Maria Josefa Maya, autor en Runrun

María Josefa Maya

CLAVES | Freedom House: La libertad de internet en Venezuela es cada vez más precaria
Freedom House indicó que los principales obstáculos para el acceso a internet en Venezuela son los constantes apagones de luz y la conexión deficiente de los usuarios
En su más reciente informe, también advirtió que el gobierno de Maduro ha reforzado el control sobre el discurso en línea 

La organización Freedom House publicó un informe en el que cataloga a Venezuela como un país que no tiene libertad de internet, ocupando el puesto 28 de 100, siendo 100 el país que tiene más libertad en internet. 

A medida que la crisis social, económica y política del país empeora, la libertad en internet en Venezuela es cada vez más precaria, indica la organización. 

A continuación, algunos descubrimientos claves que destacó Freedom House sobre la libertad de internet en Venezuela:

Durante junio de 2020 y mayo de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el acceso a sitios web durante momentos políticamente delicados, incluido un número creciente de sitios web de medios, aunque la conectividad a internet no se restringió durante el período de cobertura del informe.

Las elecciones de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2020, sufrieron restricciones digitales, entre ellas destaca el bloqueo de sitios web para participar en la consulta popular liderada por la oposición, una encuesta presentada como una alternativa a las elecciones.

Debido al creciente número de arrestos arbitrarios por mensajes en redes sociales y plataformas de mensajería como TikTok y WhatsApp, los periodistas y ciudadanos comunes se involucran cada vez más en la autocensura.

Las autoridades continúan manipulando el contenido digital, incluso a través de cuentas falsas. Además, Freedom House aseguró que se incentiva a los usuarios a publicar narrativas a favor del gobierno oficialista a través del Sistema Patria.

El poder judicial continuó emitiendo fallos politizados que atentan contra la libertad de expresión. En mayo de 2021, los tribunales autorizaron la incautación de la sede de El Nacional, un diario independiente que ahora es publicado de forma digital, en una demanda civil iniciada por el ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello.

Apagones y conexión deficiente limitan el internet

Freedom House indicó que los principales obstáculos para el acceso a internet en Venezuela son los constantes apagones de luz y la conexión deficiente de los usuarios. 

«Si bien no hubo apagones a nivel nacional, como los ocurridos en 2019, continúan ocurriendo apagones parciales. Estos cortes de luz limitan la conectividad en muchos estados», aseguró la organización.

Además de los apagones constantes, los esquemas de racionamiento de electricidad, que persisten en Maracaibo y San Cristóbal, limitan severamente la conectividad a internet de los venezolanos. 

Los apagones y la conexión deficiente no son lo único que limita a los venezolanos de tener acceso a internet. Freedom House aseguró en su informe que la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela impide a la mayoría de la población satisfacer sus necesidades básicas, una de ellas siendo el acceso a internet.

La crisis económica ha afectado la capacidad de los venezolanos para pagar los servicios y dispositivos de internet.

«Los servicios de internet siguen siendo inasequibles para la mayoría de los venezolanos», señaló el estudio.

La organización explicó que aunque las tarifas de CANTV, de propiedad estatal, son las menos costosas, siguen siendo inaccesibles para la mayoría. Los planes van desde $1 por mes por un servicio de 2 Mbps a $14 por mes por un servicio de 22 Mbps.

Esto excede la capacidad de una persona que gana salario mínimo, el cual se situó en en 7 millones de bolívares ($ 2,54) el mes de mayo de 2021.

Aunque hay proveedores privados, el Estado domina el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Según el informe, empresas más pequeñas han podido ingresar al mercado, con 22 nuevos proveedores ingresando entre enero y mayo de 2021. Sin embargo, algunos de ellos fueron suspendidos por incumplimiento de las regulaciones de CONATEL.

Persiste el bloqueo digital 

Freedom House reiteró que el gobierno de Maduro continuó bloqueando los medios digitales y las redes sociales, particularmente para limitar las actividades de los aliados de Juan Guaidó.

En mayo de 2021, VE sin Filtro informó que las autoridades habían bloqueado Telesur Libre, una plataforma de comunicaciones respaldada por Guaidó destinada a contrarrestar la estatal Telesur TV. Solo unas horas después del lanzamiento de Telesur Libre, era inaccesible a través de CANTV y la mayoría de las redes privadas de internet.

«Durante las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2020, se bloquearon numerosos sitios web y plataformas, incluidos Twitter, Instagram, Facebook, 21 portales de información nacionales y numerosos sitios de medios. Los bloqueos se observaron en CANTV, Movilnet, Digitel y Movistar», aseguró la organización.

Los sitios de medios censurados el día de las elecciones incluyeron el canal de televisión en streaming Vivo Play, NTN24, El Pitazo, Punto de Corte, El Nacional, La Patilla, Runrunes, Efecto Cocuyo y Crónica Uno, junto con los sitios del diario español El País y British Broadcasting Corporación (BBC).

El estudio denunció que en octubre de 2020, VE sin Filtro informó 30 bloqueos que tenían como objetivo sitios de medios: Vivo Play, Efecto Cocuyo, InSight Crime, Armando.info y El Nacional, sitios de pornografía, SoundCloud y Livestream. En abril de 2021, el sitio web de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos, fue bloqueada por CANTV.

«En ausencia de un Estado de derecho y sin instituciones que ofrezcan vías de apelación, las autoridades venezolanas han restringido el contenido digital sin supervisión independiente ni procedimientos de rendición de cuentas», indicó el informe.

Según Freedom House, las detenciones, el encarcelamiento y las restricciones legales y extralegales sobre ciertas formas de expresión en línea han fomentado una mayor autocensura y censura preventiva en los medios de comunicación. En su informe de marzo de 2021 sobre libertad de información, IPYS Venezuela destacó la acentuación del miedo y el silencio en la entorno en línea debido a la presión y amenazas de las autoridades.

Leyes y regulaciones de usuario de internet no son respetadas

De acuerdo a Freedom House, aunque la constitución venezolana garantiza la libertad de expresión, el gobierno oficialista ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho. Varias leyes, como la ley contra el discurso de odio de 2017 y Resorte-ME, limitan el discurso que se considera que incita al odio, la violencia o la “ansiedad” entre la población, incluso en Internet.

Los activistas y periodistas también enfrentan cargos de difamación en virtud del código penal, que establece penas de prisión por difamación contra funcionarios públicos y publicación de información falsa.

«El gobierno de Maduro ha reforzado su control sobre el discurso en línea a través de una serie de leyes restrictivas que establecen sanciones penales para las actividades en línea», aseguró el informe.

La organización señaló que, a pesar de que varios periodistas digitales, editores y usuarios fueron liberados de prisión durante el período de cobertura, muchos otros continuaron detenidos arbitrariamente.

El informe indicó que los usuarios enfrentan cada vez más arrestos por contenido distribuido a través de WhatsApp y TikTok.

En su informe de septiembre de 2020, una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) identificó detenciones arbitrarias entre los abusos de derechos humanos perpetrados por el gobierno, incluidas las detenciones arbitrarias en represalia por publicaciones en las redes sociales.

Freedom House reiteró que los periodistas independientes y los usuarios de Internet son detenidos con frecuencia por difundir contenido crítico en las redes sociales.


