Entre las vícitmas del desastre socioambiental se encuentran, por ahora, están dos personas de la etnia pemón y una de la etnia siriana
Foto: Rayner Peña (EFE)
La ONG de Venezuela Kapé – Kapé aseguró este 22 de febrero que tres indígenas fallecieron en el derrumbe que tuvo lugar en la mina ilegal «Bulla Loca» en el estado amazónico Bolívar, donde, según las cifras de la administración de Nicolás Maduro, 16 personas perdieron la vida y otras 16 sufrieron heridas.
En una nota de prensa, la organización no gubernamental explicó que tres hombres de dos comunidades autóctonas figuran en el listado de víctimas mortales.
Según la confirmación de «autoridades indígenas», que resguardaron su identidad por protección humanitaria, son: Daniel Willian, pemón de la comunidad Casabe, Niomar González, pemón de la comunidad Casabe y Reinaldo Lezama, siriano de la comunidad Arutani.
Todas las comunidades se encuentran en la frontera entre Venezuela y Brasil.
La cara de un desastre socioambiental más grande
«El reciente derrumbe en la mina “Bulla Loca” (…) ilustra la crisis ambiental y social que acompaña a la minería ilegal en el país, especialmente en regiones habitadas por comunidades indígenas», prosigue la nota.
La ONG remarcó que la actividad minera «contamina las fuentes de agua con mercurio, sedimentos y otros químicos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades y la fauna local», mientras que la deforestación masiva «genera erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y afectación del clima local».
Asimismo, denunció que las comunidades indígenas «se ven desplazadas de sus territorios ancestrales» debido al extractivismo de recursos naturales que predomina en esta zona, en la que operan grupos armados.
Más muertes que las cifras oficiales
Sobrevivientes del derrumbe aseguraron a la agencia de noticias EFE que el Gobierno de Nicolás Maduro miente sobre el número de fallecidos tras el colapso, ocurrido el pasado 20 de febrero, y exigieron a las autoridades datos reales y mantener la búsqueda de las personas que, aseguran, aún se encuentran tapiadas.
Ese mismo 22 de febrero, los sobrevivientes del desastre y los familiares de las víctimas protestaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación en Ciudad Bolívar en rechazo a la cifra ofrecida por el mandatario el pasado 22 de febrero.
Afirman que existen más de 100 desaparecidos y más de 30 muertos.
La ONG SOS Orinoco denunció hoy que la mina había registrado una expansión acelerada de 80 hectáreas en 10 meses, algo que se repite en otras minas ubicadas en la zona, donde, según la organización, «podrían ocurrir accidentes parecidos».
