Maria Josefa Maya, autor en Runrun

María Josefa Maya

Wakalandia, primera comunidad latina de NFT que creará un espacio en el metaverso
Quien adquiere una waka no solo tiene una obra de arte digital con características únicas y elementos venezolanos; sino que también se convierte en una suerte de accionista de esta organización descentralizada y autónoma, e incluso, puede recibir regalías a largo plazo por lo que generen los productos audiovisuales de su contenido

En marzo de 2022, comenzó a anunciarse un nuevo proyecto de Meollo Criollo, Crack Estudio y VIVOPlay. Wakalandia no es solo una bandada de 10.000 wakas que vuelan por el mundo compartiendo su cultura. También es la primera comunidad latina de NFT que creará una serie animada, una productora audiovisual descentralizada de un país (DAO) y un espacio en el metaverso. 

Las wakas, habitantes de Wakalandia, son tókenes no fungibles conocidos como NFT. A través de ellos, este proyecto pretende crear contenidos que difundan la venezolanidad en el mundo. 

Wakalandia fue fundada por Carlos Hulett, CEO de VIVOplay, Leonardo Nieves, ilustrador de los libros de Meollo Criollo, y Nacho Palacios, director general de Crack Estudio y escritor de los libros de Meollo Criollo. 

Cada una de las 10.000 es un NFT único. Un NFT es un activo digital único, respaldado por el blockchain, que no puede ser reemplazado, dividido o intercambiado por ningún otro. Traen certificado de propiedad atado a contratos inteligentes que garantizan su autenticidad, identifican al autor, su valor inicial de adquisición y su trazabilidad. 

“Estamos generando una comunidad que se gobierne a sí misma dentro del mundo blockchain y que permita, de alguna manera, obtener beneficios por el simple hecho de ser poseedor de un NFT”, explicó Carlos Hulett a la Voz de América.

Los NFTs fueron presentados el 27 de julio de 2022 a la prensa. En el evento, los fundadores informaron que los NFT de Wakalandia funcionarán a través de la red Ethereum.

De guacamayas a wakas

Las habitantes de Wakalandia están inspirados en las guacamayas que suelen observarse en los cielos venezolanos. Según su página web, las wakas se divisaron originalmente en 2017 en los cuentos «¿Dónde está Venezuela?» de Meollo Criollo. 

«Las wakas representan a los venezolanos y Wakalandia representa la Venezuela que queremos», dijo Hulett en una entrevista con VIVOPlay.

La Voz de América reseñó que quien adquiere una waka no solo tiene una obra de arte digital con características únicas y elementos venezolanos; sino que también se convierte en una suerte de accionista de esta organización descentralizada y autónoma, e incluso, puede recibir regalías a largo plazo por lo que generen los productos audiovisuales de su contenido.

La tierra de las wakas se plantea los siguientes tres objetivos para conectar con los venezolanos:

Tener un NFT representativo. Un avatar único que exhibir con orgullo en redes sociales.

Establecer una comunidad que impulse la creación de contenidos que promuevan la venezolanidad, comenzando con la serie animada Wakalandia.

Wakalandia en el metaverso. Un punto de encuentro para todos los venezolanos donde puedan asistir a eventos, conciertos y fiestas exclusivas. 

¿Cómo unirse a la bandada?

Hay varias opciones para ser parte de la bandada de Wakalandia:

  • Llenar el formulario en www.wakalandia.com para reservar una de las 10.000 wakas en la preventa.
  • Comprar una de las 10.000 wakas, una vez anunciado el lanzamiento.
  • Unirse a Wakalandia a través de Discord
  • Seguir sus cuentas en redes sociales. 
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Asistensi: La asistencia médica global que habla venezolano
Luego de fundarse en 2004 como un emprendimiento, actualmente Venemergencia ofrece sus servicios de telemedicina, atención en casa y traslado en ambulancia en todo el país. Hoy en día, la empresa está conformada por 550 empleados
Venemergencia logró su internacionalización a través de Asistensi, una plataforma de seguros de emergencia y asistencia médica inmediata enfocada en apoyar a migrantes para que puedan seguir cuidando a sus seres queridos en sus países de origen

En 2004, dos estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) crearon una empresa que dictaba cursos de primeros auxilios. Más tarde los vendería a empresas como Kraft, Petróleos de Venezuela S.A y Empresas Polar. También ofrecía kits de primeros auxilios y brindaba asistencia paramédica para eventos. 

En 2006, la compañía compró su primera ambulancia y empezó a ofrecer exámenes de laboratorios a domicilio. En 2009, crearon una fundación que ofrece programas de educación, cursos de primeros auxilios y creación y formación de brigadas en comunidades vulnerables.

La empresa también creó el diplomado de Proveedor de Auxilios Médicos de Emergencia (PAME) en alianza con la Universidad Simón Bolívar (USB), para graduar profesionalmente a paramédicos.

18 años después, luego de iniciar como un pasatiempo para Andrés Simón González y Luis Enrique Velásquez, Venemergencia se transformó en una compañía y replicó su modelo de negocios, en otros países, a través de Asistensi.

Actualmente, tiene un equipo conformado por 550 personas. Ofrece servicios de telemedicina, atención médica en casa y traslado en ambulancia en todos los estados del país. 

Con presencia en seis países, Venemergencia se ha posicionado como un servicio hecho en Venezuela con capacidad de exportación. En marzo de 2020 nació Asistensi.

Atención 24 horas del día, los 365 días del año

Hoy en día, Venemergencia es la plataforma integral de asistencia más grande de Venezuela. Ofrece servicios de telemedicina las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de su app o su call center. Continúan ofreciendo el servicio de atención médica en casa, entrega de medicamentos a domicilio y dictando sus cursos de primeros auxilios a empresas en todo el país.

