La organización Transparencia Venezuela publicó la evaluación técnica de la capacidad de la respuesta estatal al doble terremoto del 24 de junio de 2026. Un análisis de brechas frente a estándares internacionales y comparadores históricos, un estudio elaborado con un modelo metodológico mixto basado en el Índice de Brecha de Despliegue (IBD) y con corte de datos al 12 de julio, 18 días después del sismo. El documento compara la actuación del Estado venezolano con protocolos internacionales para la gestión de desastres y con la respuesta desplegada en grandes terremotos ocurridos en Turquía, Japón, Chile, China y Haití para determinar qué capacidades se activaron, cuáles llegaron tarde y cuáles, según los autores, nunca se desarrollaron.
A continuación, las principales claves del informe:
No mide los daños, sino la capacidad de respuesta
El estudio no busca calcular cuántas víctimas o edificaciones dejó el terremoto. Su propósito es evaluar cómo respondió el Estado frente a una emergencia de gran magnitud.
Para ello construye un patrón de comparación con cinco terremotos internacionales y utiliza estándares como INSARAG, Sphere, el Marco de Sendai y metodologías de Naciones Unidas y el Banco Mundial. A partir de esos parámetros concluye que la principal brecha estuvo en la velocidad con la que se movilizaron recursos humanos, logísticos y de rescate.
Las primeras 72 horas marcaron la diferencia
El informe sostiene que la mayor oportunidad para salvar vidas se concentra durante las primeras 72 horas posteriores a un terremoto.
Mientras los países utilizados como referencia alcanzaron gran parte de su capacidad operativa durante esos primeros días, Venezuela llegó al máximo despliegue nacional 18 días después del evento. Según el estudio, esa diferencia limita la eficacia de las labores de búsqueda y rescate, pues el rendimiento esperado disminuye considerablemente después del tercer día.
Persisten dudas sobre la magnitud del desastre
El documento dedica un apartado completo a explicar por qué considera que aún no existe una dimensión plenamente establecida del impacto del terremoto.
Los autores comparan cifras oficiales con datos de Naciones Unidas, registros ciudadanos e imágenes satelitales de distintas plataformas internacionales. Aunque reconocen que varias estimaciones son preliminares y requieren validación en terreno, sostienen que la convergencia de esas fuentes apunta a un posible subregistro tanto de las edificaciones afectadas como del número de personas impactadas por el desastre.
La gobernanza de la emergencia también quedó bajo evaluación
El análisis no se limita al despliegue de personal. También examina la forma en que se organizó la respuesta institucional.
En ese sentido, señala que la creación de instancias para atender la emergencia y conducir la reconstrucción ocurrió sin mecanismos públicos verificables de rendición de cuentas. El informe plantea que la gobernanza del riesgo debe ser parte de la respuesta y no una etapa posterior, especialmente cuando se prevé la administración de recursos destinados a la reconstrucción.
El desafío ya no es el rescate, sino la reconstrucción
Los autores advierten que Venezuela dejó atrás la fase de búsqueda y salvamento para entrar en una etapa distinta: la recuperación de viviendas, infraestructura y servicios públicos.
En ese contexto, sostienen que las lecciones del doble terremoto deberían traducirse en planes de reducción del riesgo, fortalecimiento institucional, actualización de protocolos de Protección Civil y mayor transparencia sobre el uso de los recursos que financiarán la reconstrucción. De lo contrario, concluye el informe, las brechas detectadas durante la emergencia podrían repetirse frente a un nuevo evento sísmico.
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