Maria Josefa Maya, autor en Runrun

María Josefa Maya

Cronología | Lo que pasó en los tres meses de crisis fronteriza entre Chile y Perú
El conflicto con los migrantes venezolanos en Tacna, región sureña de Perú que es fronteriza con Chile, inició a finales de febrero con la militarización de la frontera chilena con sus países vecinos, Perú y Bolivia
El viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ignacio Higueras, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, expresaron que la situación de los migrantes varados en la frontera de ambos países ya fue superada.
Los migrantes indocumentados son aquellos que no tienen información para entrar, pero sí tienen cédula y pasaporte venezolano. Para estos países, ser indocumentado es no tener visa o que entraron de manera irregular
Madison González, investigadora y especialista en la geografía de las migraciones, explicó que el movimiento migratorio de venezolanos seguirá ocurriendohasta que las personas consideren dentro de Venezuela puedan satisfacer sus necesidades

 

Desde finales de febrero de 2023, cientos de migrantes venezolanos estuvieron varados en la frontera entre Chile y Perú. Desde entonces, ambos países han tomado medidas para frenar la migración irregular. Sin embargo, esto no ha detenido que los migrantes sigan emprendiendo su viaje hacia la región andina. 

Durante tres meses, los migrantes permanecieron en la zona sin ningún tipo de protección. Gema Cortés, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señaló a DW que esta situación aumenta el riesgo de sufrir violencia, abuso y explotación en niños, niñas y adolescentes. 

Amnistía Internacional señaló que los migrantes estuvieron «en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas».

Los migrantes rechazados por Perú improvisaron campamentos en un punto intermedio entre ambos países, y otros regresaron a Arica, en Chile.

Desde entonces, algunos venezolanos han regresado a su país a través de vuelos de repatriación. France 24 reseñó que el 6 de mayo el gobierno venezolano envió un avión que   aterrizó en la ciudad de Arica, a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Recogió a migrantes que estaban del lado chileno en el paso fronterizo de Chacalluta y a otro grupo en la ciudad peruana de Tacna.

“El anuncio de la llegada del avión fue recibido con escepticismo entre los venezolanos. Muchos de ellos no quieren regresar a su país, sino emigrar a otro destino. También hay colombianos y haitianos, para quienes todavía no hay solución”, indicó el medio.

El 22 de mayo, el viceministro de Relaciones Exteriores de PerúIgnacio Higueras, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de ChileGloria de la Fuente, indicaron que la situación de los migrantes varados en la frontera de ambos países ya fue superada.

«La forma como la situación ha ido mejorando en las últimas semanas en esa zona de frontera es una demostración de que las situaciones que se han ido viviendo han sido en gran medida superadas por un trabajo coordinado con Chile», indicó Higueras a la prensa, tras sostener un encuentro con De la Fuente.

Madison González, investigadora y especialista en la geografía de las migraciones, explicó que el movimiento seguirá en circulación hasta que las personas consideren dentro de Venezuela puedan satisfacer sus necesidades. 

“Las personas migran en búsqueda de una mejor calidad de vida a pesar de que existan restricciones”, reiteró González. 

Según González, Perú en principio entendía la migración venezolana como una migración mixta, porque llegaban personas desplazadas, solicitantes de asilo y retornados. 

“Ahora, Perú y Chile entienden a la migración venezolana como personas desplazadas en el exterior, que necesitan apoyo y protección internacional pero que ellos no están en la capacidad de atender”, aseguró González. 

Lo que ha pasado desde hace tres meses en la frontera chilena-peruana

El conflicto con los migrantes venezolanos en Tacna, región sureña de Perú que es fronteriza con Chile, inició a finales de febrero con la militarización de la frontera chilena con sus países vecinos, Perú y Bolivia. 

Yahoo Noticias reseñó que en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados se tomó la medida por el aumento significativo de inmigrantes provenientes de países cercanos, especialmente de Venezuela.

A continuación, Runrun.es relata en una cronología lo que ocurrió en la frontera entre Chile y Perú desde la militarización de la zona: 

González explicó que la presión de los migrantes tiene que ver con el derecho migratorio, la necesidad de los venezolanos de salir de su país para emigrar a otros países con oportunidades más estables

Golpes, violencia, militarización de la frontera como si fuera crimen no es la respuesta. Cuando lo que hacemos es luchar por nuestra vida, por garantizar nuestros derechos humanos, por buscar el derecho a tener acceso a alimentación, salud y educación. Estoy en contra de la militarización de las fronteras, de la restricción de los accesos en especial de personas que continúan viajando en una situación de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos humanos”, explicó la investigadora. 

Lo que ocurre dentro de Perú y Chile

Gonzalez explicó que la situación para los migrantes venezolanos en Chile y Perú era diferente a lo que es hoy en día, casi 10 años después de que inició el movimiento migratorio venezolano hacia otros países de la región.

En el caso de Perú, debido al colapso del sistema económico, casi dos millones de venezolanos llegaron a ese país. Según González, esta nación tiene una economía informal, donde más de 50% se centra en actividades de agricultura y comercio informal.

“Esto favorece  la marginación y marginalización de las personas, que se hayan incrementado los niveles de violencia no significa que sea consecuencia de la migración venezolana, sino de la crisis económica que agudizó la situación de Perú”, explicó la investigadora.

Según González, Chile tuvo políticas abiertas con los venezolanos inicialmente, pero debido a la gran cantidad de personas queriendo entrar, decidieron implementar visados para frenar la entrada de migrantes indocumentados.

“Estas naciones tienen el compromiso, y pactos firmados internacionalmente como la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, de recibir a las personas que dentro de sus fronteras soliciten asilo”, reiteró la investigadora. 

De acuerdo con González, los venezolanos no tienen la costumbre de solicitar asilo porque ese trámite limita el movimiento. “La forma de migrar de los venezolanos es ir a trabajar un poco, ver cómo les va. Si les queda bien y buscan la manera de regularizarse o trabajan informalmente, para ahorrar y enviar dinero a sus familias que están en situación de vulnerabilidad”, aseveró la especialista en geografía de migraciones. 