Hasta el momento, 19 mil personas han sido entrenadas a través de los cursos de primeros auxilios

Además, los usuarios tienen acceso a los servicios de Venemergencia en las siguientes ciudades: Caracas, Gran Caracas, Barcelona, Barquisimeto, Cagua, Guarenas, Guatire, Lechería, Los Teques, Maracaibo, San Francisco, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Antonio de Los Altos, San Cristóbal, Valencia, Porlamar, Pampatar y La Guaira.

Más allá de eso, Andrés y Luis querían aportar más al sistema de salud público desde el sector privado. Por ende, crearon la Fundación Venemergencia, el Sistema de Emergencia Médica Comunitaria y el diplomado de Proveedor de Auxilios Médicos de Emergencia (PAME) en alianza con la Universidad Simón Bolívar. 

Hoy en día, 200 personas han culminado el diplomado del PAME. 

Desde 2010, Venemergencia dona los ingresos de los cursos de primeros auxilios a la Fundación Venemergencia para continuar estos programas. 

Además de ello, lograron exportar su modelo de negocios. 16 años después de la creación de Venemergencia, en búsqueda de ofrecer un servicio de ayuda para sus familiares a migrantes venezolanos, Andrés y Luis, junto a otros socios, fundaron Asistensi en marzo de 2020.

Actualmente, Asistensi tiene presencia en diferentes países: Venezuela, República Dominicana, Honduras, México y Filipinas. Cuenta con un equipo conformado por 220 empleados. 

“Conseguimos internacionalizar Venemergencia a través de Asistensi. Un mecanismo de remesas funcionales, que transforma la remesa habitual en un producto enfocado en una primera necesidad”

A través de la plataforma, los migrantes pueden adquirir para sus familias en sus países de origen un seguro de manera legal y que cumpla todas las normativas.

El inicio: cursos de primeros auxilios

Andrés Simón González y Luis Velásquez estudiaron en el mismo colegio cuando eran niños. Se conocieron años después, en 2001, cuando empezaron su carrera de Medicina en la Escuela de Medicina José M. Vargas, en San José Cotiza, de la UCV. 

Al darse cuenta de que los pacientes que atendían en las guardias durante los primeros años de carrera, no contaban con los conocimientos e insumos necesarios para atender a sus familiares ante una emergencia, decidieron crear un emprendimiento. 

El emprendimiento consistía en dictar cursos de primeros auxilios los fines de semana.

“Teníamos el tiempo y las ganas. Queríamos sentirnos útiles. El pensamiento inocente de querer cambiar al mundo dictando cursos de primeros auxilios, nos llevó a entender que podíamos explorar esto como un emprendimiento”, señaló. 

Además de los cursos, empezaron a ofrecer kits de primeros auxilios y asistencia paramédica para eventos.

En 2006, compraron su primera ambulancia y empezaron a realizar exámenes de laboratorios a domicilio. 

Tres años después, en 2009, iniciaron el sistema de telemedicina, atención en casa y traslados en ambulancia para el sector de seguros. En 2011, consiguieron su primer cliente del área, Sanitas Venezuela. 

“La idea era llegar a estas empresas y, a través de las pólizas de seguro, ofrecer a miles de personas el sistema de telemedicina, atención en casa y traslados en ambulancia dentro de sus pólizas de seguro”, explicó González. 

El cofundador de Venemergencia indicó que las pólizas de seguro eran una pieza clave para ofrecer mayor calidad de atención a los usuarios y ahorrar costos a las aseguradoras. 

En 2013, consiguieron a Seguros Caracas como cliente, para el momento, era la aseguradora más grande del mercado. 

No es el privado, ni el gobierno, es la tercera vía

Para Andrés, era fundamental impactar el sistema de salud público desde el sector privado. Su sueño era ser un empresario que hiciera país.

La primera oficina de Venemergencia estaba cerca del Barrio Los Erasos, entre el Centro Médico de Caracas y el Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino.

Desde la oficina se veía esa comunidad de casi 3.000 personas que vivían en la cuenca de una quebrada. 

Uno de los retos que enfrentaban los socios en el momento era encontrar la manera de llegar a las personas que vivían en una situación vulnerable.

“Empezamos a pensar cómo podíamos atender e intervenir las comunidades para ayudarlas”, dijo González. 

De ese reto, nació la oportunidad de crear la Fundación Venemergencia en 2009. A través de ella, se fundó el  Sistema de Emergencia Médica Comunitaria y el diplomado de Proveedor de Auxilios Médicos de Emergencia (PAME) en alianza con la USB. 

El Sistema de Emergencia Médica Comunitaria es una tercera vía, no es el sector de salud privado, no es el Gobierno, es lo público. Este concepto consiste en prestar un servicio de atención médica masiva por la gran cantidad de personas concentradas en un espacio pequeño.

“Empezamos a dictar cursos de primeros auxilios en zonas vulnerables. Creamos brigadas de primeros auxilios en las comunidades. Al inicio, solo era una labor voluntaria”, señaló González. 

Hoy en día, los médicos que ofrecen el servicio de telemedicina guían a los brigadistas durante la atención a pacientes en las comunidades.

A través del diplomado, Andrés y Luis querían crear la carrera de paramédico en una universidad pública para graduar profesionalmente a paramédicos.

“Acudimos a la Simón Bolívar porque no tenían nada en materia de asistencia de salud”, explicó. 

