CIDH se suma a la petición de disolver las FAES
La Comisión señaló que la militarización de la seguridad ciudadano impacta en los altos índices de violencia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a la petición de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet de disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
En su informe anual la CIDH dedicó parte un de capítulo a Venezuela, donde expresó preocupación por la falta de investigación en las muertes ocurridas durante operativos de las FAES.
«La presentación de los hechos como un enfrentamiento, la descalificación pública de la víctima señalándola como una persona que ha resistido a la autoridad y las amenazas en contra de testigos y familiares contribuirían a que haya un ambiente de impunidad», señalaron.
Igualmente recordaron el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. «Según los testimonios recabados por la Alta Comisionada, durante los operativos las FAES manipularon la escena del crimen, plantaron armas y drogas, e incurrieron en actos de violencia de género como desnudez forzada de niñas y mujeres».
Indicaron que por estos hechos debe iniciarse una investigación seria, imparcial y efectiva, que además debe hacerse por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales.
La CIDH hizo un llamado a eliminar la participación de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad ciudadana, porque estas son competencia de los cuerpos policiales.
«La Comisión recuerda que es fundamental adoptar una perspectiva de Derechos Humanos en las tareas de seguridad ciudadano, partiendo de que se trata de ciudadanos que hay que proteger y no de enemigos que hay que combatir», indicaron.
Para la Comisión la militarización de la seguridad ciudadano y el involucramiento de colectivos armados en tareas de seguridad impacta en los altos índices de violencia y contribuye a un aumento sostenido de ejecuciones extrajudiciales.
«Durante 2019, habrían persistido las ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos de seguridad ciudadana. Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 19 de mayo, se registraron al menos 1.569 muertes violentas por “resistencia a la autoridad”90. Esta cifra contrasta con la información suministrada por el Observatorio Venezolano de Violencia, que registró 2.124 muertes en el mismo periodo de tiempo», reportó la CIDH.
Periodistas en la mira
En el reporte anual de la Comisión también se registró un aumento de las agresiones en contra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, por parte de las fuerzas de seguridad.
«Las fuerzas de seguridad policiales y militares sistemáticamente entorpecieron la labor informativa de los medios en eventos de interés público, como protestas, actos políticos o debates legislativos», alertaron.
Igualmente señalaron que se constató un patrón de censura con el bloqueo de páginas web de medios periodísticos, redes sociales o servicios de streaming.
«Estos actos habrían sido ordenados por las autoridades estatales y ejecutados por la proveedora pública de Internet, CANTV», expresaron.
La CIDH también registró casos de agresión física, amenazas, detenciones, robos y despojos de equipos de trabajo de comunicadores, perpetrados por cuerpos de seguridad, grupos civiles armados o individuos particulares.
Estigmatización
La CIDH advirtió que ha continuado recibiendo información sobre la existencia de campañas de estigmatización y hostigamiento contra el trabajo de defensores de Derechos Humanos en el país.
«Discursos que tildan a los defensores de derechos humanos como “traidores” y “agentes desestabilizadores”, continúan siendo utilizados en medios como el programa televisivo semanal “Con el mazo dando,” conducido por el presidente de la constituyente de Venezuela», relataron en el informe.
La CIDH ha constatado que las campañas de desprestigio en contra de defensores de Derechos Humanos no ha cesado, y que son acompañadas de estrategias de hostigamiento por parte de agentes de la administración de Nicolás Maduro y personas particulares.
Denunciaron que los coordinadores de la organización Foro Penal en Nueva Esparta y Zulia serían objeto de seguimiento y vigilancia por parte de la Guardia Nacional, mientras que un abogado de la misma organización habría recibido amenazas de muerte.
Para la Comisión la situación de los defensores de Derechos Humanos no ha variado en comparación con 2018.
«Personas y organizaciones defensoras en Venezuela continúan enfrentando un entorno de profunda estigmatización, hostigamiento y criminalización de su trabajo, además de uso excesivo de la fuerza policial y detenciones arbitrarias sin orden judicial», apuntaron.
Por eso exhortan al Estado venezolano a tomar medidas concretas que garantice a los defensores de Derechos Humanos a realizar su trabajo con seguridad y que faciliten medidas de protección a la vida e integridad de estas personas para que lleven a cabo sus funciones.
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