vargas) aseguró que en Venezuela se han registrado 130 fallecimientos, porque hay unos 59 pacientes que no han sido contabilizados en la data oficial. 

En rueda de prensa virtual, el parlamentario y médico indicó que la administración de Nicolás Maduro “sigue mintiendo y manipulando la data de casos positivos y mortalidad”. Agregó que con esta cifra de 130 fallecidos, la tasa de mortalidad sería de 2%, más cercano al promedio de la región.

Olivares también insistió en la necesidad de descentralizar las pruebas PCR, que solo se procesan en el Instituto de Higiene en Caracas. Señaló que hay 6 laboratorios públicos y 10 privados que están listos para empezar a realizar las pruebas. 

Por esta razón, el diputado indicó que un paciente en Caracas debe esperar hasta 10 días por los resultados de la prueba y en el interior pueden pasar entre 15 y 20. 

Olivares: Podemos afirmar que hay 130 fallecidos por COVID-19 en el país
El diputado también informó de un caso positivo en la cárcel militar de Ramo Verde

El diputado de la Asamblea Nacional (PJ-Vargas) José Manuel Olivares aseguró que en Venezuela hay una data de 59 fallecidos por COVID-19 en el país, con lo cual la cifra de muertos por el virus sería de 130 en total.

En rueda de prensa virtual, el parlamentario y médico indicó que la administración de Nicolás Maduro “sigue mintiendo y manipulando la data de casos positivos y mortalidad”. Agregó que con esta cifra de 130 fallecidos, la tasa de mortalidad sería de 2%, más cercano al promedio de la región.

Igualmente informó que en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, se registró un caso positivo de COVID-19, de un preso político. Sería un teniente coronel proveniente del estado Táchira. 

“No tiene ninguna medida de protección y eso genera mayor preocupación para todos los presos políticos que están allí”, agregó.

Olivares también insistió en la necesidad de descentralizar las pruebas PCR, que solo se procesan en el Instituto de Higiene en Caracas. Señaló que hay 6 laboratorios públicos y 10 privados que están listos para empezar a realizar las pruebas. 

Por esta razón, el diputado indicó que un paciente en Caracas debe esperar hasta 10 días por los resultados de la prueba y en el interior pueden pasar entre 15 y 20. 

Con poca capacidad

El diputado José Manuel Olivares también hizo un recuento de los hospitales venezolanos que están llegando a su máxima capacidad en camas de terapia intensiva. Agregó que a nivel nacional el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva es de 40%.

Olivares indicó que en el Hospital José Gregorio Hernández del estado Amazonas hay 100% de ocupación de camas y ventiladores.

Lo mismo ocurre en el Hospital Luis Razetti de Anzoátegui, que además solo cuenta con dos camas y dos ventiladores. En el Hospital Universitario de Los Andes de Mérida, también hay 100% de ocupación de camas, lo mismo ocurre en el Hospital Alfredo Van Grieken en Falcón, que es uno de los estados que más preocupa al diputado porque ya han habido varios fallecidos. 

En ese hospital además solo cuentan con seis camas de terapia intensiva. La misma situación de ocupación total ocurre en el mismo estado en el Hospital Calles Sierra, donde solo hay cuatro camas. 

Olivares denunció que los hospitales son los que menos cuentan con equipos de protección e insumos para atender a los pacientes. “Les pido que se cuiden, que no salgan si no es necesario, ahora la seguridad depende de usted, porque Maduro es incapaz de garantizarle una cama de terapia intensiva”.

También mencionó otros hospitales como el Luis Razetti de Barinas con 60% de ocupación; el Hospitales Ranuarez Balza de Guárico con 75% de ocupación; el Hospital Central de San Cristóbal con 62% de ocupación de camas de terapia intensiva y el Hospital General del Sur con 66% de ocupación. 

“En cuatro meses no construyeron capacidades”, aseveró el parlamentario. 