“Buscábamos establecer el primer estándar educativo del paramédico que servirá como sustento para poder promover una ley del ejercicio del paramédico en un futuro. La ley te da la oportunidad de existir y tener derechos”, indicó González. 

Asistensi, la internacionalización de Venemergencia

“Amigos que habían emigrado empezaron a contactarnos porque sus familiares se sentían mal y no tenían seguro. Me preguntaban qué hacer, porque si los enviaban a una clínica no tenían cómo cubrir los costos. Si los mandaban a un hospital, no había insumos”, dijo González.

A partir de 2016, en medio de un contexto de escasez de productos e inflación, Venemergencia comenzó a enviar a sus médicos, por petición de migrantes venezolanos, a los hogares de sus familiares que necesitaban atención médica.

“80% de la veces, los médicos resolvían el problema en la casa, no tenía que ir a clínicas y hospitales”, contó. 

Andrés recuerda que empezaron a buscar la manera de crear una plataforma de acceso a atención médica en la que las personas pudieran acceder de manera rápida y afiliar a sus familiares. “Un sitio en el que te pudieras afiliar en tres minutos”, explicó.

16 años después de la creación de Venemergencia, en búsqueda de ofrecer un servicio de ayuda a migrantes venezolanos, nació Asistensi en marzo de 2020.

Asistensi es una plataforma de seguros de emergencia y asistencia médica enfocada en apoyar a migrantes para que puedan cuidar, a distancia, a sus familias en sus países de origen.

3x3 | Reforma de Ley del Ejercicio del Periodismo generará más restricciones en su práctica
Además de los trabajadores de la prensa, los ciudadanos venezolanos pueden ser los más afectados si esta reforma de ley se lleva a cabo

El 17 de junio de 2022, la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional oficialista anunció que estaba evaluando una reforma la Ley del Ejercicio del Periodismo. 

Tras el anuncio, expertos denunciaron que el posible cambio no será en beneficio de los trabajadores de la prensa y la sociedad venezolana. 

Los especialistas indicaron que, luego de observar las modificaciones hechas anteriormente a otras leyes por el oficialismo, es probable que los nuevos cambios se traduzcan en más restricciones y censura para el ejercicio del periodismo en Venezuela. 

“La consecuencia principal de esta reforma es el control. Controlar a la gente, evitar que haya controversia”, indicó Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. 

Además de los trabajadores de la prensa, los ciudadanos venezolanos pueden ser los más afectados si esta reforma de ley se lleva a cabo. 

“Se afectaría a toda la población. Cuando un pueblo no está informado, es un pueblo que no tiene el insumo necesario para tomar sus propias decisiones”, reiteró Guía. 

Andrés Cañizález, director de Medianálisis, señaló que si se aprueba esta ley continuará el modelo de desinformación y de censura que se tiene en Venezuela actualmente. “El principal perjudicado es el pueblo”, dijo.

Por su parte, Carlos Correa, director de Espacio Público, señaló que en este caso hay un problema de forma: no se ha consultado a los periodistas. “El conjunto de periodistas es una característica de cualquier elaboración legislativa”, afirmó.

Además de esperar nuevas restricciones para el ejercicio del periodismo, los especialistas resaltaron la poca información que se tiene sobre la reforma de la ley.

A continuación, las preguntas sobre el tema que respondieron los tres expertos. 

¿Qué consecuencias pueden enfrentar los trabajadores de la prensa si la reforma se lleva a cabo?

A pesar de que no conocen los detalles de la reforma, los expertos indicaron que este cambio puede traer más restricciones, más control y censura para ejercer periodismo en Venezuela.

Tinedo Guía: «Control, controlar a la gente, que solo se diga lo que al Estado venezolano le interese, que no haya controversia, que impongan o castiguen con lo que ellos consideran. Por ejemplo, que apliquen la Ley Contra El Odio»,

Carlos Correa: «Después de lo que se ha modificado los últimos años, no se tiene garantía de que una iniciativa legislativa sea para promover el periodismo y favorecer las condiciones de trabajo del periodista».

«El ejercicio del periodismo en Venezuela enfrenta grandes dificultades como acceso a la información, hostigamiento desde políticas estatales y estigmatizaciones del trabajo de los periodistas en medios de comunicación estatales»

«Por ello, no hay elementos para pensar que esta reforma de ley será diferente a lo que hemos enfrentado durante los últimos años».

«La dinámica de esta reforma debería ser transparente, informar a todos los interesados sobre los parámetros e indicar cuál es la necesidad de modificación para que la gente pueda participar en los procesos de la elaboración legislativa de esas normas que conforman la Ley del Ejercicio del Periodismo.

Andrés Cañizález: «De antemano, por la experiencia que hemos tenido, estamos en un punto en el que cualquier cosa que promueva el chavismo, relacionado a la comunicación, uno diría que hay que tener cuidado con lo que viene porque el chavismo no se ha caracterizado por hacer cumplir la constitución».

«La mayoría de instrumentos legales que ha aprobado el chavismo no ha estado vinculada con los principios constitucionales de una comunicación libre y plural en Venezuela

Partiendo lo que ha sido la experiencia histórica que tenemos en Venezuela con las leyes y otros instrumentos legales aprobados por el chavismo, con relación al periodismo y la comunicación, se puede sostener que hay que tener cuidado de que podamos tener una reforma de la Ley del Periodismo que termine siendo más restrictiva y más sancionatoria y, por ende, que termine estableciendo mayores restricciones».

Además de los trabajadores de la prensa, ¿cree que, en caso de llevarse a cabo, esta reforma afecte a otro grupo de la población venezolana?

