El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en un trabajo conjunto con el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas (Centro Gumilla), publicó un un informe en el que alerta que durante los primeros seis meses de 2020 los cuerpos de seguridad del Estado asesinaron a 1.611 personas, con un promedio de 9 muertes diarias.
A continuación, presentamos 20 claves sobre el informe de Provea:
Las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado, que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia.
Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.
Cuando las víctimas no tienen “padrino político”, se asume como cierta la versión policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa. Son miles las familias que desean contar con el derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales.
En la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública se presume la realización de ejecuciones extrajudiciales. (Por ejecución se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima).
Falsos enfrentamientos, lo que se viene conociendo en América Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo policial más letal.
En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 417 asesinatos, lo cual representa el 25,8% del total.
Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total.
En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad del Cicpc en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del país es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida.
Las policías estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%. Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 122 asesinatos, Aragua 65 y la del estado Carabobo con 54.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Al primer semestre de 2020 el número se elevó en 403%. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.
Las policías municipales fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.
Los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda.
Mayo fue el mes en que policías y militares actuaron con mayor letalidad: 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la circulación de personas en la vía pública ha sido mucho menor, pero los operativos violentos contra la población no se han detenido. Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.
En un estudio elaborado en el año 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles. Es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no se reporten muertes en las filas de los órganos de la fuerza pública durante los llamados “enfrentamientos”.
Fortalecer la visión militarista y las prácticas de “mano dura” debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democráticos para avanzar en la adopción de políticas públicas, que ayuden a superar los altos índices de violencia y criminalidad en el país.
Según ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”.
Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables meteriales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares
Al conformarse en el país una estructura institucional favorable a la impunidad, adquiere cada vez mayor importancia la activación de mecanismos de investigación independientes que contribuyan a que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.
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