Introducen recurso ante el TSJ para que bonos sean integrados formalmente al salario

Decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y otros actores de la comunidad universitaria introdujeron este lunes, 2 de febrero, un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una medida cautelar que sirva para integrar los bonos al salario.

La comisión estuvo encabezada por decanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad del Zulia (LUZ) y demandó al Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por “omisión constitucional ante la falta de ajuste salarial a los universitarios desde 2023”.

Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, explicó que la demanda se da por la “omisión” del Ejecutivo a ajustar el salario mínimo durante los años 2023, 2024 y 2025. “Los accionantes argumentan que se ha vulnerado el artículo 91 de la Constitución, el cual exige un sueldo suficiente basado en el costo de la canasta básica para garantizar una vida digna”, señaló Apitz, citado por Aula Abierta.

Este escrito recordó que el gobierno sustituyó el aumento salarial por bonificaciones que no tienen incidencia en el sueldo, “lo que precariza las prestaciones sociales y los derechos laborales”. Este recurso, entonces, busca “proteger el principio de progresividad de los derechos humanos frente al deterioro del poder adquisitivo en el país”.

Tras salir del TSJ, el doctor Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, indicó que la petición “es clara y justa”, pues se trata de dar cumplimiento al artículo 91 de la Constitución “para los salarios de los trabajadores públicos”, no solamente para los universitarios. “En ningún caso el salario puede ser menor que el valor de la canasta básica”, agregó.

“Nosotros creemos que no puede seguirse invirtiendo la renta petrolera en comprar un armamento que. a todas luces. es infuncional y eso lo demostró el 3 de enero. Si la renta petrolera va a aumentar como dice que va a aumentar, tiene que invertirse en los trabajadores”, añadió el decano Juan Carlos Apitz.

En la convocatoria también participaron miembros del movimiento estudiantil de la UCV para apoyar la petición de los docentes y trabajadores universitarios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

En la convocatoria también participaron miembros del movimiento estudiantil de la UCV para apoyar la petición de los docentes y trabajadores universitarios
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Decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y otros actores de la comunidad universitaria introdujeron este lunes, 2 de febrero, un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una medida cautelar que sirva para integrar los bonos al salario.

La comisión estuvo encabezada por decanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad del Zulia (LUZ) y demandó al Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por “omisión constitucional ante la falta de ajuste salarial a los universitarios desde 2023”.

Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, explicó que la demanda se da por la “omisión” del Ejecutivo a ajustar el salario mínimo durante los años 2023, 2024 y 2025. “Los accionantes argumentan que se ha vulnerado el artículo 91 de la Constitución, el cual exige un sueldo suficiente basado en el costo de la canasta básica para garantizar una vida digna”, señaló Apitz, citado por Aula Abierta.

Este escrito recordó que el gobierno sustituyó el aumento salarial por bonificaciones que no tienen incidencia en el sueldo, “lo que precariza las prestaciones sociales y los derechos laborales”. Este recurso, entonces, busca “proteger el principio de progresividad de los derechos humanos frente al deterioro del poder adquisitivo en el país”.

Tras salir del TSJ, el doctor Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, indicó que la petición “es clara y justa”, pues se trata de dar cumplimiento al artículo 91 de la Constitución “para los salarios de los trabajadores públicos”, no solamente para los universitarios. “En ningún caso el salario puede ser menor que el valor de la canasta básica”, agregó.

“Nosotros creemos que no puede seguirse invirtiendo la renta petrolera en comprar un armamento que. a todas luces. es infuncional y eso lo demostró el 3 de enero. Si la renta petrolera va a aumentar como dice que va a aumentar, tiene que invertirse en los trabajadores”, añadió el decano Juan Carlos Apitz.

En la convocatoria también participaron miembros del movimiento estudiantil de la UCV para apoyar la petición de los docentes y trabajadores universitarios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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