Olivares pone en duda las terapia 

El diputado por el estado Vargas también criticó los nuevos protocolos anunciados por la administración de Nicolás Maduro, para tratar la COVID-19. “Somos el país que menos pruebas hace en América Latina, por eso se inventan esto del tratamiento precoz”.

Olivares indicó que el tratamiento con cloroquina, fue descartado por diversos estudios y también por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de junio, porque demostró no tener ningún beneficio en la disminución de la mortalidad de los pacientes.

“Carlos Alvarado (ministro de Salud) lo anunció hace unos días, con bombos y platillos, junto a Nicolás Maduro, pero el tratamiento lo venden los cubanos”, agregó.

Lo mismo sucede con el Interferon, que “no hay ningún tipo de evidencia científica o país en el mundo que use el Interferon, pero la respuesta es que también lo venden los cubanos”.

El diputado señaló como preocupante el anuncio del uso de dióxido de cloro, como tratamiento para la COVID-19, porque aseguró que no es un medicamento y que incluso la FDA (Administración de de Medicamentos y Alimentos, de Estados Unidos) lo prohibió formalmente el 8 de abril. 

Por último la administración de Maduro anunció el uso de la medicina homeopática, “y es la misma explicación que lo venden los cubanos. Es vergonzoso, que un individuo que es médico haga todo esto por ganarse un dinero”, aseveró. 

Elecciones parlamentarias son un hecho que la oposición debe afrontar
Expertos en el tema electoral consideran que el CNE aumentó la cantidad de diputados de la AN para el chavismo garantizarse una mayoría
Andrés Caleca, expresidente del CNE, señala que la oposición puede abrir caminos como los grupos electorales para inscribir candidatos

@saracosco

El presidente interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, calificó las próximas elecciones legislativas, convocadas para el próximo 6 de diciembre, como una “farsa electoral”. En una sesión llamada Congreso de la Unidad, por el día de la independencia el 5 de julio, Guaidó hizo un llamado a enfrentar este llamado con movilización y unidad entre todos los grupos que adversan a la administración de Nicolás Maduro.

Estas elecciones -que corresponden constitucionalmente para este año- están bajo la sombra de las irregularidades. El Tribunal Supremo de Justicia declaró la omisión legislativa y procedió a designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral -a petición de los opositores de la mesa de diálogo- también desaplicó 12 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y con esto el CNE aumentó la cantidad de diputados dentro de la Asamblea Nacional, con el argumento de respetar la representación proporcional. 

Más parlamentarios no es más democracia

Ahora el Parlamento pasará de tener 167 diputados a 277, lo que representa un aumento de 66%. Sin embargo, expertos electorales recuerdan que en la Constitución, específicamente en el artículo 186, se establece la metodología para poder determinar la cantidad de parlamentarios que hacen vida en el Palacio Federal Legislativo. 

Para el expresidente del CNE, Andrés Caleca, esto representa una nueva violación a la Constitución. Además asegura que hubo una violación previa con la designación del directorio del Poder Electoral, por parte del TSJ, cuando estaba instalado el Comité de Postulaciones Electorales con la participación de los diputados chavistas. 

Para el expresidente del CNE, Andrés Caleca, esto representa una nueva violación a la Constitución. Además asegura que hubo una violación previa con la designación del directorio del Poder Electoral, por parte del TSJ, cuando estaba instalado el Comité de Postulaciones Electorales con la participación de los diputados chavistas. 

Igualmente la directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González-Lobato señala que fue el CNE el que modificó la base de población  electoral y la redujo a un 0,4% para poder aumentar la cantidad de diputados. González-Lobato recuerda que esta no es competencia constitucional ni legal del Poder Electoral. 

Para Caleca la razón de esta modificación es netamente política, para que el chavismo se pueda garantizar las dos terceras partes de la AN, brindándole también la “oportunidad” a los candidatos de la llamada mesa nacional de diálogo, de tener un espacio dentro del Parlamento. 

