Diputados denunciarán ante la ONU y la Unesco sobre el riesgo de daño ambiental que amenaza los recursos naturales del Parque Nacional
La Asamblea Nacional (AN) aprobó un proyecto de acuerdo en el cual se declara al Parque Nacional Canaima en estado de «gravísima emergencia ambiental», por la política extractivista de oro impulsadas por la administración de Nicolás Maduro.
La diputada María Gabriela Hernández (PJ-Monagas) explicó que otro punto aprobado en el Proyecto de Acuerdo es el de notificar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unesco, sobre el riesgo de daño ambiental que amenaza los recursos naturales del Parque.
#SesiónAN | La Dip. @MariaGMonagas inicia el Proyecto de Acuerdo de acción política para la conservación del Parque Nacional Canaima manteniendo su inclusión como patrimonio natural de la humanidad y de protección en todas las áreas, para impedir la explotación minera. pic.twitter.com/nP6kMavvy4
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 7, 2020
La idea, según la diputada de la AN, es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lleve adelante investigaciones y exigir, por las vías institucionales, el cese de la explotación minera en Canaima, sus adyacencias y cualquier otra Área Natural Protegida del país.
Hernández señaló que el Acuerdo insta a promover junto a la UICN la constitución de una comisión técnica, integrada por representantes de instituciones académicas nacionales y organizaciones internacionales, para que hagan una evaluación de los impactos provocados por la minería en Canaima y se establezcan mecanismos técnicos y financieros para su recuperación y preservación.
En el Acuerdo también se exhorta a presentar ante las instancias nacionales e internacionales, estas denuncias con el fin de establecer y sancionar los delitos contra los Derechos Humanos y los de carácter ambiental, derivados de la actividad minera en el Parque Nacional Canaima.
«Hoy Canaima es testigo de la perversidad y criminalidad del régimen de Maduro, la política extractiva, corrupta y destructiva enmarcada en el Arco Minero del Orinoco no fueron suficiente y ha sido expandida a los Parques Nacionales», agregó la parlamentaria.
Por los Derechos Humanos
Igualmente los diputados de la AN aprobaron en primera discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
La diputada Delsa Solórzano señaló que este es un hecho histórico para el país, «porque representa una muestra de lo que debe ser el jefe de un Estado que está muy claro y consciente, para lo primero que hay que hacer, que es cumplir la ley y lo segundo respetar los derechos de cada uno de los venezolanos “.
#SesiónAN | La Dip. @delsasolorzano inicia el debate en torno a la Primera Discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”. pic.twitter.com/6HilRJjgIm
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 7, 2020
Indicó que en Venezuela se violan los derechos humanos todo el tiempo, no se cuentan con los servicios públicos básicos. “No tenemos agua, luz, seguridad, derecho a la salud, no hay respeto a la vida, a la alimentación y a la identidad. Además, si la gente protestas por todas estas necesidades lo ponen preso y lo torturan».
Solórzano también planteó la pertinencia de la aprobación de esta ley al cumplirse un año de la primera visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Recordó que luego de ese viaje presentó un informe con una serie de recomendaciones, que no se han cumplido.
«La semana pasada se emitió otro informe de la Alta Comisionada donde reitera que en Venezuela se siguen violando los DDHH, destacamos que está próximo a salir otro informe», agregó.
Igualmente la diputada Mauligmer Baloa (UNT-Amazonas) señaló que en el país se siguen violando los Derechos Humanos. «Queremos destacar los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidos por los miembros de las FAES, solo en julio del 2019 se identificaron 57 casos de presuntas ejecuciones».
Baloa denunció que también hay una violación de DDHH en contra de los presos políticos, y también contra los médicos y personal de salud que ha denunciado la situación de los hospitales, ante la pandemia del COVID-19.
