Los homicidios bajaron en 2023, pero la impunidad aumentó
De las 618 víctimas por muertes violentas registradas en cinco estados del país, 181 fueron atribuidas a «ajustes de cuentas» y 151 a la letalidad policial
«En los siete años que lleva Monitor de Víctimas recabando información es la primera vez que el móvil “ajuste de cuentas” es el que más destaca (en los homicidios)», advirtió Ronna Rísquez, periodista especializada en violencia y derechos humanos y coordinadora editorial de Monitor de Víctimas. «Ese móvil había dejado de ser frecuente años atrás (…) y ahora vemos que es el que está teniendo mayor crecimiento».
En la presentación del balance del 2023 este 22 de mayo, el equipo de periodistas de Monitor de Víctimas informó que los funcionarios de seguridad del Estado se mantienen como los principales victimarios de homicidios en Venezuela, los casos de femicidio en el país se han vuelto más recurrentes, los familiares de las víctimas cada vez se cierran a las denuncias por las amenazas de los victimarios y el Estado sigue sin atender a los 310 huérfanos que dejó la violencia el año pasado.
«Esto significa que hay bandas o grupos o personas vinculadas a actividades delictivas que se están enfrentando, posiblemente, por controles territoriales o por disputas de comercialización o economías ilícitas», reflexionó Rísquez.
Monitor de Víctimas Presentación del Informe 2023 Violencia policial y ajuste de cuentas https://t.co/1Y5WqOxWCx
— MonitorDeVíctimas (@MonitorVictimas) May 22, 2024
La coordinadora editorial de Monitor de Víctimas advirtió que han aumentado los reportes de la participación de funcionarios policiales en las actividades ilícitas que eran administradas por bandas criminales locales.
«Habría que ver si en los casos de “ajustes de cuentas” también estaría la participación de los funcionarios policiales que ahora están tomando el control de delitos», dijo.
Caracas: la letalidad policial reina en la zona
En la Zona Metropolitana de Caracas «la venganza y el ajuste de cuentas fueron el móvil de homicidio que más aumentó en 2023»: hubo 70 casos. Los registros tuvieron un aumento del 40 % con respecto a los datos del año 2022, cuando hubo un aproximado de 50 muertes violentas atribuidas a ese móvil, según Monitor de Víctimas.
El proyecto de Runrun.es y la ONG Mi Convive advirtió que la violencia policial fue la que tuvo mayor cantidad de víctimas: 91 personas murieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado, ya sea por presuntas «ejecuciones extrajudiciales», presuntas «resistencia a la autoridad» y otras causas que no se han podido determinar hasta la fecha.
«Nunca en esos casos hay una investigación clara, nunca hay transparencia. No se sabe qué pasa con el proceso en esos casos y, básicamente, nos tenemos que quedar con las denuncias de los familiares que, en la mayoría de los casos, nos dicen que las víctimas no se enfrentaron a los policías, no se encontraban cometiendo algún delito cuando fueron ejecutadas. Esto deja en evidencia un exceso del uso de la fuerza policial que hemos visto durante varios años, especialmente en la época de la OLP (Operaciones de Liberación Nacional, en 2015) y de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, en 2017)», dijo Rísquez.
La tendencia de registro de las muertes violentas en Caracas se mantiene: de los 304 casos documentados en 2023, 155 fueron en el municipio Libertador y 134 fueron en el municipio Sucre; el 50,98 y el 44,07 % de los casos, respectivamente, se ubicaron en sectores populares de la capital venezolana.
Lara: los funcionarios del Estado retomaron la violencia
Según el informe de Monitor de Víctimas, cuatro de las 58 parroquias del estado Lara, todas ubicadas en Barquisimeto, concentraron el 49,32 % de las 76 muertes contabilizadas en la región (38 casos).
Los policías y los militares figuran como victimarios en 21 casos (el 27,63 %), un incremento del 133 % comparado con el año 2022 (con 9 casos).
«En 2022, luego de que en Monitor de Víctimas conocimos que las autoridades habían ordenado a policías y militares a disminuir los operativos que los llaman con el eufemismo de “intervención legal” (…) debido a todas las investigaciones internacionales», dijo la periodista Liz Gascón, miembro de Monitor de Víctimas Lara y coordinadora de investigación de El Pitazo.
Gascón advirtió que hay cuerpos de seguridad del Estado que siguen bajo el nombre de las FAES, pese a que la ONU dio órdenes de desmantelar ese cuerpo policial en 2018. También incluyó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como unas de las instituciones estatales que han retomado la violencia en Lara.
Los familiares denunciaban a Monitor de Víctimas que las víctimas no estaban delinquiendo ni estaban armados, «contrario a los reportes policiales», dijo la coordinadora de investigación de El Pitazo.
Sucre: menos homicidios y más delincuencia
Según los datos de Monitor de víctimas, hubo 13 muertes violentas menos en el estado Sucre en el año 2023 en comparación al año 2022. De los 100 casos registrados, 30 son atribuidos al «ajuste de cuentas o venganza» como el principal móvil.
Frente a este panorama, Rísquez advirtió que los índices de criminalidad y actividades ilícitas en el oriente del país subieron tanto en 2023 como en la actualidad.
«Hay una particularidad: en el estado Sucre se están dando operativos donde, supuestamente, han muerto cabecillas de bandas criminales en enfrentamientos», dijo la coordinadora de Monitor de Víctimas. «El estado se ha caracterizado en los últimos años por ser una de las entidades con mayor movimiento de narcotráfico por tener territorios controlados por organizaciones delictivas a los que no se les puede acceder. Entonces, esa situación, de alguna manera, se traduce en este tipo de vendettas o choques entre miembros de estos grupos de narcotráfico y tráfico de personas».
