La presidenta encargada bajo tutela estadounidense, Delcy Rodríguez, ofreció una alocución a dos meses de los terremotos del 24 de junio para anunciar medidas en materia de seguridad, economía y servicios públicos.
Durante su mensaje, la funcionaria defendió los avances del Ejecutivo en la reconstrucción del país, la estabilización de indicadores financieros y la apertura de espacios de diálogo político e internacional.
“Venezuela tiene que renacer y tiene que hacerlo desde la espiritualidad y el encuentro, construyendo un país más seguro, más eficiente, más productivo y con más oportunidades para todos”, señaló Rodríguez.
Sin embargo, el contraste entre la narrativa oficial y los datos de la realidad expone una distancia considerable. Reportes de organizaciones no gubernamentales, el análisis de economistas y la persistencia de las protestas ciudadanas revelan que ciertas promesas y anuncios chocan de frente con denuncias de extorsión, cifras contradictorias e insatisfacción en la ciudadanía.
Eliminación de alcabalas
Este es, quizás, el anuncio más controvertido del mensaje de Rodríguez. La presidenta encargada bajo tutela estadounidense informó que en las próximas semanas serán eliminadas. En su lugar, dijo, se reforzará el mecanismo de patrullaje. “Creemos que la seguridad debe garantizarse con mecanismos eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas”, señaló.
En muchas zonas del país, las alcabalas se han convertido en puntos de intimidación contra los ciudadanos. Durante la represión poselectoral de 2024, funcionarios retenían a muchas personas en puntos de control, les revisaban sus conversaciones privadas en los celulares y, al encontrar mensajes que consideraran contra el gobierno, terminaban detenidos. Asimismo, se ha documentado que en muchas alcabalas los funcionarios ‘matraquean’ a los conductores exigiendo sumas de dinero a cambio de no poner multas.
Un informe de la ONG Transparencia Venezuela señaló que la extorsión en Venezuela no es un hecho criminal aislado, sino “una economía ilícita que se ha normalizado desde el mismo Estado”. El estudio apuntó a que la probabilidad de extorsión en alcabalas se ubicaba en 25 %, pues “de cada cuatro alcabalas que una persona encuentra en la vía, al menos en una hacen cobros ilegales”.
A propósito de este anuncio, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, manifestó esperar que la sustitución de alcabalas por patrullajes “no se traduzca en la eliminación del matraqueo en las alcabalas y su sustitución por el matraqueo en el patrullaje”.
Revisión de condiciones carcelarias
Delcy Rodríguez dijo que su administración está trabajando en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “para revisar las condiciones de los centros de reclusión y seguir atendiendo lo que deba ser mejorado”. Según dijo, su intención es que la comunidad internacional “conozca de primera mano las mejoras y avances que queremos para nuestro sistema penitenciario”.
Esta era una noticia conocida en días previos y, a propósito de eso, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos recordó en a principios de agosto solicitaron facilitar el acceso del CICR, pero también de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siendo el ingreso de esta última una petición constante y que nunca ha sido aceptada por el Estado.
Mediante un comunicado, el Clippve consideró prioritario visitar los centros de reclusión El Rodeo I, Yare y Fuerte Guaicaipuro, cárceles en donde “donde familiares han denunciado torturas, malos tratos y graves condiciones de reclusión”.
Brecha cambiaria
En su mensaje, Delcy Rodríguez afirmó que se ha reducido la brecha cambiaria, pasando en los últimos dos meses “de casi el 30 % al 12,3 %”.
Sin embargo, el pasado 19 de agosto el economista y consultor Asdrúbal Oliveros señaló que a inicio de año la brecha cambiaria rondaba el 50 % y que aunque ahora está por debajo del 20 %, los precios no han bajado. Según explicó, “hay un elemento de desconfianza, de expectativa, donde no se se han ajustado todas las variables”.
A pesar de esa reducción, en los últimos meses la referencia de la tasa del dólar fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para cobro de bienes y servicios ha sido reemplazada por la del euro. La referencia de la moneda norteamericana está muy por debajo de la europea y, aunque algunos pagos -como multas- ya se cobraban en euros, también comercios formales e informales han comenzado a fijar esa tasa.