“La excusa que están dando es que quieren regresar a la representación proporcional, principio que ellos mismos violaron en 2009 cuando controlaban la AN, modificando la Ley Orgánica del Sufragio, pensando que iban a ser mayoría toda la vida y cuando perdieron en 2015 se dieron cuenta que tenían que regresar a la proporcionalidad. Que me parece muy bien, pero se puede hacer sin aumentar la cantidad de diputados”, explica Caleca.

González-Lobato considera que tal como está siendo diseñado el sistema, el oficialismo pretende cambiar una minoría en la preferencia nacional, que es lo que ocurre actualmente, a una mayoría en el poder. 

Además señala que el número de diputados es producto del aumento de habitantes en el país. “Eso se obtiene del censo de 2011, luego el que se aplicó en 2015 y el Instituto Nacional de Estadística hace las proyecciones, que van a la Asamblea Nacional. Eso no ocurrió. Pero así se establece cuál es la proyección de electores tanto nacional como a nivel regional”. 

En este punto, Caleca indica que mantener los 167 diputados representa un “peligro” para el chavismo y el control de las dos terceras partes. “Lo que se busca es dominar por completo la Asamblea Nacional. Un poco imitando lo que hizo el TRI en México en los años 70, que crearon una oposición que ellos incluso le financiaban las campañas electorales para que entraran al Congreso”. 

Sobre esto Caleca asegura que la administración de Nicolás Maduro, no intenta “lavarse la cara” ante la comunidad internacional. “Eso no los va a legitimar de ninguna manera. Pero por lo menos intentan cumplir con las exigencias de sus aliados, particularmente los rusos, que les han dicho que tienen que resolver el problema de alguna manera, porque no los dejan comerciar con ellos”. 

La politóloga e investigadora de la Universidad de Oxford, Maryhen Jiménez considera que el gobierno de Maduro intenta también la legitimidad entre sus aliados y no necesariamente hacia el resto de la comunidad internacional que ya lo desconoció. “Ese costo ya lo asumieron”, esgrime.

“Son códigos autoritarios, pero que igual importan porque hacen la fachada de discurso cuasi democrático, aunque no lo sea. Todo esto es parte también de la comunicación entre regímenes autoritarios, pero también hacia otras naciones que no han reconocido a Juan Guaidó, y al final eso también es manifestación de poder”, agrega la politóloga. 

Para Jiménez las elecciones son un hito en el gobierno de Maduro, porque es una nueva fase donde pueden repartir “una porción de poder, una porción de seguridad y una porción, digamos, de corrupción, porque sabemos que la economía está colapsada. Las parlamentarias representan un momento importante para reorganizarse y meter en nómina a nuevas élites”. 

Barajando las opciones 

Otro punto que hay que tomar en cuenta ante la convocatoria de estas elecciones, es que Venezuela y el mundo están en medio de una pandemia por la COVID-19. En el país se han registrado más de 7 mil casos, por lo cual el expresidente del CNE, Andrés Caleca, considera que la primera opción debería ser suspender el proceso hasta tener controlado el virus. 

“Creo que el primer papel que tenemos que asumir los ciudadanos y los dirigentes políticos, que no están comprometidos con este esquema, es exigir que se pospongan las elecciones hasta que se controle la pandemia”, expresa. 

Su propuesta pasa por suspender el proceso, prorrogar el mandato del Parlamento por tres o cuatro meses, mientras se determinan las condiciones técnicas, económicas, y especialmente las de salud pública.

Igualmente, la directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones, Eglée González-Lobato, considera que los comicios dependerán de los protocolos ante la COVID-19. “Lo que puede hacer el CNE es como pasó en las elecciones presidenciales de 2018, que estaban convocadas primero para abril y luego las pasaron para mayo. Entonces los lapsos empezaron a contar, puedes celebrar las postulaciones, los partidos que van a participar, los grupos electorales, y luego puedes hacer las elecciones posteriormente”. 

