Van Berkel aseguró que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también afectará a medios de comunicación, universidades, centros académicos, entre otros
El Observatorio Social Humanitario (OSH) discutió en un foro junto a expertos que si el anteproyecto de la ley de cooperación internacional, planteado por la Asamblea Nacional, se lleva a cabo, afectará principalmente a los beneficiarios de la acción de defensa de derechos humanos.
El foro «Venezuela en Emergencia Ley de Cooperación Internacional: una amenaza a la respuesta humanitaria en Venezuela» se realizó el 13 de mayo de 2021 y contó con la participación de Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, y Deborah Van Berkel, presidenta de la Red Sinergia.
Romero indicó que cuando se afecta el trabajo de la sociedad, más allá del impacto directo que tiene en las organizaciones, es una violación más a los derechos de las víctimas que ya se encuentran en desprotección.
«La cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional, más allá de un tema de recursos económicos, permite interactuar con organismos internacionales, «, explicó Romero.
Según Romero, este instrumento busca ir en contra de ese derecho.
Daniels señaló que los principales afectados, en caso de que esta Ley se implemente, serían los cientos de miles de beneficiarios de la acción de defensa de derechos humanos como de la acción humanitaria.
Por su parte, Van Berkel, reiteró que la Ley de Cooperación Internacional busca quitarle a la sociedad la capacidad de generar los mecanismos de solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho.
Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas.
Los expositores alertaron que esta ley amenaza la atención de venezolanos en estado de vulnerabilidad.
Obstáculos y limitaciones
Alí Daniels mencionó que el obstáculo principal que genera este anteproyecto de ley es la confusión terminológica y falta de coherencia interna que hay en él.
En cuanto a las limitaciones concretas que establece la Ley contra las ONG, Daniels mencionó las siguientes:
La instauración de un registro. Se somete a las organizaciones a tener que inscribirse en ese registro porque si no no responde a tener cooperación internacional.
La cooperación del Estado. Según Daniels, la mención en varios artículos sobre la cooperación del Estado preocupa, porque da a entender, que toda la cooperación es pública. De acuerdo con Daniels, esto podría implicar que la cooperación solo pueda ser a través del manejo del dinero por el gobierno venezolano. «Sería terrible, porque no se rinden cuentas», dijo.
«Aunque venga de agentes privados del exterior, al entrar en Venezuela debe ser público. Es muy peligroso porque se trataría de estatización de la cooperación internacional», reiteró el director de Acceso a la Justicia.
El derecho a información. Daniels explicó que, con esta Ley, cualquiera podría pedir información de estatutos y actividades que realizan las organizaciones. Por lo que sería algo arbitrario.
Estas preocupaciones le llevan a afirmar que la ley criminaliza la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos: «Se pretende la instauración de un registro para las organizaciones para que estas tengan acceso a la cooperación internacional además que ahora cualquier ciudadano puede preguntar por los estatus de las organizaciones, no solo el Estado, y esto es absolutamente arbitrario, es peor que la Providencia contra el terrorismo, porque (…) yo con esto pienso en un colectivo que va a preguntar de dónde sacan el dinero, quiénes los financia, para qué».
«Una violación más a los derechos de las víctimas»
Romero señaló que además de los obstáculos y limitaciones que causa la ley a las organizaciones, este tipo de controles también afecta el trabajo de la sociedad civil, y principalmente, a los beneficiarios de sus programas.
«Más allá del impacto directo que tiene en las ONG, es una violación más a los derechos de las víctimas», reiteró.
Van Berkel aseguró que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también afectará a medios de comunicación, universidades, organizaciones religiosas y de atención social de iglesias, centros académicos, organizaciones que trabajan con formación política, y redes de organizaciones de base comunitarias que no están registradas formalmente pero que actúan en trabajo social verán limitadas sus funciones de llegarse a aprobar.
Según la presidenta de la red Sinergia, desde el punto de vista las organizaciones, no solo hay preocupación, hay acción y una acción que siempre ha sido justamente el registro de denuncia y exigencia de derechos humanos.
«Hay más 600 organizaciones que están con una acción de atención de necesidades fundamentales de los venezolanos en una diversidad de proyectos y lo que busca la solidaridad entre los pueblos», explicó Van Berkel.
«La Ley de Cooperación Internacional es una ley para quitarle a la sociedad la capacidad de generar los mecanismos de la solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho», afirmó Van Berkel.