Puedes leer el informe completo de Freedom House aquí


Encuesta determinó que 25% de los ciudadanos no quieren vacunarse contra la COVID-19
Si la proporción de 25% de personas que no quiere vacunarse persiste, Venezuela no podrá alcanzar el objetivo de vacunar a 70% de su población contra el COVID-19

La Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB) junto al Instituto Delphos publicaron una encuesta que asegura que 25% de la población venezolana que no está vacunada, no quiere hacerlo. 

El trabajo pretendía conocer un poco más del proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Para la realización del estudio, el Instituto Delphos aplicó encuestas entre el 18 y el 28 de agosto de 2021 a 1.200 ciudadanos de 18 años en adelante. Las entrevistas se realizaron en los hogares de los encuestados.

Según el informe, Venezuela ocupa el puesto 17, de 20 países en América Latina en términos de vacunación. Hasta la fecha, los países con la cifra de vacunación más alta son Uruguay (71,6%) y Chile (70,1%). 

A pesar de que no existe una cifra oficial de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 administradas en Venezuela, se pudo conocer que solo 8,1% de la población venezolana ha recibido ambas dosis de la vacuna.

A continuación, se enumeran otros detalles del estudio. 

Inmunidad de rebaño en riesgo

Según el informe publicado, 46,2% de los encuestados no está vacunado y quiere estarlo. Mientras que 25% de ellos no ha recibido y no quiere colocarse la vacuna.

El estudio reiteró que si esa proporción de personas que no quiere vacunarse persiste, Venezuela no podrá alcanzar el objetivo de vacunar a 70% de su población contra el COVID-19. 

Hasta el momento, 8,1% de la población venezolana ha recibido ambas dosis de la vacuna. 12,6% recibió la primera dosis y está a la espera de la segunda. 

Sin embargo, 79,3% de la población total del país no recibido ninguna dosis. 

Vacunación sin criterios uniformes

De acuerdo a la encuesta aplicada, 11,3% de la población del Distrito Metropolitano de Caracas ha sido vacunada, siendo el área geográfica con la cifra más alta de vacunación en Venezuela.

Mientras que en las ciudades principales del país 7,5% de los habitantes han sido vacunados. Sin contar a las localidades señaladas anteriormente, solo 7% de la población total venezolana ha sido vacunada. 

«El hecho de que la cifra de vacunación sea más altA en Caracas que en las ciudades principales y el resto del país puede indicar que el suministro y aplicación de la vacuna no ha seguido criterios uniformes«, aseguró la investigación.

Los que han podido vacunarse

Las personas de 50 años o más son el grupo de edad con la cifra más alta de vacunación, un 16% manifestó haberse vacunado

Sin embargo, esta cifra no llega a ser 20% de la población.

El informe aseguró que eso indica la «magnitud de desprotección de las personas que están en mayor riesgo».

El segundo grupo de edad más vacunado corresponde a las personas que tienen entre 35 y 49 años. 12,8% de ellos recibieron su vacuna contra el coronavirus.

Las personas que tienen entre 25 y 34 años son el tercer grupo de edad con mayor cifras de vacunación. 8,4% de ellos han sido vacunados.

Por último, el grupo de edad que tiene la cifra más baja de vacunación en Venezuela, es el de 18-24 años, solo 6,4% de ellos se ha vacunado. 

Puedes leer el informe completo aquí.

Crisis Group enumera los elementos a favor y en contra del diálogo en México
Crisis Group aseguró que varios de los obstáculos que en algún momento se interpusieron en el camino de una solución negociada han sido eliminados, al menos parcialmente
Un resultado positivo y notorio de este esfuerzo por lograr avances graduales han sido las reformas electorales, en particular la inclusión a principios de este año de dos figuras muy respetadas de la oposición en el Consejo Nacional Electoral

 

 

Foto: EFE

Ante la espera de la reactivación de las conversaciones en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana el 3 de septiembre, la organización Crisis Group explicó que es muy probable que estas negociaciones sean largas y complejas, y que el resultado final no satisfaga a todas las partes.

A pesar de ello, la primera reunión en Ciudad de México marca un paso importante para dejar atrás las posiciones maximalistas.

Phil Gunson fue el analista que firmó el documento en el que se asegura que las negociaciones siguen siendo la única «vía razonable» para poner fin al enfrentamiento político en Venezuela y abrir el camino para superar la crisis económica y humanitaria que ha destrozado la calidad de vida de los venezolanos y llevado a casi seis millones de ellos a abandonar el país.

La organización reiteró que una solución duradera a la crisis actual del país requerirá compromisos sobre cómo lograr la recuperación económica, reparar el sistema de salud y abordar la creciente influencia de grupos armados que han obtenido el control de facto de las zonas rurales y urbanas. 

“El gobierno, la oposición y sus respectivos aliados internacionales tienen mucho trabajo por delante. A pesar de todos los desafíos, es bueno ver que esta labor estancada desde hace mucho tiempo, de nuevo está en marcha”, señaló Crisis Group en un artículo.

Sin Trump y Maduro fortalecido políticamente

Crisis Group explicó que esta ronda de negociaciones es diferente a las anteriores por varias razones.

Una de las principales es la salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos.

Y es que durante el mandato de Trump, EE.UU. tuvo una política de “máxima presión” en cuanto a Venezuela.

Según Crisis Group, actualmente, Estados Unidos dejó a un lado la retórica de máxima presión.

La decisión de EE.UU. de imponer sanciones secundarias en agosto de 2019 fue lo que provocó la ruptura de las conversaciones; y la convicción de la oposición de tener otras opciones fue lo que la llevó a abandonar la ruta de la negociación.

Otra de las razones por la que las conversaciones en México son diferentes a las anteriores es que, en este caso, Nicolás Maduro está «fortalecido políticamente».

La proclamación de la oposición de ser el “gobierno interino”, en respuesta a la cuestionada victoria electoral de Maduro en 2018 y una interpretación polémica de la constitución, no logró inclinar la balanza del poder a su favor dentro de Venezuela.

De acuerdo a Crisis Group, el gobierno interino de Juan Guaidó debió centrarse en conseguir apoyo a escala internacional.

Consideran que Maduro demostró ser «más efectivo para fomentar la división entre sus adversarios, sumiéndolos en la decepción y la apatía».

“Desde principios de 2019, a pesar del descontento generalizado de la población, la oposición no ha logrado organizar grandes manifestaciones públicas”, dijo Crisis Group.

Tan solo un puñado de los casi 60 países que reconocieron a Guaidó como el jefe de Estado legítimo en 2019 aún lo reconocen como tal, los demás han retirado discretamente su reconocimiento, aunque Washington aún no lo ha hecho.

Adicionalmente, en diciembre de 2020, Maduro recuperó el control de la Asamblea Nacional.

Desde que Maduro llegó al poder en 2013, la economía ha sufrido el peor colapso en tiempos de paz en la historia reciente.

Consideran que esta condición no puede revertirse sin una inyección masiva de capital lo que, a su vez, depende de un acuerdo político.

Garantías electorales y reconocimiento internacional

Ambas partes de la mesa de negociación tienen sus objetivos bastante claros.