Entre las opciones también está la del exprocurador especial del gobierno interino, José Ignacio Hernández, quien considera que se debe prorrogar el mandato de la Asamblea Nacional, hasta tener unas elecciones competitivas y no supeditadas a la conveniencia de la administración de Nicolás Maduro. 

“La extensión del mandato es una solución, que eliminaría la preocupación de algunos de asistir a una elección parlamentaria así sea chucuta. Esto ya se aplicó con los alcaldes en 2013 cuando estuvieron en sus cargos como seis meses más de los que les correspondían. Es una figura excepcional, pero es constitucional”, aseguró en una entrevista para Crónica.uno.

Para González-Lobato esta propuesta parece operativamente ineficaz, “porque la única viabilidad es una Asamblea cuya directiva, esté en el exilio y una vez que la AN esté en el exilio, funcionará como algo paralelo, pero evidentemente pierde la relación con la sociedad, pierde la naturaleza de ese órgano que es la representación de los ciudadanos”.

Para González-Lobato esta propuesta parece operativamente ineficaz, “porque la única viabilidad es una Asamblea cuya directiva, esté en el exilio y una vez que la AN esté en el exilio, funcionará como algo paralelo, pero evidentemente pierde la relación con la sociedad, pierde la naturaleza de ese órgano que es la representación de los ciudadanos”.

Igualmente Maryhen Jiménez considera que son pocos los ejemplos, en otros países que han aplicado una estrategia similar, que han dado resultados positivos, porque es difícil presionar de esa forma. 

“La pregunta que yo hago desde una perspectiva política es si esa estrategia realmente es la que va a facilitar el cambio en Venezuela. Cómo funciona ese gobierno, porque se mantendría el mismo esquema del interinato. un gobierno. Cómo esa fórmula es la que puede iniciar un cambio”, agrega. 

Jiménez considera que es necesario unir fuerzas, tanto el sector político como los diferentes grupos de la sociedad civil, para alzar la voz. Porque así como los comicios son importantes para el chavismo, también lo deben ser para la oposición. “Es un momento en el cual se puede garantizar o se puede movilizar a una población en torno a una idea en un momento”.

La politóloga expresa que la estrategia de la oposición, concentrada en el G4, debe ir más allá del dilema “votar o no votar”, pero considera que la “inacción” es desmovilizar por completo a la población “en vez de hacer de la población el catalizador de cambio. Ahí creo que está el gran reto, porque la famosa amenaza creíble no es la intervención, es la organización de la sociedad en torno a un proyecto de país”. 

“Ya lo que toca en este periodo, es movilizarse y organizarse alrededor de la demanda de unas elecciones libres. Eso es una demanda legítima y concreta y también toca resistir y mantener esos espacios de resistencia y lucha democrática”, añade. 

También hace referencia a que los partidos políticos están debilitados y que quizás sea momento de otras alternativas y que grupos como las iglesias, las organizaciones no gubernamentales o líderes sociales y comunitarios puedan canalizar las demandas de la población. 

“Precisamente por el ataque constante a los partidos y quizás también por ese divorcio que existe entre la realidad de los políticos y la realidad de la población. Es importante entonces que la ciudadanía logre articularse ella misma y que logre canalizar sus demandas”, explica Jiménez.

Andrés Caleca y Eglée González-Lobato tampoco creen en la inacción frente a las próximas elecciones legislativas.

González-Lobato expresa que hay razones por las cuales la oposición podría decidir no participar en unas elecciones. Para la experta en materia electoral, el país está frente a una autocracia o autoritarismo electoral donde los partidos y líderes más importantes son dejados de lado en el juego político. “Si el G4, que se podría llamar la oposición institucional, decide no ir a una elección con estas condiciones, suficientes razones tiene. Pero de dejar la lucha, podría ocurrir lo que pasó en el año 2005, donde no solamente hubo una abstención del 65%, si no que además no creo que haya habido tantas leyes habilitantes como durante ese lapso”. 

