En un space de X que tuvo lugar en la cuenta en dicha red social de Runrun.es en horas de la noche del 22 de agosto, el abogado, profesor y cofundador de la ONG Acceso a la justicia, Alí Daniels, conversó sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que certifico los polémicos resultados del 28 de julio que emitió el Consejo Nacional Electoral y también se refirió a las nuevas amenazas al espacio cívico venezolano.
Daniels dijo que con esta polémica sentencia el TSJ refuerza “el patrón de mandar con la inexistencia”. Puso como ejemplo de esta tesis que desde el año 2017 no se publica la Ley de Presupuesto, “pero ellos –el gobierno- dicen que existe y la aplica”. Lo mismo ocurrió, según mencionó, con el instructivo Onapre, que redujo los beneficios laborales de los empleados públicos y con las inhabilitaciones a dirigentes políticos.
Daniels también cuestionó que una sentencia de esa importancia no se hubiese publicado completa.
“Lo que ha publicado el TSJ no es una sentencia. Una sentencia de esta trascendencia debería estar siendo leída por todos los abogados de Venezuela, pero no es posible porque el Tribunal, como ocurre en todos los casos que tienen interés político, no publica la sentencia sino extractos. Un país donde las sentencias no son públicas no es un país con estado de Derecho, solo se publican las conclusiones de la decisión”, precisó.
Suman peras con manzanas
El jurista aclaró además que en el extracto de la sentencia el TSJ se refirió a precedentes en Estados Unidos como México para aparentar que “normal” que en un estado de derecho el Tribunal Supremo resuelva los conflictos.
“Pero en EEUU no fue el tribunal supremo, fue una corte de instancia de Florida la que decidió cuáles eran los votos que se validaban y cuáles no, había un problema en la forma en que se validaban, los dos partidos pudieron evaluar y examinar las pruebas del otro, impugnar las pruebas y tuvieron acceso al expediente. Además, el procedimiento que se llevó a cabo estaba regulado por la ley. En el caso nuestro país el recurso que introdujo Maduro nadie lo ha leído, quienes fueron citados no saben por qué fueron citados, si fueron citados como parte, terceros, peritos o testigos. No se sabe qué pasó con la recusación que introdujo Márquez, y a él no se le dio acceso a expediente ni a pruebas. El procedimiento contencioso electoral está regulado por la Ley Orgánica del TSJ, y al comparar ese proceso que está en la ley con este que se hizo recientemente, vemos que es un proceso inventado”, argumentó.
Sobre el caso mexicano que usó el TSJ como ejemplo, especificó que ni siquiera es una sentencia: “En la página web del tribunal electoral mexicano hay es un dictamen que es un informe de las presidenciales, con 180 páginas. Comparemos las cuatro páginas de lo que mostró el TSJ con eso, ese informe da cuenta de todo el proceso electoral, con todas las explicaciones necesarias de por qué se hicieron las impugnaciones. Si se buscan los resultados por mesa, distrito y estado están disponibles. No se puede comparar un proceso con el otro. Ahí se ve que son casos en los que el TSJ compara peras con manzanas, en los dos supuestos anteriores ha habido transparencia, información disponible, muestras de resultados parciales y las partes pudieron actuar libremente, no puede decirse que este TSJ está actuando como el tribunal de elecciones de México o tribunal de elecciones de Florida”, remarcó Daniels.
A juicio del abogado, la validación de los polémicos resultados electorales por parte del TSJ no resuelve la crisis política en el país: “Ante una decisión sin motivación del CNE se agrega otra sin motivación del TSJ, hay que creerle al TSJ una decisión que ni se atreve a publicar concretamente”.
Daniels también llamó la atención sobre el hecho de que la sentencia del TSJ tiene su “lado represivo”, cuando se remite al Ministerio Público para que el fiscal general adelante casos contra quienes han publicado actas electorales ante el vacío de información que dejó el CNE. De hecho este 23 de agosto, el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció que el candidato opositor Edmundo González Urrutia sería citado por esta causa.
