En una carta pública que fue consignada ante el Ministerio de Ecosocialismo, se exponen los principales efectos del cambio climático en el país
Cuestionan la «recuperación económica a toda costa» que se promueve desde el gobierno, basada en la promoción de la minería a cielo abierto, «junto a otros enfoques extractivistas
El Observatorio de Ecología Política (OEP) junto a otras organizaciones aliadas, consignaron en las oficinas del Ministerio de Ecosocialismo una carta pública, en la que plantean la necesidad de tomar medidas urgentes para abordar el cambio climático en Venezuela.
La misiva fue consignada el pasado viernes 24 de septiembre, día de la Huelga Climática Global. La idea es difundirla no solo ante las autoridades, sino a distintos actores sociales, partidos y organizaciones para impulsar el debate y la asunción de medidas colectivas.
En la carta se destaca que hay un consenso científico global sobre los peligros que el cambio climático representa para la vida en el planeta. Recuerdan que las causas de este fenómeno son, fundamentalmente, humanas, por lo que urge tomar acciones para enfrentarlo.
Al respecto, refieren que el Sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), presentado en agosto pasado, dejó en claro «la imperiosa necesidad de reducir las emisiones de manera inmediata, rápida y a gran escala”, con la intención de evitar el aumento de la temperatura a 1,5 o 2 grados centígrados, umbral de un «cambio climático catastrófico».
Asimismo, explicaron que las inundaciones ocurridas este año en los estados Mérida, Anzoátegui y Bolívar, así como en La Guaira, Falcón, Yaracuy, Táchira, Carabobo y Lara, son un reflejo del aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos como consecuencia de esta situación.
Lo que puede causar el cambio climático en Venezuela
Detallaron que las potenciales consecuencias del cambio climático para el país, indicadas en diversos estudios científicos (por ejemplo Martelo, 2004; 2012; Gabaldón, 2008; Sánchez, 2008; Flores y Navarro, 2016; ACFIMAN, 2018), son:
- Aumento en los tiempos de las sequías –que afectarán con mucha más fuerza a las regiones semiáridas–, con impactos en el régimen hídrico, el acceso al agua potable, la soberanía alimentaria y la salud.
- Incremento de inundaciones repentinas y deslaves, principalmente graves en zonas montañosas altamente urbanizadas –donde viven millones de venezolanos–.
- Serias afectaciones a poblaciones costeras o regresiones de los glaciares.
- Efectos derivados, como los vinculados al deterioro de la salud (aumento de enfermedades respiratorias, desnutrición, enfermedades transmisibles por vectores, entre otros).
Además, el OEP también aclara que el cambio climático no solo tiene que ver con el aumento de las emisiones de CO2 o de las temperaturas del planeta: «se trata de un profundo cambio de las relaciones ecosistémicas en la Tierra que impacta a todo el conjunto de la vida en ella».
Insistieron en que tiene que ver no sólo con eventos climáticos particulares, «sino con el contexto y la cotidianidad de millones de personas, la posibilidad permanente de reproducir su vida».
«Recuperación económica» con alto impacto ambiental
En el documento hacen un llamado de atención directo al gobierno, y le recuerdan que tiene el deber de aplicar «medidas y políticas en el país para cuidar la vida y los derechos de las y los venezolanos».
Les preocupa que el tema no está siendo abordado con la seriedad y relevancia que amerita: «Más allá de una retórica vaga y declaraciones oficiales puntuales, notamos un alarmante vacío político y de enfoque sobre el tema a nivel gubernamental, algo que también ocurre en el grueso de los partidos y liderazgos políticos de oposición, así como en algunos sectores organizados de la sociedad».
Por ejemplo, denuncian que las negociaciones en México no incluyen el abordaje de esta problemática, «lo que nos hace temer sobre una especie de extravío o profunda incomprensión del asunto por parte de quienes, en una gran medida, toman decisiones que comprometen el futuro del país para los próximos años».