“Lo que creo es que a través de la exigencia de condiciones, del ejercicio de derechos políticos, tienes que transformar esta parodia o este teatro electoral en una arena competitiva por el poder, y más aún siendo mayoría, o el oficialismo siendo minoría en la preferencia electoral”, agrega González-Lobato.

“Lo que creo es que a través de la exigencia de condiciones, del ejercicio de derechos políticos, tienes que transformar esta parodia o este teatro electoral en una arena competitiva por el poder, y más aún siendo mayoría, o el oficialismo siendo minoría en la preferencia electoral”, agrega González-Lobato.

Añade que los contrapesos y la resistencia para que Nicolás Maduro continúe en el “proyecto totalitario de destruir a la disidencia”, se puede hacer a través de un proceso electoral “con estas condiciones tan particulares”. 

Igualmente Andrés Caleca visualiza como la mejor opción la participación. “Hay que participar siempre, aquí lo que está en juego es la destrucción de los últimos vestigios de democracia del país. Se quiere destruir la institución del sufragio como un mecanismo para resolver los problemas. Lo están haciendo progresivamente, desalentando a la población y haciéndole ver que la mejor opción es no salir a votar”. 

Reconoce que el chavismo ha ido profundizando ese proceso en la mente de los venezolanos, pero considera que la abstención es “hacerle el juego” al gobierno de Maduro. “En las elecciones municipales de 2017, que la oposición decidió no participar, en el municipio Los Salias incluimos nuestra plancha ciudadana y ganamos con nuestro alcalde”.

“Yo quiero que mi diputado de aquí sea de la oposición democrática y que en esa Asamblea Nacional, si hay dos o tres diputados que hablen en nombre de la voluntad reprimida, que es la gran mayoría, bueno, yo voy a ir a votar por esos tres, porque necesito esa voz para la historia, para el registro de la historia venezolana, de que los venezolanos no se rindieron”, añade.

Considera que algo se debe hacer y que como el TSJ ha ido interviniendo o ilegalizando partidos políticos de la oposición, se pueden inscribir grupos electorales o utilizar tarjetas existentes. “Pero hay que buscarle la vuelta a todo y movilizar a la gente, aunque ahora es complicado por la pandemia. Nos van a perseguir, nos van a quitar espacios, pero hay que abrirlos”, puntualiza Caleca.

Comunicación autoritaria 

El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López aseguró el pasado domingo, 5 de julio que la oposición “no será poder político jamás en la vida”.

“No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana… yo creo que es bueno que lo entiendan”, dijo en un acto por el día de la independencia. 

2.813 usuarios de Runrunes en Twitter respondieron a una encuesta en la que el 44,6% consideró, que las palabras de Padrino López son una advertencia política. Mientras que 35,9% señaló que es una estrategia disuasiva del voto. 12,3% respondió que es para mostrar unidad dentro de la Fuerza Armada y 7,1% indicó que lo dijo de forma inconsciente.

 

Otros usuarios comentaron que es una forma de decir que “no tiene sentido ir a votar”, mientras una persona indicó que las declaraciones de Padrino López son una violación a la Constitución. 

Sobre esto la investigadora de la Universidad de Oxford, Maryhen Jiménez, explica que Padrino López le habló a sus propios militares y que la comunicación autoritaria, en este tipo de sistemas, es esencial, no solo para la oposición sino también para sus filas.

“Lo que quiere decir es que no habrá deserciones, no habrá la ruptura que tanto buscan. Es decir, es un ´Hemos cerrado filas y estamos actuando como un ente más aliado, básicamente como un anexo del poder civil, del partido de gobierno”, explica. 

Jiménez también indica que es un mensaje para aquellos grupos que no creen en las elecciones o en una vía pacífica. “Les dice que si quieren una guerra, ellos están organizados y darán una respuesta”. 

Para la politóloga no es sorpresa este tipo de mensajes, porque el ministro de la Defensa no tiene un costo que pagar internamente o a lo externo, con estas declaraciones.