Razones por las que los venezolanos seguirán migrando

La crisis económica, política y social de Venezuela no ha mejorado, según González. “Como esta situación no ha cambiado es crear burbujas económicas, no todo el mundo tiene acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y servicios públicos. Las personas continúan saliendo por la frontera en búsqueda de satisfacer estas necesidades y mejor calidad de vida. Muchos son perseguidos”, dijo.

La investigadora reiteró que las causas o diversas causas de las salidas deben estar claras. Como las causas siguen ahí, la migración sigue, porque los derechos humanos aún no están garantizados.  

González explicó que las medidas dictadas por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional Para las Migraciones (OIM) y las Naciones Unidas son insuficientes para garantizar la integración en sociedades de acogida.

“Son políticas emergenciales que no tienen ninguna posibilidad de establecerse como política de Estado en estos países que reciben a venezolanos. Por ello, los venezolanos se convierten en un gasto y un problema por falta de políticas migratorias en los países destino”, reiteró. 

Según González, la migración venezolana ha sido abrupta y sin planificación. Por ende, la perspectiva de los estados es que el grupo migratorio ha colapsado su sistema de salud y su sistema social básico , porque no estaban en la capacidad de recibir tanta gente y en general los países no tienen políticas migratorias de recepción. 

“Por eso se reservan el derecho, a través del derecho internacional, de decidir quién entra y sale, quién es ciudadano y quién no. Por eso implementan estos instrumentos para limitar la circulación por su territorio”, dijo.

La especialista en geografía de migraciones indicó que cada país decidió pensar a la migración venezolana como una ola de refugiados, personas desplazadas y migrantes económicos sabiendo que esto es un compendio.

“No todo el mundo salió con la misma situación. Ningún país estaba preparado para recibir la cantidad de personas que estaban saliendo de Venezuela, las organizaciones internacionales, aunque han apoyado y seguido desde cerca lo que sucede con la situación venezolana, no tienen injerencia dentro de los estados, sólo son propositivas. En pocos países se han convertido en una política de estado”, aseguró González. 

ONG cuestionan informe presentado por Venezuela en la CEDAW
Las cifras oficiales sobre trata de personas con fines de explotación sexual no dimensionan el fenómeno y el subregistro de casos es incalculable
Guzmán reiteró que el gobierno de Maduro aún enfrenta retos para erradicar la trata, prostitución y explotación sexual de venezolanos migrantes
Dafna Hacker Dror reiteró que la cantidad de casos de trata en Venezuela no incluyen situaciones que ocurren en el Arco Minero del Orinoco

Tras la presentación del noveno informe periódico del Estado venezolano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), organizaciones no gubernamentales del país y expertos de la CEDAW rechazaron los alegatos presentados por la delegación venezolana. 

Diferentes organizaciones de la sociedad civil e incluso expertas de otras delegaciones de la CEDAW cuestionaron la presentación de la delegación venezolana y presentaron pruebas que desdicen lo que  presentó el Estado venezolano.

«Me preocupa la falta de atención que se le concede a la prostitución, a la explotación de la mujer venezolana. Me rompe el corazón escuchar informes alarmantes de mujeres venezolanas  que han sido víctimas de trata sexual en su tránsito a otros países. Teniendo en cuenta que millones de mujeres han abandonado el país en los últimos años en situaciones complicadas», señaló la experta israelí en temas de género, Hacker Dror, ante el balance de la delegación del gobierno de Maduro. 

Diva Guzmán León, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, había sido la encargada de presentar el informe de la delegación de Nicolás Maduro ante la CEDAW. En el grupo gubernamental había representantes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Ciencia y Tecnología; la Asamblea Nacional; el Consejo Nacional de Derechos Humanos; la Corte Suprema de Justicia; el Ministerio Público; el Consejo Nacional Electoral; y el Representante Permanente de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Durante su presentación, Guzmán reiteró el «compromiso» del Estado venezolano con las políticas de igualdad de género, señalando que el gobierno ha promulgado leyes a favor de la igualdad de género y derechos de la mujer a una vida libre de violencia y aseguró que las sanciones han impedido la compra de piezas para equipos médicos, así como la procura de reactivos para laboratorios, material médico quirúrgico y vacunas.

Trata de mujeres venezolanas 

A pesar de las aseveraciones de la delegación venezolana en la CEDAW, en donde afirmaron que el Ministerio Interior, Justicia y Paz cuenta con frentes preventivos, asegurando que «sean zonas rurales o indígenas, no importa cual sea el área del territorio, ahí estamos desplegados», organizaciones y expertas de otras delegaciones presentaron información que contradice el discurso de la delegación venezolana. 

Hacker Dror reiteró que la cantidad de casos de trata en Venezuela no incluyen situaciones que ocurren en el Arco Minero del Orinoco, que se desvelaron tras la Misión de Investigación sobre Venezuela a través de un informe que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en 2022. 

«El informe describe la explotación sexual de niñas y adolescentes en las minas que afectan ante todo a niñas y adolescentes indígenas de esa zona del Orinoco», aseguró Hacker Dror.

En septiembre de 2022, la ONG Kapé-Kapé advirtió que la implementación del Arco Minero ha diversificado el impacto de la violencia contra las mujeres indígenas.

 

Diversos derechos vulnerados

Durante la presentación del informe de Sombra sobre Venezuela de las ONG ante la CEDAW se relató que las mujeres en Venezuela deben enfrentarse a diversas violaciones de sus derechos.

María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide, resaltó que la escasez de anticonceptivos y la dificultad para acceder a ellos ha generado que mujeres de bajos recursos recurran a prácticas irreversibles.

