En Venezuela no se habla del aborto

“Decidí interrumpir mi embarazo porque no tenía estabilidad mental ni económica. Sentí temor, pero después entendí que era mi derecho decidir sobre mi cuerpo”, así comienza la historia de Aracely*, una joven que quedó embarazada en Venezuela, uno de los países más restrictivos en temas de derechos sexuales y reproductivos de la región. 

Probablemente, Aracely no tenía idea de los riesgos de su decisión. Más allá del aspecto legal, cuando se trata de interrumpir un embarazo, las mujeres que toman la decisión consideran cualquier medio, aunque pueda poner en riesgo su seguridad  y hasta su propia vida. Al hablar de  los derechos de las mujeres en Venezuela, los sexuales y reproductivos parecen estar en el último eslabón.

De acuerdo a datos del informe ‘Mujeres al límite’, de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), publicado en el 2019, el aborto es la tercera causa más frecuente de muerte en mujeres. Se trata de una realidad que poco se conoce debido a la falta de datos oficiales, los cuales no son publicados desde 2018. 

El aborto es “una realidad” 

Josefina*, una activista feminista y especialista en salud sexual y reproductiva, explica que desde una perspectiva de salud pública, sería más fácil que no exista la restricción del aborto y se le pueda proveer a todas las personas los servicios y la información adecuada para su interrupción. 

“La interrupción voluntaria del embarazo es una realidad y más en medio de la situación que vivimos de emergencia humanitaria compleja. Va más allá de un deseo de querer ser madre o no, hay otras realidades que no se atienden, como los abusos y violencias sexuales en los espacios familiares, principalmente”, indica. 

Expresa que cuando una mujer es abusada y queda embarazada, el Estado las deja en una situación de desamparo. “Plantean que la solución es que paran y lo den en adopción, sin tomar en cuenta que un embarazo lleva un proceso mental, físico y emocional complejo. Y cuando hablamos de las niñas es más difícil, yo no creo que tengan que pasar por esto y la realidad es que no existen políticas públicas para esto”. 

Insiste que la solución no debe ser obligar a las personas a parir, lo cual representa una clara violación a sus derechos. “La interrupción voluntaria del embarazo es parte de los derechos sexuales y reproductivos y eso no lo podemos olvidar. Al Estado se le ha hecho distintos llamados para que revisen su legislación sobre el tema, pero ha hecho caso omiso”, apuntó. 

¿Y el protocolo de emergencia obstétrica? 

“En los centros públicos adonde van las mujeres racializadas, mujeres empobrecidas, muchas de ellas abandonadas por sus parejas, cuando van a estos centros hospitalarios son víctimas de violencia, aunque existe un protocolo por emergencias posaborto, no existe mucha información al respecto y no están educados sobre el tema”, afirma la especialista en salud sexual y reproductiva.

Josefina* hace referencia al protocolo de atención de cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia, el cual fue publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en diciembre 2013. 

En el mismo, se indica la atención integral postaborto la cual “se refiere al tratamiento de la condición por parte del personal de salud centrado en las necesidades de la paciente con enfoque de derechos humanos y calidad de atención”, ya que se entiende que los abortos pueden ser inducidos o no. 

La abogada especialista en género, Roxana Vivas, agrega que en el capítulo tres y cuatro del protocolo “se señala el aborto y su atención, además posee dos capítulos destinados especialmente a situaciones ocurridas posaborto y las fases a seguir”. 

Este protocolo es poco recordado y muchas mujeres corren el riesgo de ser criminalizadas si informan que están atravesando por este proceso. 

“He atendido casos de abortos espontáneos y aunque la víctima se siente culpable, en los hospitales son tratadas de forma horrible. Usan sus dedos tratando de buscar la pastilla abortiva en sus genitales o en su boca, a pesar de que la persona diga mil veces que fue un aborto espontáneo”, cuenta Josefina*, quien también es acompañante de mujeres que deciden interrumpir su embarazo. 

Los grupos feministas venezolanos insisten que las leyes deben cambiar y también deben existir políticas para garantizar la educación en temas de salud sexual y reproductiva. 

#Venezuela. Este 28 de septiembre, día de acción global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, nos manifestamos como miles de mujeres en el mundo y en América Latina por el derecho a decidir.

📢 Nos sobran las razones en #Venezuela para luchar por nuestros derechos. pic.twitter.com/vI55AESQS5

— Pan y Rosas Venezuela (@PanyRosas_Ven) September 28, 2024

“A Venezuela le sigue faltando mucho para poder tener un marco legal que proteja la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo, contamos con la importancia de informar sobre la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en la que se incluye el aborto y además con atención postaborto, eso debe ser visibilizado”, comunica Vivas. 