Para la politóloga no es sorpresa este tipo de mensajes, porque el ministro de la Defensa no tiene un costo que pagar internamente o a lo externo, con estas declaraciones. “No hay amenaza interna en el sentido de la movilización o en el uso de la fuerza. El último elemento es desarticular, desanimar y mandar la señal de que ahora el tema de la represión y el control social, como de hecho está ocurriendo, es básicamente parte de la política oficial de las Fuerzas Armadas y del gobierno de Maduro”.

Fallece el diputado Hernán Alemán por COVID-19
El parlamentario confirmó el 28 de junio que había dado positivo en la prueba de COVID-19

Diputados de la Asamblea Nacional confirmaron la tarde de este martes, 7 de julio, que el parlamentario Hernán Alemán (AD-Zulia) falleció, a los 65 años de edad, a causa de la COVID-19. 

“Ha fallecido el colega Diputado Hernán Alemán, dirigente de trayectoria política en el Estado Zulia. Luchador y bregador, servidor público que se marcha en el exilio, lejos de su casa, familia y Patria. QEPD.”, escribió en Twitter el parlamentario Eudoro González.

El parlamentario estaba exiliado en Colombia y había anunciado el pasado, 28 de junio, que había dado positivo para COVID-19. “Hoy en la clandestina, bajo un acompañamiento del COVID-19. He salido positivo y aquí estamos en la cuarentena, evitando cualquier males y buscando salir de esto que no nos amilana”, informó en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Alemán fue también alcalde del municipio Cabimas en el estado Zulia, entre 1989 y 1996 y repitió en 2000 hasta 2008. Luego fue electo como diputado de la Asamblea Nacional en 2010 y fue reelecto en 2016. 

El 19 de diciembre del año pasado la asamblea nacional constituyente (ANC) decidió allanar la inmunidad de Alemán, junto a la de sus colegas Jorge Millán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli, luego de ser vinculados con un asalto a un cuartel militar del estado Bolívar. Todos desmintieron estar involucrados. 

En mayo de 2020 el diputado confirmó su participación en la “Operación Gedeón” y aseguró que estaba que el pueblo está sufriendo demasiado por la crisis que agobia al país, por lo que explicó que la actividad inició aproximadamente el 13 de mayo, justo después que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, encabezara el fallido alzamiento del 30 de abril.

Explicó que fueron “poco a poco” para hablar con los efectivos castrenses para “tratar de hacer una gesta que verdaderamente tuviera como propósito un camino para liberar a Venezuela”.

En ese momento señaló que creía que la “fuerza” es el único camino para salir de la crisis. 

AN aprueba contrato con financiera de EEUU para ejecutar fondo de $80 millones
El presidente Guaidó presentó el contrato aunque no ofreció mayores detalles y tampoco ha sido publicado 

La Asamblea Nacional (AN) aprobó un proyecto de Contrato de Agencia de Servicios Financieros, que el Gobierno interino de Juan Guaidó firmó con la empresa BRV Management, para el servicio de administración y como agente de desembolso de fondos. 

El Proyecto fue presentado por el presidente interino, Juan Guaidó, en la sesión virtual de este martes, 7 de julio. Sin embargo no explicó detalles sobre este contrato y hasta el cierre de esta nota tampoco se le facilitó el documento a los medios de comunicación o se publicó en los medios oficiales del Parlamento.

Igualmente el diputado Robert Alcalá (AD-Sucre) se abstuvo de votar este acuerdo, asegurando que no tenía información al respecto. Una fuente cercana al Parlamento señaló que este contrato es para el manejo de los 80 millones de dólares aprobados en el Fondo Especial para la Liberación de Venezuela, donde se encuentra también el Consejo de Administración del Gasto, que será el representante de Venezuela.

Este Consejo, designado a principios de marzo, está conformado por Alejandro Plaz Castillo; Yon Goicoechea; Gustavo Marcano; Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi. 

La empresa contratada, BRV Mangemente, está domiciliada en Delaware, Estados Unidos y según el portal Bloomberg, opera como una compañía de capital de riesgos. 

