ONG denunciaron en el marco del 189 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los defensores de derechos humanos en Venezuela
En la audiencia “Situación de las personas defensoras de derechos humanos”, miembros de FundaRedes, Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y Familia S.O.S Libertad, coincidieron en un patrón de hostigamiento contra activistas.
“Vemos la existencia de una política sistemática estatal de represión de los defensores de Derechos Humanos”, dijo el Comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido.
Representantes de ONG en Venezuela colocaron como ejemplo de la política de hostigamiento la reciente detención de la presidente de Control Ciudadano, Rocío San Miguel y del director de FundaRedes, Javier Tarazona, próximo a cumplir 1.000 días encarcelado.
“Los defensores de los Derechos Humanos en Venezuela han enfrentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y allanamientos ilegales en sus domicilios y sedes”, dijo Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza.
Diamanti aseveró que a las ONG se les han “fabricado pruebas falsas para respaldar acusaciones infundadas en contra de sus miembros”.
El fundador de Un Mundo Sin Mordaza indicó que el chavismo hace uso de las instituciones del Estado en complicidad con el sistema de justicia.
“Exigimos el cese inmediato de la persecución política en Venezuela dirigida hacia aquellos que expresan opiniones divergentes, en especial, hacia los defensores de los Derechos Humanos”, indicó Diamanti.
Además, solicitó el respaldo de la comunidad internacional para asegurar la liberación de activistas como Javier Tarazona, Rocío San Miguel y otros presos políticos: “Es esencial brindarles la solidaridad necesaria para restaurar la justicia y proteger el ejercicio legítimo de sus funciones en pro de la dignidad humana”.
Estandarte de las ONG presa política
A juicio de Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela la detención de Rocío San Miguel es un ejemplo de las adversidades a las que se enfrentan quienes luchan por los derechos fundamentales en Venezuela.
“A pesar de su compromiso con la transparencia y la justicia, esta se convirtió en blanco de represalias por parte del régimen venezolano”.
Dávila condenó la aprehensión de la activista sucedida el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
“Este castigo ejemplarizante, anunciado en cadena nacional bajo el título de Furia Bolivariana, no solo ha afectado a Rocío (San Miguel), sino también a su familia, que ha sido detenida arbitrariamente. La situación ilustra claramente el patrón de persecución que experimentan los defensores de Derechos Humanos en Venezuela”.
Por su parte, Clara Ramírez, directora (encargada) de la FundaRedes aclaró que las medidas de protección cautelares emitidas por la CIDH a defensores de DDHH han resultado insuficientes.
“En el año 2020, previo a la detención de Javier Tarazona, la CIDH otorgó medidas cautelares debido a que había sido víctima de amenazas y actos de amedrentamiento. Sin embargo, el Estado hizo caso omiso a este resultado y aún permanece detenido”, denunció.
Igualmente Franklin Caldera, coordinador del Comité de Víctimas Familia S.O.S. Libertad, denunció que ha sido víctima de amenazas por parte de agentes de seguridad del Estado y, por tal razón, el pasado 20 de julio de 2023 recibió una medida cautelar de protección por parte de la CIDH.