Mi cuerpo, mi delito

La decisión que tomó Aracely tiene consecuencias penales. El Código Penal de Venezuela, que data de 1915 (con una última reforma en el 2005), tipifica el aborto como un delito. Solo es permitido cuando compromete la vida de la madre, pero no existe un manual o procedimiento claro que explique este estatuto.  Establece que “no incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”. 

En este documento, a la persona gestante se le considera “parturienta”, lo que también podría indicar que es legal solo si ocurre en el acto. Como explicó Selene Soto Rodríguez, especialista en derechos humanos y género, en la conferencia organizada por ‘Encuentros Feministas’. 

Lo que sí está claro es que si una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, la ley está lista para castigar. El artículo 432 del Código Penal establece: “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”. 

Sin embargo, que esté penalizado no significa que las mujeres no recurran a él, Amnistía Internacional estimó que, en el año 2019, se realizaban alrededor de 15 abortos por día en el país, más de dos mil en el año.  El acceso al aborto legal y sin riesgos es un derecho humano, como lo estipula la Organización de las Naciones Unidas, aunque las leyes venezolanas están lejos de reconocerlo. 

Aracely* cuenta que investigó mucho antes de interrumpir su embarazo y sabía que no tenía otra opción que hacerlo en casa. En ese momento, tenía ocho semanas de gestación y se arriesgó, pese a saber que podía ser complicado y eso representaba un riesgo para su salud.  

El aborto debe ser “asistido por alguien” 

Entre las directrices de la OMS para un “aborto seguro” se establece que debe ser “asistido por alguien con la información o las cualificaciones necesarias, es un procedimiento sencillo y extremadamente seguro”. 

También recomiendan garantizar el acceso a las píldoras abortivas con fines médicos y “asegurarse de que todas las mujeres y niñas puedan acceder a la información precisa sobre la atención que necesiten”.

“Tenía mucho miedo. Después me sentí muy triste y pasé un tiempo lamentando mi decisión, pero entendí que era lo mejor y lo más responsable. Estamos hablando de una vida más, y no quería que pasara penurias. Aunque dicen que un bebé viene con un pan bajo el brazo, eso no es así. Hay que pensar en la estabilidad financiera que da la oportunidad de proveer al bebé, para cubrir todas sus necesidades”, expresa. 

Toda la información que necesitaba la encontró en Internet y aunque temía que algo saliera mal, siempre pensó que traer un bebé al mundo no era una opción o, por lo menos, en ese momento de su vida no. 

“Por la familia original”

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Venezuela no solo está penalizada por la ley, a nivel social también. Existen grupos religiosos que mantiene su postura publica contra el aborto y de la Educación Sexual Integral (ESI). 

Un ejemplo es ‘Por La Familia Venezolana’, cuya cuenta en Instagram alcanza 48 000 seguidores. En el 2023, su líder, Linda de Márquez, introdujo un documento en el Ministerio de Educación para que “el programa de la ESI sea erradicado del sistema educativo”. De Márquez le dijo a los periodistas que la petición estaba firmada por más de 10 000 personas. 

“Todo lo contenido en la bibliografía sobre ideología de género que también sea erradicado y estamos proponiendo un programa educativo que se llama ‘Aprendiendo a querer’ que aborda el tema de la sexualidad, pero desde la biología y enfocado en valores ciudadanos”, expresó. 

El grupo está en contra de la despenalización del aborto y consideran que los grupos feministas utilizan ese argumento “para vender”. Tampoco están de acuerdo con la legalización del matrimonio igualitario ni con el cambio de identidad de las personas trans. 

#VenezuelaDiceNoAlAborto pic.twitter.com/Vm4rwrID6d

— Por La Familia Venezolana (@porlafamiliaven) July 27, 2023

¿Y los otros países de la región? 

El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible en América Latina. Este día ha servido para que algunos países de la región tomen cartas en el asunto y avancen en legislaciones que favorezcan la autonomía corporal de las mujeres. 

Dos ejemplos cercanos son Argentina, en el 2020, y Colombia, en el 2022. En Colombia es legal la interrupción del embarazo hasta la semana 24, siendo el marco más avanzado de la región. 