El resumen del contrato fue leído por el subsecretario de la Asamblea Nacional, José Luis Cartaya, quien señaló que los fondos se mantendrán en una cuenta de Fondos, en una cuenta bancaria sin intereses.

Además el Consejo emitirá las instrucciones de desembolso del Fondo al administrador, al menos 10 días hábiles antes de la fecha deseada del desembolso. Este Consejo solo podrá presentar cuatro instrucciones de pago por mes calendario.

En el contrato, leído por el subsecretario, se indica también que el pago a la empresa BRV Management incluirá un anticipo de 500 mil dólares del Fondo de Gastos Extraordinarios, que se mantendrá en una cuenta de custodia que genere intereses por separado. 

El pago total a la compañía será de 1.250.000 dólares y la fecha de culminación del contrato es del 31 de diciembre de este año, aunque el servicio puede culminar previamente, si así lo decide alguna de las partes. 

El Fondo

A finales de febrero la AN aprobó Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. En ese momento el diputado Alfonso Marquina (PJ-Lara) aseguró que los recursos recuperados serán implementados en casos de riesgo vital.

El diputado agregó que esta Ley se debe a la prolongación de la “usurpación” de Nicolás Maduro y el recrudecimiento de la emergencia humanitaria.

En dicha ley se contempla que estaría disponible en cuentas venezolanas en el exterior. Además la junta administradora Ad-hoc del Banco Central de Venezuela podrá transferir recursos a la República para la ejecución de los gastos que contempla la ley. 

En el artículo 8 establece que las labores de tesorería podrán ser administradas o supervisadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de un Convenio de Asistencia Técnica que será suscrito por el presidente encargado, Juan Guaidó y que tendrá que ser aprobado por la Asamblea Nacional.

Posteriormente el 15 de abril la AN aprobó los presupuestos que se ejecutarían a través de ese Fondo. 35.930.960 millones de dólares serán destinados a proyectos de financiamiento de gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria.

El Centro de Comunicación Nacional emitió un comunicado, el domingo 19 de abril, explicando que los recursos del bono para el personal de salud, saldrán del Fondo para la Liberación de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional.

Hasta el momento ese bono para los trabajadores del sector público de salud no ha sido pagado. 

Guaidó a Padrino López: No es usted quien decide quién accede al poder
El presidente rechazó las declaraciones del ministro de la Defensa, quien aseguró que la oposición nunca llegará al poder

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó respondió a las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, indicando que no es quien para decidir qué grupo político accede al poder en Venezuela.

“No general Padrino, no es usted quien decide quién accede al poder; no es un militar, es el pueblo de Venezuela, es la Constitución, es la soberanía que reside en el pueblo de Venezuela”, expresó en la sesión virtual de este martes, 7 de julio. 

En el debate de rechazo a estas afirmaciones por parte de Padrino López, Guaidó agregó que esto demuestra la necesidad de un cambio político en el país. 

También hizo un llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) de deslindarse de las declaraciones del ministro. 

“Es el momento de actuar, la Constitución lo exige, lo demanda. Cada uno de los componentes de la FAN tienen un rol. Queda de la Fuerza Armada Nacional recuperar la confianza del pueblo de Venezuela, queda de ustedes recuperar el brillo y ser herederos dignos del uniforme de Bolívar, de Páez y de nuestros próceres”, señaló. 

Guaidó pide una FAN profesional 

Igualmente indicó que es importante invertir en una Fuerza Armada “profesional”. “Hay que invertir los recursos necesarios para rescatar la soberanía, e invertir en una FAN profesional, con capacidad de primera línea; atender de manera inmediata los aspectos socioeconómicos de los oficiales, la tropa y sus familias”.

Guaidó explicó que es necesario también hay que desarmar de inmediato” las estructuras de las instituciones extranjeras dentro de la Fuerza Armada, pues “no pueden estar en toma de decisiones y mucho menos en investigaciones o vigilancia de nuestra FAN”.

