El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) propuso siete reformas estructurales para garantizar la libertad de prensa en Venezuela.
La organización señaló que en el el país hay periodistas presos por ejercer su derecho a informar y que su liberación no debe depender de una ley de amnistía, sino del reconocimiento de su inocencia, el respeto al debido proceso y la restitución plena de las garantías constitucionales.
El SNTP recalcó que, a la fecha de hoy, seis periodistas permanecen privados de libertad en condiciones que configuran detenciones arbitrarias y los convierten en presos de conciencia. Por tal motivo, la organización exige:
1. La derogación de las leyes utilizadas para criminalizar la opinión y la crítica, en particular la Ley contra el Odio.
2. La revisión y derogación de la Ley Resorteme, convertida en un instrumento de censura.
3. El compromiso expreso del Estado de no usar el derecho penal contra el periodismo ni contra el ejercicio de la libertad de expresión.
4. El levantamiento de los bloqueos digitales y el cese de la censura en internet.
5. Procesos transparentes, no discriminatorios y ajustados a derecho para la asignación y renovación de concesiones a radios y televisoras.
6. El fin del cierre arbitrario de medios y la devolución de equipos incautados.
7. La aprobación de una ley de protección integral para periodistas y trabajadores de la prensa, con mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación.
Amnistía como derecho, no como concesión
El SNTP explicó que en el caso de los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos “no existe delito alguno que deba ser perdonado”. Por ello, su libertad no puede presentarse como una concesión, sino como una obligación del Estado.
“Reconocemos que una ley de amnistía es una figura legítima en contextos de crisis política y puede contribuir a la reconciliación nacional. Sin embargo, advertimos que no puede utilizarse para equiparar a víctimas con responsables, ni para borrar responsabilidades políticas, administrativas o penales de quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos o han usado el poder del Estado para perseguir, encarcelar o silenciar”, expresó el sindicato.
“La amnistía no puede convertirse en un mecanismo de impunidad ni en una salida política que normalice la persecución contra periodistas y trabajadores de la prensa”, expresó el gremio.
Advirtió que más de treinta periodistas han sido excarcelados en los últimos años, pero continúan sometidos a procesos penales, medidas cautelares y restricciones que condicionan su vida personal y su ejercicio profesional. “Eso no es libertad plena. Es castigo diferido y persecución judicial prolongada”.
Reiteró también que una eventual ley de amnistía puede ser un punto de partida, pero solo será legítima si libera a los inocentes y si viene acompañada de reformas estructurales que garanticen que el sistema de justicia no vuelva a ser utilizado como herramienta de persecución contra el periodismo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
