«La transferencia de la sede de El Nacional a Diosdado Cabello es una culminación ridícula e indignante de un hostigamiento y persecución dirigido durante años hacia este periódico», declaró el director del IPI, Scott Griffen
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, anunció que el Partido Popular de España pidió a la Comisión Europea sancionar los ataques a la libertad de prensa del régimen de Maduro, en concreto, a la jueza que entregó la sede de El Nacional a Cabello
El Instituto Internacional de Prensa (IPI) denunció este miércoles «la intolerancia del régimen venezolano contra los medios libres» tras la adjudicación de la sede del diario El Nacional a Diosdado Cabello, número dos del Gobierno.
La Justicia venezolana entregó este lunes la sede de El Nacional a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como parte de una compensación por «grave daño moral» tras una demanda del político contra ese medio.
«¿Qué podría ser más simbólico que la toma literal de la propiedad de El Nacional por parte de una de las manos derechas de Nicolás Maduro (presidente venezolano)?», añadió Griffen, quien afirmó que este caso «no tiene nada que ver con la justicia».
La compensación, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también incluye el pago de 13,4 millones de dólares.
La sede ya estaba embargada desde mayo del año pasado tras una denuncia presentada en 2015 por Cabello contra el diario venezolano por publicar un artículo sobrte un reportaje del periódico español ABC que lo vinculaba con el narcotráfico.
Desde El Nacional denuncian que la sede se ha entregado «sin ninguna competencia ni subasta» y que esta decisión es otro de «los atropellos del chavismo en contra de la prensa independiente».
El IPI es una red mundial de editores y propietarios de medios de comunicación, con sede en Viena.
Piden sanciones contra la jueza del caso
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, anunció que el Partido Popular de España pidió a la Comisión Europea sancionar los ataques a la libertad de prensa del régimen de Maduro.
En particular, instaron a adoptar medidas contra la jueza que resolvió la adjudicación de la sede de El Nacional a Cabello. La encargada del Tribunal Tercero de Primera Instancia, Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas es Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general de Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo, aseguró el rotativo en un comunicado.