El presidente interino expresó que seguirán en la lucha por el cambio en Venezuela y que “no es una persona, mucho menos en el rango que hoy ocupa Padrino López, quien puede determinar eso, por el contrario, es el pueblo de Venezuela”.

AN declara a Canaima en estado de grave emergencia ambiental
Diputados denunciarán ante la ONU y la Unesco sobre el riesgo de daño ambiental que amenaza los recursos naturales del Parque Nacional

La Asamblea Nacional (AN) aprobó un proyecto de acuerdo en el cual se declara al Parque Nacional Canaima en estado de “gravísima emergencia ambiental”, por la política extractivista de oro impulsadas por la administración de Nicolás Maduro.

La diputada María Gabriela Hernández (PJ-Monagas) explicó que otro punto aprobado en el Proyecto de Acuerdo es el de notificar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unesco, sobre el riesgo de daño ambiental que amenaza los recursos naturales del Parque.

La idea, según la diputada de la AN, es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lleve adelante investigaciones y exigir, por las vías institucionales, el cese de la explotación minera en Canaima, sus adyacencias y cualquier otra Área Natural Protegida del país. 

Hernández señaló que el Acuerdo insta a promover junto a la UICN la constitución de una comisión técnica, integrada por representantes de instituciones académicas nacionales y organizaciones internacionales, para que hagan una evaluación de los impactos provocados por la minería en Canaima y se establezcan mecanismos técnicos y financieros para su recuperación y preservación. 

En el Acuerdo también se exhorta a presentar ante las instancias nacionales e internacionales, estas denuncias con el fin de establecer y sancionar los delitos contra los Derechos Humanos y los de carácter ambiental, derivados de la actividad minera en el Parque Nacional Canaima. 

La diputada de la AN señaló que se deben hacer todas las gestiones ante la ONU para excluir a Venezuela del sistema de certificación para el comercio internacional de los diamantes en bruto, llamada Certificación Kimberley, ya que este tipo de negocio con diamantes, contribuye al financiamiento de la administración de Nicolás Maduro.

“Hoy Canaima es testigo de la perversidad y criminalidad del régimen de Maduro, la política extractiva, corrupta y destructiva enmarcada en el Arco Minero del Orinoco no fueron suficiente y ha sido expandida a los Parques Nacionales”, agregó la parlamentaria.

Por los Derechos Humanos

Igualmente los diputados de la AN aprobaron en primera discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

La diputada Delsa Solórzano señaló que este es un hecho histórico para el país, “porque representa una muestra de lo que debe ser el jefe de un Estado que está muy claro y consciente, para lo primero que hay que hacer, que es cumplir la ley y lo segundo respetar los derechos de cada uno de los venezolanos “.

Indicó que en Venezuela se violan los derechos humanos todo el tiempo, no se cuentan con los servicios públicos básicos. “No tenemos agua, luz, seguridad, derecho a la salud, no hay respeto a la vida, a la alimentación y a la identidad. Además, si la gente protestas por todas estas necesidades lo ponen preso y lo torturan”.

Solórzano también planteó la pertinencia de la aprobación de esta ley al cumplirse un año de la primera visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Recordó que luego de ese viaje presentó un informe con una serie de recomendaciones, que no se han cumplido. 

“La semana pasada se emitió otro informe de la Alta Comisionada donde reitera que en Venezuela se siguen violando los DDHH, destacamos que está próximo a salir otro informe”, agregó.

Igualmente la diputada Mauligmer Baloa (UNT-Amazonas) señaló que en el país se siguen violando los Derechos Humanos. “Queremos destacar los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidos por los miembros de las FAES, solo en julio del 2019 se identificaron 57 casos de presuntas ejecuciones”.

Baloa denunció que también hay una violación de DDHH en contra de los presos políticos, y también contra los médicos y personal de salud que ha denunciado la situación de los hospitales, ante la pandemia del COVID-19.