Hasta el momento solo cuatro personas presuntamente pertenecientes a la banda del “Koki” murieron en el operativo policial Gran Cacique Indio Guaicaipuro. Los casos recogidos e identificados por el equipo de Monitor de Víctimas incluyen a 19 civiles y cuatro uniformados

Otras 15 víctimas no tenían relación con la megabanda y murieron en ejecuciones extrajudiciales o al ser alcanzadas por balas perdidas

@loremelendez     

Una mujer sale a la plaza Auyantepui, en Colinas de Bello Monte, del brazo de un joven que viste una camisa negra con las siglas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Apenas puede sostenerse. Cuando ve a un familiar, se desploma sobre él. Le dice, mientras lo abraza, que acaba de reconocer el cuerpo de su hijo. Explota en gritos y llantos. Entre las palabras que se le entienden, hay una frase recurrente: “¿Por qué? Él no era malandro”.

“¿Cuántas madres estaremos así por todo esto?”, cuestiona una mujer que ve la escena en la pequeña plaza que está frente a la morgue de Bello Monte, hoy convertida en sala de espera porque el acceso al edificio gubernamental está cerrado por una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desde que comenzaron a llegar los muertos de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro (OCIG) en los barrios de la Cota 905 y sus alrededores, que ya suman 23 de acuerdo con Monitor de Víctimas. 

En el interior de la morgue solamente puede estar haciendo trámites un familiar por fallecido. La madre está a la espera de saber cuándo llegará el cadáver de su hijo. Proviene de La Vega. Es lunes 12 de julio y al joven, de 26 años, lo mataron hace días en medio de la operación policial que se desarrolló hasta el pasado viernes 9 de este mes. 

La mujer, que prefiere no revelar el nombre de su hijo por temor a represalias, supo de la muerte del joven de 26 años porque sus amigos vieron su foto en el servicio de mensajería Telegram. “Yo no sé cuántas cuentas revisé, que si la de David Glock, la de Román Camacho, todas… Pero en una lo encontré. Era la foto de él, muerto. No lo identificaban, solo decía ‘estos son más de la Cota’. Por eso sé que lo mataron”, dijo. 

En el depósito de cuerpos le informaron que pronto llegarían más cadáveres del mismo operativo, pero que no los entregarían de inmediato a los familiares. No les permitirán velorios. Los llevarán directamente al cementerio. Serán funerales “controlados”, tal como los que se practicaron tras la masacre de Óscar Pérez, en 2018, y la masacre de La Vega, en enero pasado. A varias familias le advirtieron lo mismo.

El muchacho trabajaba como colector en camionetas en distintas rutas de la parroquia Sucre. “Antes, laboraba como buhonero en Catia, pero los colectivos (grupos de paramilitares que apoyan al gobierno) le cobraban a cada rato una especie de impuesto para permitirle vender allí”, relató la mujer. Era Técnico Superior en Informática, pero nunca llegó a ejercer porque los salarios eran muy bajos. Tenía tres hijos. La menor apenas tiene 7 años. 

Cuenta la madre que a su hijo mayor lo mató la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB en 2020, igualmente en La Vega. Dejó tres huérfanos. El joven, también TSU en Informática, había trabajado en varias empresas hasta que terminó como buhonero en Catia junto a su hermano. Con esta segunda muerte, a esta mujer ya no le quedan hijos vivos, pero sí 6 nietos huérfanos. 

“Cuando uno va a un lugar y reclama, uno siempre va a ser el perdedor, porque es la palabra de uno contra la de ellos. Entonces, ¿a dónde acude uno?”, comenta indignada y en medio del dolor. Cuando ella denunció el primer asesinato ante el Ministerio Público, los uniformados la amenazaron.

«Uno por vivir en un barrio no es gente mala. Uno no está allí porque quiere. Uno estudia y empieza a trabajar en una empresa. Yo trabajaba en una empresa grande hasta que vino la pandemia, y aunque trabajé mucho nunca pude salir del barrio (…) ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos maten a todos los muchachos porque son del barrio?», sentencia la mujer.

Entre balas perdidas y ejecuciones extrajudiciales 

En la plaza Auyantepui también estaban los familiares de una mujer (su identidad se resguarda por solicitud de sus parientes), de 33 años, que murió en el operativo policial. Había llegado días atrás de Bolivia, en donde vive con casi toda su familia. Solo había regresado por sus hijas, a quienes no se había podido llevar porque faltaba el permiso de su padre. Ya los trámites estaban hechos, regresaría con las pequeñas a Bolivia el martes 13 de julio. Pero el viernes, en medio de la balacera, la abuela que cuidaba a una de las niñas la llamó diciéndole que la muchachita gritaba atormentada por los disparos. Entonces, ella fue a buscarla, pero no volvió.

Ahora, dicen sus allegados, quieren vincularla a la banda cuando ella ni siquiera vivía en el país. La mujer había salido de Guatire en un vehículo Aveo que no aparece. 

En los alrededores de la morgue también estaban los familiares de José Gregorio Vielma Clemente, un mototaxista de 30 años que el viernes, 9 de julio, estaba en la plaza Madariaga. Sus parientes aseguran que de allí se los llevó la FAES a las 9:00 am hasta el sector Las Quintas, de la Cota 905. Fue en ese lugar donde apareció baleado.