«Las jornadas de esterilización para mujeres, hechas por el Plan Quirúrgico Nacional, son una medida de discriminación basada en género que refuerza los estereotipos», aseguró Ibáñez. 

En su intervención, Cristina Ciordiat, coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) recordó que en el 2014, la Cedaw instó al Estado venezolano a producir y publicar datos desagregados y confiables sobre tipos de violencia contra la mujer, la recomendación no ha sido cumplida.

«Los datos presentados por Venezuela provienen de inconsistentes órganos del Estado, que no cumplen con las recomendaciones sobre registro desagregado y son cifras que nunca han sido de acceso público, ni son verificables», sostuvo Ciordiat.

Además, Emilin Piña, presidenta de la Fundación Mujer tu Voz tiene Poder, indicó que el Estado venezolano no ha garantizado los acuerdos pactados porque se han incumplido no solamente las leyes que rigen en Venezuela, sino que también se han infringido los acuerdos y los tratados internacionales que se han dado en el mismo marco.

Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que la ausencia absoluta del estado de derecho y justicia en Venezuela se debe a la ruptura institucional producto de que jueces, fiscales y defensores públicos no tienen autonomía alguna y por eso no cumplen su rol de control del poder político. 

«Se deben designar verdaderos operadores de justicia que cumplan y defiendan los derechos de los ciudadanos y no se limiten a cumplir órdenes», dijo Louza.  

Cofavic, por su parte,  denunció que en el desarrollo de mecanismos de «seguridad ciudadana» las mujeres y niñas son obligadas a presenciar actos violentos y que son objeto de otro tipo de vulneraciones de sus derechos a través de «amenazas de violencia sexual, insultos misóginos, golpes y detenciones arbitrarias».

En total, las ONG venezolanas presentaron más de 30 informes en la Cedaw, en los que documentaron la falta de interés del Estado venezolano para resguardar los derechos de las mujeres en Venezuela

«Las ONG venezolanas se han esforzado por visibilizar el contexto restrictivo en el cual se desenvuelven las mujeres, que cada vez se ven más afectadas por la falta de recursos y de manera diferenciada por la emergencia humanitaria compleja (EHC)», detalló en una publicación Sinergia, red venezolana de OSC.

Las ONG venezolanas se articularon desde hace más de un año para producir estos informes que evidencian la realidad del incumplimiento de las obligaciones del Estado en resguardo de los derechos de las mujeres en Venezuela. 

CEDAW rechaza ataques a la CPI

Entretanto, la presidenta de CEDAW, Ana Peláez Narváez, rechazó los ataques en contra de la Corte Penal Internacional (CPI) que hizo el representante del gobierno de Nicolás Maduro, Larry Devoe.

Durante la sesión, las expertas de la ONU preguntaron por las denuncias de violaciones y violencia sexual que investiga la CPI. Como respuesta, Devoe se mostró en contra de la investigación que lleva adelante el fiscal Karim Khan.

“El proceso que se está desarrollando en la Corte Penal internacional es un proyecto, es un proceso que responde a objetivos políticos. Forma parte de la agresión multiforme que desde el Gobierno de los Estados Unidos se ha impulsado para promover un cambio de régimen en Venezuela”, aseguró.

Además, indicó que está “demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo cual la Corte Penal internacional no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela”.

Confirman lista de migrantes venezolanos que perdieron la vida en arrollamiento en Texas
El Departamento de Policía de Brownsville dio a conocer la lista de los migrantes venezolanos muertos y de los 11 heridos en el arrollamiento ocurrido el pasado 7 de mayo en una parada de autobús próxima a un albergue

 

Durante la mañana del domingo 7 de mayo, George Álvarez,  de 34 años, atropelló con su camioneta a un grupo de migrantes que esperaban en una parada de autobús de Brownsville, Texas. 

El martes 16 de mayo, casi 10 días después del incidente, el Departamento de Policía de Brownsville, en el estado de Texas, Estados Unidos, dio a conocer la lista con los nombres de los ocho migrantes que fallecieron.

La lista fue elaborada entre la policía y el consulado de Venezuela en México. En ella aparecen siete venezolanos muertos y un colombiano. La lista precisa que hubo 11 heridos.

La parada donde se encontraban los migrantes  no cuenta con bancos para sentarse y no estaba señalizada. Está frente a al Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, un albergue para personas sin hogar en donde pernoctaron las víctimas. A ese sitio acuden aquellos migrantes liberados por el gobierno federal. 

France 24 reseñó que la mayoría de las víctimas habían llegado al albergue dos o tres días antes.  Los migrantes esperaban un autobús cuando fueron sorprendidos por la camioneta de Álvarez, que los embistió a alta velocidad. 

El  jefe de policía de Brownsville, Félix Sauceda, precisó en rueda de prensa que el conductor de la camioneta gris atropelló a 18 personas. Seis murieron en el lugar.

«La Range Rover se saltó el semáforo que estaba a unos 30 metros y pasó por encima de la gente que estaba sentada allí en la parada de autobús», dijo Víctor Maldonado, director del centro.

Tras arrollar fatalmente al grupo de migrantes, Álvarez intentó huir, pero miembros del centro lo detuvieron hasta que llegó la policía.

Félix Sauceda, jefe de policía de Brownsville, aseguró que el conductor de la camioneta plateada tiene una lista de cargos anteriores que incluyen agresión con un arma mortal, agresión a un servidor público, robo de un vehículo, agresión con lesiones corporales, conducta delictiva, conducir en estado de ebriedad, evadir el arresto, interferencia con los deberes públicos, posesión de marihuana, entre otros. 

Tras el hecho en el que acabó con la vida de ocho venezolanos enfrenta 10 cargos adicionales de asalto agravado, 8 cargos de homicidio involuntario y conducción imprudente. Le fijaron una fianza de 3.6 millones de dólares.