Este tipo decisiones como las del TSJ, a juicio de Daniels, dejan clara la indefensión en la que se encuentra el ciudadano venezolano, porque “¿a quién puede recurrir, si la injusticia la comete el poder?”.
Se amplía el repertorio represivo
En la conversación, Daniels también reiteró que el repertorio represivo en el país que han denunciado instancias como la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas se ha venido ampliando en el marco de la crisis poselectoral.
“A las clásicas violaciones de DDHH, como las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, malos tratos, se suman otro conjunto de medidas represivas, como las anulaciones de pasaportes de periodistas y defensores de DDHH, prácticamente ir al aeropuerto es una guillotina; además se suma la criminalización del uso de redes sociales, hay miedo de usar el WhatsApp porque se ha transmitido que es un delito, periodistas y defensores de DDHH que salen a la calle sin teléfono”, refirió.
Añadió que ante la sofisticación e introducción de nuevos mecanismos para infundir temor en la sociedad “cada vez hay menos gente que quiere declarar, menos defensores que quieren denunciar, porque no es mentira que la represión pueda llegar a todos en cualquier momento”.
Insistió en que es necesario mantener en el tapete lo que sigue ocurriendo en Venezuela: “Es necesario que estas denuncias se hagan públicas y a nivel internacional se vea que efectivamente la situación de la represión en Venezuela, contrario a lo que unos quieren hacer ver, no se ha estancado, sino que se amplia”.
Recordó que en septiembre de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe decidir si se renueva el mandato de la Misión de Hechos en Venezuela. Cree que esto debe ser así, pues en la semana posterior a las elecciones del 28 de julio ocurrieron detenciones equivalentes al 41% de las que se registraron en cuatro meses de protestas en 2017: “ Y el fiscal –de la CPI- Khan en cualquier momento puede presentar un caso, entendemos que la gravedad de la situación exigiría esto”.
Ley antisociedad, otro acto de represión
Dentro de este contexto de arbitrariedades hizo mención también a la ley contra las ONG recientemente aprobada, una ley “negativa, represiva, en la que una tercera parte de los artículos son represivos” y que establece sanciones como multas, disolución, anulación de registro y hasta expulsión del país para personas naturales de nacionalidad extranjera que hagan vida dentro de organizaciones que incumplan con algunos de los requisitos exigidos.
“La ley antisociedad es una prueba de que al gobierno no le basta con lo que ha hecho, sino que busca más herramientas, y ahora va por la ley antifascismo. El gobierno no se queda con lo que tiene, sino que está buscando más mecanismos de represión. No hay acto del Estado venezolano donde no exista algún medio de represión contra la población”, sentenció.
Dijo que la persecución contra las ONG venezolanas tiene que ver con el hecho de que estas se han convertido en voceros de la realidad social y difunden los números y el estado de la crisis en el país.
“Las ONG son las que dicen cuántas protestas ocurren, llevan información sobre desnutrición que el gobierno no publica, o por ejemplo sobre las detenciones arbitrarias. Ese es el peligro de las ONG para el gobierno, que dan información sobre la realidad y de manera crítica y de denuncia. Pero, incluso, aquellas que solo dan información bajo parámetros científicos y técnicos son consideradas incómodas”, enfatizó.
¿Juego trancado?
Daniels considera que actualmente hay un conflicto de discursos entre la realidad que se quiere vender desde el poder y la que asumen los ciudadanos, por eso, si bien está consciente de que en el país “no hay estado de derecho” sí se aferra a la esperanza.
“En las comunidades el tema de las actas es importante, la falta de auditoría, hubo miles de testigos, incluyendo del PSUV, esto ha generado una opinión en todas las clases sociales (…) hay un convencimiento social de lo que ocurrió el 28 de julio. Ahorita hay un conflicto de discursos, el del gobierno planteando su realidad, y miles y cientos de miles personas que atestiguaron y vieron algo, y que están convencidos de que algo pasó, además de los que votamos, que sabemos por qué votamos y que los resultados fueron los que fueron”.
Para el abogado, en la medida en la que “haya cohesión social” construir un gobierno “a partir de falsedades” tiene retos “enormes”.