Entre las víctimas también está Kender José Chirinos, de 18 años, quien murió en su casa de Brisas del Paraíso, adyacente a la Cota 905, cuando lo alcanzó un bala perdida el jueves, 8 de julio, a las 2:00 pm. 

Un pariente suyo cuenta que estaba en el balcón cuando el tiro lo impactó por el costado izquierdo y se le alojó en el pulmón. El muchacho, que era obrero, se desangró en la sala. Su familia no pudo auxiliarlo porque la balacera no los dejó moverse de allí. La furgoneta de la morgue de Bello Monte lo buscó al día siguiente, pero cuatro días después, el cuerpo no había sido entregado a sus deudos. “Yo espero que sea hoy. Están diciendo que a los muertos de la Cota los van a entregar de seis en seis cada día”, dijo el familiar del joven. Chirinos era el mayor de tres hermanos.

La versión policial sobre el hecho es distinta. Según esta, Chirinos, apodado “Bocachico”, cayó cuando los miembros de la banda del “Koki” empezaron a disparar entre ellos. Él recibió un disparo en el pecho. El caso lo reseñan como un ajuste de cuentas porque, según el padre del joven, José Chirinos, él era parte del grupo delictivo. 

El domingo murió un niño de 11 años, en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Albert López fue herido por una bala perdida el jueves 8 de julio, durante la operación policial. Ingresó al hospital  en horas de la tarde. 

Otro de los muertos de la operación es Pedro Díaz, de 18 años. Sus familiares, que no precisaron su profesión, contaron que murió entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Se enteraron porque la foto de su cadáver circuló en redes sociales. 

También, por  minutas policiales, se conocieron los casos de Luis Alberto Fernández Romero, de 59 años; y Luis Miguel Cuicas Lozano, de 19 años. Ambos presuntas víctimas de balas pérdidas.

Enfrentamientos y más balas perdidas

“Yo le voy a ser sincero. Nosotros vinimos aquí a buscar a un coñoemadre”, dice uno de los allegados de Luineiker Borges, de 28 años, uno de los presuntos delincuentes que murió en el OCIG. Su fotografía fue vista por su familia en redes sociales. Allí lo señalaban como miembro de una banda de La Vega.

“Sabemos que le causó daño a muchas familias, pero esas no son las que opinan sobre él hoy (…) A mí me gustaría que los medios, en vez de juzgar a estos muchachos, se pregunten por qué ellos terminaron en esa vida, por qué se hicieron malandros. Hágale llegar ese mensaje a las instituciones y al gobierno para ver si hacen algo”, reclama el hombre, quien no titubea al afirmar que el joven, que en redes sociales se llamaba a sí mismo “El chamo demente”, era un delincuente.

Según el pariente de Borges, el joven empezó su vida criminal a raíz del bullying y de la humillación que recibió por ser pobre. “Ahí hay malandros que ven eso y le dicen al chamo, ven pa’ acá que yo te apoyo, yo te ayudo. Así empezó él. Hay otros que empiezan desde chamitos haciéndole mandados a los malandros y después quieren ser como ellos. Así es el barrio”, comenta.

Días antes se supo de la muerte Maikel González, cuya familia confirmó a Monitor de Víctimas que era “garitero” de la banda de “Koki”. Fuentes policiales informaron que un hombre baleado en la avenida Victoria y a quien apodaban “el Bodega”, también era un delincuente. Sin embargo, su identidad ni su filiación con la banda se han confirmado. 

Entre las víctimas reportadas en días anteriores están Yelitza Carranza, Giovanny Jiménez, Giovanny Bracamonte, Pablo José Díaz Alfonso, Carlos (familiares pidieron resguardar la identidad de la víctima) y un motorizado que murió en la avenida Los Laureles, frente a residencias Villa Lorena. Todos cayeron por balas perdidas.

Otros de los muertos fueron Maikel Alexander Alvarado Márquez, Yohan Chamorro y Deivys Antonio Infante. A este último lo señalan como «garitero» del «Koki», pero su familia aseguró que todos vivían de recoger basura. 

Monitor de Víctimas conoció sobre otro hombre asesinado en el sector 21 de julio de la Cota 905, pero sus parientes se negaron a dar información. En ninguno de estos casos se conocieron las circunstancias ni los victimarios que les dispararon. 

El ICIG también terminó con cuatro funcionarios caídos: los oficiales de la PNB Fernando Rodríguez Agudelo, jefe de la Estación Policial de Antímano; Jade Cortez, oficial jefe adscrito a Maripérez; y Yonel Ascanio López, además  del guardia nacional Ernesto Carvajal Betancourt.

El lunes, familias de cinco víctimas del operativo de la Cota 905 evitaron dar detalles sobre estas muertes, mientras que el martes otras dos familias también de víctimas de la Cota 905 prefirieron no conversar con los periodistas. Ambos días la afluencia de parientes de víctimas en la principal Morgue de Caracas era mucho mayor a lo habitual.

Monitor de Víctimas actualmente verifica la información de minutas policiales que dan cuenta de la muerte de 13 personas durante la operación en la Cota 905.

*Yohanna Marra y Erick González aportaron información para esta nota. Se hicieron entrevistas a familiares y se usaron datos de minutas policiales.