Un primer examen toxicológico cuyos resultados fueron difundidos el 9 de mayo por el Washington Post reveló que Álvarez tenía «cocaína, benzodiazepinas y marihuana en su sistema» al momento de embestir al grupo que esperaba un autobús. Se espera el resultado de otros análisis

 Los testigos del suceso aseguran que lo escucharon expresar sentimientos  antiinmigrantes después de que intentara huir de la escena del accidente. Las autoridades aún no han descartado una motivación intencional en el hecho.

Los venezolanos que fallecieron

Luis Jeffrhey Matute Vásquez: Tenía 31 años y cinco hijos. Matute era de los Valles del Tuy, estado Miranda. Antes de llegar al territorio estadounidense, Matute vivió en Ecuador por cinco años, país donde están su esposa e hijos. Su hermano, Larry Matute, indicó que la esposa de Matute está solicitando una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos y despedir al padre de sus hijos. Según su hermano, Matute falleció en el hospital. 

 
 
 
 
 
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José Javier Carrio Moreno: Tenía 18 años. Cario era de Caracas, Distrito Capital. Su padre, José Cario, relató que su familia, conformada por su esposa y dos hijos, habían emigrado a Perú. La meta era llegar a Nueva York. José fue separado de su familia por tener 18 años cuando ingresaron a territorio estadounidense. Su familia estaba en otro refugio a 10 minutos de la parada de autobús donde falleció.

 
 
 
 
 
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Cristian Jesús Sangroni Rodríguez: Tenía 19 años. Su madre, Marisol, aseguró que su hijo se encontraba en estado crítico en el hospital luego de ser atropellado mientras esperaba en la parada de autobús. Sangroni falleció en el hospital. 

 
 
 
 
 
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Jorge Luis Flores: Era albañil en el municipio Carirubana, estado Falcón. Flores había migrado a EE.UU junto a su esposa y dos sobrinos, que estaban retenidos en la frontera con México. al momento del accidente.  Tenía 48 años.

 
 
 
 
 
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Enyerberth Cabarcas Mesa: Tenía 23 años. Era de Maracaibo, estado Zulia.

 
 
 
 
 
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Brayan García: Tenía 24 años y era padre de una bebé de siete meses. Era de Maracaibo, estado Zulia, pero tenía nacionalidad colombiana. Su cuñada, Yaneth Díaz, contó a Utah Venezolanos que García trabajaba en un autolavado. Antes de llegar a EEUU había emigrado a Colombia, específicamente a Magdalena, departamento del que son sus padres. Díaz señaló que supieron que García había fallecido a través de redes sociales. 

 
 
 
 
 
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Héctor David Medina Medero: Tenía 24 años. Era barbero en La Velita, estado Falcón. Estudió en en la Escuela Técnica Industrial Pedro Curiel Ramírez y en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Sus familiares señalaron que Medina emigró de Venezuela hace tres meses. Antes de llegar a EEUU estuvo en Perú. Medina estaba camino a reencontrase con su madre que se encuentra en Chicago, junto a otro de sus hijos.

 
 
 
 
 
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Richard  Alejandro Bustamante Pérez: Tenía 27 años. Era de Guanare, estado Portuguesa. Fue funcionario policial, pero había dejado su carrera. Atravesó la selva del Darién junto con otros dos amigos que también resultaron heridos en el accidente. Había llegado a Texas apenas tres días antes del fatal suceso y su meta era llegar a Nueva York. Su hermana, Karina, señaló que su hermano habló por teléfono con su esposa y su mamá unos 10 minutos antes de que fuese atropellado. La familia también se enteró de su fallecimiento a través de redes sociales.

 
 
 
 
 
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Los 11 heridos

El Departamento de Policía de Brownsville precisó que estas fueron las personas que resultaron heridas después de ser atropelladas:

1. Manuel Rafael Chacón Martínez (42 años).

2. Raúl Antonio Ramos Vivas (28 años).

3. Gabriel José Gallardo Contreras (26 años).

4. Juan José Quiroz Subero (40 años).

5. José Luis Durán González (29 años).

6. Adreivy Moisés Contreras Márquez (26 años).

7. Juan Carlos Paredes Morales (45 años).

8. Monra Alberto Quevedo Silva (32 años).

9. Ender Augusto Mata García (23 años).

10. Yender Palacios Alvarado (21 años).

11. Euglis Matheus (33 años).

Testigos y sobrevivientes podrían optar a nuevo estatus legal

El diario La Voz de América recogió declaraciones de expertos en materia legal quienes aseguraron que los testigos y sobrevivientes de este atropello masivo podrían optar a un nuevo estatus migratorio.

Dina Nuñez, organizadora comunitaria de la ONG Trabajadores Unidos, declaró al medio que estas personas podrían calificar para una Visa U.  El fiscal del condado debería certificar esta solicitud para apoyarlos.

Este tipo de visa es reservada para personas que fueron víctimas de abuso mental, o testigos de crímenes ocurridos en territorio estadounidense y cuyo testimonio sea útil para las investigaciones. 

El proceso es minucioso y la información que aporten debe ser realmente valiosa para el curso de las investigaciones.

CLAVES | Título 8 agrega nuevas penas contra migrantes
Sin una visa, un patrocinador autorizado o una cita de CBP One, los extranjeros indocumentados que sean detenidos en la frontera entre México y EEUU  se enfrentarán a una deportación y cinco años de castigo sin poder entrar legalmente al país gobernado por Biden
Si una persona es expulsada bajo el Título 8 no será candidato para optar por una petición de asilo, por lo que HRW que con el endurecimiento de las políticas migratorias EEUU busca «terminar con el beneficio del asilo»
Aquellos migrantes que acumulen intentos repetidos de entrada «ilegal» a Estados Unidos podrían ser sometidos a un enjuiciamiento penal, advierte el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional de EEUU
Con la entrada en vigencia del Título 8 se creará un parole de reunificación familiar para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. EEUU dijo también que modernizará los existentes para Cuba y Haití. No se menciona a Venezuela y Nicaragua en estas nuevas medidas

 

A las 11:59 .m. de este 11 de mayo, el Título 42 llegará a su fin para dar paso a la puesta en práctica del Título 8. La medida que dejará de estar vigente tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.