Tinedo Guía: «Sí, afectaría a toda la población. Cuando un pueblo no está informado, es un pueblo que no tiene insumo necesario para tomar sus propias decisiones. Ese es uno de los ejercicio de libertad de expresión más importantes que tiene el ser humano, el poder tomar decisiones de acuerdo a la información que recibe».

Carlos Correa: «Claro. En Venezuela hay temas censurados, que no se hablan. La política de Estado, que ha sido asociada a la restricción de medios de comunicación y periodistas, se ha traducido en que hay menos ofertas de trabajo para periodistas y menos opciones para la sociedad para informarse».

«El hecho de que informarse sea un esfuerzo titánico es una carrera de obstáculos. La gente que quiere informarse tiene que burlar la censura, conseguir la información y después informar a otros, es decir, todo es una carrera de obstáculos, el hecho de informar e informarse»

Andrés Cañizález:   «Si se aprueba una reforma de Ley del Ejercicio del Periodismo, los periodistas serán afectados, pero, en algo en que insisto, es que cada vez que surge una discusión sobre periodismo o libertad de expresión,  la discusión sobre las restricciones debe ser más amplia y debe pasearse en el impacto que eso tiene en la sociedad. Y la  pregunta no es en cómo serán afectados los periodista  si se aprueba esta ley restrictiva, la pregunta debe ser cómo eso impactará a la sociedad».

«Con todo los procesos que hemos visto en los últimos años, si se aprueba esta ley, continuará el modelo de desinformación y de censura que se tiene en Venezuela actualmente. El principal perjudicado es el pueblo».

Si la Asamblea Nacional continúa esta reforma, ¿cuáles son los próximos pasos que podríamos observar?

Tinedo Guía: «Si quieren actuar democráticamente, si de verdad buscan promover el trabajo del periodista y de los medios de comunicación, deben consultar a las fuerzas vivas del país, tal como universidades, estudiantes, empresarios, a todos los grupos que llevan gremios de diferentes profesiones, a propietarios de medios y, por supuesto, a los periodistas. Todos los ciudadanos se verán afectados por esta ley, por lo tanto, todo ciudadano debe participar en la reforma. Lo que pudieran hacer es derogar la ley y hacer una nueva».

Carlos Correa: «La verdad que no sé, porque no se sabe nada. La dinámica ha sido restrictiva en lugar de promover esta práctica transparente».

«Es muy difícil saber qué cambios se harán porque uno de los problemas es que no se conoce cuáles son los parámetros de la propuesta que se quieren hacer, tampoco se sabe cuáles son los objetivos.

«El temor que se tiene gira en torno al modo en el que se han ido haciendo reformas o las propuestas legislativas anteriores. Son propuestas que refuerzan un papel del Estado para ejercer control en dinámicas arbitrarias y discrecionales. Una dinámica prohibitiva».

«Se necesita que desde el poder se pare la descalificación de los medios de comunicación y de periodistas, que se garantice que la publicidad estatal se distribuya con criterios más o menos armónicos con ciertos estándares internacionales y no de manera discrecional. También, se debe frenar la aplicación de normas regresivas a los periodistas, que cesen los bloqueos y restricciones a los portales y que se reduzca la persecución penal por informar».

«Todo esto ayudaría más al periodismo venezolano antes que la reforma de una ley, de la que no se sabe cuáles son los objetivos».

Andrés Cañizalez: «No conocemos las características de este proyecto, pero si se restringe la labor del periodista, si se ponen más obstáculos al trabajo que realizan los periodistas en Venezuela en la búsqueda, procesamiento y difusión de la información; lamentablemente el ciudadano va a enfrentarse a una situación en donde habrá menos información. Los periodistas tendrán más dificultad para corroborar y contrastar los datos. Será más difícil ofrecer una visión amplia de lo que ocurre».

Nuevas restricciones a la migración venezolana dejó la Cumbre de las Américas
Se esperara que aumenten las medidas restrictivas para disminuir el desplazamiento de la migración que está en situación vulnerable

Tras la celebración de la novena Cumbre de Las Américas, realizada en Los Ángeles California entre el 6 y el 10 de junio, Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, mientras que los demás países se comprometieron a facilitar vías legales para recibir a inmigrantes, reseñó la BBC.  

Las medidas incluyen que Estados Unidos y Canadá acojan a más trabajadores temporales y proporcionen vías para que las personas de los países más pobres trabajen en los más ricos.

Sin embargo, expertos coinciden en que lejos de ofrecer beneficios a la migración venezolana, el pacto migratorio firmado puede traer más restricciones que dificulten la salida del país.

Madison González, geógrafa con énfasis en migraciones internacionales, considera que es posible que se restrinjan las posibilidades de los venezolanos para emigrar. Ya que esta busca una migración que se movilice de forma segura, ordenada y regular.

“Es una incoherencia. Se quiere garantizar una migración segura, ordenada y regular pero no se reconoce el grupo de migrantes irregulares,  un grueso de personas que están en una situación que no entra en ese conjunto, que necesitan protección. Tampoco se dan mecanismos para darle celeridad y rapidez a esa protección”, dijo. 

Mariano de Alba, abogado especializado en derecho internacional y diplomacia, señala que la declaración sobre migración fue el tema más tangible y concreto que tuvo la Cumbre

Ayuda financiera y asistencia

De acuerdo con de Alba, el pacto migratorio que dio fin a la reunión en California busca dar ayuda financiera y asistencia para que haya más oportunidades en las comunidades y países de los que estas personas se están yendo. 

También tiene el objetivo de expandir mecanismos legales para que los migrantes puedan integrarse en otras sociedades de América Latina. 

“Como el caso de México. Otra promesa que hizo EE.UU. fue acceder a recibir más ciudadanos de Haití, eso es una expansión para que haya una migración más segura”, explicó. 