Crisis Group recordó que la oposición busca principalmente garantías electorales y elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas, mientras que Maduro desea reconocimiento internacional y que se levanten las sanciones a los miembros de su gabinete.

Destacan que los principales países responsables de las sanciones internacionales, EE. UU., Canadá y miembros de la Unión Europea, han flexibilizado sus posturas, al ofrecer la posibilidad de un alivio gradual de las sanciones ligado a un progreso sustancial en las conversaciones.

Estos puntos están incluidos en el Memorando de Entendimiento de siete puntos presentado el 13 de agosto, que describe la agenda y los parámetros para las conversaciones.

Crisis Group recalcó que el documento generó consternación entre algunos sectores de la oposición, ya que comienza definiendo a las partes como “el gobierno” y la “Plataforma Unitaria”, aparentemente pasando la página del gobierno interino de Guaidó.

“Considerada por muchos como una traición, esta formulación debe ser entendida como un reconocimiento de la realidad”, indicó la organización.

Hasta el momento, todas las partes mostraron su disposición para respaldar acuerdos parciales, lo que podría permitir que el proceso gane más adeptos si los negociadores pueden demostrar avances concretos en las primeras etapas.

Conversaciones sin obstáculos y con exigencias realistas

Crisis Group señaló que esta ronda de negociaciones en México posee varios factores y razones que sugieren que el diálogo puede ser efectivo.

En primer lugar, indican que varios de los obstáculos que en algún momento se interpusieron en el camino de una solución negociada han sido eliminados, al menos parcialmente.

En segundo lugar, indican que la oposición ya no insiste en la exigencia «poco realista de que Maduro deje el poder» como primer paso para una transición.

Subrayan que los grupos adversos al régimen también parecen dispuestos a contemplar la posibilidad de llegar a acuerdos parciales durante las conversaciones.

Anteriormente, los grupos de la oposición tuvieron fuertes discrepancias sobre la posibilidad de adoptar un enfoque gradual para resolver sus diferencias con el partido oficialista, ya fuera en las negociaciones o en otras instancias. 

De acuerdo a Crisis Group, Guaidó y sus aliados insisten en que un enfoque escalonado afectaría seriamente las perspectivas de un acuerdo integral.

Sin embargo, el excandidato presidencial Henrique Capriles, organizaciones de la sociedad civil agrupadas bajo el recientemente creado Foro Cívico y la principal cámara empresarial venezolana, Fedecámaras, han tenido activas conversaciones con el gobierno de Maduro sobre asuntos humanitarios, políticos y económicos específicos.

Como resultado «positivo y notorio de este esfuerzo» por lograr avances graduales mencionan las reformas electorales, en particular la inclusión a principios de este año de dos figuras muy respetadas de la oposición en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por otro lado, Stalin González, un aliado de Capriles que en 2019 se desempeñó como negociador designado por Guaidó, se ha sumado al equipo de la oposición para las conversaciones.

Creen que la medida podría representar una oportunidad para que los partidarios de Guaidó y Capriles concilien sus diferencias.

Otro elemento favorable, que Crisis Group ha recomendado con frecuencia, es que algunos de los principales actores extranjeros acompañaran las conversaciones a través de un “Grupo de Amigos”.

“La presencia directa de Rusia, un aliado estratégico de Maduro y de sus fuerzas armadas, es particularmente significativa”, dijo la organización. 

Razones para desanimarse 

A pesar de que las conversaciones de México presentan condiciones favorables para que el diálogo sea efectivo, Crisis Group indicó que también existen razones para ser pesimistas en cuanto a la efectividad de las negociaciones. 

En el frente internacional, la mayor flexibilidad de la administración estadounidense de Joe Biden en la política hacia Venezuela se ve limitada por las preocupaciones políticas domésticas.

En un momento en el que el Partido Demócrata intenta minimizar las pérdidas en las elecciones legislativas de mitad de período de 2022, opinan que es natural que Biden sea reacio a renunciar abiertamente a una política de línea dura que le dio tan buenos resultados a Trump en el campo de batalla electoral del sur de la Florida, hogar de muchos exiliados venezolanos y sus aliados cubanoamericanos.

Otro tema que se avecina es el posible anuncio de la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que podría resultar en la expedición de órdenes de arresto o de comparecencia contra altos funcionarios gubernamentales o militares presuntamente implicados en crímenes de lesa humanidad.

El tribunal ha estado investigando si los abusos de derechos humanos cometidos mientras Maduro ha estado consolidando el poder desde 2017 justifican dichos cargos.

Adicionalmente, la situación interna de Venezuela es aún más complicada. En primer lugar, el momento en el que se dan las conversaciones es desfavorable, ya que se producen justo antes del inicio de la campaña para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

“Las elecciones de noviembre resultan especialmente complicadas para la oposición al estar tan profundamente dividida, no solo sobre si participar o no, sino también sobre los posibles candidatos y cómo seleccionarlos”, afirmó Crisis Group.

Según Crisis Group, si los candidatos de Maduro arrasan en los comicios de noviembre, la derrota dejaría a la oposición aún más débil en la mesa de negociaciones, lo que hace difícil imaginar que las partes avancen mucho antes de las elecciones. Aunque se han previsto nuevas rondas de conversaciones para septiembre, es probable que en ese punto se suspendan a la espera de las elecciones.

El hecho de que muchos venezolanos no se sientan representados por ninguna de las delegaciones en Ciudad de México también es motivo de preocupación.

“Tanto el gobierno como la fragmentada oposición son muy impopulares y muchos ciudadanos perciben que ambas partes están más interesadas en promover sus intereses propios que en buscar el mejor resultado para el país en general”, aseguró la organización.

Conversaciones deben consolidar la negociación

Por incipientes y vulnerables que sean, las conversaciones ofrecen una oportunidad de progreso.

No obstante, Crisis Group ve poco probable que haya claridad hasta después de las elecciones de noviembre sobre si alguna de las partes, especialmente el gobierno, está lista para llegar siquiera a acuerdos parciales.

“La principal tarea es consolidar el proceso de negociación”, señaló la organización. 

Ante todo, las conversaciones tendrán más posibilidades de avanzar si las partes buscan primero un acuerdo sobre algunas medidas graduales que puedan producir mejoras tangibles en las condiciones de vida de los venezolanos.

Por ejemplo, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la asignación supervisada de fondos multilaterales para hacer frente al colapso económico, aumentar los esfuerzos de ayuda humanitaria y realizar acciones concretas para restablecer las instituciones, comenzando por el poder judicial.

“Entre más beneficios reales produzcan las conversaciones para el pueblo venezolano, más fácil será aplacar a los escépticos y disminuir la presión de los partidarios de la línea dura que podrían intentar socavarlas”, reiteró Crisis Group.

Queda por definir si las partes enfatizarán los temas sociales, económicos y humanitarios en las conversaciones principales, si delegarán estos asuntos a un comité independiente o, incluso, si dejarán estas discusiones en manos de mecanismos ya existentes, como la mesa técnica nacional creada por el gobierno y la oposición en febrero de 2021 para obtener vacunas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud.