Dicha  orden de salud pública fue emitida por el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 20 de marzo de 2020, bajo la administración de Donald Trump.

Por su parte, el Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos y que entrará en vigencia desde el 12 de mayo de 2023, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense. 

«El fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario», advirtió Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional en una conferencia de prensa el pasado 10 de mayo.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, mostraron su preocupación en torno a la implementación de más trabas  por parte del gobierno estadounidense para el proceso de solicitud de asilo en sus fronteras y territorio.

A continuación, algunas claves de lo que deberán enfrentar los migrantes con la aplicación del Título 8:

El Título 8 permite al Gobierno de EEUU procesar de manera expedita y expulsar a personas que lleguen a la frontera estadounidense de forma ilegal.

 Sin una visa, un patrocinador autorizado o una cita de CBP One, los extranjeros indocumentados que sean detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos  e enfrentarán a una deportación y hasta a cinco años de castigo sin poder entrar legalmente a Estados Unidos.

«Un elemento que sí cambia con el Título 8 y que sí es preocupante es que si alguien intenta cruzar sin cita, de inmediato, se aplica ahora prohibición de cinco años para volver a entrar a EEUU, cosa que no aplicaba con el Título 42», dijo Tyler Mattiace, investigador en México de Human Rights Watch, durante un Twitter Space este 11 de mayo.

En caso de ser deportado bajo el Título 8, el migrante podría enfrentar un proceso penal si intenta cruzar nuevamente antes del periodo indicado de castigo. 

En caso de ser deportado bajo el Título 8, el migrante también podría dejar de ser candidato para la solicitud de asilo.

El Título 8 será aplicado a quienes no han sido procesados en la frontera o quienes no hayan entrado al país.

No afectará a los que tienen I-220A, que es una “Orden de Libertad Bajo Palabra”, también conocida como el Formulario I-220A. El gobierno de los Estados Unidos le otorga este documento a ciertas personas que estaban detenidas y después fueron liberadas por oficiales de inmigración. Este formulario en general incluye algunos requisitos y condiciones a cambio de ser liberado de la detención, como tener que asistir a audiencias en la corte de inmigración.

Estados Unidos continuará aceptando hasta 30. 000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití como parte del proceso de parole humanitario ampliado, que para venezolanos se anunció en octubre de 2022 y luego se expandió a otras nacionalidades.

Las medidas del Título 8 que serán implementadas están coordinadas con aliados regionales, que incluyen los gobiernos de: México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.

Mattiace, investigador de HRW en México, indicó que el Título 8 será una política permanente. «Los gobiernos de México y Estados Unidos están intentando presentar todo este modelo como algo permanente, que será la política y forma en la que se maneja la frontera», explicó.

Endurecerán los requisitos de asilo

Durante una conferencia el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, especificó que su país endurecerá los requisitos para solicitud de asilo. A continuación, algunas claves sobre cómo influirá el Título 8 en este proceso:

Si una persona es expulsada bajo el Título 8  no será candidato para optar por una petición de asilo, bajo la regulación propuesta de elusión de vías legales, en ausencia de una excepción aplicable.

En las “circunstancias limitadas” bajo las que se aceptará una petición de asilo se incluirán las personas que que hayan utilizado las «vías legales” que plantea Estados Unidos, es decir, que hayan programado una cita con las autoridades de inmigración a través de la aplicación CBP One, y quienes “hayan solicitado asilo, o protección en otro país, por el que han transitado y les fue denegado”.

“Estamos dejando muy en claro que nuestra frontera no está abierta y que aquellos que no son elegibles para el asilo serán devueltos rápidamente. No escuches las mentiras de los contrabandistas. Esto es lo que te pasará: serás devuelto”, enfatizó Mayorkas.

Fuera de los aspirantes de asilo originarios de México, el resto tendrá primero que pedir asilo en un tercer país en ruta a territorio estadounidense y recibir una negativa antes de continuar camino a Estados Unidos. 

HRW alertó  esta medida endurece la prohibición que ya existe. «Si alguien llega a la frontera habiendo pasado por un tercer país sin haber solicitado asilo en ese tercer país y sin haber sido rechazado por asilo en ese país, EEUU automáticamente va a rechazar su solicitud de asilo. Y la única manera de evadir eso o la única excepción es para las personas que solicitan citas por la CBP One, que funciona desde principios de 2023″, explicó el investigador en México de HRW. 

Durante un Twitter Space, Human Rights Watch señaló que su preocupación es que Estados Unidos busca formalizar una política para acabar con la posibilidad de solicitar asilo.

De acuerdo con HRW, el gobierno de Joe Biden ha creado algunos nuevos permisos humanitarios. Sin embargo, alertan que esos permisos, también conocidos como paroles, tienen limitaciones importantes vinculadas con las capacidades económicas de los migrantes, lo que va en contra del derecho internacional. «Las personas deben tener dinero para costear el viaje en avión, tener un pasaporte y un patrocinador en territorio estadounidense (…) Muchos requisitos, como un pasaporte en el caso de los venezolanos, pueden ser imposible de conseguir», señalaron voceros de la organización. 

«Ese permiso no da refugio o asilo. Es un permiso de viaje temporal. No se puede condicionar el acceso a protección a las condiciones económica de las personas. Todos tenemos derecho a la protección internacional», indicó Tyler Mattiace.

Ary Sawyer, investigadora de HRW, explicó que para solicitar asilo, los migrantes deberán esperar en ciudades fronterizas peligrosas por tiempos indeterminados.