Monitor de víctimas precisó que al menos 14 muertes fueron por «resistencia a la autoridad», pero otras 21 se les adjudica el móvil de la «riñas» o «enfrentamiento entre bandas» debido a las disputas territoriales de los grupos delictivos en todo el estado.
Táchira: menos homicidios, más presencia del ELN
En el estado andino y fronterizo con Colombia hubo 35 casos de homicidio en 2023, una reducción del 50,72 % en comparación al 2022, pero el informe establece que las desapariciones se mantienen en Táchira.
A diferencia de otras entidades, en Táchira hubo 9 muertes violentas por «los ajustes de cuentas» y otras 9 cuyo móvil no se ha podido precisar. Además, hubo un caso de sicariato y tres de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
«No necesariamente los datos muestran una realidad, en este caso hay que explorar el contexto», advirtió Rísquez. «Esto es una especie de subregistro. La realidad es que, en el Táchira, si bien ya no operan con tanta fuerza los grupos paramilitares, sí es cierto que hay una presencia muy importante, en prácticamente todos los municipios del Táchira, del ELN (Ejército de Liberación Nacional), que es esta guerrilla colombiana que está en este momento intenta negociar una paz con el presidente colombiano Gustavo Petro. Este grupo tiene una administración de la violencia muy importante».
Monitor de Víctimas establece como hipótesis que existe una «paz mafiosa» en el estado, donde el ELN se encarga de establecer normas y toques de queda al mismo tiempo que los casos de desaparición y secuestro en Venezuela, pero sus cadáveres aparecen en el lado colombiano de la frontera continúan o aumentan sin un registro preciso ni del Estado venezolano ni del colombiano.
Zulia: proliferan «los muertos de nadie»
En el Zulia hubo 50 muertos bajo el móvil de «resistencia a la autoridad» y hubo 6 presuntas «ejecuciones extrajudiciales». En el 45 % de los casos registrados en el estado fronterizo (47) no se sabe el nombre del victimario.
Dentro de los 103 homicidios registrados por Monitor de Víctimas en Zulia, al menos 16 se les adjudica el sicariato como móvil principal.
«Tal como ocurre en Táchira, estas cifras no dan un contexto completo de la violencia en el Zulia», dijo Sheyla Urdaneta, periodista radicada en Maracaibo, capital de ese estado. «Esto de la “resistencia a la autoridad” y a la Guardia Nacional Bolivariana como principal responsable de estos hechos, junto al CICPC, da un panorama de este hecho. Pero, algo que estaos viendo los periodistas de Monitor de Víctimas en la región es el subregistro en la Península de La Guajira (…) justo porque puede estar pasando lo mismo que en Táchira: en las trochas es donde se cometen estos homicidios y dejan los cadáveres del otro lado».
Dijo que existe una tendencia a lo que los periodistas llaman «los muertos de nadie», ejecuciones extrajudiciales clasificadas como «resistencia a la autoridad» que no son reclamados por los familiares u otro representante de la víctima. «Ahora está el temor creciente en los familiares de que, si van a reclamar los cuerpos de estas personas, los pueden involucrar en el presunto delito y sean detenidos», agregó Urdaneta.
La periodista advirtió que el sicariato ha aumentado en la localidad. «Parece que, para este año, los casos de sicariato y extorsión son la principal “excusa” que tienen los funcionarios del Estado para cometer homicidios». Pero los militares, según los datos de Monitor de Víctimas, son los principales victimarios de las muertes violentas en la zona.
Huérfanos de la violencia
«Por un lado, el hecho de que la política (de la seguridad) sea todavía “de mano dura” y de que no haya directamente una acción contra las cabecillas de las bandas. Siempre terminan matando a las personas que están en los estratos o en las posiciones más bajas de las estructuras de las bandas criminales y los cabecillas siguen», reflexionó Lorena Meléndez, periodista radicada en Caracas y coordinadora de investigación de Runrun.es.
Otro de los hallazgos del informe publicado este 2024, según Meléndez, es la impunidad de los casos y la violación a los Derechos Humanos de los familiares de las víctimas.
«Cada vez que recogemos un testimonio en la morgue, lo que vemos es el reclamo de los mismos familiares para que se haga justicia, que la víctima no sea señalada como un delincuente y ellos puedan enterrar ellos mismos a su familiar y no se haga un “sepelio policial”, donde se traslada el cuerpo directamente desde la morgue hasta el cementerio sin ningún tipo de ceremonia. Pero, por el otro lado, está el mismo miedo a reclamar (esos derechos), porque no hay, de ninguna manera, una protección hacia los mismos familiares», dijo Meléndez.
Recordó que los 310 huérfanos de la violencia no tienen atención psicosocial por parte del Estado, una tendencia que ha documentado anteriormente Monitor de Víctimas en los últimos tres años, donde el gobierno no se encarga del cuidado de los niños, niñas y adolescentes que pierden a sus padres o presencian directamente el homicidio.
Junto a la no entrega del cuerpo de las víctimas para el sepelio, otra tendencia que se está expandiendo en el país son los casos de femicidio. Existe aún un subregistro por el poco acompañamiento de las víctimas cuando denuncian el maltrato y las amenazas previas a la muerte violenta.
De acuerdo con la ONG Cepaz, en 2023 hubo 253 femicidios consumados y 134 femicidios en grado de frustración en Venezuela, lo que se expresa en un acto de violencia basada en el género cada 22 horas. La tendencia en los tres primeros meses del 2024 se ha mantenido.
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