«Seguimos presos dentro del país»: la opacidad judicial de los excarcelados políticos

Por una tarde, el Pizpa Comedy Club de Caracas dejó las risas de lado. Se convirtió en la palestra para 25 personas que fueron presos políticos en Venezuela obtuvieran un título como defensores de derechos humanos.

El 22 de septiembre la ONG Defiende Venezuela celebró la graduación de la quinta cohorte del taller «Transforma», de esta veintena de familiares de presos políticos y de personas detenidas arbitrariamente. Ya tenían la práctica de exigir justicia ante un gobierno autoritario. Ahora tienen una formación pedagógica que los respaldaba.

Aunque la mayoría de esas 25 personas han sido excarceladas desde que salió en vigencia la Ley de Amnistía en Venezuela, en febrero de 2026, muchos aún no tienen acceso a su expediente judicial o deben ir regularmente a Tribunales para presentarse ante la corte.

«Hay algo que no podemos olvidar: muchos de quienes llamamos liberados todavía no son completamente libres. Continúan sometidos a medidas de presentaciones ante las autoridades. Porque salir de la cárcel no necesariamente significa estar bien», recalcó Víctor Rocha Laporta, psicólogo y profesor del taller. «Defender los derechos humanos no termina cuando alguien sale de la cárcel. También significa ayudar a reconstruir la vida que quedó después».

Distintas historias, una misma opacidad judicial

Kennedy Tejeda celebra una segunda graduación relacionada a la justicia. La primera fue en diciembre de 2023 como abogado de la Universidad de Carabobo. Luego, como miembro de la ONG Foro Penal, lo detuvieron arbitrariamente en agosto de 2024. Estuvo un año y medio retenido entre la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de la ciudad de Valencia (Carabobo) y en la cárcel de Tocorón.

Fue el 25 de enero de 2026, cuando él cumplió 26 años, que el Gobierno interino de Venezuela lo excarceló.

«Una vez que salió la Ley de Amnistía fue tramitado el sobreseimiento de mi causa. Sin embargo, el problema es que, hasta el día de hoy, no he podido ver mi expediente. Hasta el día de hoy ni siquiera he podido saber realmente qué es lo que contiene. No sé cuál es el motivo por el que he estado encerrado y necesito tener acceso a eso», afirmó a Tejeda a Runrun.es.

Desde su experiencia como abogado en Foro Penal, Tejeda afirmó que casi todas las personas excarceladas desde diciembre de 2025. Hasta ahora, las organizaciones de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha registrado más de 95 excarcelaciones entre agosto y septiembre de 2026. Aún así, se estima que hay al menos 324 presos políticos que siguen tras las rejas, según Foro Penal.

«He hecho la petición más de seis veces, cada vez que vengo para Caracas, pero se me ha negado. Cada vez que solicito en la fiscalía 58 nacional me dicen que tampoco tienen el expediente, y me dicen que el tribunal lo tiene. Y cada vez que voy al Tribunal primero con competencia en terrorismo, me dice que lo tiene fiscalía. No permiten ver nada, absolutamente nada», denunció Tejeda. «Hasta que no exista un cambio político y judicial, [los excarcelados] seguimos presos dentro del país».

Un retardo procesal perenne

Para la familia Cariel la justicia no ha sido plena. Después de que excarcelaran a Jecson Ricardo Cariel el pasado 10 de julio de 2026, el Tribunal Tercero de Terrorismo lo mantiene en un régimen de presentación cada 30 días y la continuación de su juicio cada 15 días.

«Lo liberaron un viernes, y ya el lunes tenía que empezar a presentarse», recordó Jean Carlos Cariel, su hermano. «Las audiencias han sido un diferimiento tras diferimiento. Él está con la jueza Alejandra Romero, y ella está abocada más que todo a los casos de PDVSA Crypto y y Brazalete Blanco [otros casos donde existen presos políticos]», denunció.

El retardo procesal es una vulneración que la familia Cariel está acostumbrada a experimentar. A Jecson Ricardo lo detuvieron arbitrariamente el 5 de agosto de 2022, pero no fue hasta enero de 2024 que tuvo su primera audiencia ante un juez en el Tribunal 29 de Terrorismo. Hasta la fecha, Jecson no tiene acceso al expediente judicial de su caso.

Jean Carlos enfatizó que su hermano Jecson Ricardo solo tiene «15 días operativos» para buscar trabajo. Enfatizó que son los espacios como el taller Transforma donde los familiares de los presos políticos y los excarcelados políticos han conseguido apoyo emocional y las bases teóricas para exigir una reparación completa de sus derechos humanos.

«Mi hermano, al salir de la cárcel, se ha adbocado mucho al trabajo con los expresos políticos, sobre todo para los compañeros que, como él, están operando en libertad, que son solamente excarcelados. Son muy contados los compañeros que han salido con medidas plenas de libertad», recalcó Jean Carlos.