«En México ya sabemos que estas ciudades son objeto de secuestro, violación, agresión y otros actos de violencia. Estarán ahí hasta que se las arreglen para obtener una cita, y lo que se dan son unas 1.000 citas diarias para solicitar asilo. Muchos de ellos van a tener que solicitar ayuda de coyotes para cruzar en situaciones de emergencia, por lo que habrá un aumento en la cantidad de personas que mueren cruzando la frontera. Esto enriquecerá a los criminales organizados. EEUU quiere terminar con el beneficio del asilo«, denunció Sawyer.

Nuevas procesos que trae el Título 8

Además de repatriación de migrantes más rápida, con la entrada en vigencia del Título 8 se creará un parole de reunificación familiar para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Venezuela y Nicaragua no forman parte del listado de nacionalidades que puede aplicar al proceso.

A continuación, 11 medidas adicionales que traerá la implementación del Titulo 8 en la frontera entre México y Estados Unidos, según precisó el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional:

El Departamento de Seguridad Nacional está creando nuevos procesos de libertad condicional de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. La agencia también está modernizando los procesos de libertad condicional de reunificación familiar existentes para Cuba y Haití.

Una vez finalizados, los procesos de parole de reunificación familiar permitirán que las personas examinadas con peticiones basadas en la familia ya aprobadas obtengan la libertad condicional en los Estados Unidos.

Venezuela y Nicaragua no forman parte de los países para los que aplica el parole de reunificación familiar.

El gobierno de Estados Unidos entregará una autorización oportuna y eficiente para aquellos aprobados y examinados para viajar. Las personas en libertad condicional en Estados Unidos bajo estos procesos serían elegibles para solicitar una autorización de trabajo.

Mayorkas también anunció que enviarán más personal a la frontera sur, entre ellos, más de 1.400 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, 1.000 coordinadores de procesamiento y 1.500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa, que permitirán que los agentes fronterizos “se concentren en su misión crítica”.

Cuando el Título 8 entre en vigencia, los migrantes ubicados en el centro y norte de México tendrán acceso a la aplicación móvil CBPOne para programar una cita para presentarse en un puerto de entrada en lugar de intentar ingresar entre puertos. CBPOne pondrá a disposición citas adicionales y el uso de esta herramienta permitirá un procesamiento seguro, ordenado y humano.

Estados Unidos se comprometerá a dar la bienvenida a miles de refugiados adicionales por mes del hemisferio occidental, con el objetivo de duplicar el número de refugiados que Estados Unidos se comprometió a recibir como parte de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.

Para lograr este objetivo, Estados Unidos se basará en las eficiencias de procesamiento logradas en los últimos dos años y aumentará aún más los recursos y el personal del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos en esta región.

Estados Unidos, junto con otros países de la Declaración de Los Ángeles, establecerá Centros Regionales de Procesamiento (RPC, por sus siglas en inglés) en ubicaciones clave en todo el hemisferio occidental para «reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales».

Los primeros centros se establecerán en varios países de la región, incluidos Colombia y Guatemala. Las personas de la región podrán hacer una cita en su teléfono para visitar el RPC más cercano antes de viajar, recibir una entrevista con especialistas en inmigración y, si son elegibles, ser procesadas rápidamente para las rutas legales a los Estados Unidos, Canadá y España.

Estados Unidos, en coordinación con aliados regionales, aumentará el número de vuelos de repatriación en todo su territorio. Incluyen vuelos a Cuba.

665.000 personas devueltas o expulsadas en lo que va de 2023

El secretario de Seguridad Nacional indicó que han devuelto y expulsado a otros países a más de 665.000 personas durante la primera mitad de este año fiscal.

La Voz de América reseñó que según cifras oficiales, aproximadamente 1,4 millones de personas fueron regresadas o expulsadas de Estados Unidos en el 2022. También señaló que han arrestado a casi 10.000 contrabandistas o “coyotes” que se benefician de inmigrantes vulnerables. 

Cada semana, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realiza hasta 66 vuelos de repatriación en todo Estados Unidos, un número que esperan continúe según la demanda y, tras la puesta en práctica del Título 8, con mayor frecuencia a países de Centroamérica y otros en Suramérica como Colombia y Perú.

Cruz Roja Venezolana atendió a 440.000 personas en 2022
La Cruz Roja Venezolana se ha enfocado en áreas de intervención como salud y respuesta a COVID-19

En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna, la Cruz Roja Venezolana aseguró que el último año apoyaron a 440.000 personas en Venezuela a través de las 25 seccionales y su red de hospitales y ambulatorios.

«Hemos gestionado un trabajo enfocado en las comunidades, la respuesta a emergencias, desastres y situaciones de violencia», señaló un comunicado de la institución. 

La labor de la Cruz Roja Venezolana se ha enfocado en las siguientes áreas de intervención: salud, respuesta a COVID-19, medios de vida, respuesta a desastres, derecho internacional humanitario, acción forense, restablecimiento del contacto entre familiares, migración, agua, saneamiento y promoción de la higiene y protección, género e inclusión.

A través de la campaña #DesdeElCorazon, la organización quiere destacar aspectos universales humanos y diversos del movimiento, centrándose en la participación de su equipo en comunidades.

Voluntariado a través de tres divisiones

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna se compone de tres partes independientes:

El Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya misión exclusivamente humanitaria es proteger la vida y la dignidad de las victimas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la mayor red humanitaria del mundo basada en el voluntariado, la cual actúa antes, durante y después de las emergencias sanitarias y desastres para atender las necesidades y mejorar la calidad de vida de las personas.

La Sociedades Nacionales, que actúan como auxiliares de las autoridades públicas de sus países en el campo humanitario, para brindar servicios que incluyen programas sociales y de socorro en casos de desastre y en caso de conflictos, ayudan a la población civil afectada y apoyan a los servicios médicos del ejército cuando corresponde.