Según de Alba, el otro punto del pacto es la intención de humanizar el proceso migratorio

Las personas son sumamente vulnerables, llegan y son cooptadas por organizaciones criminales o son detenidas y metidas en sitios sin condiciones por mucho tiempo. Se busca humanizar más eso”, reiteró el abogado. 

Más restricciones para los venezolanos

González señaló que según la declaración sobre migración de la Cumbre, se puede esperar que aumenten las medidas restrictivas para disminuir el desplazamiento del grupo grande de migrantes que estén en situación vulnerable.

En el caso de la migración venezolana, González indicó que, probablemente, se empezará a solicitar más visados para entrar en los países americanos

“Estas medidas restringirán las posibilidades de los venezolanos para emigrar”, expresó.

Además, González señaló que parte del objetivo de esta declaración es financiar proyectos de integración para que los migrantes se queden en el país en el que están, evitar que usen estos países como trampolín a otros como Estados Unidos y España.

De acuerdo con la geógrafa, desde comienzos de año, España no concede la residencia humanitaria a venezolanos que provengan de un tercer país, es decir, otro que no sea Venezuela. 

“Hasta el año pasado, era fácil tramitar la regularización de los venezolanos en España.  Llegaban pedían asilo por diferentes motivos. Como eran venezolanos les daban residencia por razones humanitarias”, dijo la geógrafa.

Menor asistencia que a la Cumbre de Lima 

Los días previos a la reunión que se celebra cada tres años para acercar a los países de América y el Caribe, jefes de estado como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decidieron no asistir a la Cumbre en Los Ángeles.

“…No voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard. No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América…Creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, no respetar la soberanía de los países…”, enfatizó López Obrador.

Los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y Honduras, Xiomara Castro, adoptaron la misma actitud.

Además, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, faltó por problemas «de agenda», según su portavoz. Y su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, suspendió su participación porque contrajo COVID-19.

En la cumbre anterior, celebrada en Lima, 34 jefes de estados asistieron. A Los Ángeles solo acudieron 23 países. 

Para González, la inasistencia de varios países a la reunión en California demostró la pérdida de influencia que enfrenta Estados Unidos, ya que la Cumbre de Las Américas es uno de los eventos con mayor repercusión a nivel americano. 

Ambos expertos coincidieron en que la ausencia de México se debió a motivos políticos por no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Sin embargo, de Alba aseguró que México no participó con su presidente pero sí asistió su canciller.

“Entre los acuerdos que se conocen, México es uno de los que se ha comprometido a hacer más cosas”, indicó. 

El abogado señaló que el Gobierno de México expandirá la cantidad de permisos de trabajo. Inicialmente eran 10 mil permisos, luego, aumentaron a 20 mil para aquellas personas provenientes de Centroamérica, y 20 mil adicionales para personas que son refugiados en México. “Esta es una manera de integrarlos a la fuerza laboral”, dijo. 

De Alba reiteró que esta es una declaración de intenciones, por lo tanto no están claros los plazos ni cuando lo van a hacer.

A pesar de la falta de asistencia de algunos invitados, González consideró relevante la asistencia de España, por ser el sexto país en el mundo en recibir mayor cantidad de  venezolanos.

Cada país tomará sus medidas

El paso a seguir que puede esperarse tras la declaración sobre migración de la Cumbre de Las Américas es hacer el monitoreo de lo que haga cada país. De acuerdo con de Alba hay que ver qué medidas toma en específico en cada país. 

“Va a ser algo muy complicado, la implementación depende de la región, no de Estados Unidos”, aseveró de Alba. 

El abogado señaló que EE.UU. se ha comprometido a aumentar instituciones financieras de la región como el Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar préstamos. “Eso sí depende de Estados Unidos, por ser el único país del hemisferio que tiene capacidad de aumentar el financiamiento de esas ayudas”, dijo. 

Por su parte, Gonzaléz reiteró que hay que observar cuáles son las implicaciones que tendrá la declaración. 

El IGTF aumenta 12% el precio final del producto
Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, aseguró que los estados que mejor se han adaptado al impuesto son Carabobo y Trujillo
Frente a un impuesto irracional, que es difícil de aplicar y no se comprende, la salida de los comercios ha sido la informalidad
A diferencia del Impuesto al Valor Añadido (IVA), este impuesto no se puede cruzar, por ende, no se neutraliza, si no que se suma a cada factura

 

El 25 de febrero de 2022, fue publicada la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en la Gaceta Oficial Nº 6.687. A tres meses de su imposición, continúan las dudas en cuanto a su aplicación

A pesar de indicar que sería un impuesto de 3% adicional para aquellos que pagaran en divisas, Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, indicó que se habla de un incremento de 12% en el costo final del producto.

«Todo impuesto afecta el precio final del producto. El impuesto de grandes transacciones financieras va en cascada hasta el consumidor. Dependiendo del número de niveles de canales, se habla de 12%, cada paso debe incorporar el impuesto a su factura final», explicó Polesel.

Para la presidenta de Consecomercio, el aumento de 12% es significativo. «Desde el punto de vista numérico, la gente puede pensar que este impuesto no impacta, pero sí impacta, y mucho», afirmó. 

A diferencia del Impuesto al Valor Añadido (IVA), este impuesto no se puede cruzar, por ende, no se neutraliza, si no que se suma a cada factura. 

De acuerdo con Polesel, el fabricante, el distribuidor, el mayoristahay canales que tienen hasta tres y cuatro mayoristas– y el detallista deben cobrar el impuesto de grandes transacciones financieras, hasta que finalmente llega al consumidor.

