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Misión de la ONU advierte de una reactivación de la “maquinaria represiva” tras presidenciales

La Misión de la ONU dijo tener conocimiento de que los cuerpos de seguridad y personas vestidas de civil que se califican como colectivos "dispararon armas de fuego contra las personas que se estaban manifestando"

Misión de la ONU presidenciales
/ EFE/Ronald Peña
Andrea González
Hace 2 meses

La Misión internacional independiente de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió este miércoles, 31 de julio, sobre el aumento de la persecución contra dirigentes políticos y ciudadanos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Mediante un comunicado, la Misión expresó “su profunda preocupación por la violencia y alegaciones de violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la elección presidencial del domingo”.

Al respecto, el organismo recordó que desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales, “miles de personas han salido a las calles y plazas del país para expresar su desacuerdo por los resultados”.

Además, señalaron haber recibido información creíble sobre detenciones, heridos y fallecidos, así como “violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno (conocidos como ‘colectivos’) en el marco de esas protestas”.

De acuerdo con los reportes que recibió la Misión, estos incidentes incidentes se desarrollaron en al menos 17 de los 23 Estados del país y en el Distrito Capital.

“La Misión ha registrado, hasta el momento, al menos seis muertes, así como decenas de heridos entre las personas que han salido a manifestarse, sin que existan datos oficiales al respecto. El fiscal general informó sobre la muerte de un miembro de la fuerzas armadas y 46 heridos entre militares y policías”, señaló la Misión, aunque según cifras de Monitor de Víctimas, hasta el 30 de julio en la noche se reportaban 13 fallecidos.

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También, el organismo tiene conocimiento de que los cuerpos de seguridad y personas vestidas de civil que se califican como colectivos “dispararon armas de fuego contra las personas que se estaban manifestando”.

“Las operaciones de control del orden público tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y debe orientarse a la protección de la vida humana”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha anunciado la detención de 749 personas en el marco de las protestas. Aunque algunas personas han sido liberadas muchas otras permanecen detenidas. Algunas enfrentan imputaciones graves, como delitos de terrorismo.

Detenciones de líderes políticos

A propósito de los detenidos, la Misión manifestó su preocupación por la aprehensión de Freddy Superlano, coordinador de Voluntad Popular y otras dos personas que lo acompañaban, la mañana de 30 de julio.

En cuanto al caso de Superlano, la Misión señaló que, según información preliminar, esa detención la habrían ejecutado funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Otros cuatro dirigentes de organizaciones políticas de oposición fueron detenidos en las últimas horas también, advirtieron. 

También, la Misión recordó que Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta constituyente, anunció una investigación contra la principal líder opositora, María Corina Machado, a la que vinculó a un ataque cibernético contra el CNE durante la jornada electoral.

“Nos preocupa esta nueva ola de persecución contra los lideres y lideresas de los partidos políticos de la oposición,” dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas.”

Por otra parte, la Misión expresó su preocupación por la situación de los siete dirigentes opositores asilados en la residencia del Embajador de Argentina, que han sido objeto de hostigamiento por parte de grupos de civiles en los últimos días.

Tras las elecciones del 28 de julio, el hostigamiento se ha intensificado y vehículos policiales permanecen a las puertas de la embajada. 

“Las autoridades deben investigar y sancionar de manera independiente, expedita, imparcial y transparente todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes cometidos por subalternos. Asimismo, deben prevenir su comisión” dijo Francisco Cox, experto de la Misión. Cox agregó que “que toda detención debe ser conforme a los estándares internacionales sobre el debido proceso.”

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Marta Valiñas indicó que la Misión seguirá muy atenta e investigará las violaciones graves a los derechos humanos que ocurran en el contexto post electoral, conforme a su mandato (…) Esto incluye analizar las fuerzas y los individuos responsables por dichas violaciones”.

En ese contexto, hay que resaltar también la situación del interior del país. Por ejemplo, hasta el 30 de julio, según reportes se contabilizaban 41 detenidos.

Por su parte, en Anzoátegui, Arelis Ayala, coordinadora de Foro Penal en esa entidad, dio a conocer que el tribunal local declinó su competencia e impuso defensores públicos sin permitir al Foro Penal ejercer la defensa de 16 personas que detuvieron entre el 29 y 30 de julio. 

También, en Portuguesa se contabilizan al menos 30 personas detenidas en los últimos días, 40 detenciones en Barinas, y el Ministerio Público informó de 25 detenidos por protestar frente a la 41 Brigada Blindada en Carabobo.

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