Servicios públicos y vivienda
Rodríguez señaló que a través del Plan Despeje Digno y Seguro, su administración trabaja con equipos locales, técnicos internacionales y especialistas de las Naciones Unidas, así como con otros mecanismos de cooperación internacional ante la emergencia del doble terremoto del pasado 24 de junio.
“Ya hemos retirado con absoluto resguardo de la naturaleza el 28 % de los escombros en las zonas afectadas, alrededor de 580 000 toneladas. Es un trabajo que requiere coordinación y seguridad, pero también mucho cuidado”, explicó.
Asimismo, afirmó que se han entregado 335 viviendas nuevas, “beneficiando a 1172 personas y recuperado 1001 viviendas que beneficia a 3503 personas”. Además, dijo que adjudicarán más de 4.00 viviendas antes de finalizar el año. Mientras Rodríguez hizo este anuncio, miles de familias todavía continúan en campamentos transitorios y refugios improvisados en carpas por pérdidas parciales o totales de sus viviendas.
Con respecto a los servicios públicos, dijo tener un plan “para mejorar de manera progresiva la electricidad, el agua, la salud, las escuelas, el hábitat, la vialidad y los servicios que forman parte de la vida diaria de los venezolanos”.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 611 protestas para exigir el derecho a la vivienda, mientras que las manifestaciones por fallas en los servicios públicos se ubicó en 466. Durante las últimas semanas han aumentado las protestas por servicios públicos en el interior del país, especialmente por el suministro eléctrico.
También, en las últimas dos semanas las lluvias han causado estragos en Caracas y Miranda. El paso de la Onda Tropical número 37 dejó tres fallecidos el pasado 15 de agosto: dos adolescentes en la parroquia La Vega y una mujer en Macarao. Al final de semana siguiente se registraron anegaciones en la autopista Valle-Coche por la crecida del Río Valle. Durante esas lluvias falleció Keylin Quintero, quien cayó en una alcantarilla tras caerse de una moto junto a su hijo Keiber Quintero en un sector cercano al estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada en Caracas.
Simplificación de trámites y reforma tributaria
Delcy Rodríguez anunció un plan para reducir la “burocracia”, masificar servicios digitales y evitar solicitar documentos que ya reposan en registros del Estado. Además, señaló que trabajan en la digitalización y automatización del sistema tributario para orientar los ingresos hacia la protección social.
En abril de 2026, la Asamblea Nacional oficialista aprobó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Luego, en mayo, se inició un proceso de consulta pública para reportar cuáles son los trámites administrativos más complejos, lentos y burocráticos del país.
Uno de los trámites más tardados en Venezuela corresponde al de la apertura de empresas. Según el Índice de Burocracia de 2024, estudio del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (FIU), señala que para el período analizado, Venezuela ocupaba el segundo lugar con mayor traba burocrática para la apertura de entre los 19 países analizados (solo por detrás de España), superando ampliamente el promedio regional de 2443 horas.
Relaciones internacionales y acuerdos políticos
Rodríguez se refirió a la regularización de las relaciones de Venezuela con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, señaló que el Ejecutivo avanza en el restablecimiento de los lazos diplomáticos, económicos y consulares con diversos países para atraer inversión y atender a la diáspora.
En el ámbito político interno, recordó la consecución de un primer acuerdo con un sector de la oposición representado en la Asamblea Nacional electa en 2015. Además, afirmó que desde enero se han excarcelado 1046 ciudadanos y se otorgaron de medidas procesales a otros 12 000 venezolanos.
Según cifras publicadas por la Plataforma Unitaria Democrática, desde enero han sido excarcelados 995 presos políticos. Por su parte, el Foro Penal reportó hasta el 16 de agosto 78 excarcelaciones después que el Ejecutivo anunciara que se darían medidas sustitutivas de libertad a 131 detenidos en semanas anteriores. Las cifras no coinciden y todavía hay más de 300 personas tras las rejas por motivos políticos.
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