Laura Camila Bernate Ramos, miembro de la colectiva feminista Jacarandas, especificó en el evento virtual de ‘Encuentros Feministas’, que la organización maneja varias líneas de atención para ayudar a mujeres y personas trans o no binarias que desean interrumpir su embarazo. 

La línea de atención está dedicada a ser la experiencia más cómoda y segura. “En Colombia está tipificado que el aborto es un tema de salud pública. Es decir, cualquier mujer o persona que desee abortar puede asistir a un hospital público y es una obligación que sea atendida. En nuestra línea, solo ayudamos a dar a conocer a estas personas cuáles son los centros de salud más amables y sensibilizados con el tema”. 

Además, indicó que en caso de los niños, niñas y adolescentes, estos tienen los mismos derechos, no necesitan permiso ni acompañamiento para tomar la decisión. 

En Argentina se despenalizó en el 2020

En Argentina se despenalizó el aborto en el 2020 y en el 2021 entró en vigencia la ley, representando una lucha de años. Es legal hasta la semana 14. 

“La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Es de aplicación obligatoria en todo el país”, establecen las leyes del país. 

Sin embargo, en este último año, se ha observado un retroceso en la materia. Alejandra Iriarte, abogada feminista y especialista en temas de derechos sexuales y reproductivos en Argentina, dijo en ‘Encuentros Feministas’ que desde que inició el periodo presidencial de Javier Milei se ha observado un recorte de presupuesto para atender el tema en las provincias. 

“También se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual era encargado de velar el cumplimiento de estas normativas”, informa. 

En otros países como Uruguay y Cuba, el aborto también está despenalizado en todas sus formas, pero hasta la semana 12. 

En México el aborto es legal, seguro y gratuito a nivel federal durante las primeras etapas del embarazo, y a nivel estadal, en Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Sinaloa y Puebla, el aborto es legal hasta la semana 12, sin importar la razón detrás.

Sin embargo, al igual que en Argentina, existen fuerzas políticas en Aguascalientes que abogan por un retroceso en los derechos reproductivos. Julia Anguiano, de la organización ‘Morras Help Morras’, que desempeñó un papel clave en la despenalización del aborto en el estado a través de un amparo, expresó su preocupación durante el “Encuentro Feminista”.

Recientemente, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal que limita el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a un plazo de seis semanas, lo cual contraviene la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, que establece un límite de doce semanas.

En Brasil, se permite el aborto solo en casos de violación y si existe un riesgo evidente para la salud de la persona embarazada o si el feto no tiene un cerebro funcional. 

En Paraguay, Costa Rica, Perú y Guatemala, al igual que en Venezuela, solo es legal si se compromete la vida de la parturienta y las mujeres que decidan interrumpir su embarazo pueden ser encarceladas. 

Sin embargo, hay otros países con leyes más restrictivas: en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto es ilegal en todas sus formas. 

Datos sobre el aborto 

Pese a las restricciones, hay datos que respaldan que despenalizar el aborto disminuye la mortalidad materna. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en países donde la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es legal, esta es más baja y se puede reducir a 30 %. 

De acuerdo con datos de la OMS, la penalización del aborto no reduce los casos
pero sí aumenta los riesgos para las mujeres pic.twitter.com/63Kc7s5Oap

— pictoline (@pictoline) August 4, 2017

En Argentina, antes de la legalización del aborto, se estimaba que se producían 500 000 abortos, lo que representa aproximadamente el 40% de todos los embarazos. Tras la promulgación de la ley, se producen alrededor de 33 por cada 1000  mujeres en edad reproductiva

En el 2022, no se registró ninguna muerte por abortos inseguros en la provincia de Buenos Aires, una mejora que se le atribuye a la aprobación de la IVE. 

En Ciudad de México, en donde el aborto es legal desde el 2007, los datos de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), arrojaron que “si la despenalización del aborto no se hubiera aprobado, la mortalidad materna habría sido aproximadamente 9.5 veces más alta por cada 100 mil nacimientos de adolescentes. Esto equivale a una disminución promedio del 20% en la tasa de mortalidad materna de adolescentes en esta entidad después de la reforma”.

Las cifras en Colombia arrojan resultados similares. Antes de la despenalización, en ese país se practicaban alrededor de 400 000l abortos, de los cuales, menos del 10 % eran seguros, de acuerdo a lo que indica Amnistía Internacional. 

Ahora, con la ley más amplia en América Latina, en el país, todos los centros de salud tienen el deber de proveer asistencia en casos de interrupción voluntaria del embarazo y de forma gratuita. 

*Algunos nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las fuentes.