La ONG Cecodap denunció este 4 de octubre que al menos 118 adolescentes, venezolanos entre 12 y 17 años, enfrentaron imputaciones por delitos previstos en la «Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacifica y la Tolerancia» (LCCO) desde la creación de la normativa, en 2017, hasta ahora.
Mientras la presidenta encargada bajo el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, mandó a la Asamblea Nacional a reformar la Ley Contra el Odio el pasado 29 de septiembre, la sociedad civil afirma que la normativa debe ser derogada. Cecodap recalcó que los 118 jóvenes fueron imputados bajo el artículo 20 de la LCCO sin ningún respaldo al debido proceso judicial.
«No se construye convivencia pacífica partiendo de la presunción de que un adolescente es culpable. La convivencia también exige respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías especiales que corresponden a la adolescencia», denunció la ONG en sus redes sociales.
Otras organizaciones de la sociedad civil, como Foro Penal, han destacado que 927 personas han sido detenidas e imputadas bajo la LCCO en los últimos nueve años.
Cecodap advirtió que la mayotía de las detenciones ocurrieron en condiciones que vulneran la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Loppna). Entre las violaciones de la Loppna que menciona la ONG está la detención del joven en su propia casa o cerca de ella sin haber cometido un delito en fragancia, no se le informaba a los familiares de la aprehención o el motivo de su detención y solo criminalizaban al adolescente por el uso de sus redes sociales.
La mayoría de estas detenciones arbitrarias ocurrieron poco después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
«Cuando llegamos allá nos quitaron los teléfonos y nos dijeron que la que se quedaba detenida era mi hija, porque era la que aparecía en el grupo de WhatsApp. Era un grupo en el que se hablaba de todo. Era un grupo de 500 y pico de personas; pero mi hija quedó detenida porque una persona denunció que por allí la estaban acosando, que le estaban haciendo bullying, que la estaban amenazando y por eso ella denunció el grupo», denunció ante Cecodap la madre de una adolescente de 16 años en Carabobo. La ONG protegió la identidad de la entrevistada. La adolescente ahora se encuentra excarcelada.
Vulneraciones en todo momento
Los jóvenes tuvieron en cárceles destinadas para adultos o en centro policiales por varios días, cuando la ley solo les permite estar en las estaciones policiales por menos de 48 horas y sin adultos a su alrededor. Según los datos recopilados por Cecodap, los adolescentes fueron víctimas de torturas y tratos crueles e inhumanos durante su reclusión arbitraria.
Tampoco recibieron visitas de sus padres o representantes de forma inmediata o constante. «En el Distrito Capital, las madres de los adolescentes protestaron por las condiciones en las cuales se encontraban sus hijos y no les dejaron verlos la semana siguiente de la denuncia», relató Cecodap.
Nunca fueron procesados en tribunales especialziados para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fueron presentados ante tribunales contra el terrorismo. Como esas instituciones solo están en Caracas, algunos adolescentes en las regiones tuvieron audiencias telemáticas.
«Según los reportes de los familiares, los adolescentes no fueron informados de forma clara, precisa ni educativa sobre el proceso legal que se desarrolló. Muchos se enteraron de su imputación el día de la audiencia de presentación, pero desconocían las razones por las cuales sus juicios se dilataban o cuáles eran los pasos siguientes en el proceso», recopiló Cecodap.
Excarcelados, pero sin libertad
Según Cecodap, la mayoría de los adolescentes imputados fueron excarcelados a los meses. Si bien Foro Penal no tiene en sus registros de adolescentes detenidos arbitrariamente para el 5 de octubre de 2026, las excarcelaciones no tienen una garantía de libertad plena.
«Algunos deben presentarse cada ocho días [ante tribunales], otros cada 15. Esto significó para muchas familias un gasto no previsto que no podían asumir. Algunas familias decidieron no ir a Caracas y volver a tribunales locales para pedir audiencias telemáticas. En otros casos, envían a sus hijos solos porque solo pueden costear un pasaje de ida y uno de vuelta», denunció Cecodap.
Hasta ahora, el Gobierno interino venezolano avalado por Estados Unidos no ha ofrecido detalles sobre la restauración de los derechos fundamentales de estos adolescentes. Cecodap reiteró que el sistema de justicia venezolano falló ante estos casos en particular.
«La criminalización inicial, la permanencia en condiciones precarias y la incertidumbre procesal prolongada reflejan una lógica de castigo ejemplarizante y no una intervención pedagógica o restaurativa, tal como lo exige el marco nacional e internacional aplicable», concluyó la ONG.