«Si se empieza a sumar ese porcentaje, se va cargando de canal en canal y ahí ocurre el aumento de precio», reiteró Polesel.

Esta ley no es nueva, Polesel indicó que este impuesto ya existía para compras canceladas en bolívares, y era de 2%. «Si se paga en bolívares, también se paga el impuesto. Lo que pasa es que pesa más en el consumo de moneda extranjera», señaló.

Legislador pretende incentivar el bolívar

Según Polesel, el gobierno venezolano pretende incentivar el uso del bolívar y regresar la confianza a la moneda venezolana a través del impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

«Consecomercio no comparte esta afirmación porque la utilización de una moneda no depende de un impuesto. La confianza se devuelve tomando otro tipo de medidas, como las macroeconómicas», aseguró Polesel.

La presidenta de Consecomercio indicó que el uso del dólar y del euro es, precisamente, por la desconfianza que tiene la población en el bolívar.

Contribuyentes especiales deben cobrarlo

Las empresas que son contribuyentes especiales están obligadas a cobrar este impuesto. Polesel señaló que estos son ciertos negocios que por su característica de volumen, exigencia de volumen y representatividad tienen exigencias diferentes para los consumidores. 

«Los contribuyentes especiales son empresas que, para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), son suficientemente organizadas y ordenadas para cobrar y pagar a tiempo este impuesto», explicó Polesel.

Según Polesel, en principio, este grupo fue seleccionado con una muestra representativa de comercios, en el que se incluyeron los más «famosos» y representativos con gran volumen y gran organización.

Hoy en día son casi todos, hasta kioscos, porque sus montos de ventas se dispararon durante la hiperinflación, sin embargo, no valían nada por este mismo fenómeno.

Sin dinero para ajustarse al impuesto

Además de las confusiones que trajo consigo la imposición del impuesto las Grandes Transacciones Financieras, la incorporación a las máquinas fiscales de los comercios no fue posible por temas tecnológicos. Al no ajustarse, algunos negocios debieron comprar nuevas máquinas. 

Polesel indicó que, primero, el impuesto debe incorporarse como un nuevo concepto a la factura, eso implica modificaciones en máquinas fiscales que tienen los negocios.

De acuerdo con Polesel, esa máquina tiene que comunicarse con el sistema operativo de la empresa. Cuando se impuso el IGTF, las máquinas que se tenían no tenían esta posibilidad. Al hacer esta adaptación, se afectan muchas operaciones internas de la empresa. 

«Las máquinas no se ajustaron. Los comerciantes tuvieron que comprar nuevas máquinas fiscales, cada una cuesta alrededor de $1.200, es muchísimo», aseguró la presidenta de Consecomercio. 

«Una cadena comercial que tenga 20 sucursales en Venezuela y tres cajas por cada sucursal, debe invertir $1.200 por cada máquina nueva, más la programación y ajustes.  La cadena está enfrentando costos no planificados y en un momento altamente complejo como este«, reiteró Polesel.

«No es solo la imposibilidad de comprar nuevas máquinas fiscales, es comprarlas de manera descontada», explicó. 

Ante esta problemática, el Ministerio de Finanzas diseñó un crédito a 12 meses en el Banco de Venezuela para que los comerciantes pudieran adquirir nuevas máquinas fiscales. «En el camino nos dimos cuenta que era un crédito de solo seis meses», indicó la presidenta de Consecomercio. 

Si la empresa no tiene cuenta en el Banco de Venezuela, no tiene acceso al crédito. Según Polesel, la mayoría de los comercios tienen cuenta bancaria en el Banco Bicentenario.

De acuerdo con cifras de Consecomercio, solo 5% de las empresas a escala nacional han obtenido el crédito al 5%. 

Polesel aseguró que los estados que mejor se han adaptado son Carabobo y Trujillo, en un porcentaje aproximado de 50%. En el resto de los estados es, como mucho, de 5%.

Consumidor no solo es afectado por el IGTF

A pesar de haber salido de la hiperinflación, los venezolanos siguen enfrentándose a un alza constante de precios.

Polesel destaca que el IGTF no es lo único que afecta al consumidor venezolano. Tras la llegada de la pandemia de COVID-19, se esperaba que 2022 fuese un año altamente inflacionario en el mundo por la etapa poscovid.  

«Está siendo víctima de una inflación en el mundo, de China y de Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 causó que los gobiernos tuvieran que pagar costos, no es gratis, eso debe pagarlo el consumidor», explicó.

Según Polesel, se debe suma al IGTF los impuestos, los costos generados por deficiencia en servicios públicos e infraestructura, el uso de planta eléctrica y gasoil, cisternas, conectividad, entre otros. «Si a eso le sumas los impuestos de los municipios, que han aumentado 2.000%, más el aseo urbano, que incrementó 3.000% o 4.000%, todo se traduce en un costo muy alto», indicó.

«Ese empresario que es emprendedor no se termina de formalizar, y la formalidad quiere informalidad, porque no puede cubrir todos los gastos», dijo Polesel.

Frente a un impuesto irracional, que es difícil de aplicar y no se comprende, la salida de los comercios ha sido la informalidad. 

«La informalidad le hace un daño inmenso al fisco y a quienes estamos dentro de la formalidad», reiteró Polesel.

