El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, generó una polémica por ironizar sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. El hermano de la presidenta encargada admitió, aunque en tono de burla, que el país tenía detenidos por pensar distinto.
“Decir que todavía hay gente presa por pensar distinto, puede ser cierto. Es decir, si hay un empleado de una alcaldía que es un corrupto, piensa distinto a la gente decente. Porque la gente decente no se robaría la plata de la alcaldía. Si hay una persona que está presa porque le agarraron en el bolso dos kilos de C4 para volar la Plaza Venezuela o la Plaza la Victoria, piensa distinto a los que no somos homicidas”, señaló sonriendo y arrancando aplausos de los diputados chavistas.
Las declaraciones del presidente de la AN las ofreció en medio de la sesión que aprobó en primera discusión la reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para subir la cantidad de magistrados de 20 a 32.
Jorge Rodríguez cuestionó directamente la lista de detenidos que publica semanalmente el Foro Penal y retó a quienes lo cuestionan, diciendo que publicará “nombre por nombre” los casos para demostrar que se trata de delitos comunes.
“Si siguen con ese cuento de que ‘piensan distinto’, entonces, vamos a publicar las listas y a precisar ‘este piensa distinto porque intentó matar a una persona’. Porque yo jamás pensaría en matar a nadie, igual que la gran mayoría de los venezolanos. O ‘este piensa distinto porque pensó en poner bomba y asesinar niños, niñas, mujeres y hombres en la Plaza Venezuela. Podemos mostrar las listas uno por uno, nombre por nombre’“, insistió.
🎙️ Jorge Rodríguez descarta liberar a los presos políticos que quedan
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📢 El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez descartó que los detenidos restantes sean presos políticos, argumentando que están presos "por corrupción, narcotráfico y terrorismo, no por pensar… pic.twitter.com/NuCwFqTx3w
En su alocución, Rodríguez también se refirió a la Ley de Amnistía, pero en tiempo pasado, siguiendo la línea de su hermana Delcy Rodríguez, quien hace unos días dio por terminado este instrumento legal.
“Sería bueno que nos mostraran cuál ley de amnistía tuvo mayor intensidad que la que se aplicó en Venezuela. Con números, con verdades. Porque incluso, benefició a personas que cometieron delitos que no estaban contemplados en esos 32 ítems, porque toda ley de amnistía es un perdón y todo perdón tiene parámetros y unos límites“, sostuvo.
ONG, juristas y defensores de DDHH han calificado la decisión de Delcy Rodríguez como arbitraria porque el Ejecutivo no tiene competencias para derogar leyes, sino la Asamblea Nacional. Insisten en que la ley no tenía fecha de vencimiento y que la medida viola el principio de legalidad y separación de poderes.
En declaraciones a NTN24, el activista por los derechos humanos, Luis Carlos Díaz, recordó que ninguno de los delitos de los que el gobierno acusa a opositores ha podido ser demostrado en un tribunal independiente.
“Estamos hablando de personas que han sido acusadas de terrorismo, conspiración, de un montón de cosas, pero a las que por ejemplo no se les permite nombrar a sus propios abogados, ni mostrar medios de prueba, o acceso a un juez independiente. En Venezuela no existe un solo juez de carrera, que haya ganado su concurso de oposición para ejercer ese cargo, son fichas de partido, puestos a dedo, personas con un cargo temporal de libre remoción y eso los hace cero independientes. Porque si toman una decisión critica al PSUV, los botan o los encarcelan”, denunció Díaz.
Una de las cabezas del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez, se pronunció de manera irónica respecto a la existencia de cerca de 500 presos políticos en el país, afirmando que "están en la cárcel por pensar distinto".
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Este comentario ha encendido la alarma entre organizaciones… pic.twitter.com/bLzLi78Fhs
El también expreso político alertó que en Venezuela el discurso está “invertido”, pues “son los propios perpetradores los que hablan de terrorismo”, cuando existen irregularidades como la detención de adolescentes y de todo un grupo familiar “para perseguir a un militar”. Recordó que la propia CIDH ha llegado a la conclusión de que en Venezuela hay prácticas de terrorismo de Estado.
Fiscalía niega datos desagregados sobre Ley de Amnistía
Recientemente, el fiscal general de la República, Larry Devoe, negó la entrega de información pública solicitada por organizaciones de derechos humanos sobre la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de este año.
La decisión fue comunicada mediante una carta con fecha 30 de abril de 2026, enviada a representantes de Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en respuesta a una solicitud consignada el 15 de abril.
En la misiva, el funcionario argumenta que la petición no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia. De forma textual, señala: “No se expresan los motivos que justifiquen la solicitud de información de interés público peticionada, tal como lo consagra el artículo 9 numeral 4 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”.
La solicitud de las organizaciones —entre ellas Espacio Público y Alerta Venezuela— buscaba obtener datos detallados sobre la ejecución de la ley, incluyendo cifras de excarcelaciones, aplicación de medidas cautelares, distribución por estados, centros de detención, y número de solicitudes declaradas improcedentes o inadmisibles.
Solo datos genéricos
Aunque negó el acceso a la información desagregada, Devoe incluyó en su respuesta un dato global proveniente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía. En la carta se indica que fueron beneficiadas “un gran total de 8616 ciudadanas y ciudadanos en conflicto con la ley, en virtud de llenar los extremos requeridos en dicha norma”.
El documento no detalla cómo se distribuyen esos casos ni responde a los criterios específicos solicitados por las organizaciones.
Las ONG sustentaron su petición en el derecho al acceso a la información pública y la contraloría social, contemplados en los artículos 51 y 143 de la Constitución, así como en varios artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
Entre los datos requeridos se incluían número de boletas de excarcelación emitidas y ejecutadas, personas beneficiadas bajo medidas cautelares, casos por estado vinculados a procesos policiales arbitrarios, listado de centros de detención y número de beneficiarios por cada uno, solicitudes declaradas improcedentes o inadmisibles y denuncias por retardo u omisión en la ejecución de la ley.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