Si bien es posible que los participantes de Ciudad de México prefieran dejar de lado estos asuntos, es probable que la sociedad civil los exhorte, a través del mecanismo consultivo prometido en una declaración conjunta, a ofrecer soluciones rápidas.

Concluye Cris Group afirmando que «deben atender este llamado».

Informarse es la clave para migrar sin caer en redes de estafa
Cuando los migrantes se mueven bajo irregularidad no llevan papeles, no saben a dónde van, no tienen personas a las que contactar. Por ende, a veces son inducidos en situaciones que decantan en engaño

La causa de salida de la mayoría de los venezolanos están asociadas a hambre, necesidad económica, violación de derechos humanos y violencia generalizada.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) publicó un informe sobre la esclavitud moderna y cuál es el impacto de ella en la migración venezolana.

En este estudio, el CDH-UCAB indicó que las prácticas de esclavitud moderna pueden iniciar con diferentes redes engañosas en las que se ven involucradas los migrantes por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 

Para evitar caer en estas redes, Madison González, especialista en la geografía de las migraciones, y Eumelis Moya, investigadora del CDH-UCAB, indicaron que informarse es clave .

“Información que permita a los que migran hacer ese tránsito a otros países en condiciones más seguras. Conocer los mitos y las realidades entorno a la migración, incluso por los caminos verdes”, indicó Moya. 

Todos los migrantes están expuestos a ser víctimas de estas ofertas engañosas, pero las mujeres y los niños son los más vulnerables.

“A través de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) he podido conocer que hay una cantidad significativa de niños y adolescentes en condición de repatriados”, señaló la investigadora del CDH-UCAB.

En el caso de las mujeres, González indicó que estas están más expuestas a ser víctimas de tratas de personas y tráfico sexual.

Todo parte del engaño

Eumelis Moya explicó que hay varias dinámicas para caer estas redes de estafa. “Algunos venezolanos cuando salen del país, migran siendo movidos por alguna oferta que termina siendo una oferta laboral engañosa”, dijo.

En estos casos, se les ofrece a las personas un trabajo en el que realizarán una determinada labor por la que obtendrán un sueldo y ciertos beneficios que realmente no terminan siendo lo prometido.

Moya aseguró que cuando las personas se mueven bajo irregularidad, no llevan papeles, no saben a dónde van, no tienen personas a las que contactar. Por ende, a veces son inducidos en situaciones que decantan en engaño.

“En la frontera con Brasil hemos conocido de casos con servicios de colocación. Les prometen llevarlos hasta la ciudad, hospedarse en una casa con otros migrantes y conseguirles trabajo. Los migrantes se van con ellos y no se vuelve a tener conocimientos de su paradero”, relató Moya.

Estas redes tienen ciertos patrones: son ofertas engañosas o la oferta de una colocación que no es tal.

Estos patrones ocurren en las fronteras con Brasil y Colombia. En Chile y Perú, los migrantes hablan más de la irregularidad y la dificultad para conseguir un trabajo con condiciones dignas. “Las personas que se fueron con visas sí pudieron conseguir un trabajo con condiciones más dignas”, reiteró Moya. 

“Los venezolanos salen sin documentos apostillados, sin pasaporte, solo con la cédula y la ropa que se tenga encima, eso hace que se creen estas redes de gestoría, que comienzan como un gestor y luego se transforman en corporaciones de tráfico de personas”, señaló Madison González. 

González indicó que la mayoría de los venezolanos que están en Brasil son del sur del país. Muchos se conocen, por lo que a través de grupos de Facebook, de los que son miembros, comentan las diferentes oportunidades que puede tener un migrante venezolano en Brasil. 

“Cuando llegan al destino, no hay lugar para dormir, no existe una oferta de trabajo real y les toca vivir en la calle o en una iglesia”, dijo la especialista en geografía de las migraciones. 

En Brasil se creó una política de emergencia, que es la interiorización o la movilización de personas de la frontera hacia otras ciudades de Brasil.

Según González, esto se hace con la intención de vaciar la región norte, que está totalmente colapsada por la cantidad de venezolanos que están allí. Casi 70 mil personas han sido movilizadas. 

De acuerdo con González, existe la interiorización por reunión social, allí donde está el grave problema.

“Es alguien que según es tu amigo, tu pariente o con el que tienes un nexo, que se va a encargar de ti y te va a recibir los próximos tres meses. Las personas escriben por Facebook: ‘alguien que me reciba en Río de Janeiro, necesito que me de sus datos, no necesito que me ayude solo que me dé sus datos’. Por ende, se crean esos mecanismos fraudulentos para ellos poder salir de la región norte”, relato la también profesora de Geografía.

En el caso de la interiorización laboral, González explicó que los contactos de empresas grandes del sur de Brasil se llevan a una cantidad de personas para emplear y a sus familias.

“No siempre funciona bien, allí hemos encontrado prácticas de esclavitud moderna o trabajos análogos a la esclavitud. Personas a las que les ofrecen salario mínimo por trabajar más de 10 o 12 horas consecutivas, siendo lo máximo ocho horas”, dijo. 

Informarse para evitar caer redes de estafa

Moya indicó que hay una necesidad imperante, que es la socialización de estos temas, que las personas conozcan las formas de esclavitud moderna y bajo qué circunstancias ocurren

. “He conversado con migrantes que no se identifican con las prácticas de la esclavitud. No identifican que son explotados o abusados, sino que creen que es lo que les toca”, dijo.

Lo más importante es la información, lo segundo es dar a conocer las implicaciones de la movilidad. 

Moya señaló que el CDH-UCAB tiene la intención de colocar un centro de derechos humanos en Santa Elena de Uairén.

“La idea no es decirles que no se vayan, porque cuando las personas ya han hecho el recorrido hasta Santa Elena con la intención de irse a otro país. ya la decisión está tomada. Pero sí podemos preparar una serie de materiales informativos y educativos que les permita hacer ese tránsito en condiciones más seguras, desde lo que da la práctica hasta lo que el contexto les va a ofrecer, una serie de mitos y realidades entorno a la migración, incluso por los caminos verdes”, señaló. 

En el caso de Brasil, González reiteró que existe una red de venezolanos que se encarga de denunciar casos de trata de personas.

Hay alternativas digitales para informar. González indicó que MigraSegura es una de ellas. “Es una iniciativa de Cáritas para informar de forma segura sobre los procesos migratorios”, dijo. 

Según González algo sumamente importante, además de informarse, es denunciar. “La denuncia es esencial para que se generen políticas públicas que solucionen esos problemas”, explicó.

Mujeres y niños: los más vulnerables

Madison González reiteró que es difícil diferenciar quién es el más vulnerable en el caso de los migrantes venezolanos, porque todos están en un caso de vulnerabilidad extrema. Sin embargo, las mujeres y los niños son dos grupos que están en igualdad de condiciones vulnerables.

De acuerdo con Moya, los hombres migrantes también son víctimas de trata con fines de explotación laboral y sexual, pero hay condiciones que hacen especialmente vulnerable a las mujeres y a los niños.

“Hay mujeres que se han ido solas con sus hijos y realizan trabajos sexuales. Les ha tocado prostituirse con sus hijos. Los dejan afuera de las casas, los meten en otro cuarto, mientras ellas hacen el trabajo”, relató Moya. 