EEUU muestra intención de aliviar sanciones para que el gobierno vuelva a negociar
El politólogo Benigno Alarcón dijo además de ser el incentivo para retomar la mesa de diálogo en México, las sanciones son el único instrumento clave que la oposición tiene para negociar
El experto consideró que, hasta el momento, no existe una declaración que sugiera que se busque aliviar las sanciones sectoriales hacia Venezuela sin que el Estado venezolano de una condición a cambio
 El economista Omar Zambrano asegura que, antes de la imposición de las primeras sanciones sectoriales, ya los niveles de productos básicos de alimentos y medicinas había caído profundamente

Por: @FefaMaya

 

El anuncio el pasado 17 de mayo de que el gobierno de Joe Biden estaba tomando «algunas medidas» para aliviar algunas sanciones económicas a Venezuela, procura incentivar la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. 

A pesar de que el gobierno estadounidense haya autorizado a Chevron para negociar directamente con el gobierno de Maduro, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que si esa posibilidad de negociar no se traduce en ventas, explotación o exportación de petróleo, la situación de la mesa de diálogo no cambiará mucho.

Alarcón aseguró que, hasta el momento, no existe una declaración que sugiera que se busque aliviar las sanciones sectoriales hacia Venezuela sin que el Estado venezolano de una condición a cambio. 

«Se está dando más incentivo al gobierno venezolano para ir a las negociaciones en México, y allí negociar algunas condiciones que, de alguna manera, justifiquen cierto alivio en las sanciones», explicó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

 

La vicepresidenta del madurismo, Delcy Rodríguez,  celebró el primer paso de Estados Unidos, pero insistió en un trino en Twitter que la aspiración del régimen de Maduro es todo o nada: «El levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo».

Instrumento de negociación de la oposición

Según Alarcón, además de ser el incentivo para retomar la mesa de diálogo en México, las sanciones son el único instrumento clave que la oposición tiene para negociar

«El punto de apalancamiento de la oposición en el diálogo son las sanciones», reiteró Alarcón.

Además, explicó que, por ser básicamente el único instrumento que tiene la oposición para negociar, implica la necesidad coordinarse muy bien en esa mesa de negociación.

Alarcón señaló que si el gobierno accede a cierta concesión, y no se modifica o alivia alguna sanción, la oposición pierde cualquier capacidad de negociar.

«Dependiendo de los acuerdos a los que se llegue en EE.UU, y pagan el costo de esa concesión, eso fortalece la posición de oposición en la mesa de negociación», dijo.

Sanciones personales no afectan a la población

Entre las versiones que circularon en los medios se difundió que Estados Unidos estaría considerando eliminar a Carlos Erik Malpica Flores, extesorero de la nación, de su lista de sanciones personales. 

El denominado «sobrino favorito» de  Cilia Flores, hijo de su hermana Eloísa, ya había sido protagonista de una investigación que Runrunes sacó a la luz junto con los equipos de investigación de Armando Info, El Pitazo y Poderopedia en 2015. En ese entonces, Malpica Flores era tesorero de la República y administrador de las finanzas de Pdvsa y su familia registró 16 empresas en #Panamá desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013.

El economista Luis Oliveros sostuvo que las sanciones personales son contra funcionarios, y que estas no afectan a la población venezolana. 

A diferencia de ellas, las sanciones sectoriales están impuestas hacia la industria petrolera venezolana, Pdvsa, y el Banco Central de Venezuela (BCV), y son las que podrían tener cierto impacto sobre el país. 

«Las sectoriales afectan directamente al país, a empresas privadas con el tema de compliance financierocumplimiento normativotanto en Estados Unidos como a escala internacional», indicó el economista.

Presión para levantamiento de sanciones

Además de incentivar el regreso a las negociaciones, también se ha solicitado que las sanciones sean levantadas por presuntamente “exacerbar la situación humanitaria”.

Uno de los casos más recientes, es la carta que dirigieron 18 congresistas demócratas al presidente Biden para exigir el levantamiento de sanciones. 

Tal Cual Digital reseñó que a pesar del reconocimiento de Maduro y sus aliados como los principales responsables de la crisis humanitaria y política del país, los congresistas norteamericanos aseguran que las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump “no solo fallaron para mejorar la situación en Venezuela, también la exacerbaron significativamente”.

La misiva, difundida por el reportero Joshua Goodman, fue firmada por los congresistas Alexandra Ocasio-Cortez, Raúl Grijalva, Jesús García, Jan Schakowsky, Juan Vargas, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, James McGovern, Jared Huffman, Pramila Jayapal, Eleanor Holmes, Earl Blumenauer, Henry Johnson, Donald Payne, Rashida Tlaib, Andy Levin, Jamaal Bowman y Bonnie Watson, considerados como el ala de izquierda radical del partido demócrata.

Benigno Alarcón aseguró que hay un lobby importante de parte del gobierno venezolano, diferentes actores en Venezuela distintos al gobierno, y de parte de las empresas petroleras norteamericanas para que se levanten las sanciones .

«Todo esto influye de cierta manera. La pregunta es si Biden encontrará un punto medio entre las presiones a las que está sometido para levantar sanciones y en lo que puede o debe hacer en el sentido de un levantamiento incondicional de sanciones. Esto podría dejarlo sin herramientas para negociar», aseguró Alarcón. 

Solo una correlación temporal

En medio del debate sobre si las sanciones sectoriales han agravado o no la situación económica-social de Venezuela, el economista, Omar Zambrano aseguró que existe una correlación temporal entre el alivio de restricciones de importación y la imposición de las primeras sanciones sectoriales.

«Eso no es evidencia de que una cosa sea consecuencia de la otra. Simplemente están relacionadas en el tiempo», reiteró Zambrano.

Según el economista, cuando se impusieron las primeras sanciones sectoriales, que impactan la posibilidad de Pdvsa de pagarle a proveedores, recibir créditos de ellos y, además, restringieron sus finanzas y las del Banco Central, el gobierno venezolano cambió radicalmente su manera de aproximarse al sector privado en Venezuela.

