HRW denunció que en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por cuerpos policiales
Reiteraron además que en Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayormente en estados fronterizos
La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración.
HRW indicó en su reporte mundial del año 2021 que el gobierno venezolano también ha «encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes».
«La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de los abusos», aseguró Human Rights Watch.
Según el reporte mundial, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha identificado «patrones de violaciones y crímenes que eran parte de un ataque generalizado y sistemático», lo que lleva a calificarlos como crímenes de lesa humanidad.
Continúa la persecución de opositores políticos
Durante 2021, el gobierno de Maduro encarceló a opositores políticos y los inhabilitó para postularse a cargos públicos.
Según informa Foro Penal, hasta el 25 de octubre, había 254 presos políticos en Venezuela.
«Aunque algunos detenidos fueron liberados o trasladados de centros operados por servicios de inteligencia a cárceles comunes, sigue habiendo una “puerta giratoria” y nuevos críticos son sujetos a procesos penales arbitrarios», reiteró Human Rights Watch.
Una de las detenciones más comentadas fue la de Freddy Guevara, miembro del partido Voluntad Popular, el 12 de julio de 2021. El Estado alegó que Guevara, junto con pandillas, había participado en un tiroteo con policías en Caracas, en La Cota 905. Fue acusado de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.
Estuvo incomunicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hasta el 15 de agosto y fue liberado tras la primera ronda de negociaciones en México, bajo la condición de que se presentara ante la justicia cada 30 días.
En 2020, la Oficina de la ACNUDH informó sobre «presuntos casos de tortura y maltrato» que incluían golpizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo y estar esposado por períodos prolongados.
«De las 15.756 personas detenidas arbitrariamente desde 2014, 9.406 habían recibido libertad condicional a julio de 2021, pero seguían sujetas a procesos penales, y 872 habían sido enjuiciadas en tribunales militares, según Foro Penal», indicó el reporte mundial de HRW.
De acuerdo a Human Rights Watch, en junio de 2021, la Oficina de la ACNUDH informó que seguían ocurriendo torturas, maltratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Ejecuciones extrajudiciales y OLP
Human Rights Watch señaló que otra de las formas de violencia que se llevan a cabo en Venezuela son las ejecuciones extrajudiciales.
HRW aseguró que entre 2016 y 2019, funcionarios de cuerpos de seguridad asesinaron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”. En junio de 2021, la ACNUDH informó que, a pesar de una leve disminución, las muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad continuaban.
«Muchas de estas muertes eran consistentes con patrones de ejecuciones extrajudiciales», señaló el reporte mundial de HRW.
De acuerdo a la organización, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de policía especializado, han «matado y torturado a residentes de zonas de bajos recursos, sembrando el miedo y ejerciendo control social sobre estos sectores».
Human Rights Watch recordó que anterior a esto, se llevaron a cabo las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), redadas llevadas a cabo por fuerzas militares y policiales en comunidades populares entre 2015 y 2017.
«De ellas surgieron denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y desalojos forzados», afirmó la organización.
Grupos armados en estados fronterizos
La organización reiteró que en Venezuela operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mayormente en estados fronterizos.
HRW denunció que en Apure, estos grupos «usan métodos brutales para imponer toques de queda, prohibiciones de cometer delitos como violación sexual, robo y homicidio» y normas que regulan las actividades cotidianas.
«Estos actos casi siempre quedan impunes, y los residentes señalan que funcionarios de cuerpos de seguridad y autoridades locales a menudo actúan en connivencia con grupos armados», dijo la organización.
De acuerdo al informe de HRW, a partir de marzo de 2021, funcionarios de cuerpos policiales cometieron «abusos aberrantes contra residentes de Apure» durante un operativo contra una disidencia de las FARC conocida como Frente Décimo Martín Villa.
«El operativo resultó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles en tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados», indicó la organización.
Continúa la impunidad
HRW denunció que en Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por cuerpos policiales con el conocimiento de las más altas autoridades del país.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU informó en septiembre de 2021 que las autoridades judiciales han sido cómplices de los abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales y no proteger a las víctimas de torturas.
«Los jueces permitieron que hubiera demoras procesales significativas e interfirieron con el derecho de las personas a elegir sus propios abogados», reiteró la Misión de la ONU.
El Ministerio Público informó que, entre agosto de 2017 y mayo de 2021, 716 funcionarios fueron acusados de delitos vinculados con violaciones de derechos humanos, 1064 fueron procesados, 540 detenidos y 153 condenados.
Según HRW, la Misión de Determinación de los Hechos señaló algunas discrepancias en las cifras proporcionadas por las autoridades venezolanas y concluyó que no había evidencia de que las autoridades estuvieran realizando investigaciones para determinar la responsabilidad por abusos en los niveles superiores de la cadena de mando.
