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Monitor de Víctimas | Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia
El equipo de periodistas e investigadores de Monitor de Víctimas presentó su informe 2020, con el balance estadístico y las historias de la violencia homicida en Caracas y Lara

 

 

Un año atípico, marcado por el encierro y la escasa circulación de personas en las calles debido a la pandemia y la falta de combustible, culminó con 599 homicidios en Caracas, capital de Venezuela.

El Informe 2020 de Monitor de Víctimas denominado “Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia” destaca cómo las muertes a manos de la fuerza pública volvieron a estar a la cabeza de las cifras rojas por tercer año consecutivo, con 204 víctimas.

 

 

El confinamiento obligatorio, la escasez de gasolina y la militarización del entorno se convirtieron en una mezcla que alimentó el abuso de la fuerza pública contra los ciudadanos, en procura de garantizar el control social del Gobierno de Nicolás Maduro.

El ejemplo más claro y dramático, que puso de manifiesto el patrón de las ejecuciones extrajudiciales, fue la masacre perpetrada en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, durante un operativo policial que pretendía dar con los miembros de la megabanda del “Wilexis”. En el hecho ocurrido en mayo una de las víctimas fue el basquetbolista Bryan Onel Cedeño Rengifo.

Por otra parte, se pudo identificar que cinco parroquias del Área Metropolitana de Caracas concentran el 52% de los homicidios. Son territorios controlados por grupos armados no estatales.

Se trata de Sucre, El Valle, Coche, Petare y La Vega, donde megabandas y colectivos imponen una forma de gobernanza criminal. Dominan la vida cotidiana mediante el miedo.

 

El informe también contiene un análisis inferencial que explora el comportamiento de la violencia homicida contra la mujer, realizado por un equipo de expertos de Caracas Mi Convive.

Mujeres, niños, niñas y adolescentes: víctimas directas y colaterales

428 niños, niñas y adolescentes (NNA) quedaron huérfanos y huérfanas de padre o madre debido a la violencia homicida en Caracas. 158 NNA perdieron a sus padres a manos de la policía. Eso significa que cada semana, los cuerpos de seguridad dejaron un promedio de tres pequeños sin al menos uno de sus progenitores.

También sobre las mujeres recayó la violencia homicida en Caracas.  52 mujeres fueron asesinadas en 2020 y 17 de ellas fueron víctimas de femicidios.

El caso de Carla Ríos, asesinada por su expareja, destaca y muestra un patrón de impunidad que favorece a los víctimarios.

 

 

 

Los homicidios por “ajuste de cuentas”, por casos de balas perdidas y por robos, también figuran entre los móviles más frecuentes.

En Lara los cuerpos de seguridad son el principal victimario

 El estado Lara registró 125 casos de letalidad policial durante el año 2020, 62 % del total de 201 homicidios que se reportaron entre abril –cuando inició Monitor de Víctimas- y diciembre.

Lo contradictorio es que Lara es una de las entidades menos violentas de Venezuela. Ocupa el lugar 21 en la clasificación de los estados con más homicidios con una tasa de 26,5 por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en 2020.

 

Algunas recomendaciones

Con base al estudio de los datos y los casos, Monitor de Víctimas hizo algunas recomendaciones:

-El Ministerio Público debe emprender investigaciones oportunas y eficaces sobre los homicidios, en procura de brindar justicia a las víctimas y acabar con la impunidad en este delito.

-El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos. Además de prevenir los homicidios, brindar protección y reparación a las víctimas.

-La letalidad policial continúa como la primera causa de los homicidios en Caracas. Los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar y hacer cumplir el artículo 43 de la Constitución, sobre la inviolabilidad de la vida y la inexistencia de la pena de muerte.

-Urge poner fin a los casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones en sectores populares.

-Es necesario diseñar políticas de seguridad ciudadana que atiendan, corrijan y reviertan la delegación estatal de territorios a los actores armados no estatales, como megabandas y colectivos.

-Se deben implementar políticas efectivas de desarme y control de municiones.

-Se requiere la promoción de medidas cautelares de protección y atención psicosocial para los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos y huérfanas producto de la violencia homicida.

-El Estado debe procurar la reparación integral de daños causados a niños, niñas y adolescentes por acciones u omisiones de los funcionarios policiales o militares en el cumplimiento de sus obligaciones.

-Urge que el Estado invierta en un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia como las casas de abrigo. Estas pueden brindar protección temporal a las mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia.

 

Puede leer el informe completo aquí