Redes de apoyo

A Blanca Guerrero la excarcelaron en febrero de 2026. Si bien le dieron un sobreseimiento de su caso, ella afirma que ni ella ni su defensa tiene acceso a su expediente.

«Primero teníamos un régimen de presentación: teníamos que ir cada 15 días a tribunales. Como mi familia vivie en Barquisimeto, debíamos viajar todas las veces a Caracas, ya que los tribunales de terrorismo se encuentran en la capital», relató Guerrero. «Estuvimos así hasta que me aprobaron el sobreseimiento según la Ley de Amnistía. El proceso me indignó mucho porque metimos la solicitud el 22 de febrero [dos días después de que se aprobara la ley], me dieron una respuesta el 16 de abril y, al ver el documento, el sobreseimiento tenía efecto desde el 23 de febrero y nunca nos lo dijeron».

Para Guerrero, «esta es otra de las formas con la que el Gobierno hace daño». Por eso, ve una importancia en seguir en la lucha por los derechos humanos.

«El que nos den una boleta de excarcelación no significa que estamos en libertad en ese momento. Yo pienso que comenzamos otro otro proceso que no es la cárcel: sigues preso de muchas cosas, de muchos sentimientos, de muchos momentos. Por lo menos a mí al principio me daban muchos ataques de pánico, sentía que estaban abriendo la puerta de la casa otra vez. Viví eso por muchos días y así le pasó también a uno de mis hijos», comentó.

Hasta ahora, la ONG Defiende Venezuela denunció que no existen mecanismos para acompañar a las personas excarceladas en su reparación, desde lo judicial hasta lo psicológico. Por ello, planean seguir con talleres como «Transforma», para que las víctimas del chavismo puedan encontrar un espacio de acompañamiento entre ellas y con profesionales del derecho y la salud mental.

«Yo seguiré protestanto, hasta que los más de 400 presos políticos sean liberados», exclamó Guerrero. «Siguen las persecuciones, sigue la vulneración al debido proceso. Hay muchas familias que no denuncian todavía porque tienen miedo, y quiero ser esa voz. Con seguridad te digo que hay más de 700 personas tras las rejas como presos políticos. Hasta que no salgamos de todo esto no vamos a poder este decir que estamos realmente libres», dijo Guerrero.

Kennedy Tejeda, abogado de Foro Penal y expreso político, afirmó que casi todas las personas excarceladas en Venezuela por motivos políticos no tienen acceso a su expediente judicial
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Por una tarde, el Pizpa Comedy Club de Caracas dejó las risas de lado. Se convirtió en la palestra para 25 personas que fueron presos políticos en Venezuela obtuvieran un título como defensores de derechos humanos.

El 22 de septiembre la ONG Defiende Venezuela celebró la graduación de la quinta cohorte del taller «Transforma», de esta veintena de familiares de presos políticos y de personas detenidas arbitrariamente. Ya tenían la práctica de exigir justicia ante un gobierno autoritario. Ahora tienen una formación pedagógica que los respaldaba.

Aunque la mayoría de esas 25 personas han sido excarceladas desde que salió en vigencia la Ley de Amnistía en Venezuela, en febrero de 2026, muchos aún no tienen acceso a su expediente judicial o deben ir regularmente a Tribunales para presentarse ante la corte.

«Hay algo que no podemos olvidar: muchos de quienes llamamos liberados todavía no son completamente libres. Continúan sometidos a medidas de presentaciones ante las autoridades. Porque salir de la cárcel no necesariamente significa estar bien», recalcó Víctor Rocha Laporta, psicólogo y profesor del taller. «Defender los derechos humanos no termina cuando alguien sale de la cárcel. También significa ayudar a reconstruir la vida que quedó después».

Distintas historias, una misma opacidad judicial

Kennedy Tejeda celebra una segunda graduación relacionada a la justicia. La primera fue en diciembre de 2023 como abogado de la Universidad de Carabobo. Luego, como miembro de la ONG Foro Penal, lo detuvieron arbitrariamente en agosto de 2024. Estuvo un año y medio retenido entre la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de la ciudad de Valencia (Carabobo) y en la cárcel de Tocorón.

Fue el 25 de enero de 2026, cuando él cumplió 26 años, que el Gobierno interino de Venezuela lo excarceló.

«Una vez que salió la Ley de Amnistía fue tramitado el sobreseimiento de mi causa. Sin embargo, el problema es que, hasta el día de hoy, no he podido ver mi expediente. Hasta el día de hoy ni siquiera he podido saber realmente qué es lo que contiene. No sé cuál es el motivo por el que he estado encerrado y necesito tener acceso a eso», afirmó a Tejeda a Runrun.es.

