Más allá de la tragedia humana que significó el doblete sísmico del 24J, el debate nacional se traslada ahora al terreno de la recuperación económica. En este contexto, Alejandro Grisanti, economista y socio fundador de Ecoanalítica, ha sido enfático al señalar que el manejo financiero de esta crisis definirá el futuro de la nación por las próximas décadas.
Durante su intervención en el foro “Réplicas económicas, el costo de la reconstrucción”, Grisanti alertó sobre la tentación de financiar la emergencia mediante la impresión de dinero inorgánico. El experto comparó la monetización del gasto con el consumo de drogas: lo que empieza como un estímulo aparentemente inofensivo para “prender unas casitas” o “hacer un proyecto de reconstrucción” termina convirtiéndose en una espiral destructiva de inflación crónica.
Hoy Venezuela comparte con Haití la debilidad de un espacio fiscal muy reducido, de allí que la tentación de generar dinero inorgánico sea muy grande. A eso hay que añadirle la imposibilidad actual de acceder a mercados internacionales.
Grisanti recordó que después de los terremotos, si bien la ayuda internacional humanitaria fue calificada de “espectacular”, la financiera ha sido “muy pobre”, con apenas 720 millones de dólares ofrecidos por la comunidad internacional. Para el economista, esto es síntoma de una profunda desconfianza en la capacidad de gestión de las autoridades actuales, agravada por el estado de cesación de pagos y las sanciones que aún pesan sobre el país.
Lo que viene
El economista presentó proyecciones económicas para Venezuela centradas en dos escenarios posibles (ortodoxo y heterodoxo), dependiendo de si el Gobierno decide o no financiar el gasto mediante la monetización (impresión de dinero inorgánico).
En cuanto al crecimiento económico, Grisanti calcula un 5,8 % para 2026 impulsado principalmente por el sector petrolero, que podría crecer entre 15 % y 18 %, y por el sistema financiero. Para 2027 proyecta un crecimiento mucho más robusto, que alcanzaría el 12 %. Este impulso se debería a que el sector no petrolero comenzaría a acompañar con fuerza la expansión de la industria petrolera.
En cuanto a la inflación, se prevé una tendencia a la baja, aunque los números siguen siendo altos en comparación con la región. Para 2026 proyecta 251,5 % y 361 % en caso de que el Gobierno decida financiar la reconstrucción con dinero inorgánico. Sin embargo, para 2027 la inflación pudiera estar entre 55,1 % en el escenario ortodoxo y 110,9 % en el heterodoxo. En materia petrolera, los estudios de Ecoanalítica cifran la producción en más de 1,3 millones de barriles al cierre del año 2026 y 2,6 millones para finales de 2029.
Grisanti insiste en que solo una estructura transparente, que incluya a los mejores talentos y que no base sus promesas en la volatilidad de los precios petroleros, podrá garantizar que el país no quede sumido en campamentos provisionales.
Otras tragedias, otros manejos
El estudio de Ecoanalítica recoge los manejos de otros países de la región ante tragedias naturales. El caso de México en 1985 ilustra los riesgos de la imprudencia monetaria.
Antes del terremoto de magnitud 8.1 —que causó, según cifras oficiales, 3100 fallecidos y dejó más de 30 000 edificaciones afectadas— el Gobierno mexicano había dejado a la nación sin margen ni espacio fiscal para responder al desastre. Al aislar al país del crédito internacional y rechazar inicialmente la ayuda externa, el Gobierno recurrió a la emisión masiva de dinero para financiar la emergencia. Aunque la inflación venía desescalando del 93 % en 1983 al 56 % en agosto de 1985, la inyección inorgánica disparó los precios sin control: llevó la inflación al 159 % en 1987, depreció la moneda y pulverizó el poder adquisitivo.
En contraste, el terremoto de Chile en 2010 (magnitud 8.8) causó pérdidas por 30 000 millones de dólares, pero el Estado chileno mantuvo intocable la disciplina monetaria. Apoyado en seguros internacionales contratados por privados y el Estado, reservas fiscales y ayuda técnica, Chile mantuvo su inflación en la meta del 3 % anual. Inyectar recursos reales a la reconstrucción incluso aceleró su crecimiento económico por encima del 5 % y generó empleo masivo en el sector construcción.
Por su parte, Ecuador (2016), al estar dolarizado, no poseía la opción de imprimir billetes. Enfrentó la crisis mediante un severo ajuste fiscal, creación de impuestos temporales y financiamiento externo, lo que evitó la hiperinflación aunque contrajo temporalmente el consumo.
En el otro extremo está el caso de Haití. Con pérdidas por 7800 millones de dólares y una tragedia humana devastadora (entre 220 000 y 316 000 muertos), la reconstrucción fracasó estrepitosamente debido a la opacidad institucional, tramas de corrupción y la falta de un plan fiscal sostenible
El costo de la reconstrucción
La magnitud de los daños físicos calculados por el equipo técnico de Ecoanalítica ubica en unos 17 000 millones de dólares el impacto a la infraestructura.
Este presupuesto se desglosa en necesidades críticas: casi 12 000 millones para edificaciones residenciales y comerciales, y más de 5000 millones destinados a servicios básicos fundamentales. El sector eléctrico es el más golpeado, con daños calculados en 3821 millones de dólares, seguido por la vialidad (875 millones) y los sistemas hídricos (262 millones).
Geográficamente, el estado La Guaira concentra la mayor tragedia material, pues ha perdido el 41,8 % de su acervo de edificaciones, lo que representa el 37 % de los daños totales del país.
Bajo una gestión técnica eficiente, la reconstrucción podría completarse en seis años, pero si el proceso se centraliza exclusivamente en manos del Estado, podría extenderse por tiempo indefinido.
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