En concreto, cuestionan la propuesta de una “recuperación económica a toda costa«, basada en la promoción de la minería a cielo abierto, «junto a otros enfoques extractivistas, con el impulso y promulgación de leyes y decretos que están desregulando la gestión de la naturaleza y los territorios (como por ejemplo la Ley Antibloqueo y la Ley de Zonas Económicas Especiales)».
Abundan en los «graves impactos ambientales» que se están presentando en el país, tales como altos niveles de deforestación, destrucción de cuencas hidrográficas o derrames petroleros.
«La deforestación también contribuye al incremento de inundaciones, al suprimir filtros naturales de las lluvias; o bien, la contaminación minera y petrolera socava la fertilidad y productividad de los agroecosistemas, afectando la seguridad y soberanía alimentaria. Estamos hoy viviendo las consecuencias de políticas históricas y recientes de corte extractivista. Necesitamos detener esta maquinaria de devastación de la vida», urgen.
Las propuestas
La carta cierra con una serie de recomendaciones, que transcribimos textualmente:
- Iniciar campañas permanentes nacionales y locales sobre las consecuencias y alternativas ante el cambio climático en el país, en el marco de un debate público, ampliamente difundido e informado.
- Aplicación de los Art.6 y Art.17 de la Ley Orgánica de Educación que establecen que la educación tendrá como principio impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, y contempla la obligatoriedad de la educación ambiental y la agroecología, así como la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
- Poner a la soberanía alimentaria como uno de los principales factores de reorganización y recuperación nacional, con miras a la conformación de sistemas alimentarios regionales y locales con criterios de sostenibilidad, y hacia una transición que nos permita superar el modelo agroindustrial depredador, uno de los responsables del cambio climático y el surgimiento de pandemias.
- Impulsar un programa nacional, estadal y municipal de monitoreo, reforestación, revegetación y restauración de cuencas hidrográficas y ecosistemas que involucre a todos los actores de la sociedad.
- Impulsar un proceso de descentralización y diversificación energética que incorpore fuentes renovables, a través de formatos de generación regional y municipal;
- Impulsar una evaluación de la situación de riesgo en los asentamientos poblacionales; orientar la construcción de infraestructura y de soluciones habitacionales adaptadas a las nuevas condiciones climáticas y de sostenibilidad.
- Plantear una urgente política de transición urbana (sobre todo en ciudades grandes como Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Valencia, Barquisimeto, etc), que involucre el impulso de economías barriales y redes económicas municipales, agricultura urbana y periurbana, democratización de la movilidad sostenible, campañas para cambios en los estilos de vida urbanos, entre otras iniciativas.
- Reconocer, demarcar y titular el conjunto de las tierras indígenas del país, no sólo de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, sino también en consonancia con la moción recientemente aprobada por unanimidad en el 129 Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), para lograr la protección del 80% de la Amazonía para el 2025.
- Suspender todo nuevo proyecto de explotación de carbón, e iniciar una transición para ir cerrando progresivamente las minas carboníferas existentes, en consonancia con las recomendaciones provenientes de los acuerdos de cambio climático, de grupos científicos y de las principales agencias internacionales de energía.
- Derogar el decreto que legaliza el proyecto Arco Minero del Orinoco, establecer un plan post-extractivista para la minería de oro, que fomente las economías locales en la Amazonía, involucre de manera significativa a los pueblos y comunidades indígenas, y fortalezca propuestas de autogestión de las contribuciones de la naturaleza.
- Abrir una amplia discusión nacional sobre el rol de la industria petrolera en el país, descartando nuevos incrementos en la producción del recurso, y previendo las formas económicas que sustituirán a este sector de la economía, en consonancia con las recomendaciones provenientes de los acuerdos de cambio climático, de grupos científicos y de las principales agencias internacionales de energía.
- Estas propuestas y otras más deben componer un plan nacional, estadal y municipal de mitigación y adaptación que además ponga prioridad en poblaciones vulnerables (como las comunidades indígenas) y que tenga perspectiva de género.
