El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hizo este 22 de enero un llamado a cerrar los calabozos del Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta de la Policía Nacional Bolivariana, mejor conocido como Zona 7, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda y en donde fueron recluidos al menos 21 adolescentes detenidos en el contexto poselectoral en Caracas.
En su más reciente informe, titulado “Inframundo: la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7”, la ONG recomendó “realizar el traslado completo de los internos detenidos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta a diferentes centros de reclusión del país, considerando, la jurisdicción del tribunal de su causa, y cercanía a sus familias, comunidades” tras calificar como una “bomba de tiempo” el sitio de reclusión, que consideran, es un fiel reflejo del “colapso del sistema de justicia penal en Venezuela”.
“Es necesario que cierre la Zona 7 y que quede como un comando policial únicamente, el área de reclusión debe ser eliminada. Los presos deben ser trasladados a penales o deben revisar sus casos para que les otorguen su libertad”, enfatizó Humberto Prado, director del OVP.
El documento resalta que a Zona 7 de Boleíta representa un “potencial riesgo para la sociedad civil debido a su ubicación”, en una zona residencial y educativa con más de 3000 estudiantes
Prado precisó que la Zona 7 fue idealmente concebida como espacio administrativo y no como centro de reclusión. Sin embargo, actualmente alberga a 421 presos distribuidos entre 14 a 16 celdas. En el lugar aún hay presos políticos del contexto poselectoral, pero Prado admitió que desconocen la cifra exacta.
El hacinamiento del lugar es calificado de “crítico”, pues sobrepasa la capacidad del lugar y convierte la vida de sus ocupantes “en una lucha diaria por la supervivencia”.
Adolescentes fueron recluidos con población penal adulta
El informa deja registro de que en el marco del contexto poselectoral fueron recluidos en Zona 7 al menos 21 adolescentes por espacio de casi una semana, quienes compartieron reclusión con p0blación penal adulta “sin respetar la separación por categorías”.
El documento indica que no fueron golpeados por la policía de turno porque los presos sociales no lo permitieron: “Con los menores nadie se mete”, expresaban estos reclusos.
No obstante, tuvieron que adaptar su forma de hablar a la de la prisión para evitar represalias o problemas, lo que se conoce como “prisionalización: “Yo pensé que el muchacho se me estaba volviendo malandro, pero luego me confesó que tenía que hablar así y que lo mismo hicieron otros adolescentes”, contó una madre.
El “inframundo” de la Zona 7
El OVP relató que en la Zona 7 hay condiciones desiguales de reclusión, basadas en una distribución arbitraria, pues los 171 policías presos en el lugar ocupan un área en la parte superior del comando con “acceso a baños, ventilación, luz solar y condiciones de descanso dignas”.
Mientras que los 250 “presos sociales” enfrentan “condiciones inhumanas en celdas saturadas sin acceso a servicios básicos”.
El informe recogió testimonios de familiares de los recluidos, quienes verbalizaron lo que les comentaron sus allegados. Mencionaron que en Zona 7 existe una celda a la que llaman “el inframundo”, que está en el último piso y en donde los detenidos reportan que se asfixian del calor. Los presos deben pagar para “alquilar un ventilador por una hora para poder respirar”, enviándole un pago móvil a los policías custodios. Allí hay unos 90 privados de libertad, sin ventilación, sin entrada de luz solar y sin baños.
“Sus necesidades (los detenidos) las hacían en una bolsa, en una esquina de la propia celda, por lo que el olor se concentraba y era horrible. Cuando los trasladaron a Cochecito esos niños olían malísimo, como a olor a alcantarilla o a rata muerta, algo que daba ganas de vomitar”, se lee en otros de los testimonios de una familiar de un adolescente que recopiló el informe.
En la Zona 7 también hay una celda a la que llaman “El Tigrito” en donde recluyen a los que llegan o son castigados. Es un área pequeña de 4 xd 6 metros en donde se debe dormir de pie y se turnan para sentarse en envases de refrescos.
“Una vez allí, deben pagar hasta 40 dólares para que los regresen a sus celdas (…) las aguas negras corren por el piso y por esta razón los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de enfermedad”, se lee en el informe.
Por estas y otras denuncias, el Observatorio Venezolano de Prisiones exige que se realice una “investigación oportuna, exhaustiva e imparcial y garantía de no repetición” de los hechos suscitados en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, especialmente de aquellos relacionados con “corrupción y torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Cárceles paralelas
El OVP también llamo a cesar “de forma inmediata” el uso prolongado de la prisión preventiva y a “evitar la desnaturalización de los centros de detención preventiva”, tras denuncian que han sido convertidos en “cárceles paralelas”.
La ONG también instó a que se garantice que los centros de detención preventiva no sean usados para detener de forma preventiva a adolescentes. Recordaron que estos ciudadanos deben ser recluidos en las entidades de atención dispuestas para su grupo de edad.
Otras peticiones de la ONG son cumplir con el artículo 128 del COPE y llevar a cabo una evaluación médica de los reclusos antes de cualquier traslado, asegurando que su estado de salud sea idóneo para la movilización, así como también “garantizar el respeto integral de los derechos de los individuos privados de libertad durante cada etapa de los procesos de traslado y reubicación”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que vela por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.
