El 16 de noviembre de 2021 un contingente de aproximadamente 30 sujetos vestidos de negro irrumpió en el hogar de Orlando Laufer sin orden judicial, destrozando la puerta y llevándoselo sin explicaciones. Todo esto frente al menor de sus seis hijos, que en aquel momento tenía 11 años de edad.
Desde entonces, ha sido arrastrado por un torbellino judicial acusado de delitos como traición a la patria, terrorismo, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, entre otros, tras ser vinculado a la llamada “Operación Gedeón II”.
Su esposa, María Alejandra Chuecos, recuerda con horror ese día, una situación de angustia que también la alcanzó a ella como víctima. “Se lo llevaron sin decir nada, luego me llevaron a mí en condición de testigo y me tuvieron retenida por tres días sin derecho a llamada, prácticamente me secuestraron esos tres días”, relata.
Hoy, tras más de cuatro años de detención, el caso de Laufer es el vivo retrato del retardo procesal en Venezuela: ha tenido apenas tres audiencias, un cambio de juez y sigue a la espera de un juicio que no inicia.
A todo ese limbo legal se suma la reciente negación de una amnistía y de medidas humanitarias, a pesar de que su diagnóstico como paciente oncológico de la tercera edad, con 70 años, convierte su permanencia en prisión en una condena a muerte anticipada.
La Operación Gedeón, en la cual se le involucra, fue una presunta incursión marítima fallida ocurrida en mayo de 2020 con el objetivo declarado de deponer al gobierno de Nicolás Maduro. Laufer forma parte de las decenas de personas detenidas en redadas posteriores (Gedeón II). Su familia ha declarado en numerosas ocasiones que no existen pruebas que lo vinculen a este hecho.
De vuelta al ruleteo con un traslado arbitrario
Después de ser detenido, Laufer fue recluido en el centro de detención en La Yaguara, donde estuvo aproximadamente un año hasta que lo pasaron a Yare 2. Finalmente, debido a su comprometido estado de salud, lo llevaron al Centro de Formación para Hombres Nuevos “Simón Bolívar”, anteriormente conocido como la cárcel de La Planta en El Paraíso, Caracas.
A mediados de marzo de 2026, María Alejandra Chuecos denunció con preocupación que su esposo fue trasladado arbitrariamente a otro centro de reclusión. Esto sin notificarle el motivo ni a qué recinto había sido llevado.
“Este último traslado fue arbitrario, ya que estaba en tratamiento médico. Estábamos esperando que lo llevaran al Hospital Militar para empezar sus exámenes para la operación y sin ningún conocimiento lo trasladaron al Fuerte Guaicaipuro. Estuvo prácticamente desaparecido porque no me querían decir dónde estaba”, relató Chuecos en entrevista con Runrun.es.
Fue gracias a la viralización de su denuncia y los medios de comunicación que le informaron que Laufer está ahora en el Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentran los 32 detenidos por la Operación Gedeón en condiciones de reclusión precarias.
Un Estado que incumple su propia legislación
La legislación venezolana es clara, pero en el caso de Orlando Laufer, los artículos del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) parecen ser letra muerta. A pesar de que tiene 70 años y es un paciente oncológico con una condición de salud crítica, el Estado lo mantiene privado de libertad incumpliendo sus propias leyes.
El artículo 231 del COPP establece que no se puede decretar la privación judicial preventiva a personas mayores de 70 años, algo que ha sido incumplido en el caso del señor Orlando Laufer, detenido en noviembre de 2021 al ser vinculado en la “Operación Gedeón”.
A su vez, el artículo 491 señala que debe proceder la libertad condicional para aquellos reclusos que padecen enfermedades graves o en fase terminal, con previo diagnóstico. La esposa de Laufer ha denunciado en constantes ocasiones que la salud del detenido se está deteriorando en prisión.
El director vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, alertó el pasado 9 de abril que 11 presos políticos son personas de la tercera edad y pidió que se les concedan medidas cautelares, o en su defecto, prisión domiciliaria, basado en los artículos mencionados previamente.
Un estado de salud crítico
La situación médica de Orlando Laufer no es solo una falta de medicación; es un cuadro clínico complejo que combina un diagnóstico oncológico con un riesgo neurológico mortal.
María Alejandra Chuecos explica que su esposo requiere con urgencia marcadores tumorales y exámenes de radiología para determinar el avance de su cáncer. De estos resultados depende si debe someterse a quimioterapia o radioterapia. “No se ha podido lograr eso. El examen tuvimos que hacerlo de forma privada porque en el Hospital Militar nunca ocurrió, a pesar de que indicaron que lo harían”, relata.
A través de una resonancia magnética costeada por la familia, se confirmó el crecimiento de un tumor en la base del cerebelo. “Es bastante delicado porque es una vena que, si se revienta, puede pasar lo peor. Lo ideal es operarse, pero quedamos a la espera tras su traslado arbitrario”, amplió.
En su centro de reclusión anterior, Laufer contaba con directrices que permitían el ingreso de comida diaria acorde con su patología. Tras su traslado al Fuerte Guaicaipuro, este beneficio desapareció. “Ahora no recibe absolutamente nada”, denuncia su esposa.
En la última visita que pudo hacerle en el Fuerte Guaicaipuro, Chuecos constató que Laufer está bajo de peso, pálido y con una temperatura corporal inusualmente fría.
“Me indicó que tuvo un episodio: sangró un poco, se sintió mal, se desmayó. Lo atendió alguien del personal médico y solo le dijo: ‘No, ya tú estás bien’. Para ellos es como si no existieran en cuanto a la salud. Solo gestionan cuando ya es una emergencia al 100%”, cuestionó.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), recordó el pasado mes de marzo que el Estado venezolano “tiene el deber de brindar atención médica especializada a las personas privadas de libertad y garantizar el debido proceso”, haciendo mención al caso de Laufer.
“Usan esta herramienta para torturar a los presos políticos y a sus familiares. Postergar la atención hospitalaria ha derivado en daños irreversibles para la salud de los detenidos y hasta han ocurrido muertes bajo custodia que pudieron evitarse”, denunció la organización.
“Ha sido un golpe muy fuerte y es muy agotador, tanto emocionalmente como psicológicamente. Pero bueno, seguimos en la lucha con la esperanza de que esté en libertad”, cierra María Alejandra Chuecos al denunciar la situación de su esposo.
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