González afirmó que la carencia de una legislación específica por género, ni para mujeres ni para niños en muchos países de América Latina, es otra de las razones por la que estos grupos de migrantes se encuentran en un contexto más vulnerable.

“La legislación de Brasil en función de las mujeres y los niños ha sido bastante fructífera en la frontera, pero cuando se habla de otros estados en el centro del país, existen diferentes factores de discriminación por ser extranjeros”, dijo la especialista en geografía de migraciones. 

González indicó que, en el caso de los estados andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Chile) a nivel de normas y legislaciones, están bastante atrasados en comparación con Brasil. Comentó que son sociedades muy conservadoras que no tienen respeto por la mujer.

Migrantes venezolanos son víctimas de esclavitud moderna
Colombia alberga 1.742.927 venezolanos, y es el país con mayor población de esta nacionalidad. De este grupo, 1.022.815 están en condición irregular
En Brasil residen 261,441 migrantes forzados y refugiados venezolanos. De este grupo, 97,209 han solicitado la condición de refugiado y 38,387 han sido reconocidos como tal

Para 2018, alrededor de 40,3 millones de personas en el mundo eran víctimas de esclavitud moderna, y dos millones de estas se encuentran en Latinoamérica destacando Venezuela con una tasa de 5,6 víctimas por cada 1000 habitantes.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) publicó un informe sobre cómo las formas de esclavitud moderna impactan a los migrantes y refugiados venezolanos. 

La llegada de la pandemia de COVID-19 ocasionó que Venezuela cerrara sus fronteras con países vecinos como Brasil y Colombia. Este cierre obligó a los migrantes venezolanos a tomar rutas clandestinas, lo que tiene como consecuencia un incremento en las condiciones de vulnerabilidad en las cuales llegan a los países de acogida.

En el caso de Colombia, para diciembre del 2020, entre 500 y 700 personas de nacionalidad venezolana cruzaron a diario por vías irregulares hacia el país vecino.

Esta práctica también ocurrió en Brasil. Desde 2018, los migrantes forzados se trasladan a pie por la Gran Sabana, en el estado Bolívar, a través de la Troncal 10. Reportes hechos por ciudadanos y fotografías captaron a hombres, mujeres, niños, ancianos y personas incapacitadas caminando con destino a Brasil.

Mujeres, niños, niñas y adolescentes son vulnerables en contexto migratorio y bajo las condiciones irregulares en las que se produce su movilidad; bien sea por temas rutas regulares e irregulares, o por documentación, sus condiciones los hacen más propensos a ser captados o sometidos a situaciones que se constituyen en formas análogas a la esclavitud moderna. 

Trabajar sin remuneración

Un informe elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana, reveló que 21% de 4.600 venezolanos encuestados fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. De este grupo, 2% fue obligado a trabajar.

12% de los encuestados reportó que, estando en Venezuela, una oferta de trabajo en el exterior los contactó. A 13% se les ofrecía la cobertura del traslado con la oportunidad de hacer un reembolso en una etapa posterior.

Sin embargo, a una quinta parte de la población cuya oferta de trabajo incluía el reembolso de los costos, no le pagaron según lo acordado, y 10% de los que tenían que hacer los reembolsos se vieron obligados a trabajar, lo que la OIM denomina: servidumbre por deudas.

El CDH-UCAB registró casos de mujeres que, por cuenta propia o bajo engaño, han sido trasladadas a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil. En Trinidad y Tobago, la mayoría de las víctimas han sido captadas mediante ofertas engañosas de empleo o de prostitución «consensuada”, y una vez que llegan al destino, son obligadas a prostituirse.

En el caso de los migrantes y refugiados venezolanos que van rumbo a Brasil, estos son víctimas de redes de trata de personas que captan a estos migrantes para fines de explotación. Los medios utilizados para la captación consisten ofrecer servicios de transporte y ubicación en este país.

El CDH-UCAB señaló que en Colombia, Ecuador y Perú, migrantes venezolanas han tenido que recurrir a relaciones sexuales transaccionales. Además, en Colombia se han identificado a madres que empujan a sus hijas realizar estas prácticas y hombres y adolescentes que se dedican al contrabando de combustible y de drogas.

Un millón de migrantes en condición irregular

Colombia alberga 1.742.927 venezolanos, y es el país con mayor población de esta nacionalidad. De este grupo, 1.022.815 están en condición irregular. Al menos 14.839 han solicitado refugio y solo a 444 se le ha reconocido esta condición.

El informe señaló que, hasta mayo de 2021, Colombia dispuso vías especiales de regularización para venezolanos, como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), los cuales resultaron insuficientes debido a la exigibilidad de requisitos como el pasaporte; documento que es considerado de difícil acceso como consecuencia de los altos costos del mismo, la demora en la entrega y falta de material para la impresión de este documento.

Además del PEP, Colombia creó el Estatuto temporal de protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Este fue publicado el 1 de marzo del 2021 en el Decreto 216. La primera de sus tres fases de implementación se inició el 5 de mayo. 

“Este estatuto es un mecanismo de protección temporal mediante la regularización masiva de la población venezolana”, aseguró CDH UCAB. 

El ETPV va dirigido a cuatro grupos: los venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, los venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, los venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia para el 31 de enero del 2021, y, por último, los venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia del Estatuto.

Limbo legal impide acceso a empleo formal

A pesar de que el Estatuto ha sido una gran solución para muchos migrantes, tiene ciertas fallas. De acuerdo al informe de CDH-UCAB, al suspenderse el proceso para el PEP desde marzo hasta septiembre, cuando comienza la segunda fase, existe un limbo legal para los migrantes que llegan en ese periodo de tiempo. No pueden tramitar el PEP, por ende, quedan sin opciones legales de identificación.

“Los que se registraron las primeras semanas, tienen su cita para la segunda fase en septiembre. Los que se registraron un mes después, para noviembre. Mientras más tarden en registrarse, más aumenta el margen de tiempo sin alternativas”, indicó el informe. 

Este vacío de tiempo demuestra cómo son afectados los venezolanos que migraron durante 2021 a Colombia a nivel laboral, ya que están expuestos a trabajos en donde se aprovechan de su condición migratoria, o a la informalidad.

La mayoría de la población venezolana en Colombia se encuentra en edad de trabajar. Sin embargo, el no contar con un documento migratorio de regularización, impide que estas personas puedan acceder a un empleo formal. 

La falta de regularización de la condición migratoria imposibilita que los migrantes y refugiados venezolanos puedan afiliarse al sistema de salud colombiano, convirtiendo a la salud en una necesidad que no es cubierta por el Estado, sino por organizaciones humanitarias y de cooperación internacional, ONGs y otros actores de la sociedad civil. 

Sin embargo, Colombia permite que las personas de esta nacionalidad puedan acceder de manera gratuita al sistema de salud para casos de atención considerada de urgencia, pero la primera barrera que se identifica con relación a este punto consiste en que la ley no tasa o establece qué casos son considerados urgencias, y deja a discrecionalidad del personal médico determinar qué se entiende por esto.

