Este miéncoles, 4 de febrero, Amnistía Internacional pidió “protección urgente” a las autoridades de Colombia para los defensores de derechos humanos venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, quienes sobrevivieron a un ataque armado en Bogotá el pasado 13 de octubre de 2025.
A más de tres meses del atentado, en el que ambos sufrieron múltiples heridas de bala y requirieron atención médica de urgencia, los defensores continúan bajo esquemas de seguridad temporales y limitados. Amnistía Internacional advirtió que la lentitud en los procesos administrativos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) “pone en riesgo inminente sus vidas”.
Yendri Velásquez, quien forma parte del equipo de Amnistía Internacional y huyó de Venezuela tras sufrir graves violaciones a sus derechos humanos, solicitó protección internacional al ingresar a Colombia. Por su parte, Luis Peche, de doble nacionalidad (venezolana y colombiana), ha sido objeto de amenazas debido a su activismo político y su denuncia sobre la situación en Venezuela.
A pesar del compromiso inicial de las autoridades, el proceso de evaluación de riesgo para determinar medidas permanentes no ha concluido.
“Es imperativo que la UNP avance con celeridad. Las medidas temporales actuales son insuficientes y pueden ser retiradas en cualquier momento, dejando a Yendri y Luis en una situación de vulnerabilidad extrema”, señaló la organización.
Contexto de riesgo para el exilio venezolano
AI contextualiza que el caso de Velásquez y Peche se enmarca en una crisis de derechos humanos en Venezuela que ha forzado a más del 25% de su población a huir.
Precisaron en su reporte que Colombia es el principal destino de acogida con casi 2.9 millones de venezolanos. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que los defensores de derechos humanos en el exilio enfrentan barreras críticas como la falta de reconocimiento de protección internacional, inseguridad y obstáculos administrativos.
A través de su red global de activistas, Amnistía Internacional insta al Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros a finalizar “de inmediato” la evaluación de riesgo, implementar medidas de protección integrales, estables e individualizadas y garantizar un entorno seguro para ambos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