Desde su experiencia como abogado en Foro Penal, Tejeda afirmó que casi todas las personas excarceladas desde diciembre de 2025. Hasta ahora, las organizaciones de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha registrado más de 95 excarcelaciones entre agosto y septiembre de 2026. Aún así, se estima que hay al menos 324 presos políticos que siguen tras las rejas, según Foro Penal.

«He hecho la petición más de seis veces, cada vez que vengo para Caracas, pero se me ha negado. Cada vez que solicito en la fiscalía 58 nacional me dicen que tampoco tienen el expediente, y me dicen que el tribunal lo tiene. Y cada vez que voy al Tribunal primero con competencia en terrorismo, me dice que lo tiene fiscalía. No permiten ver nada, absolutamente nada», denunció Tejeda. «Hasta que no exista un cambio político y judicial, [los excarcelados] seguimos presos dentro del país».

Un retardo procesal perenne

Para la familia Cariel la justicia no ha sido plena. Después de que excarcelaran a Jecson Ricardo Cariel el pasado 10 de julio de 2026, el Tribunal Tercero de Terrorismo lo mantiene en un régimen de presentación cada 30 días y la continuación de su juicio cada 15 días.

«Lo liberaron un viernes, y ya el lunes tenía que empezar a presentarse», recordó Jean Carlos Cariel, su hermano. «Las audiencias han sido un diferimiento tras diferimiento. Él está con la jueza Alejandra Romero, y ella está abocada más que todo a los casos de PDVSA Crypto y y Brazalete Blanco [otros casos donde existen presos políticos]», denunció.

El retardo procesal es una vulneración que la familia Cariel está acostumbrada a experimentar. A Jecson Ricardo lo detuvieron arbitrariamente el 5 de agosto de 2022, pero no fue hasta enero de 2024 que tuvo su primera audiencia ante un juez en el Tribunal 29 de Terrorismo. Hasta la fecha, Jecson no tiene acceso al expediente judicial de su caso.

Jean Carlos enfatizó que su hermano Jecson Ricardo solo tiene «15 días operativos» para buscar trabajo. Enfatizó que son los espacios como el taller Transforma donde los familiares de los presos políticos y los excarcelados políticos han conseguido apoyo emocional y las bases teóricas para exigir una reparación completa de sus derechos humanos.

«Mi hermano, al salir de la cárcel, se ha adbocado mucho al trabajo con los expresos políticos, sobre todo para los compañeros que, como él, están operando en libertad, que son solamente excarcelados. Son muy contados los compañeros que han salido con medidas plenas de libertad», recalcó Jean Carlos.

Redes de apoyo

A Blanca Guerrero la excarcelaron en febrero de 2026. Si bien le dieron un sobreseimiento de su caso, ella afirma que ni ella ni su defensa tiene acceso a su expediente.

«Primero teníamos un régimen de presentación: teníamos que ir cada 15 días a tribunales. Como mi familia vivie en Barquisimeto, debíamos viajar todas las veces a Caracas, ya que los tribunales de terrorismo se encuentran en la capital», relató Guerrero. «Estuvimos así hasta que me aprobaron el sobreseimiento según la Ley de Amnistía. El proceso me indignó mucho porque metimos la solicitud el 22 de febrero [dos días después de que se aprobara la ley], me dieron una respuesta el 16 de abril y, al ver el documento, el sobreseimiento tenía efecto desde el 23 de febrero y nunca nos lo dijeron».

Para Guerrero, «esta es otra de las formas con la que el Gobierno hace daño». Por eso, ve una importancia en seguir en la lucha por los derechos humanos.

«El que nos den una boleta de excarcelación no significa que estamos en libertad en ese momento. Yo pienso que comenzamos otro otro proceso que no es la cárcel: sigues preso de muchas cosas, de muchos sentimientos, de muchos momentos. Por lo menos a mí al principio me daban muchos ataques de pánico, sentía que estaban abriendo la puerta de la casa otra vez. Viví eso por muchos días y así le pasó también a uno de mis hijos», comentó.

Hasta ahora, la ONG Defiende Venezuela denunció que no existen mecanismos para acompañar a las personas excarceladas en su reparación, desde lo judicial hasta lo psicológico. Por ello, planean seguir con talleres como «Transforma», para que las víctimas del chavismo puedan encontrar un espacio de acompañamiento entre ellas y con profesionales del derecho y la salud mental.

«Yo seguiré protestanto, hasta que los más de 400 presos políticos sean liberados», exclamó Guerrero. «Siguen las persecuciones, sigue la vulneración al debido proceso. Hay muchas familias que no denuncian todavía porque tienen miedo, y quiero ser esa voz. Con seguridad te digo que hay más de 700 personas tras las rejas como presos políticos. Hasta que no salgamos de todo esto no vamos a poder este decir que estamos realmente libres», dijo Guerrero.

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