Acción Solidaria: 9.3 millones de venezolanos no tienen acceso a medicamentos para sus enfermedades crónicas
De acuerdo con Acción Solidaria, 9.3 millones no tiene acceso a medicamentos para sus enfermedades crónicas
Según el balance de la organización, 89,7% de la población venezolana depende del servicio de salud público. Sin embargo, el sistema sanitario no cuenta con capacidad de atención, especialmente, para personas con condiciones crónicas de salud

Durante la mañana del 4 de mayo, en un salón con 33 personas y algunas cámaras de video, la organización Acción Solidaria presentó el balance de su Programa de Respuesta Humanitaria en Salud (PRHS). Entre 2018 y marzo de 2023, 775.852 personas se han beneficiado de los servicios que presta la organización. 426.280 mujeres y 340.661 hombres han recibido tratamientos médicos desde 2018.

De acuerdo con la organización, el programa surge a partir de una asamblea pública, el 31 de marzo de 2016, por falta de tratamientos médicos. Un año después, se transformó en una plataforma de cooperación entre organizaciones nacionales e internacionales que funciona desde entonces como una respuesta a la Emergencia Humanitaria Compleja y a las vulneraciones del derecho a la salud. 

Desde entonces, Acción Solidaria ha podido recopilar datos sobre la salud en Venezuela. Uno de ellos es que 15.5 millones de venezolanos tienen problemas de salud crónicos.

Acción Solidaria ha apostado por poner su grano de arena a la salud venezolana a través de actores. Distrito Capital es el estado con mayor número de actores que prestan labor a través de la ONG. Para 2022, la organización contabilizó un total de 193 actores a escala nacional. 79 de ellos se encuentran en la capital. El resto está distribuido en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta y Zulia. 

“Los estados que no cuentan con actores locales se sirven de actores de otras entidades”, indicó Feliciano Reyna, presidente de la organización..

Los usuarios de Distrito Capital también lideran la cifra de beneficiarios de los Centros de Servicio Comunitario. Según Reyna, a escala nacional, los centros han atendido a 31.378 beneficiarios, 63,8% son mujeres y 17.062 de ellos se encuentran en la capital.

La mayoría de los usuarios de la organización son mujeres y adultos mayores con condiciones crónicas de salud. 78% son recurrentes y 76% viene por el servicio de medicamentos.

De medicina preventiva a medicina de emergencia

Según el balance de la organización, 89,7% de la población venezolana depende del servicio de salud público. Sin embargo, el sistema sanitario no cuenta con capacidad de atención, especialmente, para personas con condiciones crónicas de salud.

“15.5 millones de venezolanos tienen problemas de salud crónicos y 9.3 millones no tiene acceso a medicamentos para sus enfermedades crónicas”, aseguró la segunda ponente de la presentación, Natasha Saturno, coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria. 

De acuerdo con Saturno, las enfermedades crónicas más comunes en los venezolanos son la hipertensión y la diabetes. “También, padecen cáncer y VIH. En varios casos, nos hemos encontrado con pacientes que tienen problemas de salud crónicos y enfermedades más severas como las que mencioné hace un momento”, reiteró. 

Según la organización, la afectación del derecho a la salud es sistemática y se presenta en todas las dimensiones (accesibilidad, disponibilidad, calidad y asequibilidad).

Mujer venezolana es la cuidadora de la familia

Durante la presentación, Saturno indicó que desde 2018, 426.280 mujeres se han beneficiado de los servicios que presta Acción Solidaria, principalmente el servicio de entrega de medicamentos. 

Al recibir la pregunta de cuál es la razón por la que el número de mujeres atendidas es mayor es 11,2% mayor que el número de hombres, Saturno explicó que ha evidenciado cómo las mujeres no son solo las encargadas de su salud sino de la salud de sus familiares y allegados

“Usualmente, nuestras usuarias son las que vienen por medicamentos para sus familiares, como hijos, esposos y padres. La mujer venezolana pone como prioridad la alimentación de sus hijos antes que la salud de ella”, reiteró la coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos. 

Adicionalmente, Saturno señaló que existe un impacto diferenciado y más grave de la crisis en las mujeres y niños, niñas y adolescentes.

Según Acción Solidaria, una de cada cuatro mujeres no cuenta con toallas desechables sanitarias. Tres de cada 10 mujeres o sus familiares vive con una condición de salud.

Título 8 entrará en vigencia el #11May en EEUU: ¿cómo afectará a los venezolanos?
El Título 8 tiene graves consecuencias para la migración irregular, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de cruzar ilegalmente
El Título 8 entrará en vigencia el 11 de mayo de 2023. El gobierno de Estados Unidos abrirá centros de procesamiento de migrantes  inicialmente en Guatemala y Colombia, para evaluar si migrantes pueden acogerse a programas de refugio, trabajo o «parole»

En medio de dos televisiones que mostraban un mapamundi en tonos azules, el secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que tras el fin del Título 42, a partir del 11 de mayo de 2023, todos los migrantes serán procesados bajo el Título 8 del código de Estados Unidos 

Durante un rueda de prensa junto a Anthony Blinken, secretario de Estado de EEUU Mayorkas indicó que el Título 8 ha sido utilizado para procesar a personas migrantes por varias administraciones, tanto republicanas como demócratas. 

«El Título 8 tiene graves consecuencias para la migración irregular, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de cruzar ilegalmente. El regreso al procesamiento de migrantes bajo las autoridades del Título 8 será rápido e inmediato», aseguró el secretario de seguridad nacional.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, con base en el Título 42, para diciembre de 2022 las autoridades estadounidenses habían expulsado más de 1,8 millones  migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Blinken reiteró que continuarán los procesos de parole humanitario para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos y las deportaciones a México por carencia de una base legal para permanecer en territorio estadounidense

La diferencia entre el Título 42 y el Título 8

El Título 42 es una orden de salud pública que fue emitida el 20 de marzo de 2020 por el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El Título 42 tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de EEUU y se ha extendido varias veces. La política es ampliamente conocida como Título 42, por la parte del código de EEUU que permitió que el director de los CDC la emitiera.

El Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense. 

