Las desapariciones forzadas son una práctica continua en Venezuela según lo denunciado por distintas organizaciones no gubernamentales locales, el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Esta irregularidad ha sido denunciada tras la detención de civiles, activistas y dirigentes políticos.
En ese contexto, este lunes 14 de julio, el Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), presentó la “Guía básica en caso de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela”, especialmente diseñada para que los familiares “puedan actuar desde el primer momento con base en la Constitución, los derechos y el respeto a las leyes”, dice en su página web.
La guía se elaboró en el marco de la campaña #DefendemosVenezuela, iniciativa de Provea para denunciar tanto las desapariciones forzadas como las detenciones arbitrarias y actos de criminalización contra defensores de derechos humanos, que también, busca fortalecer “la acción ciudadana con educación frente a estas graves violaciones”.
El documento explica qué hacer si una persona es detenida, desaparecida o si hay un allanamiento irregular, y orienta sobre “cómo acudir a las instituciones competentes, qué datos recoger y cómo hacer seguimiento del caso”.
La organización señala que esta guía no sustituye el acompañamiento legal, pero sí ofrece recomendaciones que pueden ser tomadas en consideración.
En el caso de los detenidos
En la guía se enfatiza que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sin una orden judicial, al menos que sea sorprendida cometiendo el delito o que exista una orden judicial de detención.
Por otro lado, toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza quienes, al mismo tiempo, tienen el derecho de ser informados sobre los motivos de la detención, el lugar donde se encuentra, además de un expediente que indique el estado de salud psíquico y físico de la víctima.
También señala el documento que la víctima tiene derecho a escoger su abogado, advirtiendo que “no hay que normalizar que impongan un abogado público”. Asimismo, orientan que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
De igual modo, la organización defensora de derechos humanos destaca que ninguna persona puede ser obligada a declarar ante un organismo policial, ante un fiscal o un juez: “la ley le da el derecho de abstenerse. Mucho menos declarar en su contra, declararse culpable”.
Un punto importante que menciona la guía de Provea es que el detenido debe ser presentado ante un Tribunal penal en un lapso no mayor de 48 horas, que inician a partir de su arresto y que en las siguientes doce horas un fiscal del Ministerio Público debe ser notificado de la detención.
De acuerdo a la organización, ante una situación de desaparición forzada, los familiares y personas cercanas a la víctima deben acudir a la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y a la sede de la Defensoría del Pueblo y formalizar la denuncia por escrito sobre la detención.
Si la persona no aparece
La orientación de Provea, en principio, es distribuir la búsqueda de la víctima entre varios familiares para que puedan visitar los centros de reclusión, con el acompañamiento de un abogado u organización defensora de derechos humanos.
Como se mencionó anteriormente, se debe acudir a la Fiscalía de Derechos Fundamentales y la sede de la Defensoría del Pueblo y añadir en el texto presentado los días que la persona lleva detenida, las cárceles que ha visitado y en cuáles se les han negado la presencia de la persona en el lugar.
“Nuestra recomendación es que también se haga una denuncia pública y preferible un familiar directo: madre, padre, hermano o hijos. La denuncia pública da más garantía de que la persona no vaya a ser maltratada y además ejerce presión para que las autoridades informen donde lo mantienen detenido (…) nuestra experiencia indica que lo mejor es hacer la denuncia por redes sociales, visitar medios de información.”, orienta la ONG a través del documento.
“Si ya localizó a su familiar, pero le niegan la visita y que un abogado de confianza lo entreviste, exija derecho a visita. Algunos defensores públicos le dicen a los familiares que en el lapso de 45 días no tienen visita, eso no es correcto y es contrario a la ley. No normalice que le impidan la visita, exija, reclame ante las instituciones su derecho a la visita del familiar”.
Recomendaciones ante un allanamiento
Provea indica que es muy probable que tras la detención, los organismos policiales ejecuten un allanamiento a la vivienda del detenido o de otro familiar. Ante esta situación, la recomendación de la ONG, inicialmente, es exigir que le presenten una orden de allanamiento y que el texto debe tener los siguientes datos:
Debe emanar de un tribunal y tener la firma del juez y sello. La orden tiene una vigencia de 7 días continuos. Si supera esos días, no acepte esa orden.
Debe indicar correctamente la dirección donde se va a hacer el allanamiento.
Qué organismo policial lo lleva a cabo y los nombres de los funcionarios. nombre(s), apellido(s), jerarquía, credencial y cédula de identidad; de quienes serán exclusivamente designados o y/o designadas para el ingreso al domicilio.
El motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de personas y/o elementos de interés criminalístico a recabar (objetos, vehículos, entre otros) y las diligencias previstas. Tiene derecho a grabar el procedimiento. Indique cuando está grabando el día, hora y lugar del allanamiento.
En el allanamiento tienen que estar al menos dos testigos. Al final debe levantarse un acta donde se deje constancia de los objetos que se llevaron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