Sin vacuna no hay paso

En Brasil, residen 261,441 migrantes forzados y refugiados venezolanos. De este grupo, 97,209 solicitaron la condición de refugiado y 38,387 fueron reconocidos como tal. A diferencia de Colombia, a finales de 2019, Brasil concedió el estatus de refugio de forma prima face o grupal a más de 21 mil venezolanos.

Durante la pandemia por COVID-19, en el 2021, para ingresar al abrigo, es necesario recibir la vacunación de acuerdo a las leyes brasileñas, o presentar el carnet de vacunación que demuestre haber sido vacunado en Venezuela.

El problema está en que solo 7% de la población venezolana ha sido vacunada. El Secretario de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina, dijo que solo dos millones de personas se han vacunado en Venezuela, frente a las 28 millones que deberían estar inmunizadas. 

Para el municipio Gran Sabana, la situación con la migración forzada en el país, transformó su condición de municipio de destino turístico, asociado al Parque Nacional Canaima y La Gran Sabana, a convertirse en un municipio de tránsito con destino Brasil. A raíz de esto, la búsqueda de trabajo que permita obtener los reales se da a través de canales no regulares; no precisamente ilegales. 

Monitor Salud reporta 2.699 trabajadores sanitarios contagiados de COVID-19 en primer semestre del año
Entre 70 y 90% de los trabajadores sanitarios del país se ven en la necesidad de reusar el tapabocas
El informe  reiteró además que, en cada una de las regiones estudiadas, se reportan incidentes y amenazas contra el personal sanitario. Durante el primer semestre de 2021, se registraron 312 incidentes 

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que las mascarillas se desechen después de ser usadas durante un día, los trabajadores de la salud en Venezuela se han visto en la necesidad de reusar el tapabocas. En la región central 70%, en la occidental 88% y en la oriental 90%.

La organización Monitor Salud publicó su informe del primer semestre de 2021 en el que detalló las condiciones de trabajo sanitario en 75 centros  en tres regiones del país: centro, occidente y oriente.

El informe indicó que, en el período, se reportaron 2699 profesionales de la salud contagiados: 1057 en la región centro, 918 en oriente y 724 en occidente.

Monitor Salud denunció que el personal sigue haciendo frente no solo a la más «cruenta de las crisis sanitarias que se haya experimentado en Venezuela», sino que está expuesto a las «peores condiciones de trabajo».

Alertan que los hospitales siguen operando en «pésimas condiciones», con insuficiencia y ausencia de equipos de protección personal o insumos necesarios para la asepsia de las áreas, y con un «suministro irregular» de servicios públicos.

Además, denuncian que estos profesionales no solo han sido expuestos al COVID-19, también han tenido que enfrentarse a incidentes y amenazas luego de protestar para exigir mejores condiciones laborales. 

Amenazas no cesan 

Así como las condiciones de trabajo del personal de salud no mejoran, en la misma medida, no cesa la protesta en exigencia de tales mejoras. 

El informe de Monitor Salud reiteró que en cada una de las regiones estudiadas se reportan incidentes y amenazas contra el personal.

La región en la que más incidentes se registraron durante el semestre fue en oriente, con un total de 144. La mayoría de ellos, 26 en total, se registraron en el Complejo Docente Hospital Luis Razetti. 

En el caso de occidente, la región acumuló 138 incidentes entre enero y junio de 2021. El hospital que recibió mayor cantidad de amenazas fue el Hospital Universitario de Maracaibo, en el se registraron 26 incidentes. 

En la región central se registró la menor cantidad de incidentes, con un total de 30. La mayor cantidad de amenazas en esta región se registraron en el Hospital Dr. Ángel Larralde, siendo 12 incidentes. 

Sin tapabocas, guantes ni protección facial

Monitor Salud señaló que la insuficiencia de materiales de protección personal, como tapabocas, guantes y protección facial varía según el área del hospital: salas de emergencia, hospitalización y unidad de cuidados intensivos (UCI).

En la región central, en 64% de las salas de emergencia hay insuficiencia de tapabocas, en 59% de ellas no hay suficientes guantes y solo 10% cuentan con protección facial.

En cuanto a la hospitalización, solo 11% de los centros de salud en la región centro tiene suficientes tapabocas y guantes. Mientras que solo 1% dispone de protección facial. 

Por otro lado, en el occidente del país, 57% de las salas de emergencia tienen insuficiencia de tapabocas, en 40% no hay suficientes guantes y solo 3% cuentan con protección facial y ocular. Mientras que en el área de hospitalización solo 3% de los centros de salud tiene suficientes tapabocas y protección facial. Solo 1% cuenta con guantes. 

En la región oriental, solo 1% de las salas de emergencia de la región oriente tiene tapabocas, guantes y protección facial suficientes para sus trabajadores.

Las áreas de hospitalización de oriente son las que tienen más insuficiencia en el material de protección personal. Solo 1% cuenta con tapabocas, guantes y protección facial y ocular.

UCI: más dotadas pero aún insuficiente 

Las unidades de cuidados intensivos son las que cuentan con mayor cantidad de protección personal para los trabajadores de los centros de salud, pero incluso, el porcentaje de insuficiencia prevalece en ellas. 

39% de las UCI de los centros hospitalarios en la región centro no tiene tapabocas suficientes, 38% no cuenta con la cantidad necesaria de guantes y 40% no dispone de protección facial y ocular suficiente.

En el caso de la región occidente, 47% de las UCI de los centros de salud no tiene suficientes tapabocas, 46% no cuenta con la cantidad de guantes necesaria para todo el personal y 41% no dispone de protección facial y ocular. 

Occidente es, una vez más, la región con más escasez de material de protección personal. 55% de las UCI tiene tapabocas insuficientes, 53% no tiene la cantidad de guantes necesaria y 40% no dispone de protección facial y ocular.

Se mantiene la ausencia de agua y luz

El informe reiteró que los centros de salud de Venezuela padecen la misma crisis de servicios públicos que arropa a todo el país.

“Lo extraordinario debería ser registrar fallas en el servicio eléctrico, pero es lo cotidiano, sobre todo en el interior del país. La región en la que han tenido entre 13 y 18 horas de electricidad con mayor frecuencia es oriente, en el 28% de los centros”, señaló Monitor Salud.

La organización aseguró que el suministro de agua se ve comprometido por las fallas de electricidad. Esto explica por qué se registra que durante semanas enteras, centros no recibieron agua por tubería de parte de las compañías públicas de suministro de agua.

8% de los centros de salud en el centro del país, 14% de oriente y 13% de los de occidente no recibieron ni una hora de agua. 

En lugar de una solución estructural para que los centros de salud cuenten con el suministro constante de aguas, prevalece el uso de cisternas como una solución paliativa a la problemática. Los centros de salud de la región de occidente son los que más adquieren agua a través de cisternas, siendo 70% de ellos los que dependen de este mecanismo. 

“Ver recipientes que almacenan agua para el uso del personal del centro, o que los familiares del paciente tengan que traer agua, es una práctica habitual”, indicó el informe. 

A pesar de que se pidan cisternas o se llenen recipientes para almacenar el agua, este recurso no llega a todas las áreas de un centro de salud.

Monitor Salud señaló que 68% de los centros de salud en la región centro no cuenta con agua en todas sus áreas. En el occidente, 63% de los centros sanitarios tampoco tiene agua para todas sus áreas. Sin embargo, 76% de los centros de salud de oriente no dispone de agua para todas sus áreas, es la región más afectada por esta carencia.