A diferencia de la autoridad de salud pública del Título 42, la sanción por ser expulsado de los Estados Unidos bajo el Título 8, a través de la expulsión acelerada y otras leyes de inmigración, no es solo la expulsión. Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a los Estados Unidos de al menos cinco años y puede enfrentarse a un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente.

Según Mayorkas, bajo el Título 42, el gobierno estadounidense distribuyó más de $130 millones este año fiscal con $290 millones más, que se otorgarán en las próximas semanas, para las comunidades locales y sus organizaciones sin fines de lucro.

En la espera a la entrada en vigencia del Título 8, el Estado busca reprogramar fondos dentro de su presupuesto para respaldar otros requisitos emergentes en todo el Departamento de Seguridad Nacional.

Tras restablecer el Título 8, el gobierno de Estados Unidos abrirá centros de procesamiento de migrantes  inicialmente en Guatemala y Colombia, pero la idea es que puedan crearse otros en otros países de la región que transitan los migrantes en su ruta a Estados Unidos.  Los migrantes deberán programar citas de manera virtual y allí serán evaluados por especialistas para hacer una «preselección» de personas, ser referidos a programas de reasentamiento o recibir información sobre otras vías de ingreso legal y programas de asilo en la región. El gobierno de Biden explicó que estos centros serán implementados por organizaciones internacionales y que oficiales de refugio de ese país también trabajarán en ellos. Tendrán una capacidad de procesamiento de cinco a seis mil personas por mes.

Los venezolanos continuarán siendo deportados

Durante la rueda de prensa, Blinken señaló que Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Belice han sido aliados de la nación norteamericana al momento de recibir migrantes venezolanos.

Madison González, especialista en movimientos migratorios y derechos humanos, aseguró que estas medidas son insuficientes para garantizar la integración de migrantes en sociedades de acogida.

«Son políticas de emergencia que no tienen ninguna posibilidad de establecerse como política de Estado en estos países que reciben a venezolanos. Por ello, los venezolanos se convierten en un gasto y problema por falta de políticas migratorias en los países destino», indicó González.

En la rueda de prensa, Blinken destacó que, hasta la fecha, México ha acordado aceptar hasta 30.000 expulsiones bajo el Título 42 por mes de personas con nacionalidad cubana, venezolana, nicaragüense y haitiana.

En un contexto posterior al Título 42, cuando se realice la deportación acelerada, a través del Título 8, EEUU tiene la intención de devolver a México a las personas de esas nacionalidades también.

Recomiendan a temporadistas evitar contacto con carabela portuguesa: está presente en costas de cuatro estados
Physalia physalis, mejor conocida como carabela portuguesa o fragata portuguesa, es un organismo colonial cuyos individuos se especializan para mantener viva la colonia. Se caracteriza por ser de tonos azules con una línea rosada la parte flotante

El Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) informó el 4 de abril que la carabela portuguesa, un organismo colonial cuyos individuos se especializan para mantener viva la colonia, ha llegado a las costas en Aragua, Falcón, La Guaira y Carabobo.

La especie suele ser confundida con una medusa o un agua mala. Se caracteriza por ser de tonos azules con una línea rosada la parte flotante. 

«Su presencia es frecuente en las costas venezolanas entre enero y mayo porque los vientos alisios del noroeste soplan con mayor intensidad hacia la costa», indicó el comunicado.

El ente gubernamental reiteró que en caso de observar la especie, se debe mantener distancia y evitar contacto con la carabela portuguesa, incluso si está muerta. 

La fundación Azul Ambientalistas indicó que en el ser humano, el veneno de la carabela portuguesa tiene consecuencias neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas, produciendo un dolor muy intenso.

Según La Vanguardia, una picada leve de esta especie puede causar escozor picor en la zona donde haya inoculado el veneno. No obstante, una picadura fuerte puede ocasionar intensos dolores, vómitos, fiebre e incluso, la muerte en contadas ocasiones por paros cardíacos. 

En caso de picadura, lo recomendable es:

  • Retirar los restos de los tentáculos de la piel, para eliminar el veneno.
  • Intentar lavar la zona con alcohol o con agua salada. No usar agua dulce porque intensifica los efectos. No frotar con arena o toallas.
  • Minec recomienda sumergir la lesión por 30 minutos en vinagre blanco.

Gustavo Carrasquel Parra, director de Azul Ambientalistas, señaló que la carabela portuguesa fue vista en Playa Grande, en Choroní estado Aragua, durante el 1 y 2 de abril de 2023.

 
 
 
 
 
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No es una medusa

Según Azul Ambientalistas, aunque tiene apariencia de medusa, la carabela portuguesa es en realidad un organismo colonial cuyos individuos se especializan para mantener viva la colonia.

La Vanguardia explicó que la fragata está conformada por un grupo de hidroides que se dividen el trabajo:

El neumatófono es la parte que flota.

Los gastrozoides se encargan de la digestión de la colonia.

Los dactilozoides detectan y capturan a las presas.

Los gonozoides se ocupan de la reproducción.

Sus tentáculos pueden llegar a extenderse 50 metros bajo la superficie, aunque la media ronda los 10 metros.

 
 
 
 
 
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La organización destacó que entre sus principales depredadores están las tortugas caguama y carey, ya que su piel es demasiado gruesa para que el veneno de la picadura les afecte.

La babosa de mar, Glaucus atlanticus, y el caracol violeta, Janthina janthina, también se alimentan de la fragata portuguesa.

«Es peligroso acercarse o tener roce con sus tentáculos estando viva o muerta, así que si la encuentras a la orilla de la playa, evita tener contacto con estos», señaló la ONG.

El Ministerio de Ecosocialismo recomendó que si llega  divisar o presentar algún contacto con un ejemplar de fragata portuguesa, informe a las autoridades más cercanas o notifique al número gratuito 800-Ambient (0800-2624368). También, puede hacer el reporte a las cuentas en Instagram @miecosocialismo o @inparquesoficial.