Expertos de la ONU: condena a sindicalistas venezolanos es un abuso de leyes antiterroristas
Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión
También alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo»
Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela
El 11 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que los expertos Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtieron que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas de Venezuela.
El 1 de agosto de 2023, seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio 2022, fueron condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir.
«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», anunció la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter.
La organización insistió en que estos seis sindicalistas son «luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».
«En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron los relatores especiales.
Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. También, alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo».
El comunicado resaltó varias irregularidades que se presentan en este caso de los detenidos. A continuación algunas de ellas:
En una comunicación anterior al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.
«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación. Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada», reiteró el comunicado.
Los expertos se mostraron profundamente preocupados por el hecho de que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.
Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela.
«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», señalaron los expertos.
Los expertos reiteraron en el comunicado que las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos.
«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», afirmaron los expertos.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU.
Los trabajadores de este órgano, aclaran en el texto, trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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