Características del reporte

El informe se elaboró a partir del levantamiento de información por parte de Monitor Salud durante el primer semestre del año 2021, es decir, entre los meses de enero y el mes de junio.

Para ello, se desplegaron monitores en 3 regiones del país: centro, occidente y oriente, quienes cubrieron 33, 24 y 18 centros de salud, respectivamente.

 

OVCS: Las protestas continúan a pesar del estado de alarma y la represión
A pesar de la pandemia y el confinamiento, las concentraciones siguen siendo la modalidad de protesta más frecuente. Durante los últimos seis meses se registraron 2.245

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) aseguró que la pandemia de COVID-19 no limitó las protestas del pueblo venezolano a comienzos de este año. Durante el primer semestre de 2021 se llevaron a cabo 3.393 manifestaciones, 59 de ellas fueron reprimidas con un saldo de un fallecido, siete heridos y 25 detenidos. 

No obstante, el primer semestre de 2021 tiene la menor cifra de protestas registradas en relación a años anteriores. Le sigue 2020, con 4.414 protestas durante los primeros seis meses, después 2017 con 4.930 manifestaciones y 2018 con 5.315. El año con mayor cantidad de protestas durante el primer semestre fue 2019 con 10.477 manifestaciones. 

El informe semestral del OVCS señaló que la vulnerabilidad de la población venezolana ha aumentado como consecuencia de la pandemia y desafíos propios de la Emergencia Humanitaria Compleja.

Además, reiteran que el Estado ha utilizado la pandemia como excusa para profundizar el control social y realizar prácticas contrarias a la garantía de derechos.

En 2020, el epicentro de las protestas fueron los derechos sociales. Mientras que en 2021, a estos derechos se sumaron los económicos, culturales y ambientales. 

A pesar de la pandemia y el confinamiento, las concentraciones siguen siendo la modalidad de protesta más frecuente. En el primer semestre se contabilizaron 2.245, una cifra mayor a la del primer semestre de 2020 (1.585). 

Larenses lideran las protestas

Según el reporte semestral, durante la primera mitad de 2021, Lara lideró el índice de protestas, registrando 283, 24,03% más que en 2020. 

A diferencia de 2020, Táchira no registró la mayor cantidad de manifestaciones en el país durante los últimos seis meses. De hecho, la cifra se redujo más de la mitad, 58,2% exactamente, con un año de diferencia. En el primer semestre de 2020, 488 protestas se llevaron a cabo en Táchira, mientras que, en la misma fecha pero de 2021, se registraron 204.

El segundo estado con más manifestaciones fue Anzoátegui, con 268. Le sigue el estado Sucre con 234, y Mérida con 230.

El Observatorio aseveró que durante los primeros meses de 2021 se reportaron protestas en el Archipiélago Los Roques, algo que no había ocurrido en años anteriores. 

En el lapso estudiado, se registraron cuatro protestas en el Territorio Insular Francisco de Miranda. El Pitazo reseñó que los roqueños han exigido durante sus manifestaciones la apertura del parque nacional a los turistas y no solo a personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro, en tiempos en los que la administración de Maduro cerró las puertas del archipiélago a los turistas como una medida para evitar la propagación del COVID-19. 

Venezolanos exigen dolarización del salario

Por otra parte, el informe reiteró que la exigencia de derechos laborales se mantuvo en el primer lugar del índice de manifestaciones durante los primeros seis meses del año, siendo la dolarización del salario la principal exigencia. 1.177 manifestaciones se realizaron con el objetivo de exigir estos derechos. 

“Los trabajadores del sector educativo continúan reclamando sueldos justos y condiciones dignas y seguras para trabajar. Esta solicitud incluye jornadas de vacunación contra el COVID-19 y el cese de las amenazas de ser sustituidos por jóvenes integrantes del Plan Chamba Juvenil”, indicó el Observatorio.

Además de solicitar un salario justo, los trabajadores del sector salud, junto a pacientes y sus familiares, han reclamado la dotación de materiales, equipos de bioseguridad y jornadas de vacunación contra el COVID-19 en el país. 

745 de 3.393 protestas fueron por salud en los primeros seis meses del año.

Por otro lado, los productores, comerciantes y miembros del sector informal han rechazado constantemente las medidas restrictivas en cuanto a horarios, cobros excesivos de impuestos y retención ilegal de mercancía como prácticas cotidianas de las autoridades gubernamentales. Denuncian que eso les dificulta generar los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, salud, servicios, educación).

Servicios básicos continúan en picada

El OVCS reseñó que el colapso de los servicios básicos aumenta y se recrudece con el pasar de los días. Documentaron 1.018 protestas en las que se exigieron servicios básicos para una vivienda digna a lo largo del primer semestre de 2021. 

El mes de mayo, con 193 manifestaciones, encabeza la lista del mes en el que más se registraron protestas para exigir los servicios básicos. 

“Los reclamos por agua potable no cesan, mientras aumentan las penurias para adquirir y usar gas doméstico, además aumenta la preocupación ante los cada vez más frecuentes y prolongados cortes eléctricos en todos los estados del país”, señala el informe.

Según el reporte semestral, las protestas por fallas en los sistemas de drenaje de aguas servidas  deficiencia en la recolección de desechos sólidos continúan. Advierten que estos conflictos pueden afectar la salud pública.

Durante el año de cuarentena y educación y trabajo a distancia, se incrementaron asimismo los reclamos por las fallas de conexión en los servicios de telefonía móvil, fija, de internet y televisión por cable.

Como era de esperarse, la gasolina sigue siendo una preocupación principal para la población venezolana. De las 3.393 protestas totales registradas, 401 fueron por gasolina. El estado Trujillo lideró el índice de protestas por escasez de combustible, con 48, seguido de los estados Mérida (46), Táchira (35), Lara (33), y Apure (31).

El OVCS aseguró que las protestas y denuncias vinculadas al abastecimiento de gasolina continúan. Más allá de la dolarización e instalación de Estaciones de Servicio Express, los ciudadanos siguen denunciando a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por cobros ilegales y discrecionalidad durante el control, venta y distribución de combustible.

Inestabilidad política aumentará

EL OVCS reiteró que el principal problema de Venezuela continúa siendo la falta de democracia.

«El Estado incumple con sus obligaciones de garantizar una vida digna. Se evidencia que no existe voluntad política para solventar los problemas urgentes: salud, alimentación, empleo y servicios básicos», indica el informe. 

El OVCS concluyó que es probable que en los próximos meses se incremente la inestabilidad política en el país. Consideran que podría haber una «apertura» a la autonomía del poder electoral, combinada con represión y acciones ilegales y apertura de juicios a dirigentes de partidos de oposición, así como el desconocimiento o incumplimiento de acuerdos con representantes de organismos internacionales que promueven una transición política y pacífica en Venezuela.

Puedes leer el informe completo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social aquí

CLAVES | Lo que dejaron los procesos previos de negociación en Venezuela según WOLA
Existe la posibilidad de una nueva mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, liderada por Noruega, que podría instalarse en agosto de 2021 en México

El 30 de enero de 2019, el Consejo Europeo aprobó la creación de un Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que tendría como objetivo generar apoyo internacional para establecer un diálogo entre la oposición venezolana y Nicolás Maduro.