«Hubo un relajamiento de controles de precios y de controles de cambio. Además, empezó una política de libre comercio por las aduanas de Pdvsa, de importación de consumo final por las aduanas», aseguró Zambrano.

El economista explicó que las importaciones que estaban en un mínimo histórico en 2017 habían caído profundamente en años anteriores.

De acuerdo con Zambrano, antes de la imposición de las primeras sanciones sectoriales, ya los niveles de productos básicos de alimentos y medicinas había caído profundamente. En ese periodo se gestó la terrible crisis humanitaria compleja de Venezuela, donde la población vivió una escasez profunda de productos.

El economista aseveró que es un fenómeno difícil de explicar. «Si bien, las sanciones pusieron restricciones sobre la posibilidad del gobierno para hacer negocios con Pdvsa y transferir dinero. No se sabe si por convicción o por obligación esto causó que el gobierno cambiara completamente su política económica con respecto en dejar operar al sector privado. El efecto negativo es positivo hay preguntas abiertas porque no se conoce qué es consecuencia de las sanciones y que no lo es», señaló. 

Beneficiarios de la acción humanitaria serán los más afectados por la ley de cooperación internacional
Van Berkel aseguró que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también afectará a medios de comunicación, universidades, centros académicos, entre otros

El Observatorio Social Humanitario (OSH) discutió en un foro junto a expertos que si el anteproyecto de la ley de cooperación internacional, planteado por la Asamblea Nacional, se lleva a cabo, afectará principalmente a los beneficiarios de la acción de defensa de derechos humanos.

El foro «Venezuela en Emergencia Ley de Cooperación Internacional: una amenaza a la respuesta humanitaria en Venezuela» se realizó el 13 de mayo de 2021 y contó con la participación de Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, y Deborah Van Berkel, presidenta de la Red Sinergia.

Romero indicó que cuando se afecta el trabajo de la sociedad, más allá del impacto directo que tiene en las organizaciones, es una violación más a los derechos de las víctimas que ya se encuentran en desprotección.

«La cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional, más allá de un tema de recursos económicos, permite interactuar con organismos internacionales, «, explicó Romero.

Según Romero, este instrumento busca ir en contra de ese derecho

Daniels señaló que los principales afectados, en caso de que esta Ley se implemente, serían los cientos de miles de beneficiarios de la acción de defensa de derechos humanos como de la acción humanitaria.

Por su parte, Van Berkel, reiteró que la Ley de Cooperación Internacional busca quitarle a la sociedad la capacidad de generar los mecanismos de solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho. 

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas.

Los expositores alertaron que esta ley amenaza la atención de venezolanos en estado de vulnerabilidad.

Obstáculos y limitaciones 

Alí Daniels mencionó que el obstáculo principal que genera este anteproyecto de ley es la confusión terminológica y falta de coherencia interna que hay en él.

En cuanto a las limitaciones concretas que establece la Ley contra las ONG, Daniels mencionó las siguientes:

La instauración de un registro. Se somete a las organizaciones a tener que inscribirse en ese registro porque si no no responde a tener cooperación internacional.

La cooperación del Estado. Según Daniels, la mención en varios artículos sobre la cooperación del Estado preocupa, porque da a entender, que toda la cooperación es pública. De acuerdo con Daniels, esto podría implicar que la cooperación solo pueda ser a través del manejo del dinero por el gobierno venezolano. «Sería terrible, porque no se rinden cuentas», dijo. 

«Aunque venga de agentes privados del exterior, al entrar en Venezuela debe ser público. Es muy peligroso porque se trataría de estatización de la cooperación internacional», reiteró el director de Acceso a la Justicia.

El derecho a información. Daniels explicó que, con esta Ley, cualquiera podría pedir información de estatutos y actividades que realizan las organizaciones. Por lo que sería algo arbitrario.

Estas preocupaciones le llevan a afirmar que la ley criminaliza la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos: «Se pretende la instauración de un registro para las organizaciones para que estas tengan acceso a la cooperación internacional además que ahora cualquier ciudadano puede preguntar por los estatus de las organizaciones, no solo el Estado, y esto es absolutamente arbitrario, es peor que la Providencia contra el terrorismo, porque (…) yo con esto pienso en un colectivo que va a preguntar de dónde sacan el dinero, quiénes los financia, para qué».

«Una violación más a los derechos de las víctimas»

Romero señaló que además de los obstáculos y limitaciones que causa la ley a las organizaciones, este tipo de controles también afecta el trabajo de la sociedad civil, y principalmente, a los beneficiarios de sus programas.

«Más allá del impacto directo que tiene en las ONG, es una violación más a los derechos de las víctimas», reiteró.

Van Berkel aseguró que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también afectará a medios de comunicación, universidades, organizaciones religiosas y de atención social de iglesias, centros académicos, organizaciones que trabajan con formación política, y redes de organizaciones de base comunitarias que no están registradas formalmente pero que actúan en trabajo social verán limitadas sus funciones de llegarse a aprobar.

Según la presidenta de la red Sinergia, desde el punto de vista las organizaciones, no solo hay preocupación, hay acción y una acción que siempre ha sido justamente el registro de denuncia y exigencia de derechos humanos. 

«Hay más 600 organizaciones que están con una acción de atención de necesidades fundamentales de los venezolanos en una diversidad de proyectos y lo que busca la solidaridad entre los pueblos», explicó Van Berkel.

«La Ley de Cooperación Internacional es una ley para quitarle a la sociedad la capacidad de generar los mecanismos de la solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho», afirmó Van Berkel.