Catorce casos de persecución y criminalización contra mujeres vinculadas con la política han sido documentados durante el año 2021
Otras víctimas son las mujeres familiares de presos políticos cuando acuden al centro penitenciario para poder acceder a la visita en muchas ocasiones deben desnudarse y son sometidas a actos degradantes por los funcionarios de seguridad
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), a través de un informe, denunció la aplicación de patrones de persecución y criminalización contra las mujeres por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
«Mujeres víctimas de la persecución y la criminalización en Venezuela», arrojó que de los 818 casos de persecución y criminalización registrados durante el año 2021, 73 ocurrieron contra mujeres, 211 contra hombres y 534 casos no han podido disgregarse por género.
En los 73 casos de persecución y criminalización contra mujeres, Cepaz identificó que 42 eran trabajadoras de la comunicación, 14 mujeres estuvieron vinculadas con la política (seis ciudadanas y activistas sociales), y nueve familiares de alguna víctima de persecución y/o criminalización y dos defensoras de derechos humanos.
Cepaz registró 36 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas; 14 detenciones arbitrarias; 10 impedimentos de registrar un hecho noticioso; cinco actos de violencia, tres inhabilitaciones políticas; un allanamiento de vivienda y cuatro medidas cautelares de prohibición de salida del país.
Víctimas directas
Según reseña el Centro de Justicia y Paz , las mujeres que son perseguidas y criminalizadas reciben ofensas en razón de su género. «La Misión ha podido documentar casos en los que las mujeres detenidas son obligadas por funcionarios del Estado a mantener relaciones sexuales a cambio de bienes y privilegios».
Otras víctimas son las mujeres familiares de presos políticos cuando acuden al centro penitenciario para poder acceder a la visita. En muchas ocasiones, deben desnudarse y son sometidas a actos degradantes por los funcionarios de seguridad.
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Otro hecho que constató Cepaz, muy vinculado con el patrón de intimidación, hostigamiento y amenaza, fueron 10 casos de impedimento de registrar un hecho noticioso, los cuales ocurrieron en su mayoría en el contexto de las elecciones regionales y municipales.
«Las trabajadoras de la comunicación son censuradas si expresan, registran o evidencian públicamente alguna situación que el gobierno de Nicolás Maduro considere que colisiona con su política de permanencia en el poder», se lee en el informe.
Dos actos de amenaza u hostigamiento contra mujeres defensoras de derechos humanos fueron documentados durante el año 2021. El gobierno de Nicolás Maduro ha buscado restringir los espacios de denuncia y visibilización de la crisis en derechos que persiste en Venezuela, denuncia la ONG.
«Seis casos de criminalización contra la población y el control social, han sido documentados durante el año 2021. Entre ellos un acto de intimidación, cinco detenciones arbitrarias y acciones de control social generalizadas y sistemáticas», señaló el Centro de Justicia y Paz.
*Puede leer el informe completo AQUÍ