En marzo de 2019, la oposición y el oficialismo iniciaron una mesa de negociación para discutir el retorno de la democracia a Venezuela.

Estas reuniones fueron lideradas por el Centro Noruego de Resolución de Conflictos (NOREF) y se llevaron a cabo en Oslo y Barbados. La primera se realizó en Nueva Esparta y como resultado, se permitió el ingreso de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional a Venezuela. 

Sin embargo, estas negociaciones no llegaron a ningún acuerdo político que lograra destrabar la conflictividad en el país.  Por lo que, ante la posibilidad de una nueva mesa de negociación  liderada por Noruega que podría instalarse en agosto de 2021 en México, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) publicó un informe, desde el punto de vista de los participantes, sobre las conversaciones pasadas de Barbados y Oslo. 

El pasado 21 de julio, el presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que la oposición está lista, como alternativa democrática y como gobierno encargado, para lograr una solución al conflicto a través de la mesa de negociación en México.

Además, reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro es el que impide esta opción. “Esperemos que se logre una solución al terrible conflicto  que atraviesa Venezuela”, dijo durante una entrevista con RCN.

Para la elaboración del informe, los autores de WOLA  realizaron extensas entrevistas con fuentes de la oposición venezolana y del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo varios miembros de ambos equipos de negociación que participaron en las conversaciones de Oslo y Barbados en 2019. 

De igual forma, consultaron a funcionarios de alto rango estadounidenses y a otros diplomáticos internacionales familiarizados con las negociaciones.

A continuación, algunas claves de lo que dejaron los procesos previos de negociación en Venezuela según este documento. 

Los equipos negociadores avanzaron discutiendo problemas intratables. Los negociadores del gobierno en Oslo y Barbados se negaron a aceptar una propuesta que involucrara que Nicolás Maduro saliera del poder y cediera este a un «Consejo de Estado», que supervisara las elecciones. Tanto la oposición como el gobierno discutieron la posibilidad de nuevas elecciones presidenciales, centrándose más en las condiciones electorales que en quien ocuparía el nuevo puesto del palacio presidencial.

Los miembros de ambos equipos de negociación desarrollaron un nivel de confianza y entendimiento mutuo. Mientras que ambos equipos mantuvieron firmes sus posiciones centrales, desarrollaron suficiente familiaridad con las limitaciones de sus contrapartes, lo que permitió plantear soluciones más pragmáticas a problemas difíciles.

Ambos equipos negociadores se enfrentaron a facciones de línea dura. Fuentes del gobierno de Maduro describen el rechazo de sectores resistentes a concesiones. Fuentes de la oposición sugirieron que la falta de progreso y el apoyo apático de EEUU redujo su capacidad para generar aceptación en su coalición.

Tanto el gobierno de Maduro como la oposición tenían alternativas para una solución negociada. La oposición señaló las conversaciones fallidas para afirmar que se necesitaba más presión contra la administración de Maduro y el hecho de que sostener las conversaciones pulió la legitimidad y la posición internacional del gobierno. El éxito en las negociaciones no fue adquirido por ninguna de las partes.

El gobierno de Maduro buscó aprovecharse de las divisiones dentro de la oposición para marginar a la parte liderada por Juan Guaidó y empoderar a una facción que era menos conflictiva. Cuando las conversaciones de Barbados empezaron a titubear, Maduro entabló un diálogo paralelo con partidos minoritarios de la oposición para ofrecer solo concesiones mínimas.

Estados Unidos fue percibido, por ambas partes, como indispensable para las negociaciones de 2019, pero las divisiones entre el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la administración de Trump y el Departamento de Estado complicaron la participación de EEUU en el proceso. Exfuncionarios y negociadores de la oposición señalaron tensiones claras como: los diplomáticos del Departamento de Estado apoyaron las conversaciones, pero los funcionarios del NSC solo las vieron como una forma de profundizar las divisiones chavistas.

La falta de voluntad de Estados Unidos para igualar la flexibilidad de la oposición con respecto a las sanciones le dio un poder que fue ejercido inútilmente. La idea negativa de la Casa Blanca de considerar aliviar las sanciones a cambio de nuevas elecciones mientras Maduro todavía estaba en el poder, dejó a los negociadores de la oposición con poco apalancamiento. Las nuevas sanciones estadounidenses, anunciadas en agosto de 2019, significaron una excusa para que Maduro paralizara las conversaciones, y que la oposición pusiera fin al proceso.

 

Recomendaciones para no fallar de nuevo

Ante los fallidos resultados de estas mesas de negociación, WOLA planteó en el informe algunas recomendaciones para futuros procesos de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. 

A continuación, algunas de ellas: 

-La mesa de negociación debe reestructurarse para incorporar aportes de un conjunto más amplio de actores. Las próximas negociaciones deberían tener una mayor paridad de género e incluir un espacio claro para consulta con organizaciones de la sociedad civil, grupos de derechos humanos y víctimas. La mayoría de los entrevistados estaban abiertos a la participación de la sociedad civil de manera indirecta, creyendo que podría servir para ampliar tanto los aportes como el apoyo a las conversaciones.

-Se considera que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega sigue siendo el mejor actor para facilitar futuras negociaciones. A medida que las negociaciones van avanzando, pueden requerir una participación más activa por parte de facilitadores para incluir propuestas de soluciones creativas a los obstáculos, y trabajar más libremente con los participantes para fomentar rutas futuras con otros actores internacionales.

-Publicar la agenda básica de cualquier negociación futura, y actualizar al público sobre su progreso, puede ayudar a inculcar confianza en el proceso, pero las conversaciones en sí deben ser confidenciales. Las negociaciones futuras deben ser informadas por el fallo de procesos previos, como las conversaciones UNASUR en El Vaticano en 2014, cuya transmisión creó incentivos perversos y redujo su eficacia.

-Una ruta hacia la reinstitucionalización, en lugar de un giro o punto de solución a la crisis de Venezuela, puede ser más apropiada. Las fuentes del gobierno de Maduro afirmaron que habitualmente están interesadas en una solución que va más allá de las elecciones que incluyan garantías para la convivencia política. Las fuentes de oposición describen una nueva apertura a un arreglo en el que las dos partes acordaron un plan a largo plazo basado en un acuerdo político para la reconstrucción de las instituciones, con incentivos como sanciones graduales y alivio de ellas adjunto a cada hito. Ambas partes requieren un enfoque a más largo plazo.

-Estados Unidos debería abandonar su enfoque de «todo o nada» para presionar, y dejar claro que el progreso en los puntos de referencia acordados puede conducir a un alivio gradual de las sanciones, que pueden revocarse en caso de incumplimiento. Fuentes de la oposición cercanas a las conversaciones de Oslo y Barbados indicaron una clara frustración con la falta de voluntad de la administración de Trump para ofrecer alivio de sanciones sectoriales, una demanda clave de los negociadores chavistas, a cambio de cualquier cosa adicional a la renuncia inmediata de Maduro.

 

Puedes leer el informe de WOLA completo aquí.